Frente Popular (España)
El Frente Popular fue una coalición electoral española creada en enero de 1936 por los principales partidos de izquierda. El 16 de febrero, consiguió ganar las últimas elecciones durante la Segunda República antes del golpe de Estado que desencadenaría la Guerra Civil. El Frente Popular no se presentó en Cataluña, en donde una coalición equivalente llamada Front d'Esquerres, nucleada en torno a Esquerra Republicana de Catalunya, tomó su lugar. En Valencia también tomó el nombre de Front d'Esquerres.
| Frente Popular | ||
|---|---|---|
| Líder | Manuel Azaña | |
| Fundación | 15 de enero de 1936 | |
| Disolución | 1939 | |
| Ideología | Republicanismo Liberalismo Progresismo Socialdemocracia Antifascismo Socialismo Comunismo | |
| Posición | Izquierda | |
| Coalición | ||
| País | Segunda República Española | |
| Con el apoyo de la UGT, la CNT-FAI y la Izquierda Radical Socialista. En Cataluña apoyaba al Front d'Esquerres. | ||
El Frente Popular no formó grupo parlamentario, sino que se articuló en diversas minorías parlamentarias correspondientes a cada uno de sus integrantes; ni formó gobierno como tal, ya que este estuvo compuesto, hasta bien entrada la Guerra Civil, únicamente por partidos republicanos, bajo la presidencia, sucesivamente, de Manuel Azaña (que dejó la presidencia del Consejo para hacerse cargo de la Presidencia de la República en mayo de 1936), Santiago Casares Quiroga y José Giral. Con la constitución del primer gobierno de Largo Caballero, y hasta el final de la guerra, los gobiernos de la República estuvieron integrados por representantes de los principales partidos del Frente Popular y del Front d'Esquerres, así como, en diversos periodos, de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y del Partido Nacionalista Vasco (PNV).
La formación de la coalición de la izquierda encabezada por Manuel Azaña
| Programa del Frente Popular (enero de 1936) Los partidos republicanos Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Socialista, en representación del mismo y de la Unión General de Trabajadores; Federación Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Comunista, Partido Sindicalista, Partido Obrero de Unificación Marxista, sin perjuicio de dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, han llegado a comprometer un plan político común que sirva de fundamento y cartel a la coalición de sus respectivas fuerzas en la inmediata contienda electoral y de norma de gobierno que habrán de desarrollar los partidos republicanos de izquierda, con el apoyo de las fuerzas obreras, en el caso de victoria
III. Los republicanos no aceptan el principio de nacionalización de la tierra y su entrega gratuita a los campesinos, solicitada por los delegados del partido socialista. Consideran convenientes las siguientes medidas, que proponen la redención del campesino y de! cultivador medio y pequeño [...]: rebaja de impuestos y tributos. Represión especial de la usura. Disminución de rentas abusivas. [...] Revisarán los desahucios practicados. Consolidarán en la propiedad, previa liquidación, a los arrendatarios antiguos y pequeños. Dictarán una nueva ley de Arrendamientos que asegure: la estabilidad en la tierra; la modicidad en la renta, [...] y el acceso a la propiedad de la tierra que se viniera cultivando durante cierto tiempo. Llevarán a cabo una política de asentamiento de familias campesinas, dotándolas de los auxilios técnicos y financieros precisos. [...] Derogarán la ley que acordó la devolución y el pago de las fincas a la nobleza [...]. |
La propuesta de la vuelta a la alianza republicano-socialista del primer bienio surgió en 1935 durante el segundo bienio por iniciativa del líder de los republicanos de izquierda Manuel Azaña, que se había convertido tras su detención por los sucesos de la Revolución de octubre de 1934 en un «mártir político» y en un símbolo para la izquierda. Tras producirse la entrada en el gobierno en mayo de 1935 de más ministros de la CEDA (con su líder José María Gil Robles al frente) Azaña recorrió el país dando tres mítines multitudinarios: el del campo de Mestalla (Valencia), el 26 de mayo; el de Baracaldo (Vizcaya), el 14 de julio, y el de Comillas (Madrid), el 20 de octubre, con el fin de conseguir una «inteligencia republicana» que devolviera al régimen sus valores fundacionales.[1]
En abril de 1935, Azaña había alcanzado un pacto de "Conjunción Republicana" entre su propio partido (que ahora se llamaba Izquierda Republicana al fusionarse Acción Republicana el año anterior con el Partido Radical-Socialista “independiente" de Marcelino Domingo y la ORGA de Santiago Casares Quiroga), la Unión Republicana de Diego Martínez Barrio, que se había escindido en 1934 del Partido Republicano Radical de Lerroux, y el Partido Nacional Republicano de Felipe Sánchez Román. A mediados de noviembre de 1935 Azaña ofreció al PSOE la formación de una coalición electoral en base al acuerdo de conjunción de las fuerzas de la izquierda republicana.[1]
Mientras que el sector socialista encabezado por Indalecio Prieto defendía el acuerdo, el sector encabezado por Francisco Largo Caballero era reticente al mismo y para reforzar la parte «obrera» de la coalición impuso la inclusión del Partido Comunista de España (PCE) en el mismo, lo que motivó la salida de la "Conjunción Republicana" del partido de Sánchez Román. El PCE, por su parte, había variado su posición respecto de los socialistas (a los que hasta entonces había considerado como «enemigos» de la revolución) tras el VII Congreso de la III Internacional celebrado en Moscú en el verano de 1935, donde Stalin había lanzado la nueva consigna de formar "frentes antifascistas", abandonando la hasta entonces dominante tesis del Socialfascismo. La firma del pacto de la coalición electoral entre los republicanos de izquierda y los socialistas tuvo lugar el 15 de enero de 1936. El PSOE cuando estampó su firma lo hizo también en nombre del PCE y de otras organizaciones obreras (el Partido Sindicalista de Ángel Pestaña y el POUM).[1]
El programa de la coalición, que comenzó a ser llamada “Frente Popular”, a pesar de que ese término no aparecía en el documento firmado el 15 de enero y de que era un nombre que nunca aceptó Azaña,[2] era el de los republicanos de izquierda (y solo se mencionaban las aspiraciones de las fuerzas «obreras» con las que los republicanos de izquierda no estaban de acuerdo bajo la fórmula «no aceptan los partidos republicanos...»).[3] El programa incluía, en primer lugar, la amnistía para los delitos «políticos y sociales» (el excarcelamiento de todos los detenidos por la Revolución de Octubre de 1934), la continuidad de la legislación reformista del primer bienio (moderando algunos aspectos, como la cuestión religiosa, aunque haciendo más hincapié en la reforma agraria)[4] y la reanudación de los procesos de autonomía de las «regiones». El gobierno estaría formado exclusivamente por republicanos de izquierda y lo socialistas le darían su apoyo desde el parlamento para cumplir el programa pactado. Así pues, según Santos Juliá, la alianza de 1936 era circunstancial, limitada a las elecciones, y por tanto bien diferente a la de 1931.[5] José Luis Martín Ramos considera, por el contrario, que «el programa del 15 de enero... representaba el punto histórico de encuentro político, que no había llegado a producirse por completo en 1931, entre clases trabajadoras, campesinado y clases medias en la defensa de un proyecto democrático que podían compartir, sustentando sobre este una resolución negociada de sus legítimos y contradictorios intereses».[6]
En Cataluña se formó la coalición Front d'Esquerres de Catalunya, a la cual apoyaba el Frente Popular allí, y en la cual se integraron los nacionalistas republicanos catalanes como ERC. En Valencia, la coalición equivalente ideológicamente al Frente Popular, también se llamó Front d'Esquerres, con una composición similar al del Frente Popular del resto de España, y en la cual también participaron los partidos nacionalistas valencianos Esquerra Valenciana y Partit Valencianista d'Esquerra. Los anarcosindicalistas de la CNT, aunque no formaba parte del Frente, no se mostraron beligerantes con él, aunque muchos anarquistas que luego combatirían por el bando republicano, en las elecciones pidieron la abstención.
A la hora de confeccionar las candidaturas los republicanos de izquierda reclamaron, y finalmente consiguieron, ocupar una parte importante de los puestos de las listas para de esa forma tener en las Cortes una amplia base parlamentaria con la que poder gobernar (dado que se había acordado que los socialistas no entrarían en el gobierno a diferencia de lo que había sucedido durante el primer bienio). Del total de 344 candidatos que presentó la coalición 192 eran de formaciones republicanas (108 de Izquierda Republicana, 42 de Unión Republicana y 21 de Esquerra Republicana de Cataluña, entre los partidos mayores) y 152 de las obreras (124 del PSOE y 20 del PCE, entre los dos más importantes).[7]
Las elecciones de febrero de 1936
Frente a la coalición electoral de las izquierdas (que en Cataluña incluyó también a la Esquerra Republicana de Cataluña y a otros partidos nacionalistas catalanes y adoptó el nombre de Front d'Esquerres; frente al que las derechas formaron el Front Català d'Ordre integrado por la CEDA, la Lliga, los radicales y los tradicionalistas), las derechas no pudieron oponer como en 1933 un frente homogéneo, porque la CEDA, en su intento de obtener el poder y evitar el triunfo de la izquierda, se alió en unas circunscripciones con las fuerzas antirrepublicanas (monárquicos alfonsinos de Renovación Española, carlistas) y en otras con el centro-derecha republicano (radicales, demócrata-liberales, republicanos progresistas), por lo que fue imposible presentar un programa común. Lo que pretendía formar José María Gil Robles era un "Frente Nacional Contrarrevolucionario" o un “Frente de la Contrarrevolución”, basado más en consignas “anti” que en un programa concreto de gobierno (“Contra la revolución y sus cómplices”, fue uno de sus eslóganes; “¡Por Dios y por España!” fue otro; y planteó la campaña como una batalla entre la “España católica... y la revolución espantosa, bárbara, atroz”). No se reeditó, pues, la Unión de Derechas de 1933 como exigían los monárquicos, por lo que los alfonsinos de Renovación Española se presentaron en varias circunscripciones en solitario con el nombre de Bloque Nacional, cuyo líder era José Calvo Sotelo.[8][9]
El monárquico antisemita y filofascista Álvaro Alcalá-Galiano y Osma, miembro de Renovación Española, publicó en el diario ABC el 15 de enero de 1936 un artículo en el que afirmó que España se encontraba ante un dilema: «revolución o contrarrevolución, Patria o Antipatria». Así, para «salvar la existencia misma de España», abogaba por «la unión sagrada de todos los valores auténticamente nacionales frente a la formidable coalición de la Antipatria, dirigida por los agentes de la Internacional revolucionaria». Todo había comenzado, según Alcalá-Galiano, con el Pacto de San Sebastián, «proyectado reparto y despojo de España entre masones, marxistas y separatistas», que había dado paso a cuatro años de República durante los cuales se habían acumulado «atropellos, crímenes, desastres políticos, económicos y sociales... huelgas, atracos y crímenes sociales a granel», coronados por «la revolución de octubre de 1934 con sus 2.500 muertos y sus millares de víctimas, cuyos culpables siguen vivos y algunos de ellos hasta en libertad».[10]
A las elecciones también se presentó una tercera opción “centrista” (el Partido del Centro Democrático) encabezada por el presidente del gobierno Portela Valladares y auspiciada por quien le había nombrado, el presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora, que pretendía consolidar un centro republicano que superara la bipolarización surgida de la Revolución de Octubre de 1934. Esta fue una de las razones que les decidieron a convocar elecciones.[8] Sin embargo, José Luis Martín Ramos considera que «el supuesto centrismo portelista era estrictamente una operación de poder; los arquitectos de su construcción, las dos principales magistraturas de la República [la presidencia de la República y la presidencia del Gobierno]; sus capataces, los gobernadores civiles, cuyo nombramiento dependía desde 1932 del presidente del Consejo de Ministros [en los dos meses en que gobernó Portela Valladares hubo 88 cambios en los gobiernos civiles]; y por debajo de ellos los delegados gubernativos y las gestoras de los ayuntamientos, facilitando el contacto y la negociación con los políticos locales y los caciques para la organización de las candidaturas primero y para la intervención sobre el escrutinio después».[11]
Durante la campaña electoral se produjeron diversos incidentes que en algunas provincias revistieron cierta gravedad. «La campaña fue intensa, apasionada, muy diferente en la algo apática de noviembre de 1933... En otras palabras, discurso inflamado y realidad relativamente tranquila. El Frente Popular tenía que llegar a las elecciones y la derecha esperaba ganarlas, por lo que cada uno se dedicó a movilizar a los suyos y no buscar en la calle el enfrentamiento con los demás».[12]
Las elecciones registraron la participación más alta de las tres elecciones generales que tuvieron lugar durante la Segunda República (el 72,9%), lo que se atribuyó al voto obrero que no siguió las habituales consignas abstencionistas de los anarquistas.[13] Según el estudio realizado en 1971 por el historiador Javier Tusell sobre las elecciones el resultado fue un reparto muy equilibrado de votos con una leve ventaja de las izquierdas (47,1%) sobre las derechas (45.6%), mientras el centro se limitó al 5,3%, pero como el sistema electoral primaba a los ganadores esto se tradujo en una holgada mayoría para la coalición del “Frente Popular”. Además de la gran novedad de la desaparición electoral del Partido Radical (que pasó de 104 diputados en 1933 a solo 5 en 1936), los resultados mostraron la consolidación de tres grandes fuerzas políticas: los republicanos de izquierda (con 125 diputados: 87 de Izquierda Republicana y 38 de Unión Republicana), más la CEDA por su derecha (pasó de 115 diputados en 1933 a 88, mientras el Partido Agrario pasaba de 36 a 11); y el PSOE por su izquierda (de 58 diputados pasaba a 99). El PCE entraba en el parlamento con 17 diputados, también el Partido Sindicalista y el POUM, con un diputado cada uno.[14]
