Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) es una institución gubernamental, autónoma, dedicada a brindar servicios de salud y seguridad social a la población que cuente con afiliación al instituto, llamada entonces asegurado o derechohabiente.
| Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) | ||
|---|---|---|
| Oficinas centrales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en la Ciudad de Guatemala. | ||
| Información general | ||
| Ámbito | Guatemala | |
| Sede | Ciudad Guatemala | |
| Fundación | 1 de octubre de 1946 | |
| Jurisdicción | Territorio Nacional | |
| Organización | ||
| Dirección | Carlos Contreras[1] (Presidente de la Junta Directiva) | |
| Dependiente de | Entidad Autónoma | |
| Dependencias | Subgerencias, Departamentos y Secciones | |
| Presupuesto anual | Q 8,853,640,489.00 (2013) | |
| Sitio web | ||
El IGSS fue creado por el Decreto No. 295 del Congreso de la República de Guatemala y firmado por el entonces Presidente de la República de Guatemala el Doctor Juan José Arévalo, actualmente se encuentra anexada al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, sin embargo esto no impide su autonomía.
La misión del IGSS es la siguiente: Proteger a nuestra población asegurada contra la pérdida o deterioro de la salud y del sustento económico, debido a las contingencias establecidas en la ley. La visión es: Ser la institución de seguro social caracterizada por cubrir a la población que por mandato legal le corresponde, así como por su solidez financiera, la excelente calidad de sus prestaciones, la eficiencia y transparencia de gestión.
Estructura de la organización
Junta directiva
La junta directiva es la autoridad suprema del Instituto y, en consecuencia, le corresponde la dirección general de las actividades de éste,[2] y está integrada por seis miembros propietarios y seis miembros suplentes de la siguiente forma:[2][3]
| Cargo | Nombrado por |
|---|---|
| Presidente | Organismo Ejecutivo |
| Primer vicepresidente | Junta Monetaria del Banco de Guatemala |
| Segundo vicepresidente | Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala |
| Vocal | Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala |
| Vocal | Nombrado por los patronos |
| Vocal | Nombrado por los Trabajadores |
| Secretario[3] | N/A |
| Presidente | Licenciado Carlos Francisco Contreras Solórzano |
|---|---|
| Primer vicepresidente | VACANTE por la Junta Monetaria del Banco de Guatemala |
| Segundo vicepresidente | Licenciado Edgar Alfredo Balsells Conde, nombrado por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala |
| Vocal | Dr. Allan Jacobo Ruano Fernández, nombrado por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala |
| Vocal | José Bernardo Pineda Jurado, Nombrado por los Patronos |
| Vocal | Señor Adolfo Lacs Palomo, nombrado por los Trabajadores |
| Secretaria | Licenciada Clara Paola del Carmen Manrique García |
Miembros Suplentes
Los miembros propietarios deben ser sustituidos en sus ausencias temporales o accidentales por sus respectivos suplentes.
En caso de falta definitiva de un propietario, debe ocupar el puesto de éste su personas o entidades encargadas de hacer el nombramiento que proceda deben limitarse a designar un nuevo suplente también por el resto de dicho período. (Artículo 6, Capítulo II, de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Decreto 295 del Congreso de la República).
Los miembros suplentes de la actual Junta Directiva son:
* Señora Reny Mariane Yasmina Bake Barillas, por el Organismo Ejecutivo.
* Por la Junta Monetaria del Banco de Guatemala.
* Dr. Erick Arnoldo Porres Mayen, por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
* Dr. Conrado Antonio Rivera Lara, por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala.
* Ernesto Morales Pinzón, por el sector Patronal.
* Juan Francisco Mendoza Estrada, por el sector Laboral.
Servicios para los afiliados
Todo aquel trabajador que pague sus cuotas al instituto es considerado «afiliado» al mismo. En 2014, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social contaba con aproximadamente un millón doscientos mil trabajadores afiliados, de los seis millones de ciudadanos económicamente activos en el país.[4]
- Atención médica en las Unidades Asistenciales del IGSS, tanto en consulta externa como en hospitalización.
- Asistencia en medicina general quirúrgica y especializada.
- Medicina que el médico tratante del IGSS indique.
- Laboratorio clínico, rayos X, electroencefalogramas y otros que contempla la institución en caso de que el médico tratante del IGSS lo indique.
- Resolución de problemas en el trabajo relacionadas con la enfermedad.
- Transporte en caso de ser necesario para ser tratado con urgencia en un Centro Asistencial del IGSS.
- En casos de recuperación, por asuntos de distancia, el IGSS proporciona a sus afiliados hospedaje, alimentación y pasaje.
- Se orientará y educará sobre enfermedades y accidentes a través de diferentes medios de comunicación.
- Rehabilitación.
- Tratamiento psicológico y social.
- En caso de recuperación, por asuntos de distancia, el IGSS proporciona a sus afiliados hospedaje, alimentación y pasaje.
- Atención por maternidad a la esposa o conviviente, si está inscrita en el programa.
- Atención a hijos menores de cinco años.
- Se proporcionará aparatos ortopédicos.
- Suspensión de labores por problemas de salud[5]
Prestaciones para los afiliados
Las prestaciones en dinero por los cuales el IGSS se responsabiliza son:
- Dos terceras partes del salario diario por incapacidad debido a enfermedad o a un accidente.
- A las trabajadoras en caso de maternidad, el cien por ciento de salario durante su descanso.
- Por incapacidad permanente por un daño físico.
- Pensión por vejez.
- Por fallecimiento de un trabajador y para gastos de entierro.
- A familiares por incapacidad del afiliado.
- En caso de desaparición física.
