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Cuestión religiosa en la Constitución española de 1931

La cuestión religiosa en la Constitución de 1931 es la forma como se abordó la relación entre el Estado y la Iglesia católica y los temas conexos, como la libertad de conciencia y la libertad de cultos, la regulación del matrimonio y del divorcio y la educación, en la carta magna de la Segunda República Española.

Sello de correos conmemorativo de la apertura de las Cortes Constituyentes, el 14 de julio de 1931, en el que aparece la paloma de la paz sobre el edificio del Palacio del Congreso y una alegoría de la República representada por una mujer tocada con el gorro frigio

Las propuestas republicanas sobre la cuestión religiosa

Los partidos republicanos y el partido socialista integrados en el Gobierno Provisional que se formó en España tras la caída de la Monarquía el 14 de abril de 1931 estaban completamente de acuerdo en que uno de los principios básicos del nuevo régimen republicano habría de ser la completa separación de la Iglesia y el Estado poniendo fin así a más de cien años de confesionalidad del Estado. Pero discrepaban sobre el alcance que debía tener la secularización. A grandes rasgos se puede decir que existían dos propuestas:[1]

 
Niceto Alcalá-Zamora
  • La postura mayoritaria era la defendida por el resto de partidos republicanos y por el PSOE que pretendían ir mucho más lejos al propugnar un anticlericalismo radical que no sólo abogaba por la secularización del Estado, sino también de la sociedad, justificándolo por el daño que había causado el clericalismo en la historia de España, al convertirse en el principal obstáculo para su progreso y modernización (en lo que coincidían con el movimiento librepensador y con la masonería).[3]​ Según los republicanos de izquierda y los socialistas había que privar a la Iglesia de los medios con que ejercía su hegemonía social y cultural, y sobre todo el más importante: la educación. Así pues su programa incluía la supresión del presupuesto de culto y clero, el matrimonio civil y el divorcio, la secularización de los cementerios y la medida más contundente: la disolución de las órdenes religiosas, y especialmente los jesuitas, y la nacionalización de sus bienes, sustituyendo los colegios religiosos que aquellas regentaban por una escuela “única” y laica. “Más que una Iglesia libre en un Estado libre se buscaría el sometimiento de la primera al segundo en aras del bien público”.[4]​ Este anticlericalismo radical, que también defendían los anarquistas, se vio acompañado como justificación de una cierta demagogia clerófoba que identificaba a los eclesiásticos, especialmente a los miembros del clero regular, como los enemigos del pueblo.[4]​ En esta propuesta más radical existían matices importantes entre los partidos que la defendían, desde los menos intransigentes como la Acción Republicana de Manuel Azaña (que por ejemplo no exigían la disolución de las órdenes religiosas aunque sí la prohibición de la enseñanza) hasta las posturas más extremistas representadas por los radical-socialistas de Álvaro de Albornoz (que estaba cercano al anticlericalismo antirreligioso) y de Marcelino Domingo y por los socialistas (con la excepción del moderado Fernando de los Ríos), que parecían competir con los radical-socialistas a ver quien hacía propuestas aún más intransigentes. El Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux ahora mantenía una postura ambigua respecto de la “cuestión religiosa” aunque en su programa “oficial” todavía mantenía el anticlericalismo extremo que le había definido desde sus inicios.[5]

El debate parlamentario

La propuesta de la Comisión Jurídica Asesora

 
Ángel Ossorio y Gallardo

En un ambiente de creciente tensión entre la Iglesia católica y la nueva República, a causa de la quema de conventos de principios de mayo de 1931, en los que ardieron total o parcialmente más de cien edificios religiosos, y de la expulsión de España del obispo de Vitoria Mateo Múgica el 17 de mayo y del mismísimo Cardenal Primado Pedro Segura el 15 de junio, a causa de la pastoral publicada el 3 de junio en que atacaba la política laica emprendida por el gobierno provisional (como la proclamación de la libertad de cultos), la Comisión Jurídica Asesora, nombrada por el Gobierno Provisional y presidida por el jurista católico liberal Angel Ossorio y Gallardo, presentó el anteproyecto de Constitución en el que la solución dada a la “cuestión religiosa” respondía a los principios del laicismo liberal. En el artículo 8 se establecía la separación de la Iglesia y el Estado (“No existe religión del Estado”) pero se reconocía un estatus especial a la Iglesia católica al considerarla “Corporación de Derecho Público”. En el artículo 12 se reconocía la libertad de conciencia con la única limitación del “respeto debido a las exigencias de la moral pública” y la libertad de cultos, tanto privada como públicamente.[6]

Artículo 8: No existe religión del Estado.

La Iglesia católica será considerada como Corporación de Derecho Público.

El mismo carácter podrán tener las demás confesiones religiosas cuando lo soliciten, y, por su constitución y el número de sus miembros, ofrezcan garantías de subsistencia
 
Cardenal Primado Pedro Segura

A pesar de la moderación del anteproyecto,[7]​ la jerarquía católica y el nuncio Federico Tedeschini se dispusieron a ejercer toda la influencia posible para modificar la forma como abordaba la relación entre la Iglesia y el Estado. En una carta del cardenal Francisco Vidal y Barraquer, que seguía defendiendo junto con el nuncio la política de conciliación con el nuevo régimen, al cardenal Primado Pedro Segura, le dijo que «se habrá de hacer algo en defensa de los derechos de Dios y de la Iglesia que se lesionan» en el anteproyecto. El nuncio Tedeschini le comunicó a Vidal y Barraquer «el augusto deseo del Padre Santo» de que la jerarquía eclesiástica y la propia nunciatura influyesen en el gobierno y en los diputados a fin de que «quitasen o mejorasen los artículos del susodicho anteproyecto atentatorios de los derechos de la Iglesia y de las convenciones entre ésta y España». Además hablaba de la necesidad de «mover el problema religioso fuera de las Cortes con una propaganda muy intensa, dirigida a poner de relieve la fuerza, la vitalidad e importancia esencial que tiene la Iglesia en España, demostrando erróneo y vano el combatirla, y útil el respetarla como única e insuprimible energía nacional».[8]

Estas críticas al anteproyecto, las hizo públicas el cardenal Primado Segura en una pastoral que dio a conocer el 14 de agosto en nombre de todos los obispos en la que recogía la doctrina antiliberal de la Iglesia y arremetía de nuevo contra la separación de la Iglesia y el Estado y contra las “libertades de perdición” como la libertad de cultos, calificando globalmente al anteproyecto como la consagración del «ateísmo de Estado». El impacto negativo que tuvo la pastoral en los medios republicanos se agravó aún más cuando se supo tres días después que el gobierno había confiscado unos documentos al vicario episcopal de Vitoria, Justo Echeguren, que contenían instrucciones del propio Cardenal Segura para que los obispos pusieran a buen recaudo los bienes de la Iglesia en vistas a una posible expropiación de los mismos por la República.[9]

La propuesta de la ponencia de la Comisión Constitucional

Como era de esperar el anteproyecto de la Comisión Jurídica Asesora también fue rechazado por la mayoría de las Cortes Constituyentes integrada por los partidos republicanos de izquierda y el partido socialista, todos ellos defensores de un anticlericalismo radical. Así la Comisión Constitucional presidida por el socialista Luis Jiménez de Asúa, que había iniciado sus trabajos el 28 de julio, elaboró un nuevo proyecto de Constitución que dio a conocer el 18 de agosto de 1931, en el cual, después de establecer en el artículo 3 la completa separación de la Iglesia y el Estado con la misma fórmula propuesta por la Comisión Jurídica Asesora (“No existe religión de Estado”, aunque finalmente fue modificada por la más moderada de “El Estado español no tiene religión oficial”), recogía la máxima aspiración anticlerical desde hacía un siglo: la supresión de las órdenes religiosas (y la consiguiente nacionalización de sus bienes).[10]​ Además se suprimía el reconocimiento especial de la Iglesia católica al quedar igualaba al resto de confesiones religiosas, sometidas todas ellas a la ley común (desaparecía, pues, su consideración como “Corporación de Derecho Público”), y al prohibirse expresamente cualquier auxilio económico por parte del Estado. También se limitaba la libertad de cultos al interior de los templos. Por último se establecía la “escuela única” del Estado, por lo que la actividad educativa de la Iglesia quedaría limitada a enseñar sus “respectivas” doctrinas en sus “propios” establecimientos.[11]

Art. 24. Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a las leyes generales del país.

El Estado no podrá, en ningún caso, sostener, favorecer, ni auxiliar económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas.

El Estado disolverá todas las Órdenes religiosas y nacionalizará sus bienes

Los "puntos de conciliación" con el sector "posibilista" de la Iglesia católica

A pesar del fuerte anticlericalismo que impregnaba el proyecto de la Comisión, casi todos los líderes de la mayoría querían llegar a un entendimiento con la Iglesia. El 28 de agosto, el Consejo de Ministros decidió plantear una negociación con el nuncio que solo dejara fuera la separación Iglesia-Estado, la libertad de culto, el matrimonio civil y el espinoso tema de la enseñanza.[12]

Al margen de las Cortes, dos miembros del Gobierno Provisional, su presidente, el republicano liberal Niceto Alcalá Zamora, y el ministro de Justicia, el socialista Fernando de los Ríos, alcanzaban el 14 de septiembre, después de una difícil negociación, unos “puntos de conciliación” con el Nuncio Tedeschini y el Cardenal Vidal y Barraquer, que encabezaban el sector “posibilista” de la jerarquía eclesiástica que estaba dispuesta a aceptar la aconfesionalidad del Estado y la renuncia progresiva a vivir del presupuesto de “culto y clero”, a cambio de que se le reconociera su relevancia social, mediante la firma de un Concordato o de un ‘modus vivendi’ entre la Iglesia y el Estado, no fueran disueltas las órdenes religiosas y se aceptase la “libertad de enseñanza” (es decir, que los colegios religiosos pudieran continuar como hasta entonces). Los dos miembros del gobierno exigieron también que el cardenal Segura fuera removido de la sede de Toledo. Aunque esto último lo consiguieron (el 30 de septiembre el cardenal primado presentó su dimisión), Alcalá-Zamora y Fernando de los Ríos no pudieron cumplir su parte del acuerdo por la oposición del resto del gobierno y de la mayoría anticlerical de las Cortes.[13]​ Vidal y Barraquer también lo intentó por otra vía. Un hombre de su confianza, el religioso moderado Luis Carreras, se entrevistó con algunos diputados conservadores no integristas y con otros líderes republicanos como Alejandro Lerroux para que defendieran ante la Cámara una propuesta de nueva redacción de los artículos dedicados a la cuestión religiosa que sería aceptable para la Iglesia católica (y que recogía los “puntos de conciliación” alcanzados en la negociación con el gobierno). Finalmente la propuesta sólo fue presentada en forma de enmienda por el diputado del partido de Alcalá-Zamora Juan Castrillo, pero no llegó a prosperar.[14]​ Los "puntos de conciliación" fueron así recogidos por Vidal y Barraquer:[15]

"1.° Reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia en su estructura jerárquica, régimen propio, libre ejercicio -privado y público- del culto, y en la propiedad y uso de sus bienes.