En total el "Frente Popular” contaba con 263 diputados (incluidos los 37 del “Front d’Esquerres” de Cataluña) la derecha tenía 156 diputados (entre ellos solo un fascista, que era del Partido Nacionalista Español, ya que Falange Española no se quiso integrar en las coaliciones de la derecha porque le ofrecieron pocos puestos: su líder José Antonio Primo de Rivera se presentó por Cádiz y no salió elegido, por lo que no pudo renovar su acta de diputado y perdió la inmunidad parlamentaria) y los partidos de centro-derecha (incluyendo en ellos a los nacionalistas de la Lliga Regionalista y del PNV, y al Partido del Centro que rápidamente había formado Portela Valladares con el apoyo de la Presidencia de la República) sumaban 54 diputados.[15] «En el Frente Popular, los primeros puestos en las candidaturas los ocuparon casi siempre los republicanos del partido de Azaña y en la derecha fueron a parar a la CEDA, lo cual no confirma, frente a lo que se ha dicho en ocasiones, el triunfo de los extremos. Los candidatos comunistas siempre estuvieron en el último lugar de las listas del Frente Popular y los 17 diputados obtenidos, después de conseguir sólo uno en 1933, fueron el fruto de haber logrado incorporarse a esa coalición y no el resultado de su fuerza real. La Falange sumó únicamente 46.466 votos, el 0,5 % del total».[16]
El triunfo de la coalición de izquierdas en las elecciones se suele atribuir a que los partidos que la integraban consiguieron movilizar a los sectores sociales que los apoyaban y también a los del área de influencia de la CNT que esta vez no hizo campaña en favor de la abstención e incluso alguno de sus líderes aconsejaron ir a votar. Según José Luis Martín Ramos «la amnistía y el temor al fascismo» fueron el aglutinante de la movilización, que no se produjo con la misma intensidad entre las derechas, como lo demostraría el aumento de la abstención en las provincias de las dos Castillas.[17] Este historiador reconoce que durante la campaña electoral los partidos coaligados en el Frente Popular defendieron sus respectivos programas, incluso hubo «algunos actos específicos de frente único entre socialistas y comunistas», pero afirma que «no fueron discursos de discrepancia, sino de complementariedad y eso le proporcionó al Frente Popular el triunfo que la derecha no esperaba».[12]
Según José Luis Martín Ramos, el resultado de las elecciones de febrero de 1936 supuso «la victoria de la democracia» que representaba el Frente Popular y «una derrota sin paliativos de las propuestas de involución autoritaria, en términos de "Estado nuevo", de retorno a la monarquía o de postulación directa del fascismo».[18]
Los resultados de las elecciones presentados el día 20 de febrero, fueron:
Censo de 13.553.710 electores
- Votantes: 9.864.783 (72,9% de participación)
- Frente Popular: 4.654.116 (47,1%)
- Frente Nacional Contrarrevolucionario: 4.503.505 (45,6%)
- Centro: 400.901 (5,3%)
Los escaños se repartirían de la siguiente forma:
Por parte del Frente Popular:
| Partido | Escaños | Grupo parlamentario en el Congreso |
|---|---|---|
| Partido Socialista Obrero Español | 99 | Partido Socialista Obrero Español |
| Izquierda Republicana | 87 | Grupo Izquierda Republicana |
| Unión Republicana | 38 | Unión Republicana |
| Esquerra Republicana de Catalunya | 22 | Grupo Esquerra Catalana |
| Partido Comunista de España | 17 | Partido Comunista de España |
| Acció Catalana | 5 | Grupo Esquerra Catalana |
| Unió Socialista de Catalunya | 4 | Grupo Esquerra Catalana |
| Partido Galleguista | 3 | Grupo Izquierda Republicana |
| Partit Nacionalista Republicà d'Esquerra | 2 | Grupo Esquerra Catalana |
| Unió de Rabassaires | 2 | Grupo Esquerra Catalana |
| Partido Republicano Democrático Federal | 2 | Grupo Mixto |
| Republicanos independientes de Izquierdas | 2 | Grupo Mixto |
| Partit Català Proletari | 1 | Grupo Esquerra Catalana |
| Esquerra Valenciana | 1 | Grupo Esquerra Catalana |
| Partido Obrero de Unificación Marxista | 1 | Grupo Mixto |
| Partido Sindicalista | 1 | Grupo Mixto |
| Partido Sindicalista Independiente | 1 | Grupo Mixto |
| Total | 263 |
Por parte del Frente Nacional Contrarrevolucionario:
| Partido | Escaños | Grupo parlamentario en el Congreso |
|---|---|---|
| Confederación Española de Derechas Autónomas | 88 | Confederación Española de Derechas Autónomas |
| Comunión Tradicionalista | 15 | Grupo Tradicionalista |
| Renovación Española | 13 | Grupo Bloque Nacional |
| Partido Agrario | 11 | Partido Agrario |
| Independientes derechistas | 10 | Grupo Liberal Demócrata |
| Conservadores | 2 | Grupo Liberal Demócrata |
| Monárquicos Independientes | 2 | Grupo Bloque Nacional |
| Partido Nacionalista Español | 1 | Grupo Bloque Nacional |
| Partido Católico | 1 | Grupo Tradicionalista |
| Total | 156 |
Partidos de centro:
| Partido | Escaños | Grupo parlamentario en el Congreso |
|---|---|---|
| Partido del Centro Democrático | 21 | Grupo Republicano |
| Lliga Catalana | 12 | Lliga Catalana |
| Partido Radical | 5 | Grupo Republicano |
| Partido Republicano Progresista | 6 | Grupo Republicano |
| Partido Nacionalista Vasco | 5 | Partido Nacionalista Vasco |
| Partido Republicano Liberal Demócrata | 1 | Grupo Republicano |
| Total | 54 |
El gobierno del Frente Popular: de febrero a julio de 1936
Los acontecimientos de los cinco meses de gobierno en paz del Frente Popular, de febrero a julio de 1936, fueron utilizados después por los vencedores en la guerra civil española como justificación de su alzamiento. Hoy en día el debate sigue abierto. Una parte de los historiadores afirman que en absoluto puede hablarse de una «primavera trágica» en la que el gobierno del Frente Popular hubiera perdido el control de la situación porque en esos meses no se produjo, según estos historiadores, una «situación de emergencia comparable no ya sólo a la de 1934 en España sino a las vividas en el periodo completo de los años veinte y treinta por países como Alemania e, incluso, Francia», aunque reconocen que la agitación social y política en el campo y en la ciudad fueron constantes y el aumento de la violencia explícita por causas políticas, alimentada por acciones de la izquierda y la derecha, fue también innegable.[19] Asimismo, como destaca Julio Aróstegui, «el designio del Bloque Nacional, cuyo líder indiscutible es ahora José Calvo Sotelo y de toda la oposición cedista con José María Gil Robles, de derivar sus acciones hacia la ilegalidad, sacando partido de la agitación en la calle y haciendo responsable de ello al gobierno, están también fuera de duda».[19]
Por su parte Enrique Moradiellos afirma que lo que hizo el gobierno del Frente Popular no fue abrir «las puertas a la revolución social» sino poner en marcha «con renovada energía» «todas las reformas anuladas o paralizadas en el bienio anterior en un contexto de amplia movilización obrera y jornalera y de creciente intensidad de la crisis económica», frente a lo cual «todos los partidos de la derecha fueron fijando sus esperanzas de frenar las reformas por medio de una intervención militar similar a la de 1923».[20] Una posición similar a la de Moradiellos es la que sostiene José Luis Martín Ramos: «Ni los gobiernos de febrero a julio transgredieron el programa común [del Frente Popular], ni tampoco las organizaciones ni las movilizaciones reivindicativas, que pudieron presionar para su ejecución pero no para un cambio de programa». «Al contrario de la derecha no republicana que optó por la conspiración militar, la izquierda frente-populista, sin esconder cada organización sus objetivos finales ―como es lógico, nadie está obligado a esconderlos―, no promovió la movilización revolucionaria. […] Confundir movilización reivindicativa con movilización revolucionaria es un prejuicio ideológico, social incluso, y un acto de demagogia reaccionaria. La izquierda no confundía ambos tipos de movilización. Después de octubre de 1934 sabía que la movilización revolucionaria no tenía posibilidades de éxito…».[21] La conclusión de estos historiadores es clara: «La desestabilización política real en la primavera de 1936 no explica en modo alguno la sublevación militar [de julio de 1936] y menos aún la justifica», afirma Julio Aróstegui;[19] «la política y la sociedad españolas mostraban signos inequívocos de crisis, lo cual no significa necesariamente que la única salida fuera una guerra civil», subraya Julián Casanova.[22]
Stanley G. Payne ha valorado de forma completamente distinta el periodo de gobierno del Frente Popular, pues según este historiador norteamericano entre febrero y julio de 1936 España vivió un «proceso prerrevolucionario» «de transición hacia la revolución directa»[23] llevado a cabo por la izquierda radical. Este «proceso prerrevolucionario» fue posible, según Payne, por la complicidad y la cobertura legal del Gobierno del Frente Popular, que no solo no reprimió en absoluto los abusos y los delitos cometidos por la «izquierda revolucionaria», sino que en cambio llevó a cabo un arbitrario y sectario «acoso a las derechas». La consecuencia de todo ello, según Payne, fue que la derecha, «dadas las condiciones de impotencia en que se encontraba y la falta absoluta de respuesta por parte del Gobierno» («en muchos países no se hubiese soportado ni la mitad de lo que se venía soportando desde hacía meses en España») no le quedó otra alternativa que apoyar la sublevación militar que se estaba preparando y que daría «al traste con todas las ambiciones [de las izquierdas] de dominar España». Así Payne responsabiliza en última término a las izquierdas del golpe de Estado de julio de 1936 porque «quienes no deseen la contrarrevolución, que no emprendan la revolución. Es así de sencillo». Payne concluye: «antes del 18 de julio, las izquierdas destruyeron la democracia en España por medio de un proceso revolucionario de erosión constante que duró cinco meses».[24]
El intento de golpe de estado del 17 al 18 de febrero y el cambio de gobierno
Nada más conocerse la victoria en las elecciones del “Frente Popular”, lo que suponía que la "vía política" para impedir la vuelta de la izquierda al poder había fracasado tras la derrota de Gil Robles y de la CEDA en las elecciones, se produjo el primer intento de “golpe de fuerza” por parte de la derecha para intentar frenar la entrega del poder a los vencedores. Fue el propio Gil Robles, que ya en diciembre había pulsado la opinión de los generales que él mismo había situado en los puestos clave de la cadena de mando (Fanjul, Goded, Franco) en torno a un “golpe de fuerza”, el primero que intentó sin éxito que el presidente del gobierno en funciones Manuel Portela Valladares declarase el “estado de guerra” y anulara los comicios. Le siguió el general Franco, aún jefe del Estado Mayor del Ejército, que se adelantó a dar las órdenes pertinentes a los mandos militares para que declarasen el estado de guerra (lo que según la Ley de Orden Público de 1933 suponía que el poder pasaba a las autoridades militares), pero fue desautorizado por el todavía jefe de gobierno [Portela Valladares] y por el ministro de la guerra el general Nicolás Molero.[25] Un papel clave en el fracaso del golpe lo desempeñaron el director de la Guardia Civil, el general Sebastián Pozas, viejo africanista pero fiel a la República, que cuando recibió la llamada del general Franco para que se uniera a una acción militar que ocupara las calles se negó, y también el general Miguel Núñez de Prado, jefe de la policía que tampoco secundó la intentona. Al final el general Franco no vio la situación madura y se echó para atrás, especialmente tras el fracaso de los generales Goded y Fanjul para sublevar a la guarnición de Madrid.[26]
Uno de los argumentos que utilizaron los defensores del “golpe de fuerza” eran los desórdenes que se habían producido en algunas ciudades durante las celebraciones del triunfo del “Frente Popular” y especialmente los motines de presos “políticos y sociales” que se produjeron en algunas cárceles que exigían su puesta en libertad en aplicación de la amnistía, que constituía el primer punto del programa con el que había ganado las elecciones la coalición del Frente Popular. También había habido manifestaciones e incidentes pidiendo no solo la amnistía sino la readminsión de todos los trabajadores despedidos con motivo de la Revolución de octubre de 1934. Incluso en algunas ciudades la UGT y la CNT declararon la huelga general en apoyo de esas reivindicaciones, que fue respondida, como en Zaragoza, por la declaración del estado de guerra por parte del general Miguel Cabanellas, jefe de la V División Orgánica, y la manifestación obrera que finalmente tuvo lugar fue disuelta por la guardia de asalto con el resultado de un muerto y de varios heridos.[27]
El resultado del intento de “golpe de fuerza” fue exactamente el contrario del previsto. El presidente del gobierno en funciones entregó antes de tiempo el poder a la coalición ganadora, sin esperar a que se celebrara la segunda vuelta de las elecciones (prevista para el 1 de marzo). Así el miércoles 19 de febrero, Manuel Azaña, el líder del "Frente Popular", formaba gobierno que conforme a lo pactado solo estaba integrado por ministros republicanos de izquierda (nueve de Izquierda Republicana y tres de Unión Republicana, más uno independiente, el general Carlos Masquelet, ministro de la guerra). A Azaña no le gustó esta forma de recibir el poder, antes de la constitución de las nuevas Cortes y sin saber siquiera el resultado electoral. «Siempre he temido que volviésemos al Gobierno en malas condiciones. No pueden ser peores», apuntó en su diario ese día.[26] Así definió semanas después el propio Azaña ante las Cortes las intenciones del gobierno del Frente Popular:[28]
El Frente Popular es lo que es y lo que nosotros queramos que sea, no lo que quieran los demás. No es la revolución social, ni es la labor de entronizamiento del comunismo en España, no es eso; es otra cosa más fácil, más llana, más inmediata y más hacedera: es la reinstauración de la República en su Constitución y en los partidos republicanos, en los que la creamos, en los que la defendemos y estamos dispuestos a seguirla defendiendo y a crearla todos los días.