- En caso de incapacidad permanente[5]
Reseña histórica
Fundación
El Gobierno de Guatemala, durante la presidencia del Doctor Juan José Arévalo Bermejo gestionó la llegada a Guatemala de dos técnicos en materia de Seguridad Social; ellos fueron el Lic. Oscar Barahona Streber, oriundo de Costa Rica y el chileno Walter Dittel quienes hicieron un estudio de las condiciones económicas, geográficas, étnicas y culturales de Guatemala. El resultado de este estudio lo publicaron en un libro titulado Bases de la Seguridad Social en Guatemala.[3] Al promulgarse la Constitución de la República de los gobiernos revolucionarios, se incluyó entre las Garantías Sociales en el Artículo 63 el establecimiento de un Seguro Social obligatorio.[6]
El 30 de octubre de 1946, el Congreso de la República de Guatemala, emitió el Decreto número 295, Ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por medio del cual se creó la institución. La ley orgánica especifica que el IGSS es autónomo, tiene derecho público de personería jurídica propia y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, cuya finalidad es aplicar en beneficio del pueblo de Guatemala, un régimen nacional, unitario y obligatorio de Seguridad Social, de conformidad con el sistema de protección mínima.[7][a]
La más reciente Constitución Política de la República de Guatemala, promulgada el 31 de mayo de 1985, señala en el artículo 100 que en cuanto a Seguridad Social el Estado reconoce y garantiza el derecho de la seguridad social para beneficio de los habitantes de la Nación.
Enriquecimiento ilícito de miembros de la Junta Directiva
Debido a los contratos millonarios y fuertes ingresos que maneja el Seguro Social, ha estado expuesto a graves casos de enriquecimiento ilícito. Por ejemplo, el 2 de mayo de 2006 una corte de apelaciones revocó la sentencia de trece años de prisión y la multa de veinticinco millones de quetzales que se le habían impuesto al vicepresidente del IGSS, Jorge Mario Nufio por apropiacidn ilícita de trescientos cincuenta millones de quetzales en 2005.[8] Otra caso fue el del presidente de la Junta Directiva Carlos Wohlers, quien fue enviado a prisión en 2006 por falsificaciones que hiciera en la transferencia de fondos del instituto.[8]
Presidencia de Luis Reyes Mayen
En 2007, el expresidente de la Cámara del Agro de Guatemala, Luis Reyes Mayen, fue nombrado como presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Reyes Mayen tendría que haber abandonado el cargo en 2009, pero continuó en el cargo hasta que fue destituido por el presidente Otto Pérez Molina en 2013 quien afirmó que Reyes Mayén ejercía de manera ilegal el cargo, pues el mandato para el que fue designado ya había vencido, y que había serias denuncias de corrupción en su contra.[9]
Una semana después de ser destituido Reyes Mayen, se produjo un escándalo cuando el destituido presidente apareció en un video obteniendo favores sexuales en su despacho de parte de una supuesta empleada que le pide un ascenso para nuevas plazas en el IGSS.[9] El escándalo provocó diversas reacciones: por ejemplo, el nuevo presidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, dijo que en el despacho se encontraron otros materiales comprometedores e inmorales, por lo que se levantó el acta respectiva con notario y auditor.[9]
El nuevo presidente de la institución advirtió que las evidencias servirán para entablar acciones legales, administrativas o penales, contra su antecesor, quien se entregó finalmente en enero de 2015, aunque quedó en libertad condicional luego de cancelar una medida sustitutiva por quinientos veinticinco mil quetzales.[9]
Presidencia de Juan de Dios Rodríguez
En abril de 2013, el Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina designó a Juan de Dios Rodríguez como nuevo presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en sustitución de Luis Reyes Mayen. La principal misión de Rodríguez, dijo entonces el mandatario, era «limpiar la corrupción» el Instituto.[10]
Criticado inicialmente por su abrupta toma del control del Seguro Social y por su falta de idoneidad para el cargo, el exmayor Juan de Dios Rodríguez fue posteriormente acusado de procesos de licitación anómalos y compras sobrevaloradas sin que se pudiera comprobárselo.[11]
Entre otros actos de corrupción de Rodríguez figurarían la compra de un sistema de software valorado en más de doscientos cincuenta millones, el incremento de las compras directas de medicamentos y licitaciones dirigidas a nuevos proveedores, y cambios en el Listado Básico de Medicamentos.[11]
Caso IGSS-Pisa
Bajo la dirección de Rodríguez, el Seguro Social adjudicó el 20 de diciembre de 2014 un contrato superior a los ciento dieciséis millones de quetzales a la Droguería PISA, la que a su vez subcontrató a un sanatorio privado para tratar a quinientos treinta enfermos renales, ya que no tenía capacidad para hacerlo en sus instalaciones.[12] El convenio era proporcionar a los afiliados diálisis peritoneal en forma continua, o ambulatoria o en la unidad de consulta externa.[12]
El miércoles 25 de febrero de 2015, la organización popular «Acción Ciudadana» (AC) calificó como lesivo dicho contrato ya que la adjudicación se otorgó a la empresa que ofertó un menor costo, pero que en realidad no tenía la capacidad para atender a los enfermos que requerían los servicios de diálisis peritoneal. La firma Baxter, que perdió la licitación, era la que en los últimos seis años suministró diálisis a los afiliados del Seguro Social que padecen de los riñones; el servicio era satisfactorio ya que llevaba medicamentos y el servicio viviendas de los enfermos si era necesario.[12]
Estos son, entre otros, los factores negativos del caso tanto en lo relativo a Pisa como el sanatorio particular subcontratado:
- No contaba con una sala específica para tratar a los pacientes.