2.° Convenio entre la República y la Santa Sede.
Para el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia aceptan y defenderán la forma de Concordato el Presidente, Ministro de Estado y algunos otros Ministros, los cuales creen poder alcanzar mayoría en el Parlamento, si bien menor en número que para otros puntos de la concordia.
Por su parte, el Ministro de Justicia no defenderá la forma de Concordato, aunque no rehúsa otra forma de convenio entre ambas partes, como un modus vivendi, que más tarde pudiera conducir al Concordato en circunstancias más propicias que las actuales. El propio Ministro no acepta la declaración de Corporación de Derecho público para la Iglesia, fórmula nueva en el derecho español, sin que ello signifique aminoración en el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia.

3.° Todas las Congregaciones religiosas serán respetadas en su constitución y régimen propios y en sus bienes, al menos los actualmente poseídos, quedando sujetos, por lo demás, a las leyes generales del país.
Tanto el Presidente como el Ministro de Justicia defenderán personalmente este punto en el Parlamento. Hicieron constar, empero, el riesgo de que alguno de los diputados extremistas incoercibles presentara una enmienda para excluir a la Compañía de Jesús, y que, de llevarse la discusión por ese camino, temen no poder impedir la votación favorable a tal exclusión. [...]

4.° Reconocimiento de plena libertad de enseñanza, o sea, que todo español, por sí o por medio de cualquier asociación sin excepción alguna, pueda crear, sostener y regir establecimientos docentes, sometidos a la inspección del Estado en cuanto a la fijación de un plan mínimo de enseñanza, expedición de títulos profesionales y salvaguardia de la moralidad, higiene y seguridad del Estado.

5.° Presupuesto de culto y clero.

Conservar los derechos adquiridos por todo el personal eclesiástico que actualmente percibe consignación establecida en el presupuesto especial del Estado afecto a cargas eclesiásticas, y amortización de dichas partidas a medida de las vacantes que se vayan produciendo. Cesación de la subvención de culto y, en el nuevo presupuesto, consignación de una subvención global para conservación y reparación de la iglesias catedrales, colegiatas y parroquiales por el concepto de edificios históricos y artísticos".

El debate del artículo 24 (26 en la redacción definitiva)

Como ya señaló hace tiempo el historiador Gabriel Jackson "el debate sobre el artículo 26 fue el primer conflicto revolucionario en la historia de la joven República"[16]​El debate tuvo lugar en el pleno de las Cortes de los días 8 y 10 de octubre de 1931. Lo abrió el Ministro de Justicia, el socialista Fernando de los Ríos para dar cuenta de la política religiosa llevada a cabo por el Gobierno Provisional y para oponerse, hablando a título personal, a que la Iglesia católica obtuviera el estatus de Corporación de Derecho Público, aunque se mostró partidario de llegar a un "modus vivendi" con la Iglesia católica como el que se había alcanzado en Francia en 1924.[17]​ Durante el debate los radical-socialistas y los socialistas se opusieron vehementemente a cualquier modificación de la propuesta de la Comisión (por ejemplo, el líder radical-socialista Álvaro de Albornoz en la línea del anticlericalismo más clásico, se negó a «transacciones con el enemigo irreconciliable de nuestros sentimientos y nuestras ideas», refiriéndose a las congregaciones religiosas que estaban formadas para «fines antihumanos y antisociales»; o el también radical-socialista Félix Gordón Ordás que dijo: “El Estado no puede existir mientras no se logre sacar de él al otro Estado que lo gobierne y lo dirija, y este Estado es la Iglesia”),[18]​ mientras que los diputados de Acción Republicana pretendían “suavizarla”. Por su parte la Derecha Liberal Republicana (desde julio de 1931, Partido Republicano Progresista) y la Agrupación al Servicio de la República pretendían recuperar la propuesta inicial de la Comisión Jurídica Asesora.[19]​ El Partido Republicano Radical mantenía de nuevo una posición ambigua, ya que mientras su portavoz inicialmente apoyó la propuesta de la ponencia, su líder Alejandro Lerroux se mostraba dispuesto a transigir, aproximando su postura a la de la Derecha Liberal Republicana, aunque manteniendo un notable diferencia con ella: la prohibición del ejercicio de la enseñanza a las órdenes religiosas.[20]

Los diputados de la derecha católica (la Minoría Agraria, donde se integraban los diputados agraristas de José Martínez de Velasco y los cinco diputados de Acción Nacional de José María Gil Robles, y la Minoría vasco-navarra, que comprendía a carlistas, integristas y nacionalistas vascos, que entre ambas sumaban tan sólo 40 diputados de un total de 468) se opusieron acaloradamente al ataque a los “derechos de la Iglesia” y defendieron la confesionalidad católica del Estado.[21]​ En defensa de la línea católica “posibilista” preconizada por el Cardenal Vidal y Barraquer, intervinieron José Martínez de Velasco, que dijo que el propósito del artículo 24 (26 en la redacción final) era "descatolizar a España" y calificó al proyecto globalmente de "Constitución tiránica";[22]​ el diputado católico nacionalista catalán Manuel Carrasco y Formiguera que hizo cierta autocrítica del papel que había jugado la Iglesia en la Monarquía y en la Dictadura de Primo de Rivera;[23]​ y el líder de Acción Nacional José María Gil Robles que, después de recordar el rechazo de los católicos al principio de la libertad de conciencia, se mostró dispuesto a aceptar, con matices, la declaración del laicismo del Estado, siempre que se reconocieran los “derechos de la Iglesia”, incluidos los de las órdenes religiosas.[24]​ Su intervención concluyó con una advertencia:

Nosotros entendemos que el proyecto constitucional, tal como viene redactado es un proyecto de persecución religiosa y, por consiguiente, nosotros en estas condiciones no podemos aceptarlo... Afirmamos que, dentro de la legalidad, sin violencias, sin apelaciones a la fuerza, sin guerras que nuestra doctrina nos prohíbe, declararemos hostilidad al proyecto de Constitución en la hipótesis que se aprobara una medida persecutoria, tanto en el texto constitucional como en potencia para el porvenir; que, desde el momento en que se aprobara un texto de esta naturaleza, por nuestra parte declararíamos abierto un nuevo periodo constituyente (Grandes rumores)[25]

Luis Jiménez de Asúa intervino en el debate de la cuestión religiosa para negar que el proyecto de la Comisión fuera de “persecución a la Iglesia católica, de persecución a los católicos”, como habían proclamado los diversos portavoces de la derecha católica. En primer lugar recordó el contenido del artículo 25 (27 en la redacción definitiva) que “establece la libertad de cultos y, por consecuencia, no pretende sojuzgar las conciencias y obligar a las gentes a que dejen de pensar en católico, si así lo sienten desde el fondo de sus espíritus”. Y a continuación se ocupó del “problema de las Órdenes religiosas” justificando su disolución diciendo que “nadie tiene el derecho a cercenar, a renunciar a su propia libertad” que es lo que hacen los religiosos cuando pronuncian sus votos. Se refirió en primer lugar a los colegios religiosos

«El sistema que permite a las Congregaciones religiosas la enseñanza ha traído una gran perturbación en la intimidad de los hogares… [los hijos] consignados a los colegios religiosos han sufrido una deformación de sus espíritus, merced a vehementes exhortaciones para que no vieran en la opinión política avanzada de sus padres más que una verdadera enfermedad del espíritu»

Después se refirió a la propuesta hecha por algunos diputados de exceptuar de la disolución a las órdenes dedicadas a la beneficencia, como las que se ocupan de los hospitales.

«Yo quisiera a este respecto hacer un llamamiento a algunos de los médicos que pertenecen a esta Cámara. La mayor parte de estas Ordenes religiosas llevan una perturbación a la conciencia de los enfermos; en los últimos momentos se suele realizar… una captación del alma del agonizante haciéndole en esos momentos que reciba los auxilios espirituales, cuándo toda su vida ha mantenido una conducta perfectamente laica»

Por último se refirió a las monjas que se ocupaban de las cárceles de mujeres.

«En mi ejercicio profesional… he visto y tenido que estar dando quejas al propio director de la cárcel, que no se me dejaba comunicar con unas procesadas… de manera secreta y tenían que estar siempre presentes unas monjas infringiendo así los preceptos procesales» [26]

En el mismo sentido se expresó Manuel Azaña cuatro días después.

«Apele S.S. a los que tienen experiencia de estas cosas, a los médicos que dirigen hospitales, a las gentes que visitan las casas de beneficencia y aun a los propios pobres enfermos y asilados en estos hospitales y establecimientos, y sabrá que, debajo de la aspiración caritativa, que doctrinalmente es irreprochable y admirable, hay, sobre todo, un vehículo de proselitismo que nosotros no podemos tolerar. Pues qué, ¿no sabemos todos que al pobre enfermo hospitalizado se le hace objeto de trato preferente según cumple o no los preceptos de la religión católica?»[27]

El domingo 11 y el lunes 12 de octubre, sin sesiones de Cortes, fueron especialmente intensos en la prensa, en la calle y en las sedes de instituciones diversas. Se celebraron actos y manifestaciones anticlericales en diversas ciudades, y en Madrid el Partido Radical-Socialista organizó un sonado mitin el día 12. En la capital también, los «revolucionarios» del Ateneo apoyaban el dictamen de la Comisión.[28]​ Por su parte los católicos también se habían estado movilizando denunciando el proyecto constitucional como "persecutorio de la Iglesia”, a pesar de la oposición de Vidal y Barraquer que era contrario a la confrontación pública porque podía poner en riesgo la estrategia negociadora que desde el principio había defendido. El acto de mayor impacto fue el envío a las Cortes de una petición de modificación del proyecto constitucional firmada por millón y medio de mujeres católicas.[29]

La República laica

El consenso de la izquierda y el centro-derecha y la intervención de Azaña

En la mañana del martes 13 de octubre se reunió la Comisión Constitucional para introducir enmiendas en el artículo 24 que satisficieran a los grupos, como Acción Republicana o el Partido Republicano Radical, que apoyaban al Gobierno Provisional pero que se habían mostrado partidarios de “suavizar” el proyecto (en ningún momento se planteó la opción de aceptar los puntos de vista de la derecha católica “posibilista”, ni de la derecha republicana). Sin embargo, tanto los radical-socialistas como los socialistas siguieron defendiendo la redacción inicial.[30]​ El desacuerdo en el bloque anticlerical radical se resolvió finalmente gracias a la intervención de Manuel Azaña en el pleno que se celebró por la tarde en el que pronunció la famosa frase “España ha dejado de ser católica”, que más adelante, sacada de su contexto, sería utilizada por la derecha antirrepublicana como la “prueba” de que el proyecto de Azaña era “descristianizar” España (en realidad a lo que se refería Azaña era a que el catolicismo había dejado de ser el elemento definidor de la cultura española y que por tanto se tenía que proceder a la completa y radical separación de la Iglesia y el Estado).[31]

La premisa de este problema [religioso], hoy político, la formulo yo de esta manera: España ha dejado de ser católica: el problema político consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica del pueblo español. (...) En este asunto, Sres. Diputados, hay un drama muy grande, apasionante, insoluble. Nosotros tenemos, de una parte, la obligación de respetar la libertad de conciencia, naturalmente sin exceptuar la conciencia cristiana; pero tenemos también, de otra parte, el deber de poner a salvo la República y el Estado. (...) Criterio para resolver esta cuestión. A mi modesto juicio es el siguiente: tratar desigualmente a los desiguales; frente a las Ordenes religiosas no podemos oponer un principio eterno de justicia, sino un principio de utilidad social y de defensa de la República[32]

Azaña en su intervención apoyó la nueva redacción del texto de la ponencia que eliminaba la supresión de las órdenes religiosas y a cambio ofreció la limitación de sus actividades incluida la prohibición de ejercer la enseñanza (lo que sería regulado en una futura ley de congregaciones a aprobar por las Cortes Constituyentes) y la disolución de la orden religiosa más odiada por los anticlericales, los jesuitas (identificados con el antiliberalismo más reaccionario).[33]​ Posteriormente se incluyó otra concesión demandada por los socialistas: que la partida del presupuesto destinada al clero desaparecería en el plazo de dos años.