Una de las primeras decisiones que tomó el nuevo gobierno fue alejar de los centros de poder a los generales más dudosos de su lealtad a la República: el general Goded fue destinado a la Comandancia militar de Baleares; el general Franco, a la de Canarias; el general Mola al gobierno militar de Pamplona. Otros generales significados, como Orgaz, Villegas, Fanjul y Saliquet quedaron en situación de disponibles.[29] Sin embargo esta política de traslados no serviría para frenar la conspiración militar y el golpe que finalmente se produjo entre el 17 y el 20 de julio, e incluso en algún caso, como el del general Franco, les hizo aumentar su rechazo al gobierno de Azaña al considerar su destino a Canarias como una degradación, una humillación y un destierro.[30]
La amnistía, el restablecimiento del gobierno de la Generalidad de Cataluña y la restitución de los ayuntamientos de izquierdas
La medida más urgente que hubo de tomar el nuevo gobierno fue la amnistía de los condenados por los sucesos de octubre de 1934, para lo que convocó a la Diputación Permanente de las Cortes anteriores a pesar de que en ellas las derechas tenían la mayoría. Si hubiera esperado a la constitución de las nuevas Cortes la aprobación de la amnistía se habría retrasado más de un mes, algo inaplazable debido a que la amnistía era clamorosamente exigida en las manifestaciones que siguieron al triunfo electoral, y que ya había conducido a la apertura violenta de varias cárceles, de las que salieron no solo los presos "políticos" (condenados por haber participado en la fracasada Revolución de Octubre de 1934) sino también los "sociales" (es decir los condenados por delitos comunes). Ante la gravedad de la situación Azaña esperaba contar con el respaldo de la CEDA y esta efectivamente se lo dio en aras de la «pacificación social». El decreto de amnistía fue aprobado por la Diputación Permanente el viernes 21 de febrero.[31] La amnistía puso en libertad a unos 30.000 presos "políticos y sociales".[29]
Casi al mismo tiempo Azaña pactó con las organizaciones obreras que se pusiera fin a las manifestaciones a cambio de celebrar una gran manifestación conjunta. Esta tuvo lugar el 1 de marzo en Madrid y en el resto de España («en todas partes, el entusiasmo fue grande y el orden riguroso», comentó el diario liberal El Sol). En la de Madrid los partidos obreros del Frente Popular le entregaron a Azaña un pliego de peticiones que incluía algunas que no figuraban en el pacto firmado el 15 de enero, como la aplicación de la amnistía a todos los delitos «sociales» que hubieran sido calificados como «comunes», así como los condenados por tenencia de armas y explosivos; la revisión del juicio por el asesinato en octubre de 1934 del periodista Luis de Sirval que solo le había supuesto a su autor, un legionario, seis meses de cárcel; llevar a juicio a los agentes y militares que hubieran cometido arbitrariedades y maltrato a detenidos, incluyendo a los que los hubieran «amparado y fomentado» desde las instituciones del Estado; la separación de sus cargos de todos aquellos que sabotearan la democracia; y un gran plan de obras públicas para mitigar el paro, que había aumentado de forma alarmante: de los 620 000 desempleados que había a finales de 1934 (en diciembre de 1931 había 389 000) se había pasado a 844 000 en febrero de 1936.[32][33]
El 28 de febrero el gobierno decretó no solo la readmisión de todos los trabajadores despedidos por motivos políticos y sindicales relacionados con los hechos de 1934 (incluidos los empleados públicos y los funcionarios), sino que, presionado por los sindicatos, ordenaba a las empresas que indemnizaran a estos trabajadores por los jornales no abonados. Una decisión que causó una gran inquietud en la derecha.[34][35] El gobierno también dejó en suspenso otra de las medidas adoptadas tras la Revolución de Octubre por los gobiernos radical-cedistas: los desahucios de arrendatarios, colonos, rabassaires, que no se hubieran producido por falta de pago.[35]
La salida de los miembros del gobierno de la Generalidad de Cataluña de la cárcel, beneficiados por la amnistía, fue acompañada de inmediato por un Decreto que reanudaba las funciones del Parlament y reponía en su puesto a Lluís Companys como Presidente de la Generalidad de Cataluña y a sus Consellers (llegaron a Barcelona el 1 de marzo).[29] De nuevo Azaña recurrió a la Diputación Permanente de las Cortes anteriores para aprobarlo el 26 de febrero.[36] De esta forma se satisfacía la principal reivindicación del Front d'Esquerres, la versión del Frente Popular en Cataluña, que había obtenido el 59% de los votos, gracias en parte a que la CNT esta vez no había hecho campaña a favor de la abstención, pues también buscaba la amnistía para sus presos. Asimismo respondía a la nueva sensibilidad de los partidos republicanos y de izquierda respecto a la cuestión regional, que se tradujo en la aparición de propuestas de autonomía para otras regiones —Cambó llegó a decir: «hoy en España hay la moda estatutista»—, y que pudieron comprobar los miembros del Gobierno catalán cuando fueron aclamados en todas las estaciones de ferrocarril que recorrieron los trenes que los llevaron de vuelta a Barcelona desde las cárceles donde habían estado más de un año presos.[37]
Una de las primeras decisiones que tomó el Consell Executiu de la Generalidad de Cataluña fue, de acuerdo con el gobierno central, empezar a aplicar la polémica Ley de Contratos de Cultivo.[29] Y por otro lado el tono reivindicativo de los partidos políticos nacionalistas catalanes fue aumentando hasta rebasar en algunos casos los límites del Estatuto. Manuel Carrasco Formiguera de la Unió Democràtica de Catalunya dijo que «Cataluña ha de luchar hasta conseguir constituirse políticamente, como nación que es, en Estado independiente que con toda libertad pueda hacer las alianzas y confederaciones que crea convenientes», mientras que Joan Comorera de la Unió Socialista de Catalunya, que poco después se integraría en el nuevo Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), dijo que «debemos luchar por la República Socialista Catalana federada con la Unión de Repúblicas Socialistas Ibéricas y hermana de la URSS».[38]
Otra de las decisiones inmediatas que tomó el gobierno de Azaña —lo hizo el 20 de febrero, al día siguiente de su constitución— fue la restitución de los ayuntamientos de izquierdas que habían sido sustituidos por comisiones gestoras de derechas por orden del gobierno radical-cedista tras el fracaso de la Revolución de Octubre de 1934.[39][40] También fueron restablecidos en sus funciones los ayuntamientos vascos suspendidos en 1934[29] y ese mismo día 20 de febrero el gobierno asimismo nombró la primera tanda de los nuevos gobernadores civiles en sustitución de los nombrados por el gobierno anterior de Manuel Portela Valladares, muchos de los cuales habían abandonado sus puestos en cuanto conocieron la intención de Portela de dimitir sin esperar a que se formaran las nuevas Cortes.[41]
Sin embargo, en muchas localidades los dirigentes, militantes y seguidores de los partidos del Frente Popular fueron mucho más lejos y ocuparon los ayuntamientos gobernados legítimamente por las derechas para sustituirlos por comisiones gestoras integradas por ellos y que fueron «legalizadas» por los nuevos gobernadores civiles. Se «justificó» esta decisión con la promesa de que pronto habría elecciones municipales. El gobierno anunció el 13 de marzo que estas se celebrarían el 12 de abril y se promulgó el correspondiente decreto. Pero poco después el gobierno decidió aplazarlas debido a los problemas que habían surgido en el seno de la coalición del Frente Popular a la hora de elaborar las listas de los candidatos. En esta ocasión las organizaciones obreras querían copar las listas a diferencia de lo que había ocurrido en las elecciones generales de febrero en las que las candidaturas habían sido integradas mayoritariamente por los republicanos de izquierda. El propio Azaña le escribió a su cuñado Rivas Cherif: «Fuera de las Cortes, por esos pueblos, no nos entendemos. Con motivo de las elecciones municipales hay un alboroto tremendo. Socialistas y comunistas quieren la mayoría en todos los ayuntamientos y además los alcaldes».[42] Pero el historiador José Luis Martín Ramos considera que las desavenencias entre los partidos del Frente Popular no fueron la causa principal del aplazamiento sino que lo que obligó a posponer las municipales fue el proceso de destitución del presidente de la República Niceto Alcalá Zamora que precisamente tuvo lugar en el mes de abril.[43]
El movimiento de ocupaciones de fincas y la reanudación de la reforma agraria
La «cuestión agraria» fue otro problema que el nuevo gobierno tuvo que abordar con urgencia a causa de la intensa movilización campesina que se estaba produciendo con el apoyo decidido de las autoridades locales repuestas (y de las nuevas comisiones gestoras de izquierdas que habían expulsado de los ayuntamientos a los alcaldes y concejales de derechas) y que amenazaba con provocar graves conflictos en el campo.[44] Desde principios del invierno las persistentes lluvias habían paralizado las tareas agrícolas con la consiguiente disminución de los empleos agrarios.[45] El ministro de la Gobernación Amós Salvador declaró el 16 de marzo que «temía el hambre que en algunas regiones tiene caracteres alarmantes, que es causa primordial y la explicación más clara de ciertos estados de inquietud, mal humor y violencia» y que las manifestaciones convocadas para ese día por la socialista FNTT pudieran derivar en incidentes generalizados. El temor del ministro no se cumplió, excepto en alguna localidad como Mancera de Abajo (provincia de Salamanca) en la que se produjeron enfrentamientos entre los manifestantes de izquierda y contramanifestantes de derechas, durante los cuales resultaron muertas una mujer por un navajazo, entre las derechas, y una niña por arma de fuego, entre las izquierdas.[46]
«A los pocos días de las elecciones, unos ochenta mil campesinos andaluces, manchegos y extremeños convocados por la FNTT [socialista], se lanzaron a ocupar las fincas de las que habían sido desalojados en el invierno de 1934-35 [por los gobiernos radical-cedistas]. Se producía así un hecho consumado, que obligó al Ministerio de Agricultura a adoptar medidas oportunas para volver a poner en vigor la legislación del primer bienio».[47] Un ejemplo de esos conflictos fue el que se produjo el 8 de marzo en Escalona (Toledo) donde un grupo de jornaleros de la FNTT recorrieron la localidad en una manifestación pacífica, al término de la cual «elementos» de la derecha les dispararon desde un bar cercano. Intervino la Guardia Civil y mató a cuatro manifestantes e hirió a cuatro más. Hasta que no llegó el gobernador civil en persona a esclarecer los hechos no se registraron los domicilios de los «elementos» derechistas, mientras que el juez de instrucción había ordenado la detención solo de los «izquierdistas».[48] El movimiento de ocupación de fincas más espectacular fue el que organizó la FNTT desde el 26 de marzo en la provincia de Badajoz en el que participaron unos 60 000 jornaleros que invadieron y comenzaron a roturar unas dos mil propiedades.[44]
Un Decreto de 28 de febrero, anuló los procesos de desahucio de colonos y aparceros; otro Decreto, del 3 de marzo, devolvió a los yunteros extremeños el arrendamiento de las tierras que habían ocupado en virtud del Decreto de Intensificación de Cultivos de 1932, que fue restablecido el día 14; un Decreto de 20 de marzo, dio vía libre para expropiar temporalmente con indemnización fincas declaradas de «utilidad social», incluso fuera de la zona de latifundio, gracias, paradójicamente, a la «ley Velayos» del año anterior aprobada por la mayoría radical-cedista que había abolido en la práctica la Ley de Reforma Agraria de 1932. Así solo en el mes de marzo se habían asentado más de 70 000 campesinos, en su mayoría yunteros extremeños sobre unas 230 000 hectáreas.[49][50][51]