- No tenía personal para atender y recibir a los que requerían tratamiento.
- No llevaban control de citas con carné u otro tipo de sistema.
- Los medicamentos que se recetaban no eran los mismos que los pacientes habían estado recibiendo con la empresa Baxter.[12]
El 20 de mayo de 2015 se descubrió el caso de corrupción de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social cuyos integrantes fueron capturados por supuestas anomalías en un contrato que el seguro social firmó con la empresa farmacéutica PISA, por medio de la cual se brindaron servicios a pacientes con enfermedades renales y que es acusada de causar la muerte de varios pacientes por las deficiencias en el tratamiento, falta de limpieza e insuficiencia de las instalaciones.[13]
En total hubo dieciséis capturas, entre ellas la del presidente de junta directiva del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, quien fue detenido por fraude y quien fue secretario privado del presidente, Otto Pérez Molina; otro de los capturados fue Otto Molina Stalling, quien es hijo de la presidenta de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ), Blanca Stalling -que ya ha sido involucrada en las escuchas telefónicas del caso de La Línea. Molina Stalling fungía como subgerente financiero del IGSS en 2014, y fue detenido por asociación ilícita, cobro ilegal de comisiones y tráfico de influencias.[14] Según la investigación, los detenidos se concertaron «con el ánimo de obtener beneficios económicos ilícitos a cambio de la adjudicación de un contrato millonario a la Empresa PISA, que no llenaba los requisitos, ni contaba con estructura básica para brindar el servicio a pacientes renales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social» y se habrían quedado con el quince por ciento del total del monto del contrato, el cual asciende a los ciento dieciséis millones de quetzales.[14]
«Es normal que las personas mueran por insuficiencia renal; con los enfermos renales no se puede hacer más que alargarles la vida.» «Adjudicar el contrato de licitación no era mi responsabilidad; la función del presidente del IGSS es la dirección y no adminitración de esa entidad.» —Juan de Dios Rodríguez Ex-director del IGSS Durante su primera declaración frente al juez por el caso IGSS-Pisa 22 de mayo de 2015[15] |
«Si presentamos a una persona como presunta responsable de un delito es porque hay material probatorio que respalda esa afirmación.» —Iván Velásquez Comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala tras conocer el fallo condenatorio contra los acusados del caso IGSS-Pisa[16] |
Entre los capturados también estaba Max Quirín Schöder, vocal de la Junta Directiva en representación del CACIF, quien desde 1990 había destacado en el mundo empresarial cafetalero; sus negocios y fincas se concentran en la Empresa Comercial Agrícola, S.A. (ECOAGRO) con sede en Cobán. En Alta Verapaz se localizan la mayor parte de sus plantaciones cafetaleras, herencia del potentado cafetalero alemán, Erwin Paul Dieseldorff,[b] quien constituyó un emporio del aromático a finales del siglo xix.[17] Bisnieto de Dieseldorff, Quirín Schöder también heredó la representación empresarial ante las asociaciones y cámaras agrícolas (CACIF) construida por su padre Fredy Quirín Dieseldorff, quien durante las décadas de 1970 y 1980 dirigió en varias ocasiones la Cámara del Agro y la desaparecida Unión Nacional Agropecuaria (UNAGRO) como representante de la Asociación Nacional de Ganaderos del Norte.[17]
El MP y la CICIG informaron que con sus investigaciones establecieron que Otto Fernando Molina Stalling -entonces asesor del seguro social- junto con Edgar Rodolfo García-Granados Reyes se comprometieron con directivos de la droguería PISA a que el IGSS firmaría un contrato con ellos para los servicios de diálisis peritoneal continua ambulatoria para la unidad de consulta externa de enfermedades. Ahora bien, como integrantes de la junta de licitación de ese contrato, Molina Stalling y García-Granados habrían incurrido en irregularidades al adjudicar el contrato a un oferente que había subcontratado el servicio de diálisis.[18] Además, los investigadores determinaron que la junta directiva del IGSS integró la junta de licitaciones de una forma «ligera y descuidada», con personas que no tenían la aptitud suficiente para abordar las propuestas que se hicieron.[18]
Además, la CICIG y el MP reportaron que García-Granados y Ramiro Lorenzana Ortiz habrían participado en otra liticación para servicio de hemodiálisis, pero que no fueron favorecidos porque habría habido un soborno mayor;[18] en este caso, de acuerdo a las escuchas telefónicas interceptadas, el pago ilegal negociado sería del quince al dieciséis por ciento de la adjudicación. Por su parte, los miembros de la Junta Directiva del IGSS fueron sindicados de fraude, pues en la sesión ordinaria del 4 de noviembre de 2014 aprobaron por unanimidad la adjudicación luego de analizar lo actuado.[18] Entre los miembros de la junta directiva del IGSS capturados estaba también Julio Roberto Suárez Guerra, presidente del Banco de Guatemala, por delito de fraude.[14]
La fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, dijo que se está investigando si hubo negligencia médica en este caso ya que hubo varias denuncias recibidas de los familiares de los pacientes que fallecieron supuestamente a causa del tratamiento deficiente que recibieron con la empresa PISA; el 13 de mayo de 2015 el procurador general de los Derechos Humanos, Jorge Eduardo de León Duque, presentó una denuncia por siete casos por muerte de pacientes.[18]