«Yo digo que, en el orden de las ciencias morales y políticas, la obligación de las Ordenes religiosas católicas, en virtud de su dogma, es enseñar todo lo que es contrario a los principios en que se funda el Estado moderno... [Por eso] ni mi partido ni yo, en su nombre, suscribiremos una cláusula legislativa en virtud de la cual siga entregado a las Ordenes religiosas el servicio de la enseñanza. Eso, jamás. Yo lo siento mucho; pero esta es la verdadera defensa de la República… Esta acción continua de la Ordenes religiosas sobre las conciencias juveniles es cabalmente el secreto de la situación política por que España transcurre y que está en nuestra obligación de republicanos, y no republicanos, de españoles, impedir a todo trance. A mí que no me vengan a decir que esto es contrario a la libertad porque esto es una cuestión de salud pública»[27]

La propuesta de Azaña fue finalmente aprobada con los votos favorables de los socialistas y de los republicanos de izquierda (a excepción de los radical-socialistas que se abstuvieron, pues seguían defendiendo el texto original de la ponencia), y también de los diputados del Partido Republicano Radical, mientras que la Agrupación al Servicio de la República se abstenía por considerar que la propuesta era demasiado radical, y el Partido Republicano Progresista (la antigua Derecha Liberal Republicana de Alcalá-Zamora y Maura), la derecha monárquica y la derecha católica votaban en contra. En total 178 votos a favor y 59 en contra. Inmediatamente las minorías agraria y vasco-navarra junto con otros diputados católicos anunciaron su retirada de las Cortes en señal de protesta, hasta que terminaran los debates constitucionales.[34]

El texto que finalmente se aprobó, que sería el artículo 26 de la Constitución, decía así:

Art. 26. Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial.

El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas. Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del Clero. Quedan disueltas aquellas órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro de obediencia distinta a Autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes. Las demás Órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes Constituyentes y ajustadas a las siguientes bases:

1ª Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del Estado.

2ª Inscripción de las que deban subsistir, en un Registro especial dependiente del Ministerio de Justicia.

3ª Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más bienes de los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos.

4ª Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza.

5ª Sumisión a todas las leyes tributarias del país.

6ª Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación con los fines de la Asociación.

Los bienes de las Órdenes religiosas podrán ser nacionalizados

La aprobación del artículo 24 (el 26 en la redacción final) provocó una grave crisis política porque el presidente del Gobierno Provisional Niceto Alcalá-Zamora y el ministro de la Gobernación Miguel Maura presentaron su dimisión al estar en completo desacuerdo con su contenido. Manuel Azaña, el político que había conseguido aglutinar a las partidos republicanos de centro-derecha y de izquierda y el partido socialista en el espinoso tema de la cuestión religiosa, aunque fuera a costa de dejar fuera a la derecha tanto la republicana como la monárquica y católica, fue el nuevo presidente del Gobierno Provisional.[35]

Los artículos 27, 43, 48 y 49

Tras la retirada de la Minoría Agraria y de la Minoría vasco-navarra, que se habían opuesto a la libertad de cultos, al reconocimiento del divorcio porque atentaba contra la familia, y a la escuela "única" y laica, porque era contraria a la "libertad de enseñanza", y tras la resolución de la disputa principal del bloque anticlerical radical, la aprobación del resto de artículos de la Constitución relacionados con la cuestión religiosa fue mucho menos conflictiva y, paradójicamente, se “suavizaron” algunos aspectos de la redacción original del proyecto de la Comisión. Así de la prohibición del culto fuera de los templos (establecida en el artículo 25 de la ponencia) se pasó a la tolerancia a “las manifestaciones públicas del culto” aunque bajo el control del gobierno que era quien podía autorizarlas (art. 27 en la nueva redacción, en el que se mantuvo la secularización de los cementerios). En el reconocimiento del derecho al divorcio (Art. 41 de la ponencia) se limitó a decir que el matrimonio podría disolverse por “mutuo disenso o a petición de ambos cónyuges, con alegación en este caso de justa causa” (Art. 43 en la nueva redacción, en el que también se reconoció la igualdad legal entre los hijos tenidos dentro o fuera del matrimonio), lo que fue desarrollado en la Ley de Divorcio de 1932. Por último, la propuesta de establecer la escuela laica y “única”, lo que era interpretado como que el Estado detentaría el monopolio de la enseñanza, se pasó a la escuela laica y “unificada” (de significado mucho más ambiguo), manteniéndose la limitación de la actividad educativa de la Iglesia a “enseñar sus respetivas doctrinas en sus propios establecimientos”, bajo la inspección del Estado (Art. 48).[36]​ El artículo 49 dejaba la puerta abierta a la enseñanza privada, al determinar que las "condiciones en que se podrá autorizar" las establecerá una futura "ley de Instrucción pública".[37]

La respuesta de la Iglesia y del movimiento católico

Tanto la Iglesia católica como las organizaciones vinculadas a ella reaccionaron enérgicamente contra la solución que se había dado a la cuestión religiosa en la Constitución. Uno de los primeros en responder fue el diario católico “posibilista” El Debate, que afirmó: «La Constitución que se elabora, sólo por lo ya votado, no es ni será nuestra, de los católicos. No estamos dentro de ella».[38]​ Tanto los católicos “posibilistas” como los integristas interpretaron el contenido del artículo 24 (en la redacción final, el 26) como una “medida persecutoria” contra la Iglesia y como una “declaración de guerra a los católicos”. Sólo tres días después de que fuera aprobado el artículo 24 (26 en la redacción definitiva) el papa Pío XI envió un telegrama a todos los obispos españoles en el que protestaba “enérgicamente” por todas “las múltiples ofensas inferidas a los derechos sagrados de la Iglesia, que son los derechos de Dios y de las almas”, lo que fue apoyado por los prelados afirmando que el laicismo privaba al hombre de la “verdad y la ley de Cristo”.[39]​ Una vez aprobada la Constitución los obispos españoles hicieron público a finales de diciembre de 1931 un documento colectivo de protesta por el trato dado a la Iglesia católica a pesar de haber «dado pruebas evidentes y abnegadas de moderación, paciencia y generosidad, evitando... cuanto pudiera parecer un acto de hostilidad a la República». En el documento se acusaba a las Cortes Constituyentes de haber actuado con "criterio sectario" y haber acordado una "solución de venganza" fruto del "absoluto laicismo de Estado" que ponía a la Iglesia "en materias que le son de su exclusiva competencia, bajo [la] dominación del poder civil":[40]

"Se ha cometido el grande y funesto error de excluir a la Iglesia de la vida pública y activa de la nación, de las leyes de la educación de la juventud, de la misma sociedad doméstica, con graves menosprecios de los derechos sagrados y de la conciencia cristiana del país"

Desde el mismo momento en que se aprobó el artículo 24 (26 en la redacción definitiva) se inició una campaña de movilizaciones y de protestas de los católicos a favor de la revisión de la Constitución, cuya primera media había sido la retirada de las Cortes de los diputados de la derecha católica (de la Minoría Agraria y de la Minoría vasco-navarra), que declararon haber “llegado al límite de [su] transigencia”.

La intransigencia de las Cortes y su divorcio del sentir del pueblo, manifestados en el criterio relativo a la propiedad, la familia, la enseñanza y aun a los fundamentos mismos de la ordenación social... ha culminado en los preceptos relativos a la cuestión religiosa. El acuerdo de los núcleos de mayoría dio por resultado la redacción de un artículo netamente persecutorio, disfrazado con apariencias de medida salvadora del régimen. (...) Denegado a la Iglesia católica y a sus instituciones un régimen de derecho común de simple ciudadanía, con quebranto de los más elementales derechos del hombre... la Constitución que va a aprobarse no puede ser nuestra. (...) Nosotros levantamos ya desde ahora, dentro de la ley, la bandera de su revisión. Si en las Cortes nos desentedemos del problema, lo llevamos sin rebozo ante la opinión en una intensa campaña que desde ahora iniciamos. (...) Dirigimos a los católicos un llamamiento enérgico y apremiante a la acción. La Constitución política, nutrida de espíritu sectario, no existe para nosotros. Frente a ella, todos unidos como hermanos. (...) El esfuerzo que estérilmente habríamos de desarrollar en la elaboración de una Constitución antirreligiosa y antisocial, lo emplearemos en mover a la opinión contra ella.[41]

Asimismo se convirtió a Acción Nacional en una organización política estable para que en torno a ella se formara una candidatura católica a las elecciones, que se pensaba que se iban a celebrar tras aprobarse la Constitución (como le dijo José María Gil Robles, líder de Acción Nacional, al cardenal Vidal y Barraquer: “No hay más camino que el de las elecciones: traer las derechas al Parlamento una minoría suficientemente fuerte que permitiera más adelante "un acuerdo con otras fueras parlamentarias (grupo Lerroux, por ejemplo)”).[42][43]​ La campaña de movilización revisionista católica adoptó un tono de cruzada, porque lo que estaba en juego, según el director de El Debate, Angel Herrera, era “comunismo o civilización cristiana”.[44]​ La campaña católica fue respondida con una movilización de la izquierda republicana y socialista, que contó con el apoyo del gobierno y de algunas autoridades locales, en defensa del laicismo y de lo que creían era un intento de destruir la República, produciéndose algunos enfrenamientos graves entre clericales y anticlericales, como los que ocurrieron en Bilbao en enero de 1932, donde hubo tres muertos y se incendió un convento. [45]

Valoración final

 
Portada del Almanaque 1932 de la revista satírica La Traca publicado nada más aprobarse la Constitución de 1931 en la que se declaraba el carácter laico del Estado

Por primera vez en la historia del constitucionalismo español se implantó un Estado laico, superando por fin la secular oposición clerical a que se introdujera cualquier medida secularizadora que pudiera poner en riesgo la unidad católica de España. Sin embargo, los constituyentes, a diferencia del "problema catalán" en que optaron por una "fórmula de concordia" que se plasmó en el "Estado integral" que hizo posible el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932, en el "problema religioso" optaron por una "fórmula de confrontación". "A los nacionalistas catalanes se les proponía una vía de integración en el Estado español; a las confesiones religiosas se les propuso el artículo 26, 'verdadero punto neurálgico de la Constitución", como observó Pérez Serrano, con la taxativa prohibición del ejercicio de la industria, el comercio y la enseñanza".[46]

Es indudable que el constituyente de 1931 adoptó una actitud beligerante contra la presencia de la Iglesia en todos los ámbitos de la vida social que el concordato de 1851 y la política de la Monarquía restaurada le había entregado: cárceles, hospitales, cuarteles, cementerios, sacralización de espacios públicos, moral pública y privada, y, sobre todo, colegios de primera y segunda enseñanza... Era momento, a juicio de los constituyentes, de que la República española acometiera el problema que la República francesa había resuelto treinta años antes [bajo el gobierno de Émile Combes] y que en España no había hecho más que agravarse.