Además el 19 de abril, cuatro días después de que las Cortes pudieran recuperar su actividad normal tras el proceso abierto de elección de nuevo presidente de la República, el ministro de Agricultura, Mariano Ruiz Funes, presentaba varios proyectos de ley: uno sobre «Revisión de desahucios de fincas rústicas» que restituía en el derecho de explotación de la tierra a arrendatarios y aparceros desahuciados en virtud de la Ley de marzo de 1935 (ley que fue aprobada el 30 de mayo, con la abstención de los diputados de derechas); y otro que derogaba la Ley de Reforma de la Reforma Agraria de agosto de 1935, que se convirtió en ley el 11 de junio, por lo que volvía estar en vigor plenamente la Ley de Reforma Agraria de 1932. Un tercer proyecto de ley no llegó a aprobarse por el estallido de la guerra civil: uno sobre rescate y readquisición de tierras comunales (que pretendía la reintegración del antiguo patrimonio comunal de los municipios rurales, rectificando así parte de la obra desamortizadora del siglo XIX). Gracias a estas leyes y decretos entre marzo y julio de 1936 se asentaron unos 115 000 campesinos, más que en los tres años anteriores, sobre 574 000 hectáreas.[52][53] La intensificación de la reforma agraria fue debida a la recuperación de Adolfo Vázquez Humasqué como director del Instituto de Reforma Agraria pero sobre todo se debió a la «interacción entre el ejecutivo y la movilización de los sindicatos campesinos» que resultó «decisiva». «Nada autoriza a hablar de radicalización de la reforma agraria, ni mucho menos de revolución social incipiente. El gobierno no impulsó una expropiación general de los propietarios, pero se planteó por fin mejorar las condiciones de los jornaleros, de los arrendatarios, de los yunteros», aunque «ciertamente pudieron producirse situaciones de abuso sobre propietarios, mediante el mal uso del poder municipal; nada que ver con las de sentido contrario, en épocas pasadas».[54]
Sin embargo, continuó la alta conflictividad en el campo, debida sobre todo a la radicalización de las organizaciones campesinas y a la respuesta de los propietarios, saldándose todo ello con incidentes violentos. «La reacción de los propietarios ante la reanudación de la reforma agraria y el alza oficial de los salarios llevó a muchos de ellos a paralizar las labores agrícolas antes de plegarse a las exigencias de contratación de los sindicatos campesinos. Entre el 1 de mayo y el 8 de julio se contabilizaron 192 huelgas agrarias. La repuesta de los jornaleros, entre los que el paro y el pauperismo alcanzaban proporciones alarmantes, fue a veces violenta y dio pie a incidentes sangrientos, como el de Yeste (Albacete) donde a finales de mayo la detención de unos campesinos que pretendían talar árboles en una finca particular condujo a un sangriento enfrentamiento entre la Guardia Civil y los jornaleros, en los que murieron un guardia y 17 campesinos, varios de ellos asesinados a sangre fría por los agentes».[55] Sin embargo, «ni el número ni el tipo de conflictos en el mundo rural [entre febrero y julio de 1936] fue más elevado y acusado de lo que lo había sido desde 1931 a 1934. Las sangrientas represiones contra esas manifestaciones campesinas fueron raras, si se compara con lo abundantes que habían sido durante el primer bienio, y la matanza de Yeste del 29 de mayo no produjo ninguna movilización social, ningún clamor contra esa institución y ni siquiera revitalizó el culto a los mártires tan frecuentes en anteriores ocasiones».[56]
La destitución del presidente de la República Alcalá-Zamora: Azaña nuevo presidente
La primera reunión de las nuevas Cortes tuvo lugar el 15 de marzo, aunque hubo que esperar al 15 de abril para poder comenzar a adoptar iniciativas legislativas, ya que hasta el 3 de abril, no se finalizó la discusión de las actas parlamentarias, sumamente prolija y exaltada, y entre el 3 y el 15 sus sesiones se suspendieron por la elección de nuevo presidente de la República.[25]
El 3 de abril, una vez resuelto el tema de las actas parlamentarias, la izquierda presentó una iniciativa para destituir al Presidente de la República, acusándolo de haber incumplido el artículo 81 de la Constitución que decía:.[57]
El presidente podrá disolver las Cortes hasta dos veces como máximo durante su mandato cuando lo estime necesario... En el caso de segunda disolución, el primer acto de las nuevas Cortes será examinar y resolver la necesidad del decreto de disolución de las anteriores. El voto desfavorable de la mayoría absoluta de las Cortes llevará aneja la destitución del presidente
Como ha señalado el historiador Julián Casanova «nadie quería que Alcalá Zamora siguiera en la presidencia de la República. La CEDA, con Gil Robles a la cabeza, porque creía que les había robado la posibilidad de ocupar todo el poder en diciembre de 1935. La izquierda, y Azaña en particular, no le perdonaba que le hubiera retirado la confianza en septiembre de 1933, lo que significó la caída del Gobierno de Azaña y la ruptura de la coalición entre socialistas y republicanos que había gobernado los dos años anteriores».[58] El historiador José Luis Martín Ramos argumenta que Alcalá Zamora desde que ocupó el cargo «manifestó una permanente voluntad de intervención política personal, que acabó generando la desafección de todas las fuerzas políticas, tanto de la izquierda como de la derecha» y esa voluntad de fiscalizar la actuación de los gobiernos continuó con el del Frente Popular. «Azaña describe que las reuniones del gobierno en las que participó Alcalá Zamora fueron tormentosas, con enfrentamientos constantes en los que el presidente de la República le provocaba deliberadamente para que dimitiera y poder así encargar un nuevo gabinete a su hechura, desde luego en ruptura con el Frente Popular... La actitud provocadora de Alcalá Zamora hizo que la relación fuera insostenible», añade Martín Ramos.[59]
En una carta que escribió Azaña a su cuñado Rivas Cherif el 17 de marzo ya le comunicó su voluntad de liberar a la República «del maleficio de Priego» (en referencia a la localidad natal de Alcalá Zamora).[60] Para destituir a Alcalá Zamora siguiendo lo dispuesto en el artículo 81 de la Constitución de 1931 había que establecer en primera instancia que había agotado las dos disoluciones de las Cortes, lo que planteaba un problema jurídico respecto a si se podía contabilizar la de 1933 como la primera, pues en aquella ocasión las Cortes disueltas no eran Cortes ordinarias sino las Cortes Constituyentes elegidas en junio de 1931. A pesar de ello las izquierdas decidieron continuar con el procedimiento y el 3 de abril en la primera sesión ordinaria de las nuevas Cortes, tal como lo establecía el artículo 81, presentaron la moción para votar si efectivamente el presidente de la República había disuelto las Cortes en dos ocasiones. El diputado socialista Indalecio Prieto fue el encargado de defender la moción argumentando que la disolución de las Cortes Constituyentes de 1933 había sido la primera. La moción fue aprobada gracias a la mayoría absoluta de la que gozaba la coalición del Frente Popular. La CEDA votó en contra y los monárquicos y los republicanos de derechas y de centro se abstuvieron.[61]
La segunda sesión parlamentaria del proceso de destitución se celebró el 7 de abril. Se debatió la «necesidad del decreto de disolución» en la segunda ocasión, la de las elecciones de febrero de 1936 —dos días antes uno de los líderes más moderados del Frente Popular, Diego Martínez Barrio, había intentado convencer a Alcalá Zamora para que dimitiera, pero este se negó—. La moción presentada por el Frente Popular en la que se defendía la ilegalidad de la segunda disolución fue aprobada por 238 votos a favor y cinco en contra (los del grupo centrista de Portela Valladares), mientras que la derecha se ausentó de la votación. En consecuencia Alcalá Zamora fue destituido de su cargo como presidente de la República y el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, asumió interinamente la presidencia.[62][63] El líder de la CEDA Gil Robles y el de los monárquicos Calvo Sotelo coincidieron en considerar la destitución de Alcalá Zamora como un golpe de Estado, a pesar de que Calvo Sotelo sostuvo que Alcalá Zamora se merecía la destitución.[63]
Diecinueve días después, el día 26 de abril, se celebraron las elecciones de compromisarios establecida por la Constitución. El candidato del Frente Popular a ocupar la presidencia de la República fue su líder Manuel Azaña —además de algunos miembros de su partido que temían que su salida del gobierno lo debilitaría, Largo Caballero se opuso a la candidatura de Azaña y propuso sin éxito en su lugar a Álvaro de Albornoz—.[64] La participación fue baja, en torno al 40%, debido fundamentalmente a que las derechas decidieron no presentar ningún candidato y no hacer campaña electoral.[65] Azaña obtuvo 358 mandatos, y 63 la oposición que no se había abstenido de presentarse a las elecciones. Así el 10 de mayo de 1936 era investido en el Palacio de Cristal del Parque del Buen Retiro de Madrid nuevo presidente Manuel Azaña, por 754 votos (entre compromisarios y diputados), 88 en blanco (de la CEDA) y 32 para otros políticos. Sin embargo, el proyecto de Azaña de nombrar al socialista Indalecio Prieto como su sustituto al frente del gobierno, para de esa forma reforzar su posición con la entrada de los socialistas en el mismo («la movilización de las clases populares generaba sus propios ritmos y exigencias, que precisaban ser moduladas mediante una conveniente autoridad política de las instituciones de gobierno»),[66] no cuajó por la oposición del ala caballerista del PSOE y de la UGT que se ratificó en el acuerdo de seguir fuera del gabinete.[67][68] Prieto presentó su candidatura ante el grupo parlamentario socialista, aunque no directamente sino mediante la propuesta de «que se constituya un gobierno en el que estén representadas más cabalmente las fuerzas del Frente Popular, para realizar un programa al que servirá de base mínima el programa del Frente Popular». Por su parte el caballerista Álvarez del Vayo presentó otra de signo contrario: «que se constituya un gobierno republicano capaz de llevar a una rápida realización el programa del Frente Popular». El resultado de la votación fue contundente: la propuesta de Prieto solo fue apoyada por 19 diputados, la de Álvarez del Vayo por 47. En consecuencia Prieto, que no quería provocar una escisión en el PSOE, le comunicó a Azaña su renuncia a formar gobierno.[69]
El 13 de mayo ocupó la presidencia del gobierno uno de los colaboradores más fieles de Azaña, Santiago Casares Quiroga.[70] El nuevo gobierno, integrado exclusivamente por republicanos de izquierda incluida Esquerra Republicana de Cataluña, continuó con la política reformista que ya había iniciado el gobierno Azaña que consistía fundamentalmente en volver a poner en vigor los decretos que habían sido derogados o modificados durante el segundo bienio ("bienio negro" le llamaron las izquierdas) y a los que se añadieron algunos otros. «En la gestión política ordinaria, el gobierno Casares Quiroga ni radicalizó ni añadió nada sustantivo al programa reformista del primer bienio... La imagen de un Casares Quiroga cediendo constantemente hacia la izquierda revolucionaria y perdiendo el control de la situación es falsa», afirma José Luis Martín Ramos. Por ejemplo, en la política agraria «no hubo radicalidad política, y menos programática, sino cumplimiento cada vez más diligente de lo establecido en la ley». «Tampoco fue una muestra de radicalidad revolucionaria la reinstauración de los jurados mixtos»[71] En cuanto a la cuestión religiosa continuaba pendiente la sustitución de la enseñanza confesional, conforme establecía la Ley de Congregaciones, y el gobierno aprobó un Decreto estableciendo patronatos provinciales que estudiaran la rápida sustitución de los docentes religiosos por personal interino laico, y a finales del mes de mayo se decretó el cierre provisional de los colegios de la Iglesia. Asimismo fue restablecida la coeducación en las aulas y se habilitó un presupuesto extraordinario para dotar 5.300 nuevas plazas de maestros estatales.[72]
La conflictividad social en las ciudades