Con respecto a la captura de Max Erwin Qurín Schoder, representante ante la Junta Directiva del IGSS por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), el vicepresidente de esta entidad empresarial indicó que no estarán defendiendo a nadie que esté involucrado en hechos de corrupción. Quirín Shoder, junto con el resto de la Junta Directiva del IGSS fue sindicado por el delito de fraude.[19]
| Nombre | Fecha de captura | Ocupación |
|---|---|---|
| Juan de Dios de la Cruz Rodríguez | 20 de mayo de 2015 | Presidente de la Junta Directiva del IGSS. Fue secretario privado del presidente, Otto Pérez Molina.[14] |
| Julio Roberto Suárez Guerra[14] | Primer vicepresidente de la Junta Directiva y presidente del Banco de Guatemala.[3] | |
| Julia Amparo Lotan Garzona | Vocal de la Junta Directiva nombrada por los trabajadores guatemaltecos.[3] | |
| Max Erwin Quirín Schoder | Vocal de la Junta Directiva nombrado por los patronos.[3] | |
| Erwin Raúl Castañeda Pineda | Vocal de la Junta Directiva nombrado por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala[3] | |
| Jesús Arnulfo Oliva Leal | Segundo Vicepresidente nombrado por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es también el decano del a Facultad de Medicina de esa universidad.[3] | |
| Otto Fernando Molina Stalling[14] | Gerente financiero en 2014 y asesor del IGGS. | |
| Herbert Rodolfo García-Granados Reyes | Representante de droguería Pisa | |
| Edgar René de la Peña Archila | Representante de droguería Pisa | |
| Ramiro Armando Lorenzana Ortiz | Por los delitos de asociación ilícita y cohecho activo | |
| Arturo Adolfo Castellanos Poou | Por delito de fraude | |
| Doris Elubia González Salazar | Miembro de la comisión de licitación | |
| Mayra Lissbeth Gómez Suárez | Miembro de la comisión de licitación | |
| Alba Maritza Maldonado Gamboa | Miembro de la comisión de licitación | |
| Delia Haydee Castañón | Miembro de la comisión de licitación | |
| Carmen Yadira Gil Quiñonez | Miembro de la comisión de licitación | |
| Jorge Mario Pellecer[20] | 17 de junio de 2015 | Jefe de servicios médicos del IGSS en Chiquimula |
| Francisco Cortez Bocaleti[20] | Jefe del departamento de servicios contratados | |
| Alma Judit Blanco[20] | Representante de una empresa mercantil | |
| Salvador Rolando Álvarez Mérida[20] | Compañero sentimental de Blanco | |
| Lester Otoniel Ortiz[20] | N/A | |
| Walter Omar Linares Pacheco[21] | 24 de julio de 2015 | Jefe de consulta externa del IGSS |
Por la tarde del 20 de mayo se conoció que la jueza asignada al caso, Silvia Violeta de León Santos, fue señalada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala en 2013 de pertenecer a un grupo que en ese momento denominón Jueces de la Impunidad, para quienes solicitó un antejuicio que permitiera el enjuiciamiento respectivo. Sin embargo, ese procedimiento no prosperó porque la Corte Suprema de Justicia lo declaró improcedente.[22]
También se supo que los representantes del sindicato de trabajadores del IGSS (STIGSS) paralizaron sus labores en la consulta externa del hospital de accidentes y bloquearon la Calzada San Juan -una de las de mayor circulación vehicular en la ciudad de Guatemala- como medida de presión para que la representante del IGSS and la Junta Directiva de dicho instituto fuera liberada.[19]
El 26 de mayo, el juzgado resolvió ligar a proceso penal por el delito de asociación ilícita y cobro ilegal de comisiones a Otto Molina Stalling, hijo de la Magistrada Blanca Stalling. Herbert García-Granados, particular y presunto negociador, quedó ligado por los delitos de asociación ilícita y cohecho activo. Por su parte, Ramiro Lorenzana Ortiz y Edgar René de la Peña, ambos directivos de PISA, quedaron ligados por cohecho activo. El médico Arturo Castellanos Poou será procesado por asociación ilícita. Respecto a los trabajadores del IGSS, la jueza ligó a proceso a las cinco enfermeras que formaron parte de la comisión de licitación por el delito de fraude. Finalmente, todos los integrantes de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social fueron ligados a proceso por las supuestas anomalías en el contrato que se firmó con la farmacéutica PISA. Todos los acusados fueron conducidos a prisión preventiva; los hombres fueron enviados a la cárcel del cuartel Mariscal Zavala y las mujeres a la cárcel de Santa Teresa.[23]
El 24 de julio de 2015 la policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP) y apoyados por personal de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dieron cumplimiento a la orden de aprehensión emitida por el Juzgado Primero de Instancia Penal por el delito de incumplimiento de deberes de Walter Omar Linares Pacheco, jefe de consulta externa del IGSS.[21]
El detenido era el responsable de remitir a los pacientes con insuficiencia renal hacia las instalaciones de Pisa de Guatemala S.A. para que recibieran el tratamiento. Sin embargo, se estableció por medio de escuchas telefónicas que Linares Pacheco conocía de la situación precaria en la que se atendía a los pacientes remitidos.[21] Se le acusa de no haber adoptado las acciones pertinentes para resguardar la vida de los pacientes remitidos, ya que, aun estando consciente de que corrían peligro inminente, nunca frenó el envío de pacientes renales a dicha droguería.[21]
El 13 de agosto el Ministerio Público dio inicio a las investigaciones para declarar extinción de dominio sobre los bienes de los implicados en el Caso IGSS-Pisa; en un reporte presentado a la prensa local, se supo que Otto Fernando Molina Stalling, registró cuarenta eventos de contratación con el IGSS y dos con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en su agenda. De acuerdo con la fiscalía, entre los concursos se encuentran unos que corresponden a la compra de alimentos y alquiler de servicios técnicos y esto podría haber usado para conseguir que las compañías fueran elegidas a criterio de Molina Stalling y sus colaboradores.[24] El 12 de agosto Molina Stalling había tratado de cambiar los delitos por los que fue ligado a proceso y salir de prisión con una medida sustitutiva, pero no le fue posible ya que la jueza a cargo del caso rechazó su petición.[24] El MP y la CICIG también revelaron que Molina Stalling se comunicó con Herbert García-Granados, representante de Pisa, por medio de la red social Viber.[24]