Así pues, la izquierda republicana y socialista, con el apoyo final del Partido Republicano Radical, impusieron su modelo anticlerical radical y no buscaron el consenso ni siquiera con la derecha católica republicana y mucho menos con la derecha católica “posibilista” (con la derecha monárquica e integrista antirrepublicana el consenso era absolutamente imposible). De esta forma se produjo una fractura social y política entre el “pueblo republicano” y el “pueblo de Dios” (dos entidades mutuamente excluyentes)[47]​ que evitó la consolidación del régimen republicano.

Muchos de aquellos ciudadanos católicos que habían votado por las candidaturas republicanas en 1931 –y que hemos de pensar que no fueron pocos- se sintieron desilusionados por falta de sensibilidad de los padres de la patria hacia sus creencias más íntimas y algunas de sus instituciones más queridas. Y ello en un momento en que los católicos estaban dispuestos a ceder, incluida parte de su jerarquía, terreno a los laicizadores. A partir de entonces, bastantes comenzarían a desidentificarse con un proyecto de República que ya no consideraban suyo. En cuanto a los otros católicos, aquellos católicos no republicanos que habían permanecido en la expectación, la indiferencia o el anonadamiento tras la proclamación del nuevo régimen, la nueva Constitución y su posterior desarrollo y aplicación los harían experimentar una sacudida y salir de su pasividad en defensa de la religión que creían injustamente atacada y hasta perseguida. La bandera de la religión, de hecho, sirvió para agrupar a las derechas en torno a la CEDA con el propósito de revisar y reformar la ley fundamental en un sentido contrasecularizador. A la postre, la solución dada a la secular cuestión religiosa española no la resolvería, sino que exacerbaría aún más, dividiendo a la comunidad política en dos polos difícilmente conciliables y perpetuando un viejo factor más de fractura en aquella fracturada sociedad española de los años treinta.[48]
Al menos por lo que se refería a la cuestión religiosa, las principales exigencias de la revolución republicana habían encontrado un lugar más o menos significativo dentro del articulado constitucional. (...) Si la Constitución era una carta de principios al servicio de un proyecto político inspirado por los valores y la ideología de la izquierda no era por casualidad, sino porque desde tiempo atrás, y en especial desde las elecciones generales de junio, se había dado por bueno que... el nuevo régimen, para ser verdaderamente una República de los republicanos, tenía que dotarse de unas instituciones y unos contenidos de reforma radical que respondieran a las exigencias de modernización formuladas por la izquierda: “La República, dijo Azaña años más tarde [14 de julio de 1935], no es una mera enunciación de principios políticos o de doctrina política (...), sino un instrumento de reforma sustancial del Estado y de la sociedad”. [49]

Véase también

Referencias

  1. De la Cueva Merino, Julio (2009). «Hacia la República laica: proyectos secularizadores para el Estado republicano». En Julio de la Cueva y Feliciano Montero (eds.), ed. Laicismo y catolicismo. El conflicto político-religioso en la Segunda República. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá. pp. 28-29. 
  2. De la Cueva Merino, Julio (2009). Ibid. p. 28. 
  3. De la Cueva Merino, Julio (2009). Ibid. p. 28. «Sería inexacto y probablemente incorrecto sobrevalorar el papel de la masonería en la configuración de una cultura política republicana de signo laicizador o, más aún, en la delineación de programas secularizadores para la propia República». 
  4. De la Cueva Merino, Julio (2009). Ibid. p. 29. 
  5. De la Cueva Merino, Julio (2009). Ibid. pp. 34-39. 
  6. Alvarez Tardío, Manuel (2002). Anticlericalismo y libertad de conciencia. Política y religión en la Segunda República Española (1931-1936). Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. p. 152. «No se dijo en qué consistía lo de “moral pública” ni quién habría de interpretar dicha corrección, si serían los jueces o también podrían hacerlo las autoridades municipales». 
  7. Juliá, Santos (2009). La Constitución de 1931. Madrid: Iustel. p. 40. ISBN 978-84-9890-083-5. «El anteproyecto, en opinión del presidente de la Comisión, reconocía la fuerza social y la significación histórica de la Iglesia: muy lejos estaba de su propósito abrir con ella una guerra de religión». 
  8. Juliá, Santos (2009). Ibid. p. 41. 
  9. De la Cueva Merino, Julio (1998). «El anticlericalismo en la Segunda República y la Guerra Civil». En Emilio La Parra López y Manuel Suárez Cortina (eds.), ed. El anticlericalismo español contemporáneo. Madrid: Biblioteca Nueva. pp. 224-225. ISBN 84-7030-532 |isbn= incorrecto (ayuda). 
  10. De la Cueva Merino, Julio (2009). Ibid. pp. 40-41. 
  11. Alvarez Tardío, Manuel (2002). Ibid. p. 153. 
  12. Avilés Farré, 2006, pp. 137.
  13. De la Cueva Merino, Julio (2009). Ibid. pp. 41-42. 
  14. Alvarez Tardío, Manuel (2002). Ibid. p. 161. «Dicha propuesta permite calcular la redacción constitucional que en su caso podría haber aceptado la Iglesia católica. El texto daba por concluido el modelo confesional pero establecía que la confesión católica gozaría, por su condición social e histórica, de un reconocimiento jurídico especial». 
  15. De la Cueva Merino, Julio (1998). Ibid. pp. 226-227. 
  16. Jackson, Gabriel (1976). La República Española y la Guerra Civil, 1931-1939. (The Spanish Republic and the Civil War, 1931-1939). Princeton, 1965) (2ª edición). Barcelona: Crítica. p. 62. ISBN 84-7423-006-3. 
  17. Juliá, Santos (2009). Ibid. pp. 431-439. 
  18. De la Cueva Merino, Julio (1998). Ibid. p. 235. 
  19. De la Cueva Merino, Julio (2009). Ibid. p. 42. 
  20. Alvarez Tardío, Manuel (2002). Ibid. p. 158. 
  21. De la Cueva Merio, Julio (1998). Ibid. p. 228. 
  22. Juliá, Santos (2009). Ibid. pp. 445-449. 
  23. Juliá, Santos (2009). Ibid. pp. 449-451. 
  24. Alvarez Tardío, Manuel (2002). Ibid. pp. 181-182. 
  25. Juliá, Santos (2009). Ibid. p. 441. 
  26. Juliá, Santos (2009). Ibid. pp. 451-457. 
  27. Juliá, Santos (2009). Ibid. pp. 465-466. 
  28. De la Cueva Merio, Julio (1998). Ibid. p. 235. 
  29. Alvarez Tardío, Manuel (2002). Ibid. pp. 167; 170. 
  30. Alvarez Tardío, Manuel. Ibid. pp. 183-185. 
  31. Álvarez Tardío, Manuel. Ibid. p. 187. «Su “España ha dejado de ser católica” tenía una fácil traducción: España, desde el punto de vista político y constitucional, no era ya un país confesional, por lo que el Estado debía organizarse conforme a esa nueva necesidad política. Poco importaba que en España hubiera más o menos católicos; lo importante era que la política del Estado no podía responder a una concepción católica de la nación y de sus instituciones». 
  32. Juliá, Santos. Ibid. pp. 459; 463-464. 
  33. Alvarez Tardío, Manuel. Ibid. p. 189. «[A Azaña] no parecieron importarle demasiado los costes de esa opción: arrinconar a la derecha republicana y despreciar la integración pacífica de los católicos en el nuevo régimen». 
  34. Alvarez Tardío, Manuel. Ibid. pp. 190-192. 
  35. Álvarez Tardío, Manuel (1998). Ibid. pp. 191-192. 
  36. De la Cueva Merino, Julio (1998). Ibid. pp. 192-194. 
  37. Juliá, Santos (2009). Ibid. p. 101. 
  38. De la Cueva Merino, Julio (1998). Ibid. pp. 238-240. 
  39. Álvarez Tardío, Manuel (1998). Ibid. pp. 198; 204-205. 
  40. Verdoy, Alfredo (2009). «Una República sin religiosos: la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas». En Julio de la Cueva y Feliciano Montero (eds.), ed. Laicismo y catolicismo. El conflicto político-religioso en la Segunda República. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá. pp. 354-355. ISBN 978-84-8138-848-0. 
  41. Juliá, Santos (2009). Ibid. pp. 469-470. 
  42. Álvarez Tardío, Manuel (1998). Ibid. pp. 198-199. 
  43. Juliá, Santos (2009). Ibid. p. 81. «Un partido movilizado por la exigencia de una reforma constitucional era algo nuevo en el sistema político español: desde el Concordato de 1851... los gobiernos trataban de los privilegios de la Iglesia con los obispos, que a su vez mantenían bajo control a las huestes más belicosas de los movimientos seglares, como fue el caso con el tradicionalismo carlista. Pero ahora, por vez primera, los obispos habían perdido a su interlocutor gubernamental y, con la experiencia de la movilización desde arriba adquirida en los años de la Dictadura de Primo de Rivera, decidieron lanzar una movilización por abajo». 
  44. Álvarez Tardío, Manuel (1998). Ibid. pp. 201-202. 
  45. Álvarez Tardío, Manuel (1998). Ibid. pp. 206-207. 
  46. Juliá, Santos (2009). Ibid. pp. 77-79. 
  47. Cruz, Rafael (2006). En el nombre del pueblo. República, rebelión y guerra en la España de 1936. Madrid: Siglo XXI. ISBN 84-323-1230-4. 
  48. De la Cueva Merino, Julio (2009). Ibid. pp. 44-45. 
  49. Álvarez Tardío, Manuel (1998). Ibid. p. 195. 