«Al finalizar la agitación motivada por las readmisiones, los sindicatos aprovecharon su nueva posición de fuerza para plantear, en las discusiones sobre nuevas bases de trabajo, exigencias que los patronos juzgaron desorbitadas. La movilización obrera y la resistencia patronal a nuevas concesiones produjeron el movimiento de huelgas más generalizado de los habidos en toda la República...».[73] Hubo tantas huelgas de mediados de febrero a mediados de julio de 1936 como en todo 1933, pero eso no quiere decir que imperara el «desorden civil» pues muchas de ellas acabaron con acuerdos gracias al restablecimiento de los jurados mixtos,[74] aunque esa restauración no se produjo hasta el 30 de mayo y por culpa de la sublevación militar de julio tuvieron poco tiempo para demostrar su eficacia.[75] A José Luis Martín Ramos no le parece adecuado hablar de «frenesí huelguístico» pues presupone implícitamente que la huelga es un «mal intrínseco» y no el «el principal recurso de presión de la clase trabajadora».[76] Según este historiador «las huelgas estaban justificadas por dos tipos de razones: la urgencia de responder al aumento del paro y recuperar los avances laborales perdidos durante 1934-1935, y la expectativa de que los conflictos pudieran tener desenlaces pactados, precisamente por la nueva coyuntura política» propiciada por el triunfo electoral del Frente Popular.[77]
«En el curso de las huelgas, declaradas y sostenidas muchas veces por comités conjuntos CNT/UGT, se hablaba de revolución...»,[73] pero ni UGT ni CNT preparaban ningún movimiento insurreccional después de los fracasos de 1932, 1933 y 1934, y la única posibilidad de que se produjese alguno sería como respuesta a un intento de golpe militar.[78] De hecho es relevante señalar que ninguna de las huelgas del periodo tuvo ese carácter.[76] «En 1934 se hablaba, se pensaba en términos de "revolución"; la opción contemplada por el Frente Popular no era esa, era la de las reformas más amplias posibles, pero reformas. La reforma como arma de reequilibrio social, de integración política, y también como guía de orientación del mantenimiento del orden interno».[79]
La CNT había vuelto a mostrar su hostilidad al gobierno «burgués» del Frente Popular, así como la FAI que seguía propugnando el «método insurreccional para la conquista de la riqueza social». A primeros de mayo la CNT celebraba su Congreso Confederal en Zaragoza y allí se reafirmó en su objetivo de alcanzar el comunismo libertario y ofreció a UGT una alianza revolucionaria cuyo fin sería «destruir completamente el régimen político y social vigente», ofrecimiento que UGT no aceptó porque hubiera supuesto la ruptura inmediata del Frente Popular.[80] Pero en ese Congreso también se produjo por primera vez el reconocimiento público de los errores de la táctica insurreccional y se optó por centrar las reivindicaciones en cuestiones concretas como los salarios y las condiciones de trabajo.[81]
La división de los dos grandes partidos de la izquierda y la derecha: el PSOE y la CEDA
Ni el PSOE ni la CEDA tras las elecciones de febrero de 1936 consiguieron articular una política única y clara bajo un liderazgo único. "Por diferencias internas entre sus alas moderada (Manuel Giménez Fernández y Luis Lucia, en la CEDA; Indalecio Prieto, en el PSOE) y radical (José María Gil Robles, en la CEDA; Francisco Largo Caballero, en el PSOE), y por presiones externas procedentes de la derecha subversiva, por un lado, y del sindicalismo revolucionario, del otro, ambos partidos se mostraron indecisos respecto al grado de compromiso que estaban dispuestos a asumir en la defensa de las instituciones republicanas". Y tanto Giménez Fernández y Lucia en la CEDA, como Prieto en el PSOE no lograron que sus respectivos partidos se comprometieran en apoyar a la República y a la democracia, el primero, y al gobierno, el segundo. "De esta forma, el gobierno quedó desasistido por sus aliados naturales y hostigado desde la derecha por una envalentonada oposición monárquica que arrastraba ya con fuerza a los católicos y desde la izquierda por un sector del PSOE que, si había renunciado a la revolución esperaba con impaciencia la hora de sustituir al gobierno republicano por uno exclusivamente socialista". Así pues, "no se trataba tanto de una polarización de los partidos, de un ascenso a los extremos, como de una parálisis política provocada por un gobierno débil y la fragmentación de los dos grandes partidos situados a su derecha y a su izquierda".[82] Una prueba de que la polarización política no era definitiva fue la actitud del Partido Comunista de España (uno de los representantes del "bolchevismo" que tanto temía la derecha), que mostró un firme apoyo al Gobierno republicano, e incluso moderó su exigencia de una reforma agraria revolucionaria e hizo llamamientos a los dos sindicatos, UGT y CNT, para que detuvieran la escalada de huelgas que se produjo a lo largo de la primavera de 1936.[83]
En cuanto a los socialistas, la formación del gobierno Azaña y sobre todo el paso de Azaña a la presidencia de la República acentuaron las diferencias entre los sectores "prietista" y "largocaballerista", ya que Largo Caballero se opuso radicalmente a la entrada de los socialistas en el gobierno del Frente Popular y a que Indalecio Prieto sustituyera a Azaña en la presidencia del gobierno y continuó defendiendo el entendimiento entre las “organizaciones obreras” para esperar el momento en que el fracaso de los “burgueses republicanos" facilitara la conquista del poder por la clase obrera. Y esa fue la línea que se impuso en UGT donde el sector "largocaballerista" gozaba de la mayoría, mientras la línea "prietista” se hacía con la ejecutiva del PSOE, aunque el grupo parlamentario socialista de las Cortes siguió controlado por Largo Caballero así como la importante Federación Madrileña del PSOE. Largo Caballero además contaba con el apoyo incondicional de las juventudes Socialistas que le llamaban el "Lenin español". Estas juventudes cada vez más radicalizadas acabaron fusionándose con las Juventudes Comunistas del PCE para formar en junio de 1936, las Juventudes Socialistas Unificadas, bajo la dirección del joven socialista Santiago Carrillo.[84]
En cuanto a la CEDA el sector encabezado por José María Gil Robles se decantó cada vez más por el boicot a las instituciones republicanas y por el apoyo a la vía defendida por la derecha monárquica del Bloque Nacional de José Calvo Sotelo que propugnaba abiertamente la ruptura violenta del orden constitucional mediante un golpe de estado militar en cuya preparación ya estaban colaborando (por su parte los monárquicos carlistas aceleraron la formación de sus milicias requetés con vistas al alzamiento militar con cuyos dirigentes mantenían contactos). Con Calvo Sotelo y Gil Robles a la cabeza los diputados de la derecha antirrepublicana convirtieron el Congreso de los Diputados en un “campo de batalla” con intervenciones provocadoras que dieron lugar a duros enfrentamientos dialécticos con la izquierda, que tuvieron un impacto público desastroso para la estabilidad de la República, ya que proyectaban una imagen de “desgobierno” que alimentó la “estrategia de la tensión” que se estaba produciendo en la calle.[85]
La violencia política y el orden público
Según José Luis Martín Ramos, «ni la movilización campesina, ni las huelgas de los trabajadores urbanos, ni tampoco el gobierno fueron la causa principal ni los responsables fundamentales de la violencia, esgrimida como prueba de cargo del fracaso del Frente Popular y por elevación del fracaso de la República».[79] Este historiador reconoce que en las primeras semanas pudieron ser las organizaciones obreras las principales causantes de los desórdenes, especialmente en el campo, pero a partir de abril estos cayeron de manera notoria gracias a las medidas acordadas por el gobierno de mejora de la situación de los jornaleros y de los campesinos pobres, por lo que a partir de ese mes la violencia política de «mayor trascendencia pasó a ser la ejercida por Falange» que pretendía «abonar la estrategia de la tensión» que justificara el golpe militar.[86]
El partido fascista Falange Española de las JONS, que a principios de 1936 era una fuerza política marginal (solo obtuvo 45 000 votos en todo el país en las elecciones de febrero), vio cómo aumentaba su número de afiliados, porque tras el triunfo del Frente Popular recibió una avalancha de jóvenes de derechas (en su mayoría procedentes de la rama juvenil de la CEDA, las Juventudes de Acción Popular, y de los monárquicos alfonsinos de Renovación Española) dispuestos a la acción violenta. Así Falange pasó de unos 6000 militantes a más de 20 000 en pocas semanas.[87] El primer atentado importante que cometieron fue el perpetrado el 12 de marzo contra el diputado socialista y “padre” de la Constitución de 1931 Luis Jiménez de Asúa, en el que este resultó ileso pero su escolta, el policía Jesús Gisbert, murió. El entierro al día siguiente del policía se convirtió en una manifestación de repulsa contra la violencia fascista y se produjeron graves incidentes, con incendios de dos iglesias y de las oficinas del diario derechista La Nación, órgano del Bloque Nacional de José Calvo Sotelo. Los autores materiales del atentado contra Jiménez de Asúa y su escolta lograron huir a Francia en una avioneta pilotada por el aviador militar Juan Antonio Ansaldo.[22]
La respuesta del gobierno de Azaña fue prohibir el partido, detener el 14 de marzo a su máximo dirigente José Antonio Primo de Rivera y a otros miembros de su “Junta Política”, y cerrar su periódico Arriba. Pero el paso a la clandestinidad no impidió que siguiera perpetrando atentados y participando en reyertas con jóvenes socialistas y comunistas. La casa de Largo Caballero fue tiroteada, y fueron asesinados el capitán de Ingenieros Carlos Faraudo, instructor de las milicias socialistas,[87] y el 13 de abril el magistrado de la Audiencia Manuel Pedregal, que había condenado a algunos de los falangistas implicados en el atentado contra Jiménez de Asúa.[88]
Los incidentes de mayor trascendencia se produjeron los días 14 y 15 de abril. El día 14 tuvo lugar un desfile militar en el Paseo de la Castellana de Madrid en conmemoración del Quinto Aniversario de la República y junto a la tribuna principal, ocupada por el presidente de la República en funciones Diego Martínez Barrio y por el presidente del gobierno Manuel Azaña, estalló un artefacto y se produjeron a continuación varios disparos que causaron la muerte a Anastasio de los Reyes, un alférez de la Guardia Civil que estaba allí de paisano, e hirieron a varios espectadores. Derechistas e izquierdistas se acusaron mutuamente del atentado. Dos días después, se celebró el entierro del alférez que se convirtió en una manifestación antirrepublicana a la que asistieron los diputados Gil Robles y Calvo Sotelo, oficiales del ejército, miembros del Gobierno y numerosos miembros de los sectores conservadores. En la manifestación durante el entierro de Anastasio de los Reyes, en cuya represión participó el teniente de la Guardia de Asalto, José del Castillo Sáenz de Tejada, se produjeron disparos desde diversos lugares contra la comitiva, produciéndose un saldo de cinco muertos y treinta y dos heridos.[89] Uno de los muertos era el estudiante Ángel Sáenz de Heredia, falangista y primo hermano de José Antonio Primo de Rivera.[88]
Entre abril y julio se produjeron numerosos atentados y reyertas protagonizados por falangistas y por miembros de las organizaciones obreras de izquierda. Los falangistas causaron más de cincuenta víctimas, la mayoría de ellas en Madrid, mientras que murieron cuarenta miembros de Falange.[88] La violencia izquierdista se dirigió tanto contra empresarios y militantes de partidos conservadores, como el exministro y diputado del Partido Republicano Liberal Demócrata Alfredo Martínez García-Argüelles, asesinado en Oviedo el 24 de marzo, como contra sedes sociales y periódicos antirrepublicanos, como el diario madrileño La Nación. También fueron objeto de la violencia los edificios religiosos (más de un centenar de iglesias y conventos fueron asaltados e incendiados)[90] aunque entre las víctimas de la violencia política de febrero a julio no hubo ningún miembro del clero.[91]