Tras meses de letargo, el proceso retomó notoriedad en enero de 2017. cuando el MP y la CICIG solicitaron antejuicio contra la magistrada Blanca Stalling por presunto tráfico de influencias para influir a favor de su hijo, Molina Stalling; tras retirarle la inmunidad el 6 de febrero de 2017, la aún magistrada fue capturada por la policía el 8 de febrero cuando estaba disfrazada con una peluca y armada.[25]
Corrupción en licitaciones en Chiquimula
El 17 de junio de 2015 la fiscal general Thelma Aldana y el comisionado de la [CICIG] Iván Velásquez ofrecieron detalles de los resultados de la investigación en torno a la adjudicación anómala del arrendamiento, por dos años y tres meses -vía cotización-, de tres niveles del edificio Plaza Minerva donde opera el Seguro Social en la ciudad de Chiquimula. Por el mismo caso la Policía, el Ministerio Público y la CICIG capturaron en allanamientos domiciliares a Jorge Mario López Pellecer -director del IGSS en Chiquimula-, Francisco Cortez Bocaletti –Jefe de Servicios Contratados-, Alma Méndez Blanco, Lester Ortiz y Salvador Rolando Álvarez Mérida. De manera paralela, ambas instituciones presentaron esta mañana en la oficina de Gestión Penal, de la Torre de Tribunales capitalina, una solicitud de antejuicio contra el legislador Hichos López por los delitos de fraude y asociación ilícita.[26]
La CICIG y el MP comprobaron en el portal de Guatecompras el proceso seguido para el arrendamiento del inmueble, registrado a nombre de Comercial y Constructora Siboney, S. A., firma de la que el congresista sería presidente de su Junta Directiva, lo que facilitó la forma de firmar el contrato por más de Q2 millones; se subrayó que todos los señalados incurrieron en delitos porque, antes de publicar la invitación a ofertar, llevaron a cabo la remodelación del inmueble, se violó la Ley de Compras y Contrataciones, hubo bloqueo a la posible participación de más empresas en la licitación y que las engañaron con datos falsos. De ahí el cargo de asociación ilícita, que, además, permitió que Hichos López recuperara lo invertido en los trabajos físicos efectuados en el Plaza Minerva. Los dos funcionarios indicaron que también los imputados ejecutaron ciertas operaciones en Guatecompras para aparentar legalidad en el contrato.[26]
Caso «Negociaciones de salud»
En 16 de julio de 2015, la CICIG presentó su reporte de financiamiento de partidos políticos en Guatemala e indicó que una forma de finacimiento era el apoyo de los grupos élites en aportes monetarios o contribuciones que van desde el financiamiento de actividades del partido hasta el apoyo logístico para el transporte de candidatos.[27] Estos grupos han mantenido influencia en el Ejecutivo y en el Legislativo a cambio de estos aportes, que constituyen ilícitos porque no son reportados al Tribunal Supremo Electoral; las razones para ocultar estos aportes son: (a) no existe una cultura de transparencia en las donaciones políticas y los empresarios prefieren que sus nombres no aparezcan vinculados con proyectos políticos particulares, (b) en muchas ocasiones se apoya a varios candidatos en una misma contienda electoral, y (c) para el partido es mejor no declarar los recursos recibidos y así poder manejarlos a discresión.[27]
La CICIG pudo identificar tres formas de financiamiento de las élites empresariales a los partidos políticos, entre ellas la figura del recaudador, quien es una persona que recibe aportes para campañas electorales sin reportarlos al TSE ni a la contabilidad de los partidos y ya en el gobierno favorecen a los financistas.[28] Los recaudadores actúan en los diferentes niveles de la competencia política y movilizan fondos de proveedores del Estado, donantes que prefieren mantener el anonimato y estructuras criminales. En las campañas presidenciales actúan independientemente de los partidos movilizando recursos directamente para el candidato presidencial.[29]
Durante el gobierno de Álvaro Colom, Gustavo Alejos fue nombrado secretario privado de la presidencia, desde donde logró una importante influencia política y convertirse en facilitador de negocios propios y ajenos. Había sido financista y operador de Colom durante las campañas de 2003 y 2007 e influyó en el nombramiento y destitución de funcionarios. Durante este período, las empresas vinculadas con é fueron beneficiadas por contratos públicos y su hermano y padre fueron nominados como candidatos a diputados por la UNE.[30]
El 27 de octubre de 2015, el Ministerio Público y la CICIG allanaron varias propiedades de Gustavo Alejos Cámbara y capturó a más de diez personas que lo habrían ayudado en actividades de ventas irregulares de medicinas al Estado de Guatemala y especialmente al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.[31] De acuerdo a los documentos presentados por la CICIG y el MP, la red dirigida por Alejos Cámbara habría funcionado de esta forma:[31]
- Algunos proveedores acuden a los operadores para procurar la venta de su producto o servicio al IGSS, y los operadores se dirigían a los funcionarios periféricos para incentivar o promover el consumo de ese producto en el IGSS.
- Los operadores también acudían a funcionarios centrales para manipular el proceso de adquisición. Hay proveedores que también se dirigen directamente a los funcionarios centrales.