Bibliografía

  •   Datos: Q8352458

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La cuestion religiosa en la Constitucion de 1931 es la forma como se abordo la relacion entre el Estado y la Iglesia catolica y los temas conexos como la libertad de conciencia y la libertad de cultos la regulacion del matrimonio y del divorcio y la educacion en la carta magna de la Segunda Republica Espanola Sello de correos conmemorativo de la apertura de las Cortes Constituyentes el 14 de julio de 1931 en el que aparece la paloma de la paz sobre el edificio del Palacio del Congreso y una alegoria de la Republica representada por una mujer tocada con el gorro frigio Indice 1 Las propuestas republicanas sobre la cuestion religiosa 2 El debate parlamentario 2 1 La propuesta de la Comision Juridica Asesora 2 2 La propuesta de la ponencia de la Comision Constitucional 2 3 Los puntos de conciliacion con el sector posibilista de la Iglesia catolica 2 4 El debate del articulo 24 26 en la redaccion definitiva 3 La Republica laica 3 1 El consenso de la izquierda y el centro derecha y la intervencion de Azana 3 2 Los articulos 27 43 48 y 49 4 La respuesta de la Iglesia y del movimiento catolico 5 Valoracion final 6 Vease tambien 7 Referencias 8 BibliografiaLas propuestas republicanas sobre la cuestion religiosa EditarArticulo principal Cuestion religiosa en la Segunda Republica Espanola Los partidos republicanos y el partido socialista integrados en el Gobierno Provisional que se formo en Espana tras la caida de la Monarquia el 14 de abril de 1931 estaban completamente de acuerdo en que uno de los principios basicos del nuevo regimen republicano habria de ser la completa separacion de la Iglesia y el Estado poniendo fin asi a mas de cien anos de confesionalidad del Estado Pero discrepaban sobre el alcance que debia tener la secularizacion A grandes rasgos se puede decir que existian dos propuestas 1 Niceto Alcala Zamora La minoritaria liderada por la Derecha Liberal Republicana de Niceto Alcala Zamora y Miguel Maura y apoyada desde fuera del gobierno por los intelectuales de la Agrupacion al Servicio de la Republica que defendia un anticlericalismo o laicismo moderado que propugnaba la secularizacion del Estado mediante un proceso gradual de separacion de la Iglesia y el Estado pero no de la sociedad siguiendo la maxima liberal acunada por el catolico liberal del siglo XIX Charles de Montalembert La Iglesia libre en el Estado libre Pensaban que proclamando la libertad de cultos y privando a la Iglesia de los privilegios que habia conseguido bajo la Restauracion y sobre todo durante su ultima etapa la Dictadura de Primo de Rivera perderia la posicion de predominio de que disfrutaba en la Espana de 1930 En cuanto al tema fundamental de la educacion no se oponian a la existencia de colegios religiosos y por tanto defendian la libertad de ensenanza y la escuela neutra respetuosa con las creencias religiosas de cada uno y confiaban en la iniciativa social siguiendo el modelo de la Institucion Libre de Ensenanza 2 La postura mayoritaria era la defendida por el resto de partidos republicanos y por el PSOE que pretendian ir mucho mas lejos al propugnar un anticlericalismo radical que no solo abogaba por la secularizacion del Estado sino tambien de la sociedad justificandolo por el dano que habia causado el clericalismo en la historia de Espana al convertirse en el principal obstaculo para su progreso y modernizacion en lo que coincidian con el movimiento librepensador y con la masoneria 3 Segun los republicanos de izquierda y los socialistas habia que privar a la Iglesia de los medios con que ejercia su hegemonia social y cultural y sobre todo el mas importante la educacion Asi pues su programa incluia la supresion del presupuesto de culto y clero el matrimonio civil y el divorcio la secularizacion de los cementerios y la medida mas contundente la disolucion de las ordenes religiosas y especialmente los jesuitas y la nacionalizacion de sus bienes sustituyendo los colegios religiosos que aquellas regentaban por una escuela unica y laica Mas que una Iglesia libre en un Estado libre se buscaria el sometimiento de la primera al segundo en aras del bien publico 4 Este anticlericalismo radical que tambien defendian los anarquistas se vio acompanado como justificacion de una cierta demagogia clerofoba que identificaba a los eclesiasticos especialmente a los miembros del clero regular como los enemigos del pueblo 4 En esta propuesta mas radical existian matices importantes entre los partidos que la defendian desde los menos intransigentes como la Accion Republicana de Manuel Azana que por ejemplo no exigian la disolucion de las ordenes religiosas aunque si la prohibicion de la ensenanza hasta las posturas mas extremistas representadas por los radical socialistas de Alvaro de Albornoz que estaba cercano al anticlericalismo antirreligioso y de Marcelino Domingo y por los socialistas con la excepcion del moderado Fernando de los Rios que parecian competir con los radical socialistas a ver quien hacia propuestas aun mas intransigentes El Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux ahora mantenia una postura ambigua respecto de la cuestion religiosa aunque en su programa oficial todavia mantenia el anticlericalismo extremo que le habia definido desde sus inicios 5 El debate parlamentario EditarLa propuesta de la Comision Juridica Asesora Editar Angel Ossorio y Gallardo En un ambiente de creciente tension entre la Iglesia catolica y la nueva Republica a causa de la quema de conventos de principios de mayo de 1931 en los que ardieron total o parcialmente mas de cien edificios religiosos y de la expulsion de Espana del obispo de Vitoria Mateo Mugica el 17 de mayo y del mismisimo Cardenal Primado Pedro Segura el 15 de junio a causa de la pastoral publicada el 3 de junio en que atacaba la politica laica emprendida por el gobierno provisional como la proclamacion de la libertad de cultos la Comision Juridica Asesora nombrada por el Gobierno Provisional y presidida por el jurista catolico liberal Angel Ossorio y Gallardo presento el anteproyecto de Constitucion en el que la solucion dada a la cuestion religiosa respondia a los principios del laicismo liberal En el articulo 8 se establecia la separacion de la Iglesia y el Estado No existe religion del Estado pero se reconocia un estatus especial a la Iglesia catolica al considerarla Corporacion de Derecho Publico En el articulo 12 se reconocia la libertad de conciencia con la unica limitacion del respeto debido a las exigencias de la moral publica y la libertad de cultos tanto privada como publicamente 6 Articulo 8 No existe religion del Estado La Iglesia catolica sera considerada como Corporacion de Derecho Publico El mismo caracter podran tener las demas confesiones religiosas cuando lo soliciten y por su constitucion y el numero de sus miembros ofrezcan garantias de subsistencia Cardenal Primado Pedro Segura A pesar de la moderacion del anteproyecto 7 la jerarquia catolica y el nuncio Federico Tedeschini se dispusieron a ejercer toda la influencia posible para modificar la forma como abordaba la relacion entre la Iglesia y el Estado En una carta del cardenal Francisco Vidal y Barraquer que seguia defendiendo junto con el nuncio la politica de conciliacion con el nuevo regimen al cardenal Primado Pedro Segura le dijo que se habra de hacer algo en defensa de los derechos de Dios y de la Iglesia que se lesionan en el anteproyecto El nuncio Tedeschini le comunico a Vidal y Barraquer el augusto deseo del Padre Santo de que la jerarquia eclesiastica y la propia nunciatura influyesen en el gobierno y en los diputados a fin de que quitasen o mejorasen los articulos del susodicho anteproyecto atentatorios de los derechos de la Iglesia y de las convenciones entre esta y Espana Ademas hablaba de la necesidad de mover el problema religioso fuera de las Cortes con una propaganda muy intensa dirigida a poner de relieve la fuerza la vitalidad e importancia esencial que tiene la Iglesia en Espana demostrando erroneo y vano el combatirla y util el respetarla como unica e insuprimible energia nacional 8 Estas criticas al anteproyecto las hizo publicas el cardenal Primado Segura en una pastoral que dio a conocer el 14 de agosto en nombre de todos los obispos en la que recogia la doctrina antiliberal de la Iglesia y arremetia de nuevo contra la separacion de la Iglesia y el Estado y contra las libertades de perdicion como la libertad de cultos calificando globalmente al anteproyecto como la consagracion del ateismo de Estado El impacto negativo que tuvo la pastoral en los medios republicanos se agravo aun mas cuando se supo tres dias despues que el gobierno habia confiscado unos documentos al vicario episcopal de Vitoria Justo Echeguren que contenian instrucciones del propio Cardenal Segura para que los obispos pusieran a buen recaudo los bienes de la Iglesia en vistas a una posible expropiacion de los mismos por la Republica 9 La propuesta de la ponencia de la Comision Constitucional Editar Como era de esperar el anteproyecto de la Comision Juridica Asesora tambien fue rechazado por la mayoria de las Cortes Constituyentes integrada por los partidos republicanos de izquierda y el partido socialista todos ellos defensores de un anticlericalismo radical Asi la Comision Constitucional presidida por el socialista Luis Jimenez de Asua que habia iniciado sus trabajos el 28 de julio elaboro un nuevo proyecto de Constitucion que dio a conocer el 18 de agosto de 1931 en el cual despues de establecer en el articulo 3 la completa separacion de la Iglesia y el Estado con la misma formula propuesta por la Comision Juridica Asesora No existe religion de Estado aunque finalmente fue modificada por la mas moderada de El Estado espanol no tiene religion oficial recogia la maxima aspiracion anticlerical desde hacia un siglo la supresion de las ordenes religiosas y la consiguiente nacionalizacion de sus bienes 10 Ademas se suprimia el reconocimiento especial de la Iglesia catolica al quedar igualaba al resto de confesiones religiosas sometidas todas ellas a la ley comun desaparecia pues su consideracion como Corporacion de Derecho Publico y al prohibirse expresamente cualquier auxilio economico por parte del Estado Tambien se limitaba la libertad de cultos al interior de los templos Por ultimo se establecia la escuela unica del Estado por lo que la actividad educativa de la Iglesia quedaria limitada a ensenar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos 11 Art 24 Todas las confesiones religiosas seran consideradas como Asociaciones sometidas a las leyes generales del pais El Estado no podra en ningun caso sostener favorecer ni auxiliar economicamente a las Iglesias Asociaciones e Instituciones religiosas El Estado disolvera todas las ordenes religiosas y nacionalizara sus bienes Los puntos de conciliacion con el sector posibilista de la Iglesia catolica Editar A pesar del fuerte anticlericalismo que impregnaba el proyecto de la Comision casi todos los lideres de la mayoria querian llegar a un entendimiento con la Iglesia El 28 de agosto el Consejo de Ministros decidio plantear una negociacion con el nuncio que solo dejara fuera la separacion Iglesia Estado la libertad de culto el matrimonio civil y el espinoso tema de la ensenanza 12 Al margen de las Cortes dos miembros del Gobierno Provisional su presidente el republicano liberal Niceto Alcala Zamora y el ministro de Justicia el socialista Fernando de los Rios alcanzaban el 14 de septiembre despues de una dificil negociacion unos puntos de conciliacion con el Nuncio Tedeschini y el Cardenal Vidal y Barraquer que encabezaban el sector posibilista de la jerarquia eclesiastica que estaba dispuesta a aceptar la aconfesionalidad del Estado y la renuncia progresiva a vivir del presupuesto de culto y clero a cambio de que se le reconociera su