Un estudio realizado en 2006 sobre las víctimas mortales como resultado de la violencia política entre febrero y julio de 1936 registró un total de 189 incidentes y 262 muertos, de ellos 112 causados por la intervención de las fuerzas de orden público. De las 262 víctimas, 148 serían militantes de la izquierda, 50 de la derecha, 19 de las fuerzas de orden público y 45 sin identificar. Además ese mismo estudio constataba que el número de víctimas mortales causadas por la violencia política disminuyó sensiblemente en junio y julio, con 24 y 15 víctimas mortales respectivamente (el mes más cruento fue marzo con 93 muertos).[92] Un estudio posterior de 2011[93] elevó a 236 los incidentes con resultado de muerte y el número de víctimas a 351 (21 durante los tres días de gobierno de Manuel Portela Valladares; 188 durante el gobierno de Manuel Azaña y 142 durante el gobierno de Santiago Casares Quiroga), de las cuales el 30 % serían víctimas de derechas, el 60 % víctimas de izquierdas y un 10 % sin determinar. Según ese estudio de 2011 hubo cuatro puntas de violencia: los tres días del «pánico» de Portela Valladares; la ofensiva falangista de atentados de marzo; los sucesos de abril en Madrid; y los sucesos de Yeste del 29 de mayo. En Madrid se produjeron 44 muertes, la última de las cuales fue el asesinato del líder monárquico José Calvo Sotelo el 13 de julio, cuatro días antes de que se inciase al alzamiento militar. Pero este crimen perpetrado por las izquierdas no debe ocultar el hecho de que la mayoría de las muertes de la capital fueron causadas por la extrema derecha, con Falange como principal protagonista.[94]
En cuanto a la violencia anticlerical un estudio publicado en 2013[95] constataba que se produjeron entre el 16 de febrero y el 16 de junio 604 episodios de violencia, de los que 140 fueron en Andalucía, 106 en el País Valenciano, 82 en Galicia, 45 en Castilla y León, 40 en Castilla-La Mancha y 33 en Asturias. Las regiones menos afectadas fueron Extremadura y Cataluña, con solo 9 y 10 episodios, respectivamente. En la ciudad de Madrid hubo 9 episodios (27 en el conjunto de la provincia). En cuanto al número de municipios afectados estos fueron 459 (46 en la provincia de Valencia; 29 en la de Alicante; 28 en la de Málaga; 25 en la de Sevilla; 22 en la de Granada; 20 en la de Murcia; 19 en las de Cádiz, Oviedo y La Coruña; y en número más reducido en las restantes). El desglose de los episodios de violencia anticlerical arrojaba el siguiente resultado: 106 iglesias y edificios religiosos incendiados totalmente; 74 parcialmente; 56 asaltados y ocupados; 57 conatos de incendio que no se llegaron a consumar. En ninguno de estos episodios hubo víctimas mortales. Según la interpretación de José Luis Martín Ramos estos datos no indican que hubiera un «colapso del orden público» ni que hubiera una «política práctica de acoso y derribo de los católicos y su iglesia» como consecuencia de la «radicalización de las izquierdas», como afirman los autores del estudio, Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García.[96] Martín Ramos alega que el gobierno intentó atajar esta violencia. «Son conocidas las reacciones de Azaña lamentando desde el primer momento la quema y asaltos de edificios religiosos», afirma. Y añade como disculpa: «en la sociedad española existía desde antiguo un antagonismo clericalismo-anticlericalismo, de difícil superación por su interrelación con el conflicto social y político; resulta clamoroso que Álvarez Tardío y Villa reconozcan el elevado número de incendios, asaltos y agresiones que coincidieron con ataques a centros de los partidos y las organizaciones sociales de la derecha y no saquen las consecuencias correspondientes de la identificación de la Iglesia, de la mayoría de su clero, su jerarquía y su feligresía de élite con esa derecha».[97]
La violencia protagonizada por los pistoleros falangistas y por las organizaciones de izquierda, junto con el crecimiento de las organizaciones juveniles paramilitares tanto entre la derecha (milicias falangistas, requetés carlistas) como entre la izquierda (milicias de las juventudes socialistas, comunistas y anarquistas), y entre los nacionalistas vascos y catalanes (milicias de Esquerra Republicana de Cataluña y milicias del PNV), aunque no estaban armadas y su mayor actividad principal era desfilar, provocó la percepción entre parte de la opinión pública, especialmente la conservadora, de que el gobierno del Frente Popular no era capaz de mantener el orden público, lo que servía de «justificación» para el "golpe de fuerza" militar que se estaba preparando.[98] A esta percepción también contribuyó la prensa católica y de extrema derecha que incitaba a la rebelión frente al «desorden» que atribuía al «Gobierno tiránico del Frente Popular», «enemigo de Dios y de la Iglesia», aprovechando que la confrontación entre clericalismo y anticlericalismo volvió al primer plano tras las elecciones de febrero con continuas disputas sobre asuntos simbólicos, como el tañido de campanas o las manifestaciones del culto fuera de las iglesias, como procesiones o entierros católicos.[91]
Sin embargo, según José Luis Martín Ramos, «el gobierno del Frente Popular no fue débil ni inane ante el orden público, de cuyo problema Azaña y Casares Quiroga fueron conscientes y al que buscaron remedios tuvieran mayor o menor éxito, mayor del que se le reconoce frecuentemente, desde luego».[99] «Otra cosa fue el acierto con que actuaran sus representantes territoriales y, sobre todo, la eficacia y la lealtad de las fuerzas de orden público, deficientemente formadas y equipadas y en buena parte minadas por la propaganda antirrepublicana».[40]
Las intervenciones en las Cortes sobre el orden público de Calvo Sotelo y de Gil Robles
El primer discurso del líder monárquico José Calvo Sotelo en las Cortes sobre el orden público lo pronunció el 15 de abril en la sesión de las Cortes en la que se debatió la confianza al gobierno de Azaña.[100] En él enumeró de forma prolija los cientos de actos violentos que se habían producido en España desde las elecciones (según Calvo Sotelo había habido 74 muertos y 345 heridos) con el fin de justificar la necesidad de instaurar un «Estado autoritario y corporativo».[101] Durante su intervención volvió a aparecer la «aversión despectiva» y la «extrema agresividad» de los diputados del Frente Popular hacia Calvo Sotelo y también hacia el líder de la CEDA José María Gil Robles.[102] En esa misma sesión el diputado comunista José Díaz amenazó al parecer de muerte a Calvo Sotelo (sus palabras fueron retiradas del Diario de Sesiones por orden del presidente de las Cortes Diego Martínez Barrio) y la diputada comunista Dolores Ibárruri Pasionaria definió a Gil Robles como «un histrión ridículo salpicado con la sangre de la represión». En las sesiones de las semanas siguientes continuaron los ataques. En la del 6 de mayo la socialista Margarita Nelken interrumpió a Calvo Sotelo diciéndole: «los verdugos no tienen derecho a hablar». En la del 19 de mayo el diputado socialista Bruno Alonso González retó a Calvo Sotelo a salir a la calle para ajustar cuentas después de haberle llamado «asalariado del capitalismo». Según Gabriele Ranzato, «el líder de la CEDA [Gil Robles] era odiado por la extrema izquierda aún más que el líder monárquico [Calvo Sotelo]. Gil Robles era, para ella, el potencial dictador fascista-clerical que en 1934 había empujado a la sublevación de Asturias e inspirado la despiadada represión».[102]
En la sesión de las Cortes del 16 de junio, «quizá la más dramática» y «la más citada de la historia de la República»,[103] hubo otro resonante debate sobre el orden público ―se debatía una proposición no de ley de la derecha en la que se instaba al Gobierno a «la rápida adopción de las medidas necesarias para poner punto final al estado de subversión en que vive España»―[104]. Esta vez el que enumeró los actos violentos fue José María Gil Robles. Según él desde las elecciones había habido 269 muertos y 1287 heridos y 160 iglesias habían sido destruidas, además de otras 251 que habían resultado dañadas, incluyendo otros edificios religiosos.[105][103] A continuación conminó al gobierno de Santiago Casares Quiroga a aplicar las «medidas necesarias para poner fin al estado de subversión en que vive España» y terminó diciendo: «hoy estamos presenciando los funerales de la democracia».[106]
Calvo Sotelo también intervino ese día, entre frecuentes interrupciones y gritos,[103] para defender de nuevo la instauración de un Estado autoritario y proclamarse fascista: «A este Estado lo llaman muchos Estado fascista, pues si ése es el Estado fascista, yo, que participo de la idea de ese Estado, yo que creo en él, me declaro fascista». A continuación hizo un llamamiento a la intervención del Ejército, que provocó la airada reacción del presidente del gobierno Casares Quiroga quien lo hizo responsable de futuras intentonas golpistas, responsabilidad que Calvo Sotelo aceptó (Casares Quiroga dijo: «después de lo que ha dicho su señoría ante el Parlamento, de cualquier cosa que pudiera ocurrir, que no ocurrirá, le haré responsable a su señoría»; a lo que Calvo Sotelo respondió: «Yo tengo, señor Casares Quiroga, anchas espaldas. Su señoría es hombre fácil para el gesto de reto y para las palabras de amenaza. [...] Me doy por notificado de la amenaza de su señoría»).[103] En esa sesión de las Cortes, en la que se produjeron frecuentes interrupciones e incidentes (los diputados se enfrentaron físicamente al menos en dos ocasiones y el presidente de las Cortes Martínez Barrio, amenazó con marcharse si los enfrentamientos continuaban), el socialista caballerista Ángel Galarza le lanzó a Calvo Sotelo una amenaza nada velada ya que afirmó que contra Calvo Sotelo «encuentro justificado todo, incluso el atentado personal» (esas palabras no constaron en el Diario de Sesiones por orden del presidente de la Cámara, pero fueron recogidas por algunos periódicos).[107]
Los historiadores que defienden la tesis de la existencia de una campaña de agitación por parte de las derechas que «justificara» el golpe que una parte del Ejército estaba preparando con su apoyo consideran que las intervenciones en las Cortes de Gil Robles y de Calvo Sotelo formaban parte de esa campaña. Según estos historiadores lo que pretendían los dos líderes de la derecha no republicana era rentabilizar la situación de violencia en las calles elaborando un discurso «incendiario» y «catastrofista», que fue difundido y amplificado por la prensa del mismo signo político que actuaba como caja de resonancia recogiendo en sus páginas todas las reyertas, peleas y huelgas por insignificantes que fueran en secciones especiales tituladas «Síntomas», «Cuestiones sociales» o «Alteraciones de orden público».[108] «Periódicos como el ABC no dejaban de machacar a sus lectores con mensajes catastrofistas…, afirmaban que el país era ingobernable y contabilizaban como crímenes políticos delitos comunes para reforzar la impresión de desgobierno», afirma Antony Beevor.[109] Eduardo González Calleja ha llegado a afirmar que «la Guerra Civil se declaró antes en el Parlamento que en la calle» y que en esa tarea destacó especialmente el líder del Bloque Nacional, José Calvo Sotelo, que «desde el primer momento mantuvo en las Cortes una actitud francamente provocadora».[101] Una valoración que comparte totalmente José Luis Martín Ramos quien destaca que Calvo Sotelo en su discurso del 16 de junio puso las conclusiones al discurso previo de Gil Robles, que «no fue de paz, sino de guerra» y que había sido «un discurso telonero» en el que el líder de la CEDA «mezcló cuestiones de orden público ―de carácter social o político― con delitos comunes; atribuyó, por omisión de sus detalles, todos los incidentes, incluidos los atentados de Falange, las agresiones de propietarios o elementos de derechas, o los abusos de fuerza de la policía y la Guardia Civil a la inoperancia gubernamental o al carácter criminal de la política marxista, y consideró, sin más, como conflictos de orden público la realización de huelgas».[110] Del discurso de Calvo Sotelo Matín Ramos destaca la siguiente frase: «La causa no es de Gobierno, la causa es superior. Es de Estado. Es que el régimen democrático y parlamentario y la Constitución de 1931 han producido un desorden económico y un desorden social».[110] Una posición similar a la de González Calleja, Beevor y Martín Ramos sostienen los historiadores Julio Aróstegui y Paul Preston.[111][112]
Por su parte el historiador italiano Gabriele Ranzato, que no suscribe la tesis de la existencia de una campaña de agitación de la derecha que «justificara» el golpe, ha señalado a Calvo Sotelo como uno de los «responsables de la violencia que estaba desgarrando al país», debido a sus continuos llamamientos a la intervención de ejército, una «solución de fuerza» «deseada, favorecida, tramada y apoyada por él desde el nacimiento de la República, de la que siempre se había declarado abierto enemigo». «Era y continuó siendo hasta el final enemigo declarado de la democracia traída por la República. En esta militancia antidemocrática Calvo Sotelo era, sin duda, la figura más destacada y había seguido un cursus honorum capaz de atraerle grandes hostilidades políticas y un intenso odio popular».[113]