- La actividad irregular se llevaba a cabo de comisiones porcentuales pagadas por el proveedor que eran compartidas entre los funcionales centrales y periféricos.[31]
Entre los más de treinta allanamientos se capturaron a once personas, entre quienes se encuentran:
| Nombre | Fecha de captura | Ocupación |
|---|---|---|
| Roberto Francisco Estrada Morales | 27 de octubre de 2015 | Director del Hospital de Enfermedades Generales |
| Carlos Enrique Palma Carranza | Director del Hospital «Juan José Arévalo» | |
| Marcelo Noguera Sagastume | Jefe de la unidad financiera del Hospital «Juan José Arévalo» | |
| Carlos Rodolfo Salvatierra | Jefe de la unidad financiera del IGSS | |
| José Rafael Arriaga Fuentes | Proveedor del IGSS | |
| José Rodolfo Barrientos Montepeque | Proveedor del IGSS | |
| César Estuardo Hernández Monroy | Médico de la Unidad de Oncología | |
| Mateo Estuardo Ramazzini Menéndez | Proveedor del IGSS | |
| Hugo René Navas Bonilla | Director de la Policlínica | |
| Alejandro Enrique Toledo Paz | Operador y proveedor del IGSS | |
| Juan Pablo Muralles Morán | Operador y proveedor del IGSS |
A continuación se presenta la cronología de los casos de corrupción que se descubrieron en el IGSS en 2015:
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 21 de julio de 2014 | Se creó el concurso de licitación en Guatecompras, que es el sistema de compras del Gobierno de Guatemala.[34] |
| 11 de septiembre de 2014 | La Junta Directiva del IGSS nombró a cinco mujeres para conformar la Junta de Licitación para contratar a una empresa que pudiera ofrecer el servicio de diálisis peritoneal. Ninguna de las personas seleccionadas tenía experiencia o conocimiento de los aspectos técnicos y legales a calificar.[34] |
| 2 de octubre de 2014 | Dos empresas ofrecen el servicio: Droguería Pisa de Guatemala, S.A. -que cobraría ciento dieciséis millones de quetzales- y Medicina Corporativa de Diálisis, S.A. -que cobraría ciento veintiséis millones.[34] |
| 1 de noviembre de 2014 | Molina Stalling -asesor del IGSS- y Edgar René de la Peña -directivo de Pisa, S.A.- sostuvieron una reunión por la mañana; por la tarde del mismo día, la Junta Directiva del IGSS aprobó lo actuado por la Junta de Licitación.[34] |
| 10 de diciembre de 2014 | García-Granados habló del contrato para hemodiálisis con una persona vinculada a Ortosa.[35] |
| 17 de diciembre de 2014 | Álvaro Dubón, subgerente del IGSS, suscribió el contrato con Pisa.[35] |
| 26 de diciembre de 2014 | Se hace público el cambio de proveedor; los pacientes y sus familias reciben la noticia con recelo pues nunca han tratado con la nueva compañía.[34] |
| 14 de enero de 2015 | A pesar de que Pisa no contaba con licencia sanitaria ni experiencia en el servicio de diálisis, la Junta Directiva del IGSS formaliza el contrato.[34] |
| 5 de febrero de 2015 | Al saber que ya había cincuenta y siete pacientes afectados con peritonitis, la jefa de Supervisión Hospitalaria de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala realiza una auditoría en el Hospital «Las Américas», que había sido subcontratado para prestar el servicio.[34] |
| 26 de febrero de 2015 | Los miembros de la Junta Directiva, vocal Julia Amparo Lotán Garzona y vicepresidente Julio Roberto Suárez Guerra, cuestionaron a la administración «sobre el tema que se manejó recientemente en un diario de circulación del país y en la revista electrónica Nómada, en relación al problema de unos pacientes que tienen inconvenientes con diálisis». Loatán cuestionó específicamente el «contrato con la empresa Pisa», y consultó «qué información se tiene sobre esta situación y también cuál es el papel que juega en este caso el Departamento de Servicios Contratados».[36] En la misma reunión, Suárez también manifestó haber leído artículos relativos al tema en dos medios, y sugirió «hacer una evaluación de lo que ahí se plantea, porque cree que al final lo importante es garantizar que haya una prestación de servicio conforme lo que se había solicitado en las bases, y que por eso fue adjudicado». En el acta de la sesión consta que Óscar García Muñoz, gerente del IGSS, manifestó que la adjudicación «cumplió con las especificaciones técnicas«», de la Junta de Licitación y que se hizo por «una diferencia de casi diez millones de quetzales entre una empresa y otra». El director Erwin Raúl Castañeda Pineda, habló de «tema mediático»; según el acta, Castañeda Pineda «piensa que ahí en esa noticia de esa revista que se llama Nómada entrevistan a un gerente que no se sabe si es de esa empresa Pisa y él da un par de explicaciones, pero a saber si eso sería todo lo que planteó».[36] |
| 13 de marzo de 2015 | A pesar de que el IGSS anuncia que Pisa cumple con todos los requisitos del contrato, se presenta la primera denuncia contra esta empresa a la oficina del Procurador de los Derechos Humanos.[34] |
| 16 de abril de 2015 | La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público capturan a decenas de personas involucradas en una red de contrabando a gran escala en las aduanas guatemaltecas, la cual estaba dirigida por el secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti y por la superintendencia de la SAT. |
| 13 de mayo de 2015 | Pisa responde a los señalamientos de negligencia y enfatiza que sí cumple con el servicio requerido. A pesar de esto, se presenta una segunda denuncia a la oficina del Procurador de los Derechos Humanos.[34] |
| 16 de mayo de 2015 | Tras conocerse de los fallecimientos de varios pacientes por peritonitis, el IGSS rescinde el contrato con Pisa.[34] |
| 20 de mayo de 2015 |
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| 22 de mayo de 2015 |
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| 24 de mayo de 2015 | Se descubre que una de las empresas vinculadas con el fraude en el IGSS -y que se menciona en las - está también relacionada con financistas del partido LIDER.[37] |