relevancia social mediante la firma de un Concordato o de un modus vivendi entre la Iglesia y el Estado no fueran disueltas las ordenes religiosas y se aceptase la libertad de ensenanza es decir que los colegios religiosos pudieran continuar como hasta entonces Los dos miembros del gobierno exigieron tambien que el cardenal Segura fuera removido de la sede de Toledo Aunque esto ultimo lo consiguieron el 30 de septiembre el cardenal primado presento su dimision Alcala Zamora y Fernando de los Rios no pudieron cumplir su parte del acuerdo por la oposicion del resto del gobierno y de la mayoria anticlerical de las Cortes 13 Vidal y Barraquer tambien lo intento por otra via Un hombre de su confianza el religioso moderado Luis Carreras se entrevisto con algunos diputados conservadores no integristas y con otros lideres republicanos como Alejandro Lerroux para que defendieran ante la Camara una propuesta de nueva redaccion de los articulos dedicados a la cuestion religiosa que seria aceptable para la Iglesia catolica y que recogia los puntos de conciliacion alcanzados en la negociacion con el gobierno Finalmente la propuesta solo fue presentada en forma de enmienda por el diputado del partido de Alcala Zamora Juan Castrillo pero no llego a prosperar 14 Los puntos de conciliacion fueron asi recogidos por Vidal y Barraquer 15 1 Reconocimiento de la personalidad juridica de la Iglesia en su estructura jerarquica regimen propio libre ejercicio privado y publico del culto y en la propiedad y uso de sus bienes 2 Convenio entre la Republica y la Santa Sede Para el reconocimiento de la personalidad juridica de la Iglesia aceptan y defenderan la forma de Concordato el Presidente Ministro de Estado y algunos otros Ministros los cuales creen poder alcanzar mayoria en el Parlamento si bien menor en numero que para otros puntos de la concordia Por su parte el Ministro de Justicia no defendera la forma de Concordato aunque no rehusa otra forma de convenio entre ambas partes como un modus vivendi que mas tarde pudiera conducir al Concordato en circunstancias mas propicias que las actuales El propio Ministro no acepta la declaracion de Corporacion de Derecho publico para la Iglesia formula nueva en el derecho espanol sin que ello signifique aminoracion en el reconocimiento de la personalidad juridica de la Iglesia 3 Todas las Congregaciones religiosas seran respetadas en su constitucion y regimen propios y en sus bienes al menos los actualmente poseidos quedando sujetos por lo demas a las leyes generales del pais Tanto el Presidente como el Ministro de Justicia defenderan personalmente este punto en el Parlamento Hicieron constar empero el riesgo de que alguno de los diputados extremistas incoercibles presentara una enmienda para excluir a la Compania de Jesus y que de llevarse la discusion por ese camino temen no poder impedir la votacion favorable a tal exclusion 4 Reconocimiento de plena libertad de ensenanza o sea que todo espanol por si o por medio de cualquier asociacion sin excepcion alguna pueda crear sostener y regir establecimientos docentes sometidos a la inspeccion del Estado en cuanto a la fijacion de un plan minimo de ensenanza expedicion de titulos profesionales y salvaguardia de la moralidad higiene y seguridad del Estado 5 Presupuesto de culto y clero Conservar los derechos adquiridos por todo el personal eclesiastico que actualmente percibe consignacion establecida en el presupuesto especial del Estado afecto a cargas eclesiasticas y amortizacion de dichas partidas a medida de las vacantes que se vayan produciendo Cesacion de la subvencion de culto y en el nuevo presupuesto consignacion de una subvencion global para conservacion y reparacion de la iglesias catedrales colegiatas y parroquiales por el concepto de edificios historicos y artisticos El debate del articulo 24 26 en la redaccion definitiva Editar Como ya senalo hace tiempo el historiador Gabriel Jackson el debate sobre el articulo 26 fue el primer conflicto revolucionario en la historia de la joven Republica 16 El debate tuvo lugar en el pleno de las Cortes de los dias 8 y 10 de octubre de 1931 Lo abrio el Ministro de Justicia el socialista Fernando de los Rios para dar cuenta de la politica religiosa llevada a cabo por el Gobierno Provisional y para oponerse hablando a titulo personal a que la Iglesia catolica obtuviera el estatus de Corporacion de Derecho Publico aunque se mostro partidario de llegar a un modus vivendi con la Iglesia catolica como el que se habia alcanzado en Francia en 1924 17 Durante el debate los radical socialistas y los socialistas se opusieron vehementemente a cualquier modificacion de la propuesta de la Comision por ejemplo el lider radical socialista Alvaro de Albornoz en la linea del anticlericalismo mas clasico se nego a transacciones con el enemigo irreconciliable de nuestros sentimientos y nuestras ideas refiriendose a las congregaciones religiosas que estaban formadas para fines antihumanos y antisociales o el tambien radical socialista Felix Gordon Ordas que dijo El Estado no puede existir mientras no se logre sacar de el al otro Estado que lo gobierne y lo dirija y este Estado es la Iglesia 18 mientras que los diputados de Accion Republicana pretendian suavizarla Por su parte la Derecha Liberal Republicana desde julio de 1931 Partido Republicano Progresista y la Agrupacion al Servicio de la Republica pretendian recuperar la propuesta inicial de la Comision Juridica Asesora 19 El Partido Republicano Radical mantenia de nuevo una posicion ambigua ya que mientras su portavoz inicialmente apoyo la propuesta de la ponencia su lider Alejandro Lerroux se mostraba dispuesto a transigir aproximando su postura a la de la Derecha Liberal Republicana aunque manteniendo un notable diferencia con ella la prohibicion del ejercicio de la ensenanza a las ordenes religiosas 20 Los diputados de la derecha catolica la Minoria Agraria donde se integraban los diputados agraristas de Jose Martinez de Velasco y los cinco diputados de Accion Nacional de Jose Maria Gil Robles y la Minoria vasco navarra que comprendia a carlistas integristas y nacionalistas vascos que entre ambas sumaban tan solo 40 diputados de un total de 468 se opusieron acaloradamente al ataque a los derechos de la Iglesia y defendieron la confesionalidad catolica del Estado 21 En defensa de la linea catolica posibilista preconizada por el Cardenal Vidal y Barraquer intervinieron Jose Martinez de Velasco que dijo que el proposito del articulo 24 26 en la redaccion final era descatolizar a Espana y califico al proyecto globalmente de Constitucion tiranica 22 el diputado catolico nacionalista catalan Manuel Carrasco y Formiguera que hizo cierta autocritica del papel que habia jugado la Iglesia en la Monarquia y en la Dictadura de Primo de Rivera 23 y el lider de Accion Nacional Jose Maria Gil Robles que despues de recordar el rechazo de los catolicos al principio de la libertad de conciencia se mostro dispuesto a aceptar con matices la declaracion del laicismo del Estado siempre que se reconocieran los derechos de la Iglesia incluidos los de las ordenes religiosas 24 Su intervencion concluyo con una advertencia Nosotros entendemos que el proyecto constitucional tal como viene redactado es un proyecto de persecucion religiosa y por consiguiente nosotros en estas condiciones no podemos aceptarlo Afirmamos que dentro de la legalidad sin violencias sin apelaciones a la fuerza sin guerras que nuestra doctrina nos prohibe declararemos hostilidad al proyecto de Constitucion en la hipotesis que se aprobara una medida persecutoria tanto en el texto constitucional como en potencia para el porvenir que desde el momento en que se aprobara un texto de esta naturaleza por nuestra parte declarariamos abierto un nuevo periodo constituyente Grandes rumores 25 Luis Jimenez de Asua intervino en el debate de la cuestion religiosa para negar que el proyecto de la Comision fuera de persecucion a la Iglesia catolica de persecucion a los catolicos como habian proclamado los diversos portavoces de la derecha catolica En primer lugar recordo el contenido del articulo 25 27 en la redaccion definitiva que establece la libertad de cultos y por consecuencia no pretende sojuzgar las conciencias y obligar a las gentes a que dejen de pensar en catolico si asi lo sienten desde el fondo de sus espiritus Y a continuacion se ocupo del problema de las ordenes religiosas justificando su disolucion diciendo que nadie tiene el derecho a cercenar a renunciar a su propia libertad que es lo que hacen los religiosos cuando pronuncian sus votos Se refirio en primer lugar a los colegios religiosos El sistema que permite a las Congregaciones religiosas la ensenanza ha traido una gran perturbacion en la intimidad de los hogares los hijos consignados a los colegios religiosos han sufrido una deformacion de sus espiritus merced a vehementes exhortaciones para que no vieran en la opinion politica avanzada de sus padres mas que una verdadera enfermedad del espiritu Despues se refirio a la propuesta hecha por algunos diputados de exceptuar de la disolucion a las ordenes dedicadas a la beneficencia como las que se ocupan de los hospitales Yo quisiera a este respecto hacer un llamamiento a algunos de los medicos que pertenecen a esta Camara La mayor parte de estas Ordenes religiosas llevan una perturbacion a la conciencia de los enfermos en los ultimos momentos se suele realizar una captacion del alma del agonizante haciendole en esos momentos que reciba los auxilios espirituales cuando toda su vida ha mantenido una conducta perfectamente laica Por ultimo se refirio a las monjas que se ocupaban de las carceles de mujeres En mi ejercicio profesional he visto y tenido que estar dando quejas al propio director de la carcel que no se me dejaba comunicar con unas procesadas de manera secreta y tenian que estar siempre presentes unas monjas infringiendo asi los preceptos procesales 26 En el mismo sentido se expreso Manuel Azana cuatro dias despues Apele S S a los que tienen experiencia de estas cosas a los medicos que dirigen hospitales a las gentes que visitan las casas de beneficencia y aun a los propios pobres enfermos y asilados en estos hospitales y establecimientos y sabra que debajo de la aspiracion caritativa que doctrinalmente es irreprochable y admirable hay sobre todo un vehiculo de proselitismo que nosotros no podemos tolerar Pues que no sabemos todos que al pobre enfermo hospitalizado se le hace objeto de trato preferente segun cumple o no los preceptos de la religion catolica 27 El domingo 11 y el lunes 12 de octubre sin sesiones de Cortes fueron especialmente intensos en la prensa en la calle y en las sedes de instituciones diversas Se celebraron actos y manifestaciones anticlericales en diversas ciudades y en Madrid el Partido Radical Socialista organizo un sonado mitin el dia 12 En la capital tambien los revolucionarios del Ateneo apoyaban el dictamen de la Comision 28 Por su parte los catolicos tambien se habian estado movilizando denunciando el proyecto constitucional como persecutorio de la Iglesia a pesar de la oposicion de Vidal y Barraquer que era contrario a la confrontacion publica porque podia poner en riesgo la estrategia negociadora que desde el principio habia defendido El acto de mayor impacto fue el envio a las Cortes de una peticion de modificacion del proyecto constitucional firmada por millon y medio de mujeres catolicas 29 La Republica laica EditarEl consenso de la izquierda y el centro derecha y la intervencion de Azana Editar En la manana del martes 13 de octubre se reunio la Comision Constitucional para introducir enmiendas en el articulo 24 que satisficieran a los grupos como Accion Republicana o el Partido Republicano Radical que apoyaban al Gobierno Provisional pero que se habian mostrado partidarios de suavizar el proyecto en ningun momento se planteo la opcion de aceptar