La conspiración militar
La conspiración militar para desencadenar un “golpe de fuerza” (como lo llamaban los conjurados) que derribara al gobierno se puso en marcha nada más producirse el triunfo del "Frente Popular" en las elecciones de febrero de 1936, apoyándose inicialmente en las tramas golpistas que se habían rehecho tras el fracaso de la insurrección militar de agosto de 1932 encabezada por el general Sanjurjo.[114] Al día siguiente de formarse el gobierno de Azaña el periódico de la Comunión Tradicionalista El Pensamiento Alavés ya afirmaba “que no sería en el Parlamento donde se libraría la última batalla, sino en el terreno de la lucha armada” y esa lucha partiría de “una nueva Covadonga que frente a la revolución sirviera de refugio a los que huyeran de aquélla y emprendiera la Reconquista de España”.[115]
El 8 de marzo tuvo lugar en Madrid, en casa de un amigo de Gil Robles, una reunión de varios generales (Emilio Mola, Luis Orgaz Yoldi, Villegas, Joaquín Fanjul, Francisco Franco, Ángel Rodríguez del Barrio, Miguel García de la Herrán, Manuel González Carrasco, Andrés Saliquet y Miguel Ponte, junto con el coronel José Enrique Varela y el teniente coronel Valentín Galarza, como hombre de la UME), en la que acordaron organizar un “alzamiento militar” que derribara al gobierno del Frente Popular recién constituido y “restableciera el orden en el interior y el prestigio internacional de España”. También se acordó que el gobierno lo desempeñaría una Junta Militar presidida por el general Sanjurjo, que en esos momentos se encontraba en el exilio en Portugal.[30]
No se llegó a acordar el carácter político del “movimiento militar”, pero para su organización recurrirían a la estructura clandestina de la UME integrada por oficiales conservadores y antiazañistas y llegaron a fijar la fecha del golpe, para el 20 de abril, pero las sospechas del gobierno y la detención de Orgaz y Varela, confinados en Canarias y en Cádiz, respectivamente, les obligaron a posponer la fecha. Además el gobierno había decidido ya "dispersar" a los generales sospechosos y había destinado a Goded a Baleares, a Franco a Canarias y a Mola a Pamplona.[116]
Desde finales de abril, fue el general Mola quien tomó la dirección de la trama golpista (desplazándose así el centro de la conspiración de Madrid a Pamplona), adoptando el nombre clave de “El Director”. Este continuó con el proyecto de constituir una Junta Militar presidida por el general Sanjurjo, y comenzó a redactar y difundir una serie de circulares o “Instrucciones reservadas” en las que fue perfilando la compleja trama que llevaría adelante el golpe de Estado.[116]
La primera de las cinco “instrucciones reservadas” la dictó el 25 de mayo y en ella ya apareció la idea de que el golpe tendría que ir acompañado de una violenta represión:[117]
Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades y sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas
Mola logró que se unieran a la conspiración generales republicanos como Gonzalo Queipo de Llano (jefe de los carabineros) y Miguel Cabanellas.[116] Con este último, que era el jefe de la V División orgánica, mantuvo una entrevista en Zaragoza el 7 de junio en la que acordaron las medidas para dominar la oposición que “opondría la gran masa sindicalista” y la organización de las “columnas que habían de oponerse a que los catalanes pudieran invadir el territorio aragonés”.[118]
Mola consiguió comprometer en el golpe a numerosas guarniciones, gracias también a la trama clandestina de la UME dirigida por el coronel Valentín Galarza (cuyo nombre clave era “El Técnico”), pero Mola no contaba con todas ellas, y especialmente tenía dudas sobre el triunfo del golpe en el lugar fundamental, Madrid, y también sobre Cataluña, Andalucía y Valencia.[116]
Así pues, el problema de los militares implicados era que, a diferencia del golpe de estado de 1923, ahora no contaban con la totalidad del Ejército (ni de la Guardia Civil ni las otras fuerzas de seguridad) para respaldarlo. "Las divisiones que se habían manifestado en el seno del propio ejército desde la Dictadura… durante la República habían alcanzado un singular grado de virulencia con la creación de uniones militares enfrentadas por la cuestión del régimen político [la UME, Unión Militar Española, monárquica; y la republicana Unión Militar Republicana Antifascista, UMRA, con una influencia mucho más reducida]".[119]
Tampoco podían contar como en 1923 con la connivencia del jefe del Estado (el rey Alfonso XIII entonces, y el Presidente de la República Manuel Azaña ahora). Una tercera diferencia respecto de 1923 era que la actitud de las organizaciones obreras y campesinas no sería de pasividad ante el golpe militar, como en 1923, sino que como habían anunciado desencadenarían una revolución. Por estas razones se fue retrasando una y otra vez la fecha del golpe militar, y por eso, además, el general Mola, "el Director", buscó el apoyo de las milicias de los partidos antirrepublicanos (requetés y falangistas) y el respaldo financiero de los partidos de la derecha.[120] Pero la participación de estas fuerzas paramilitares civiles fue aparcada por el momento porque el principal dirigente carlista Manuel Fal Conde quería proporcionar un protagonismo al "tradicionalismo" en el golpe, llegando a contactar directamente con el general Sanjurjo, algo que los militares no estaban dispuestos a consentir, y porque el líder de Falange José Antonio Primo de Rivera, preso en Alicante, que en principio se manifestó dispuesto a colaborar, exigió su parcela de poder, lo que tampoco fue admitido por los generales conjurados.[116]
Al gobierno de Casares Quiroga le llegaron por diversas fuentes noticias de lo que se estaba tramando pero no actuó con contundencia contra los conspiradores porque, según el historiador Julio Aróstegui, "Azaña y muchos elementos de su partido, y el propio Casares Quiroga, jefe del gobierno, no creyeron que después de haber neutralizado con facilidad el golpe de Sanjurjo en 1932 en el ejército hubiera capacidad para preparar una acción seria, estimando además que tenían controlados a los posibles cabecillas y que en el caso de que esa rebelión se produjese sería fácil abortarla".[121]
A principios de julio de 1936 la preparación del golpe militar estaba casi terminada, aunque el general Mola reconocía que "el entusiasmo por la causa no ha llegado todavía al grado de exaltación necesario" y acusaba a los carlistas de seguir poniendo dificultades al continuar pidiendo "concesiones inadmisibles". El plan del general Emilio Mola, "el Director", era un levantamiento coordinado de todas las guarniciones comprometidas, que implantarían el estado de guerra en sus demarcaciones, comenzando por el Ejército de África, que entre los días 5 y 12 de julio realizó unas maniobras en el Llano Amarillo donde se terminaron de perfilar los detalles de la sublevación en el Protectorado de Marruecos. Como se preveía que en Madrid era difícil que el golpe triunfase por sí solo (la sublevación en la capital estaría al mando del general Fanjul), estaba previsto que desde el norte una columna dirigida por el propio Mola se dirigiera hacia Madrid para apoyar el levantamiento de la guarnición de la capital. Y por si todo eso fallaba también estaba planeado que el general Franco (que el 23 de junio había dirigido una carta al presidente del gobierno Casares Quiroga en la decía que las sospechas del gobierno de que se estaba fraguando un golpe militar no eran ciertas -cuando él mismo era uno de los generales implicados-, alegando que "faltan a la verdad quienes le presentan al Ejército como desafecto a la República; le engañan quienes simulan complots a la medida de sus turbias pasiones"), después de sublevar las islas Canarias se dirigiría desde allí al Protectorado de Marruecos a bordo del avión Dragon Rapide, fletado en Londres el 6 de julio por el corresponsal del diario ABC Luis Bolín gracias al dinero aportado por Juan March, para ponerse al frente de las tropas coloniales, cruzar el estrecho de Gibraltar y avanzara sobre Madrid, desde el sur y desde el oeste.[122][123]
Una vez controlada la capital, se depondría al Presidente de la República y al gobierno, se disolverían las Cortes, se suspendería la Constitución de 1931, se detendrían y se juzgaría a todos los dirigentes y militantes significados de los partidos y organizaciones de la izquierda así como a los militares que no hubieran querido sumarse a la sublevación y, finalmente, se constituiría un Directorio militar bajo la jefatura del general Sanjurjo (que volaría desde Lisboa hasta España). Pero lo que sucedería a continuación nunca estuvo claro pues nada se había acordado sobre la forma de estado, o República o Monarquía (por ejemplo, no se decidió nada sobre qué bandera se utilizaría, si la bicolor de la monarquía, en lugar de la tricolor de la República, ya que se pensaba en una acción rápida y contundente). El objetivo era instaurar una dictadura militar siguiendo el modelo de la Dictadura de Primo de Rivera, al frente de la cual se situaría el exiliado general Sanjurjo.[122]
Así pues, lo que iban a poner en marcha los militares conjurados no era un pronunciamiento al estilo decimonónico (pues en estos casos no se discutía en general el régimen o el sistema político, sino que intentaban solo forzar determinadas "situaciones" partidistas), sino que iba mucho más lejos. El problema estribaba en que los militares y las fuerzas políticas que les apoyaban (fascistas, monárquicos alfonsinos, carlistas, católicos de la CEDA) defendían proyectos políticos distintos, aunque todos coincidían en que la "situación futura” no sería democrática, y tampoco liberal, porque el significado social de fondo de la conspiración era inequívoco: la "contrarrevolución", aun cuando fuera contra una revolución inexistente en la práctica. “Los sublevados llevaron a cabo su acción pretendiendo que se alzaban contra una revolución absolutamente inexistente en la época en que actúan, inventan documentos falsos que compuso Tomás Borrás y que hablaban de un gobierno soviético que se preparaba, y de hecho lo que representaban era la defensa de las posiciones de las viejas clases dominantes, la lucha contra las reformas sociales, más o menos profundas, que el Frente Popular pone de nuevo en marcha".[124]
En la tarde del domingo 12 de julio era asesinado en una calle céntrica de Madrid por pistoleros de extrema derecha (al parecer de la Comunión Tradicionalista) el teniente de la Guardia de Asalto, José del Castillo Sáez de Tejada, un militar instructor de las milicias socialistas. Como represalia, sus compañeros policías, dirigidos por un capitán de la Guardia Civil, Fernando Cortés, secuestraron en su propio domicilio y asesinaron en la madrugada del día siguiente a José Calvo Sotelo, el líder de los monárquicos "alfonsinos" (que no tuvo nada que ver con el asesinato del teniente Castillo), y abandonaron el cadáver en el depósito del cementerio de la Almudena. En el entierro de Calvo Sotelo el dirigente monárquico Antonio Goicoechea juró solemnemente “consagrar nuestra vida a esta triple labor: imitar tu ejemplo, vengar tu muerte y salvar a España”. Por su parte el líder de la CEDA, José María Gil Robles en las Cortes les dijo a los diputados de la izquierda que “la sangre del señor Calvo Sotelo está sobre vosotros” y acusó al gobierno de tener la “responsabilidad moral” del crimen por “patrocinar la violencia”.[125]
El asesinato de Calvo Sotelo aceleró el compromiso con la sublevación de los carlistas y también de la CEDA, y acabó de convencer a los militares que tenían dudas. Además, Mola decidió aprovechar la conmoción que había causado en el país el doble crimen, y el día 14 adelantó la fecha de la sublevación que quedó fijada para los días 17 y 18 de julio de 1936.[126]
El comienzo de la Guerra Civil
El asesinato el 13 de julio de José Calvo Sotelo por un grupo de policías de filiación socialista en represalia por el asesinato del teniente de la Guardia de Asalto y militante socialista José Castillo precipita los planes golpistas de diversos militares y organizaciones derechistas y hace que muchos hasta entonces indecisos se sumen a la conspiración.