| 26 de mayo de 2015 |
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| 27 de mayo de 2015 |
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| 29 de mayo de 2015 | El contralor general de cuentas de Guatemala, Carlos Mencos, informó acerca de la sobrevaloración en la compra de cincuenta ambulancias por Q49 millones, equipo de cómputo por Q250 millones y contratación del servicio de digitación de imágenes de planillas por Q168 millones en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Mencos, dio a conocer estos datos durante la presentación del informe de auditoría al presupuesto 2014 en el Congreso de la República, en donde indicó que en total interpuso 41 denuncias penales a diferentes entidades que ascienden a más de Q795 millones.[43] |
| 29 de mayo de 2015 | |
| 3 de junio de 2015 | Murió asesinada la abogada Xiomara Odeth Reyes Barrera en la Avenida de Las Américas de la Ciudad de Guatemala, quien trabajaba en Recursos Humanos del hospital Américas, parte del Grupo Medax. Esta última firmó un contrato con Grupo PISA para arrendar un espacio en el hospital Las Américas, el requisito que faltaba para que el IGSS adjudicara el contrato a PISA.[46] |
| 3 de junio de 2015 | Al mediodía asesinan al abogado Francisco Palomo, mientras conducía su vehículo. Hay al menos tres relaciones con fuertes grupos de poder con los que Palomo se codeó y que son partícipes importantes de la crisis que vive Guatemala: una parte importante del CACIF, el segmento de militares en retiro vinculados a Efraín Ríos Montt, y una parte de los medios corporativos de prensa escrita.[46][d] Un abogado que laboró con Palomo Tejeda durante los últimos siete años es César Calderón, quien es defensor de los principales miembros de la estructura criminal «La Línea», así como del expresidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez.[46] |
| 4 de junio de 2015 |
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| 10 de junio de 2015 | La Corte Suprema de Justicia da trámite al antejuicio presentado en contra del presidente Otto Pérez Molina por el caso IGSS-Pisa y el de «La Línea» y lo traslada al Congreso para que éste le dé trámite.[47] |
| 17 de junio de 2015 |
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| 19 de junio de 2015 |
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| 1 de julio de 2015 |
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| 8 de julio de 2015 |
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| 9 de julio de 2015 |
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| 28 de julio de 2015 |
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| 13 de agosto |
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| 20 de agosto | Tras casi tres meses de permiso sin goce de sueldo, la magistrada Blanca Stalling retornó a sus labores, y fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia como presidente de la Cámara Penal, a pesar del caso IGSS-Pisa en que está involucrado su hijo, y el de La Línea -en el que se le menciona en unas escuchas telefónicas-. La magistrada indicó que se inbibiría de los procesos en que podría existir conflicto de intereses.[60] |
| 24 de agosto | Tras la captura e inicio de proceso de la ex vicepresidente Roxana Baldetti y la solicitud de antejuicio del presidente Otto Pérez Molina por su involucramiento en el Caso de La Línea, durante el primer día de audiencia para presentarle los cargos a la expresidente se supo que parte del dinero de la red de defraudación habría beneficiado a Juan de Dios Rodríguez, entonces presidente del IGSS.[61] |
| 27 de octubre | El MP y la CICIG dirigen treinta allanamientos y capturan a más de diez personas vinculadas con Gustavo Alejos Cámbara y una posible red de ventas irregulares al IGSS.[33] Entre los capturados hay varios directivos medios del IGSS. |
| 28 de octubre |
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| 29 de octubre |
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Notas
- Un Régimen Nacional, Unitario y Obligatorio, esto significa que debe cubrir todo el territorio de la República, debe ser único para evitar la duplicación de esfuerzos y de cargas tributarias; los patronos y trabajadores de acuerdo con la Ley, deben de estar inscritos como contribuyentes, no pueden evadir esta obligación, pues ello significaría incurrir en la falta de previsión social.
- Solano, Luis (2015). . Albedrío (Guatemala). Archivado desde el original el 25 de mayo de 2015. Consultado el 24 de mayo de 2015. «Dieseldorff es considerado uno de los primeros inmigrantes alemanes, si no el primero, en llegar a Guatemala y construir un enorme complejo de haciendas cafetaleras. Existe bibliografía al respecto como Almas Gemelas de Ricardo Terga Cintrón -un estudio de la inserción alemana en las verapaces y la consecuente relación entre los alemanes y los k´ekchies-, y varios de los trabajos de Regina Wagner y Matilde González en el libro Modernización capitalista, racismo y violencia (Guatemala 1750-1930) -en el que también aborda la introducción alemana y de los Dieseldorff a partir de la expoliación y dominación en sus fincas.»
- Ramos, Saira (20 de mayo de 2015). . Diario La Hora (Guatemala). Archivado desde el original el 20 de mayo de 2015. Consultado el 20 de mayo de 2015. «La directora del Movimiento Pro Justicia, Carmen Aída Ibarra, durante el desarrollo del trabajo de las Comisiones de Postulación de candidatos a Fiscal General del Ministerio Público (MP), magistrados para la sala de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Contralor General, denunció que Juan de Dios Rodríguez era el principal operador del Ejecutivo. Según Ibarra, Rodríguez "diseñó, planificó y ejecutó", una estrategia para dominar los procesos de postulación con fondos del IGSS para "financiar y fraguar".»