los puntos de vista de la derecha catolica posibilista ni de la derecha republicana Sin embargo tanto los radical socialistas como los socialistas siguieron defendiendo la redaccion inicial 30 El desacuerdo en el bloque anticlerical radical se resolvio finalmente gracias a la intervencion de Manuel Azana en el pleno que se celebro por la tarde en el que pronuncio la famosa frase Espana ha dejado de ser catolica que mas adelante sacada de su contexto seria utilizada por la derecha antirrepublicana como la prueba de que el proyecto de Azana era descristianizar Espana en realidad a lo que se referia Azana era a que el catolicismo habia dejado de ser el elemento definidor de la cultura espanola y que por tanto se tenia que proceder a la completa y radical separacion de la Iglesia y el Estado 31 La premisa de este problema religioso hoy politico la formulo yo de esta manera Espana ha dejado de ser catolica el problema politico consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e historica del pueblo espanol En este asunto Sres Diputados hay un drama muy grande apasionante insoluble Nosotros tenemos de una parte la obligacion de respetar la libertad de conciencia naturalmente sin exceptuar la conciencia cristiana pero tenemos tambien de otra parte el deber de poner a salvo la Republica y el Estado Criterio para resolver esta cuestion A mi modesto juicio es el siguiente tratar desigualmente a los desiguales frente a las Ordenes religiosas no podemos oponer un principio eterno de justicia sino un principio de utilidad social y de defensa de la Republica 32 Azana en su intervencion apoyo la nueva redaccion del texto de la ponencia que eliminaba la supresion de las ordenes religiosas y a cambio ofrecio la limitacion de sus actividades incluida la prohibicion de ejercer la ensenanza lo que seria regulado en una futura ley de congregaciones a aprobar por las Cortes Constituyentes y la disolucion de la orden religiosa mas odiada por los anticlericales los jesuitas identificados con el antiliberalismo mas reaccionario 33 Posteriormente se incluyo otra concesion demandada por los socialistas que la partida del presupuesto destinada al clero desapareceria en el plazo de dos anos Yo digo que en el orden de las ciencias morales y politicas la obligacion de las Ordenes religiosas catolicas en virtud de su dogma es ensenar todo lo que es contrario a los principios en que se funda el Estado moderno Por eso ni mi partido ni yo en su nombre suscribiremos una clausula legislativa en virtud de la cual siga entregado a las Ordenes religiosas el servicio de la ensenanza Eso jamas Yo lo siento mucho pero esta es la verdadera defensa de la Republica Esta accion continua de la Ordenes religiosas sobre las conciencias juveniles es cabalmente el secreto de la situacion politica por que Espana transcurre y que esta en nuestra obligacion de republicanos y no republicanos de espanoles impedir a todo trance A mi que no me vengan a decir que esto es contrario a la libertad porque esto es una cuestion de salud publica 27 La propuesta de Azana fue finalmente aprobada con los votos favorables de los socialistas y de los republicanos de izquierda a excepcion de los radical socialistas que se abstuvieron pues seguian defendiendo el texto original de la ponencia y tambien de los diputados del Partido Republicano Radical mientras que la Agrupacion al Servicio de la Republica se abstenia por considerar que la propuesta era demasiado radical y el Partido Republicano Progresista la antigua Derecha Liberal Republicana de Alcala Zamora y Maura la derecha monarquica y la derecha catolica votaban en contra En total 178 votos a favor y 59 en contra Inmediatamente las minorias agraria y vasco navarra junto con otros diputados catolicos anunciaron su retirada de las Cortes en senal de protesta hasta que terminaran los debates constitucionales 34 El texto que finalmente se aprobo que seria el articulo 26 de la Constitucion decia asi Art 26 Todas las confesiones religiosas seran consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial El Estado las regiones las provincias y los Municipios no mantendran favoreceran ni auxiliaran economicamente a las Iglesias Asociaciones e Instituciones religiosas Una ley especial regulara la total extincion en un plazo maximo de dos anos del presupuesto del Clero Quedan disueltas aquellas ordenes religiosas que estatutariamente impongan ademas de los tres votos canonicos otro de obediencia distinta a Autoridad distinta de la legitima del Estado Sus bienes seran nacionalizados y afectados a fines beneficos y docentes Las demas ordenes religiosas se someteran a una ley especial votada por estas Cortes Constituyentes y ajustadas a las siguientes bases 1ª Disolucion de las que por sus actividades constituyan un peligro para la seguridad del Estado 2ª Inscripcion de las que deban subsistir en un Registro especial dependiente del Ministerio de Justicia 3ª Incapacidad de adquirir y conservar por si o por persona interpuesta mas bienes de los que previa justificacion se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos 4ª Prohibicion de ejercer la industria el comercio o la ensenanza 5ª Sumision a todas las leyes tributarias del pais 6ª Obligacion de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversion de sus bienes en relacion con los fines de la Asociacion Los bienes de las ordenes religiosas podran ser nacionalizados La aprobacion del articulo 24 el 26 en la redaccion final provoco una grave crisis politica porque el presidente del Gobierno Provisional Niceto Alcala Zamora y el ministro de la Gobernacion Miguel Maura presentaron su dimision al estar en completo desacuerdo con su contenido Manuel Azana el politico que habia conseguido aglutinar a las partidos republicanos de centro derecha y de izquierda y el partido socialista en el espinoso tema de la cuestion religiosa aunque fuera a costa de dejar fuera a la derecha tanto la republicana como la monarquica y catolica fue el nuevo presidente del Gobierno Provisional 35 Los articulos 27 43 48 y 49 Editar Tras la retirada de la Minoria Agraria y de la Minoria vasco navarra que se habian opuesto a la libertad de cultos al reconocimiento del divorcio porque atentaba contra la familia y a la escuela unica y laica porque era contraria a la libertad de ensenanza y tras la resolucion de la disputa principal del bloque anticlerical radical la aprobacion del resto de articulos de la Constitucion relacionados con la cuestion religiosa fue mucho menos conflictiva y paradojicamente se suavizaron algunos aspectos de la redaccion original del proyecto de la Comision Asi de la prohibicion del culto fuera de los templos establecida en el articulo 25 de la ponencia se paso a la tolerancia a las manifestaciones publicas del culto aunque bajo el control del gobierno que era quien podia autorizarlas art 27 en la nueva redaccion en el que se mantuvo la secularizacion de los cementerios En el reconocimiento del derecho al divorcio Art 41 de la ponencia se limito a decir que el matrimonio podria disolverse por mutuo disenso o a peticion de ambos conyuges con alegacion en este caso de justa causa Art 43 en la nueva redaccion en el que tambien se reconocio la igualdad legal entre los hijos tenidos dentro o fuera del matrimonio lo que fue desarrollado en la Ley de Divorcio de 1932 Por ultimo la propuesta de establecer la escuela laica y unica lo que era interpretado como que el Estado detentaria el monopolio de la ensenanza se paso a la escuela laica y unificada de significado mucho mas ambiguo manteniendose la limitacion de la actividad educativa de la Iglesia a ensenar sus respetivas doctrinas en sus propios establecimientos bajo la inspeccion del Estado Art 48 36 El articulo 49 dejaba la puerta abierta a la ensenanza privada al determinar que las condiciones en que se podra autorizar las establecera una futura ley de Instruccion publica 37 La respuesta de la Iglesia y del movimiento catolico EditarTanto la Iglesia catolica como las organizaciones vinculadas a ella reaccionaron energicamente contra la solucion que se habia dado a la cuestion religiosa en la Constitucion Uno de los primeros en responder fue el diario catolico posibilista El Debate que afirmo La Constitucion que se elabora solo por lo ya votado no es ni sera nuestra de los catolicos No estamos dentro de ella 38 Tanto los catolicos posibilistas como los integristas interpretaron el contenido del articulo 24 en la redaccion final el 26 como una medida persecutoria contra la Iglesia y como una declaracion de guerra a los catolicos Solo tres dias despues de que fuera aprobado el articulo 24 26 en la redaccion definitiva el papa Pio XI envio un telegrama a todos los obispos espanoles en el que protestaba energicamente por todas las multiples ofensas inferidas a los derechos sagrados de la Iglesia que son los derechos de Dios y de las almas lo que fue apoyado por los prelados afirmando que el laicismo privaba al hombre de la verdad y la ley de Cristo 39 Una vez aprobada la Constitucion los obispos espanoles hicieron publico a finales de diciembre de 1931 un documento colectivo de protesta por el trato dado a la Iglesia catolica a pesar de haber dado pruebas evidentes y abnegadas de moderacion paciencia y generosidad evitando cuanto pudiera parecer un acto de hostilidad a la Republica En el documento se acusaba a las Cortes Constituyentes de haber actuado con criterio sectario y haber acordado una solucion de venganza fruto del absoluto laicismo de Estado que ponia a la Iglesia en materias que le son de su exclusiva competencia bajo la dominacion del poder civil 40 Se ha cometido el grande y funesto error de excluir a la Iglesia de la vida publica y activa de la nacion de las leyes de la educacion de la juventud de la misma sociedad domestica con graves menosprecios de los derechos sagrados y de la conciencia cristiana del pais Desde el mismo momento en que se aprobo el articulo 24 26 en la redaccion definitiva se inicio una campana de movilizaciones y de protestas de los catolicos a favor de la revision de la Constitucion cuya primera media habia sido la retirada de las Cortes de los diputados de la derecha catolica de la Minoria Agraria y de la Minoria vasco navarra que declararon haber llegado al limite de su transigencia La intransigencia de las Cortes y su divorcio del sentir del pueblo manifestados en el criterio relativo a la propiedad la familia la ensenanza y aun a los fundamentos mismos de la ordenacion social ha culminado en los preceptos relativos a la cuestion religiosa El acuerdo de los nucleos de mayoria dio por resultado la redaccion de un articulo netamente persecutorio disfrazado con apariencias de medida salvadora del regimen Denegado a la Iglesia catolica y a sus instituciones un regimen de derecho comun de simple ciudadania con quebranto de los mas elementales derechos del hombre la Constitucion que va a aprobarse no puede ser nuestra Nosotros levantamos ya desde ahora dentro de la ley la bandera de su revision Si en las Cortes nos desentedemos del problema lo llevamos sin rebozo ante la opinion en una intensa campana que desde ahora iniciamos Dirigimos a los catolicos un llamamiento energico y apremiante a la accion La Constitucion politica nutrida de espiritu sectario no existe para nosotros Frente a ella todos unidos como hermanos El esfuerzo que esterilmente habriamos de desarrollar en la elaboracion de una Constitucion antirreligiosa y antisocial lo emplearemos en mover a la opinion contra ella 41 Asimismo se convirtio a Accion Nacional en una organizacion politica estable para que en torno a ella se formara una candidatura catolica a las elecciones que se pensaba que se iban a celebrar tras aprobarse la Constitucion como le dijo Jose Maria Gil Robles lider de Accion Nacional al cardenal Vidal y Barraquer No hay mas camino que el de las elecciones traer las derechas al Parlamento