El 17 de julio en el Protectorado de Marruecos y el 18 de julio en la Península se produce el intento de golpe de Estado, en un principio liderado por el general Mola —que firmaba como «el Director»—, apoyado por Falange y los carlistas. Entre los generales se encuentra el general Francisco Franco que posteriormente se hará con el poder de los rebeldes. Con el fracaso del golpe de Estado en la mayor parte del país, y el apoyo imprescindible de las potencias fascistas europeas se inicia la última guerra civil española. Con la división de las distintas organizaciones moderadas e izquierdistas, enfrentadas a menudo entre sí, entre otras razones, y la ausencia de ayuda del resto de naciones democráticas ante el temor, luego real, de provocar la Segunda Guerra Mundial, el gobierno electo debe abandonar el país al final de la Guerra Civil. Franco, en una larga dictadura personal, ejerce el poder hasta su muerte en 1975.
Referencias
- ↑ Gil Pecharromán, Julio (1997). Ibid. p. 97.
- Casanova, Julián (2007). Ibid. p. 150.
- Martín Ramos, 2015, p. 139-140. "El manifiesto-programa electoral del 15 de enero fue en buena medida heredero del documento de los republicanos, algunas de cuyas partes reprodujo literalmente"
- Martín Ramos, 2015, p. 138-139.
- Juliá, Santos (1999). Ibid. p. 109.
- Martín Ramos, 2015, p. 140.
- Martín Ramos, 2015, p. 133-134.
- ↑ Gil Pecharromán, Julio (1997). Ibid. p. 116.
- Juliá, Santos (1999). Ibid. p. 110.
- Viñas, 2019, p. 133.
- Martín Ramos, 2015, p. 142-144. "El intervencionismo de Portela no perjudicó al Frente Popular y sí, en cambio, distorsionó a las derechas, generando un conflicto insólito entre las redes clientelares y caciquiles y la injerencia gubernamental"
- ↑ Martín Ramos, 2015, p. 144.
- Gil Pecharromán, 1997, p. 116-117.
- Gil Pecharromán, Julio (1997). pp. 116-117. Falta el
|título=(ayuda) - Casanova, Julián (2007). Ibid. pp. 154-155.
- Casanova, Julián (2007). Ibid. p. 154155.
- Martín Ramos, 2015, p. 141.
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- ↑ Aróstegui, Julio (1997). Ibid. p. 22.
- Moradiellos, 2016, p. 76-77.
- Martín Ramos, 2015, p. 132-133.
- ↑ Casanova, Julián (2007). Ibid. p. 164.
- Payne, 2020, p. 353-354. "Los cinco meses del Frente Popular entre febrero y julio de 1936 constituyeron una etapa verdaderamente prerrevolucionaria de transición hacia la revolución directa. Fue un periodo breve pero decisivo de una erosión lenta pero constante y progresiva de la democracia y el orden constitucional a favor de la revolución"
- Payne, 2020, p. 394-403.
- ↑ Gil Pecharromán, Julio (1997). Ibid. p. 118.
- ↑ Casanova, Julián (2007). Ibid. p. 156.
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- Alía Miranda, 2018, p. 97.
- ↑ Gil Pecharromán, Julio (1997). pp. 122-123. Falta el
|título=(ayuda) - ↑ Casanova, Julián (2007). Ibid. p. 173.
- Martín Ramos, 2015, p. 154-155.
- Martín Ramos, 2015, p. 154-157. "El pliego del 1 de marzo no tenía nada de revolucionario, ni de reformista, era de puro sentido común"
- Casanova, Julián (2007). Ibid. p. 158.
- Gil Pecharromán, Julio (1997). Ibid. pp. 120-121.
- ↑ Martín Ramos, 2015, p. 156.
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- De la Granja, José Luis; Beramendi, Justo; Anguera, Pere (2001). La España de los nacionalismos y las autonomías. Madrid: Síntesis. pp. 135-136. ISBN 84-7738-918-7.
- De la Granja, José Luis; Beramendi, Justo; Anguera, Pere (2001). Ibid. p. 136.
- Casanova, Julián (2007). p. 157. Falta el
|título=(ayuda) - ↑ Martín Ramos, 2015, p. 154.
- Martín Ramos, 2015, p. 152-154.
- Martín Ramos, 2015, p. 178-179.
- ↑ Casanova, Julián (2007). p. 160. Falta el
|título=(ayuda) - Martín Ramos, 2015, p. 158. "Se imponía extender al máximo las formas de reparto del trabajo aplicadas al mundo campesino e impedir que las prácticas de los propietarios privaran de explotar tierras a quienes las necesitaban para su supervivencia y constriñeran todavía más a la baja los precios del trabajo"
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- Gil Pecharromán, Julio (1997). Ibid. p. 121.
- Cruz, Rafael (2006). p. 107. Falta el
|título=(ayuda) - Gil Pecharromán, Julio (1997). Ibid. pp. 121-122.
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- Martín Ramos, 2015, p. 158; 161.
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- Casanova, Julián (2007). p. 163. Falta el
|título=(ayuda) - Gil Pecharromán, Julio (1997). Ibid. pp. 123-124.
- Casanova, Julián (2007). Ibid. p. 166.
- Martín Ramos, 2015, p. 180-181. "No hay constancia de que se hubiese tomado una decisión firme al respecto [de destituir a Alcalá Zamora] antes de la formación del gobierno del Frente Popular. La reacción de Alcalá-Zamora ante este lo hizo irreversible, y de resolución urgente"
- Martín Ramos, 2015, p. 181.
- Martín Ramos, 2015, p. 181-182.
- Casanova, Julián (2007). pp. 166-168. Falta el
|título=(ayuda) - ↑ Martín Ramos, 2015, p. 183.
- Martín Ramos, 2015, p. 184-185. "Azaña se postuló a la Presidencia de la República para hacer una nueva interpretación de cómo ejercer esa facultad presidencial"
- Martín Ramos, 2015, p. 185.
- Gil Pecharromán, Julio (1997). Ibid. pp. 124-125.
- Casanova, Julián (2007). pp. 166-168. Falta el
|título=(ayuda) - Martín Ramos, 2015, p. 193-194. "Después de que se frustrara el encargo a Prieto, Azaña no disponía de tantas opciones... El jefe de gobierno tenía que seguir siendo de IR, situada en el centro de la coalición entre UR y los partidos obreros, y era conveniente, si no obligado, que tuviera experiencia en la gestión del orden público y las aventuras militares"
- Martín Ramos, 2015, p. 194-195.
- Gil Pecharromán, Julio (1997). Ibid. p. 123.
- ↑ Juliá, Santos (1999). Un siglo de España: política y sociedad. Madrid: Marcial Pons, Ediciones de historia, S.A. p. 114. ISBN 84-95379-03-1.
- Casanova, Julián (2007). Ibid. p. 161.
- Martín Ramos, 2015, p. 163-164. "Hubo escasos conflictos 'salvajes' y... en general [las huelgas] tendieron a desembocar en procesos de negociación, ayudados por la restauración de los Jurados Mixtos..."
- ↑ Martín Ramos, 2015, p. 163.
- Martín Ramos, 2015, p. 164.
- Casanova, Julián (2007). Ibid. pp. 162-163.
- ↑ Martín Ramos, 2015, p. 166.
- Gil Pecharromán, Julio (1997). Ibid. pp. 125-126.
- Casanova, Julián (2007). Ibid. p. 162.
- Juliá, Santos (1999). Ibid. pp. 112-116.
- Gil Pecharromán, Julio (1997). Ibid. p. 127.
- Gil Pecharromán, Julio (1997). Ibid. pp. 126-127.
- Gil Pecharromán, Julio (1997). Ibid. pp. 127-128.
- Martín Ramos, 2015, p. 162.
- ↑ Gil Pecharromán, Julio (1997). Ibid. p. 128.
- ↑ Casanova, Julián (2007). Ibid. p. 165.
- «Las cuatro muertes que desencadenaron la guerra civil». La Información. 27 de noviembre de 2016. Consultado el 30 de julio de 2018.
- Gil Pecharromán, Julio (1997). Ibid. pp. 129-130.
- ↑ Casanova, Julián (2007). p. 171. Falta el
|título=(ayuda) - Cruz, Rafael (2006). Ibid. p. 167.
- González Calleja, Eduardo (2011). «La necro-lógica de la violencia sociopolítica en la primavera de 1936». Mélanges de la Casa de Velázquez. 41-1: 37-60.
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- Martín Ramos, 2015, p. 169-174.
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- Gil Pecharromán, Julio (1997). Ibid. pp. 130-131.
- Martín Ramos, 2015, p. 169.
- Aróstegui, 2006, p. 138.
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- ↑ Payne, 1996, p. 78.
- Alía Miranda, 2018, p. 100.
- Beevor, 2005, p. 74. ”Sin que [Gil Robles] diera las fuentes de sus datos, que, en realidad, procedían de los periodistas de El Debate”
- Preston, 2011, p. 183. ”El debate sobre la exactitud de las cifras de Gil Robles sigue vivo desde entonces… Rafael Cruz sostiene que el 43 por ciento del total de las muertes fue causado por las fuerzas del orden…”
- Payne, 1996, p. 81.
- Preston, 2011, p. 183-184.
- Beevor, 2005, p. 61-62.
- ↑ Martín Ramos, 2015, p. 203.
- Aróstegui, 2006, p. 238-240. ”Las denuncias y recuentos de desmanes que expusieron en las Cortes Calvo Sotelo y Gil Robles sabemos que procedían de una red de informadores que habían establecido en sus propios partidos con ánimo de disponer de una nueva arma política. Lo mismo hizo en su propio partido el carlista Fal Conde. La violencia podría o no tener origen en la extrema derecha, pero, en cualquier caso, servía a sus fines y ésta procuró integrarla en sus planes”
- Preston, 2011, p. 182-184. ”La violencia de los pistoleros de la derecha, los discursos incendiarios de Calvo Sotelo y Gil Robles, y el barniz que los medios conservadores revistieron los acontecimientos contribuyeron en gran medida a lanzar a las clases medias a los brazos de los conspiradores del Ejército”
- Ranzato, 2014, p. 26.
- Gil Pecharromán, Julio (1997). Ibid. pp. 131-136.
- Casanova, Julián (2007). Ibid. p. 170.
- ↑ Gil Pecharromán, Julio (1997). Ibid. p. 136.
- Casanova, Julián (2007). Ibid. pp. 173-174.
- Casanova, Julián (2007). Ibid. p. 174.
- Juliá, Santos (1999). Ibid. p. 115.
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- Aróstegui, Julio (1997). Ibid. p. 25.
- ↑ Gil Pecharromán, Julio (1997). p. 138. Falta el
|título=(ayuda) - Casanova, Julián (2007). p. 174. Falta el
|título=(ayuda) - Aróstegui, Julio (1997). Ibid. p. 32.
- Casanova, Julián (2007). Ibid. p. 175.
- Gil Pecharromán, Julio (1997). pp. 138-139. Falta el
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Véase también
Enlaces externos
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