una minoria suficientemente fuerte que permitiera mas adelante un acuerdo con otras fueras parlamentarias grupo Lerroux por ejemplo 42 43 La campana de movilizacion revisionista catolica adopto un tono de cruzada porque lo que estaba en juego segun el director de El Debate Angel Herrera era comunismo o civilizacion cristiana 44 La campana catolica fue respondida con una movilizacion de la izquierda republicana y socialista que conto con el apoyo del gobierno y de algunas autoridades locales en defensa del laicismo y de lo que creian era un intento de destruir la Republica produciendose algunos enfrenamientos graves entre clericales y anticlericales como los que ocurrieron en Bilbao en enero de 1932 donde hubo tres muertos y se incendio un convento 45 Valoracion final Editar Portada del Almanaque 1932 de la revista satirica La Traca publicado nada mas aprobarse la Constitucion de 1931 en la que se declaraba el caracter laico del Estado Por primera vez en la historia del constitucionalismo espanol se implanto un Estado laico superando por fin la secular oposicion clerical a que se introdujera cualquier medida secularizadora que pudiera poner en riesgo la unidad catolica de Espana Sin embargo los constituyentes a diferencia del problema catalan en que optaron por una formula de concordia que se plasmo en el Estado integral que hizo posible el Estatuto de Autonomia de Cataluna de 1932 en el problema religioso optaron por una formula de confrontacion A los nacionalistas catalanes se les proponia una via de integracion en el Estado espanol a las confesiones religiosas se les propuso el articulo 26 verdadero punto neuralgico de la Constitucion como observo Perez Serrano con la taxativa prohibicion del ejercicio de la industria el comercio y la ensenanza 46 Es indudable que el constituyente de 1931 adopto una actitud beligerante contra la presencia de la Iglesia en todos los ambitos de la vida social que el concordato de 1851 y la politica de la Monarquia restaurada le habia entregado carceles hospitales cuarteles cementerios sacralizacion de espacios publicos moral publica y privada y sobre todo colegios de primera y segunda ensenanza Era momento a juicio de los constituyentes de que la Republica espanola acometiera el problema que la Republica francesa habia resuelto treinta anos antes bajo el gobierno de Emile Combes y que en Espana no habia hecho mas que agravarse Asi pues la izquierda republicana y socialista con el apoyo final del Partido Republicano Radical impusieron su modelo anticlerical radical y no buscaron el consenso ni siquiera con la derecha catolica republicana y mucho menos con la derecha catolica posibilista con la derecha monarquica e integrista antirrepublicana el consenso era absolutamente imposible De esta forma se produjo una fractura social y politica entre el pueblo republicano y el pueblo de Dios dos entidades mutuamente excluyentes 47 que evito la consolidacion del regimen republicano Muchos de aquellos ciudadanos catolicos que habian votado por las candidaturas republicanas en 1931 y que hemos de pensar que no fueron pocos se sintieron desilusionados por falta de sensibilidad de los padres de la patria hacia sus creencias mas intimas y algunas de sus instituciones mas queridas Y ello en un momento en que los catolicos estaban dispuestos a ceder incluida parte de su jerarquia terreno a los laicizadores A partir de entonces bastantes comenzarian a desidentificarse con un proyecto de Republica que ya no consideraban suyo En cuanto a los otros catolicos aquellos catolicos no republicanos que habian permanecido en la expectacion la indiferencia o el anonadamiento tras la proclamacion del nuevo regimen la nueva Constitucion y su posterior desarrollo y aplicacion los harian experimentar una sacudida y salir de su pasividad en defensa de la religion que creian injustamente atacada y hasta perseguida La bandera de la religion de hecho sirvio para agrupar a las derechas en torno a la CEDA con el proposito de revisar y reformar la ley fundamental en un sentido contrasecularizador A la postre la solucion dada a la secular cuestion religiosa espanola no la resolveria sino que exacerbaria aun mas dividiendo a la comunidad politica en dos polos dificilmente conciliables y perpetuando un viejo factor mas de fractura en aquella fracturada sociedad espanola de los anos treinta 48 Al menos por lo que se referia a la cuestion religiosa las principales exigencias de la revolucion republicana habian encontrado un lugar mas o menos significativo dentro del articulado constitucional Si la Constitucion era una carta de principios al servicio de un proyecto politico inspirado por los valores y la ideologia de la izquierda no era por casualidad sino porque desde tiempo atras y en especial desde las elecciones generales de junio se habia dado por bueno que el nuevo regimen para ser verdaderamente una Republica de los republicanos tenia que dotarse de unas instituciones y unos contenidos de reforma radical que respondieran a las exigencias de modernizacion formuladas por la izquierda La Republica dijo Azana anos mas tarde 14 de julio de 1935 no es una mera enunciacion de principios politicos o de doctrina politica sino un instrumento de reforma sustancial del Estado y de la sociedad 49 Vease tambien EditarCuestion religiosa en la Segunda Republica Espanola Constitucion espanola de 1931 Partido Republicano Radical SocialistaReferencias Editar De la Cueva Merino Julio 2009 Hacia la Republica laica proyectos secularizadores para el Estado republicano En Julio de la Cueva y Feliciano Montero eds ed Laicismo y catolicismo El conflicto politico religioso en la Segunda Republica Alcala de Henares Universidad de Alcala pp 28 29 De la Cueva Merino Julio 2009 Ibid p 28 De la Cueva Merino Julio 2009 Ibid p 28 Seria inexacto y probablemente incorrecto sobrevalorar el papel de la masoneria en la configuracion de una cultura politica republicana de signo laicizador o mas aun en la delineacion de programas secularizadores para la propia Republica a b De la Cueva Merino Julio 2009 Ibid p 29 De la Cueva Merino Julio 2009 Ibid pp 34 39 Alvarez Tardio Manuel 2002 Anticlericalismo y libertad de conciencia Politica y religion en la Segunda Republica Espanola 1931 1936 Madrid Centro de Estudios Politicos y Constitucionales p 152 No se dijo en que consistia lo de moral publica ni quien habria de interpretar dicha correccion si serian los jueces o tambien podrian hacerlo las autoridades municipales Julia Santos 2009 La Constitucion de 1931 Madrid Iustel p 40 ISBN 978 84 9890 083 5 El anteproyecto en opinion del presidente de la Comision reconocia la fuerza social y la significacion historica de la Iglesia muy lejos estaba de su proposito abrir con ella una guerra de religion Julia Santos 2009 Ibid p 41 De la Cueva Merino Julio 1998 El anticlericalismo en la Segunda Republica y la Guerra Civil En Emilio La Parra Lopez y Manuel Suarez Cortina eds ed El anticlericalismo espanol contemporaneo Madrid Biblioteca Nueva pp 224 225 ISBN 84 7030 532 isbn incorrecto ayuda De la Cueva Merino Julio 2009 Ibid pp 40 41 Alvarez Tardio Manuel 2002 Ibid p 153 Aviles Farre 2006 pp 137 De la Cueva Merino Julio 2009 Ibid pp 41 42 Alvarez Tardio Manuel 2002 Ibid p 161 Dicha propuesta permite calcular la redaccion constitucional que en su caso podria haber aceptado la Iglesia catolica El texto daba por concluido el modelo confesional pero establecia que la confesion catolica gozaria por su condicion social e historica de un reconocimiento juridico especial De la Cueva Merino Julio 1998 Ibid pp 226 227 Jackson Gabriel 1976 La Republica Espanola y la Guerra Civil 1931 1939 The Spanish Republic and the Civil War 1931 1939 Princeton 1965 2ª edicion Barcelona Critica p 62 ISBN 84 7423 006 3 Julia Santos 2009 Ibid pp 431 439 De la Cueva Merino Julio 1998 Ibid p 235 De la Cueva Merino Julio 2009 Ibid p 42 Alvarez Tardio Manuel 2002 Ibid p 158 De la Cueva Merio Julio 1998 Ibid p 228 Julia Santos 2009 Ibid pp 445 449 Julia Santos 2009 Ibid pp 449 451 Alvarez Tardio Manuel 2002 Ibid pp 181 182 Julia Santos 2009 Ibid p 441 Julia Santos 2009 Ibid pp 451 457 a b Julia Santos 2009 Ibid pp 465 466 De la Cueva Merio Julio 1998 Ibid p 235 Alvarez Tardio Manuel 2002 Ibid pp 167 170 Alvarez Tardio Manuel Ibid pp 183 185 Alvarez Tardio Manuel Ibid p 187 Su Espana ha dejado de ser catolica tenia una facil traduccion Espana desde el punto de vista politico y constitucional no era ya un pais confesional por lo que el Estado debia organizarse conforme a esa nueva necesidad politica Poco importaba que en Espana hubiera mas o menos catolicos lo importante era que la politica del Estado no podia responder a una concepcion catolica de la nacion y de sus instituciones Julia Santos Ibid pp 459 463 464 Alvarez Tardio Manuel Ibid p 189 A Azana no parecieron importarle demasiado los costes de esa opcion arrinconar a la derecha republicana y despreciar la integracion pacifica de los catolicos en el nuevo regimen Alvarez Tardio Manuel Ibid pp 190 192 Alvarez Tardio Manuel 1998 Ibid pp 191 192 De la Cueva Merino Julio 1998 Ibid pp 192 194 Julia Santos 2009 Ibid p 101 De la Cueva Merino Julio 1998 Ibid pp 238 240 Alvarez Tardio Manuel 1998 Ibid pp 198 204 205 Verdoy Alfredo 2009 Una Republica sin religiosos la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas En Julio de la Cueva y Feliciano Montero eds ed Laicismo y catolicismo El conflicto politico religioso en la Segunda Republica Alcala de Henares Universidad de Alcala pp 354 355 ISBN 978 84 8138 848 0 Julia Santos 2009 Ibid pp 469 470 Alvarez Tardio Manuel 1998 Ibid pp 198 199 Julia Santos 2009 Ibid p 81 Un partido movilizado por la exigencia de una reforma constitucional era algo nuevo en el sistema politico espanol desde el Concordato de 1851 los gobiernos trataban de los privilegios de la Iglesia con los obispos que a su vez mantenian bajo control a las huestes mas belicosas de los movimientos seglares como fue el caso con el tradicionalismo carlista Pero ahora por vez primera los obispos habian perdido a su interlocutor gubernamental y con la experiencia de la movilizacion desde arriba adquirida en los anos de la Dictadura de Primo de Rivera decidieron lanzar una movilizacion por abajo Alvarez Tardio Manuel 1998 Ibid pp 201 202 Alvarez Tardio Manuel 1998 Ibid pp 206 207 Julia Santos 2009 Ibid pp 77 79 Cruz Rafael 2006 En el nombre del pueblo Republica rebelion y guerra en la Espana de 1936 Madrid Siglo XXI ISBN 84 323 1230 4 De la Cueva Merino Julio 2009 Ibid pp 44 45 Alvarez Tardio Manuel 1998 Ibid p 195 Bibliografia EditarAlvarez Tardio Manuel 2002 Anticlericalismo y libertad de conciencia Politica y religion en la Segunda Republica Espanola 1931 1936 Madrid Centro de Estudios Politicos y Constitucionales ISBN 84 259 1202 4 Aviles Farre Juan 2006 La Izquierda burguesa y la tragedia de la II Republica Madrid Comunidad de Madrid p 495 ISBN 9788445128817 Archivado desde el original el 3 de noviembre de 2013 Consultado el 19 de agosto de 2013 De la Cueva Merino Julio 1998 El anticlericalismo en la Segunda Republica y la Guerra Civil En Emilio La Parra Lopez y Manuel Suarez Cortina eds ed El anticlericalismo espanol contemporaneo Madrid Biblioteca Nueva ISBN 84 7030 532 isbn incorrecto ayuda De la Cueva Merino Julio 2009 Hacia la Republica laica proyectos secularizadores para el Estado republicano En Julio de la Cueva y Feliciano Montero eds ed Laicismo y catolicismo El conflicto politico religioso en la Segunda Republica Alcala de Henares Universidad de Alcala ISBN 978 84 8138 848 0 Julia Santos 2009 La Constitucion de 1931 Madrid Iustel ISBN 978 84 9890 083 5 Datos Q8352458Obtenido de https es wikipedia org w index php title Cuestion religiosa en la Constitucion espanola de 1931 amp oldid 134057488, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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