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- Palomo Tejeda fue el abogado querellante del caso del secuestro y asesinato de Isabel Bonifasi Botrán, cometido por la banda Los Pasaco y fue representante de Ricardo Bueso, presidente de Luca, S.A., entidad que compró Telgua.
- También es reconocido por sus nexos con la Corporación Multi Inversiones, de la familia Bosch-Gutiérrez: era uno los representantes legales de la Avícola Villalobos -al igual que el abogado Alberto Antonio Morales Velasco-, una de las empresas más importantes de la Corporación Multi Inversiones. Su hija, Lucrecia Palomo Marroquín, también es abogada de esa avícola.
- Junto al abogado Alberto Antonio Morales Velasco, quien también es representante legal de empresas de la Corporación Multi Inversiones y del Grupo Campollo Codina, Palomo Tejeda fue defensor del ex Ministro de Gobernación, Carlos Vielman Montes.
- Fue abogado de Gustavo Anzueto Vielman en 1988, luego de ser denunciado por el intento de Golpe de Estado contra Vinicio Cerezo; Anzueto Vielman fue candidato presidencial en 1982 y es tío de Carlos Vielman Montes.
- Palomo Tejeda era el estratega del grupo de abogados defensores del general Efraín Ríos Montt, por el juicio por genocidio.
- Palomo Tejeda fue diputado del FRG en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) durante el gobierno de Alfonso Portillo, de quien también fue defensor.
- Fue magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) durante ese gobierno, cuando la CC resolvió a favor de Ríos Montt para que fuera candidato presidencial.
- Fue abogado y defensor de diputados y funcionarios del gobierno del FRG (2000-2003) y de varios de los militares acusados de la Masacre de Dos Erres.
- Es familiar con los miembros de los principales medios de la prensa escrita de Guatemala. Marroquín Godoy, es nieta de Clemente Marroquín Rojas y sus hermanos han tenido un papel protagónico en la prensa guatemalteca durante décadas en el Diario La Hora.
- Es prima de Jose Rubén Zamora Marroquín, director general de elPeriódico.
- Fue diputada del FRG (2004-2007) y se menciona que sería Ministra de Educación en caso llegue Zury Ríos a la presidencia.[46]
Referencias
- ↑ . ElPeriódico (Guatemala). 4 de junio de 2015. Consultado el 4 de junio de 2015.
- ↑ Congreso de la República, 1946
- ↑ IGSS, 2015
- Sayed, 2014.
- ↑ Departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas, 2005
- Asamblea Nacional Constituyente, 1945
- Congreso de la República, 1946, p. 1
- ↑ Departamento de Estado, 2007
- ↑ DPA, 2013
- ↑ Sebastían, 2015
- ↑ ElPeriódico, 21 de mayo de 2015
- ↑ ElPeriódico, 20 de mayo de 2015
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- Rojas, 22 de mayo de 2015
- ElPeriódico, 28 de mayo de 2015
- ↑ Solano, 2015
- ↑ Emisoras Unidas de Guatemala, 20 de mayo de 2015
- ↑ Patrullaje informativo, 20 de mayo de 2015.
- ↑ . Emisoras Unidas (Guatemala). 17 de junio de 2015. Consultado el 17 de junio de 2015.
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- ElPeriódico, 26 de mayo de 2015
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- ↑ ElPeriódico, 17 de junio de 2015
- ↑ CICIG, 2015, p. 74
- CICIG, 2015, p. 75.
- CICIG, 2015, p. 77
- CICIG, 2015, p. 78.
- ↑ . ElPeriódico (Guatemala). 27 de octubre de 2015. Archivado desde el original el 27 de octubre de 2015.
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Caso de Saqueo del Seguro Social
El 23 de noviembre de 2016, la CICIG y el MP capturaron a cinco personas sindicadas de cometer ilegalidades en tres eventos administrativos en el IGSS que ocurrieron entre septiembre de 2013 y noviembre de 2014.[1] Los casos fueron:
- Arrendamiento de edificio: el 12 de septiembre de 2013 Álvaro Manolo Dubón González, entonces el subgerente administrativo del IGSS, solicitó a la División de Mantenimiento un reconocimiento al edificio de las oficinas centrales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ubicado en la séptima avenida, 22-72, zona 1, para determinar si el inmueble cumplía con los requisitos de habitabilidad. Sin mediar publicación alguna para que entidades manifestaran su interés al IGSS para arrendar algún inmueble, el 7 de mayo de 2014 se recibió una oferta de arrendamiento por parte de la empresa Coral Gables Business Group, S.A., para la renta del inmueble localizado en la sexta avenida A 9-52 zona 9 de la Ciudad de Guatemala, por una renta mensual de treinta mil dólar dólares durante cinco años. Esta empresa presentó de forma espontánea la oferta y en papel sin membrete; incluso, el nombre de la empresa estaba incompleto y a pesar de esto obtuvo el contrato.[1]
- Compra de Ambulancias: el proceso inició el 27 de diciembre de 2013, cuando se hizo la solicitud de compra de cincuenta ambulancias al departamento de abastecimientos del IGSS, con un valor unitario de ochocientos ochenta mil quetzales por vehículo. De acuerdo con la investigación, Álvaro Manolo Dubón González, subgerente administrativo en ese entonces, estimó ese precio pese a que el costo de las ambulancias debería de ser menor.[1]
- Adquisición de Sistema SAP: el 21 de mayo de 2014 el Departamento de Informática del IGSS solicitó la adquisición de una Solución Integral de Sistemas Informáticas (SAP) que incluyera la instalación, migración de datos, puesta en operación, garantía, soporte y actualizaciones de un sistema de Gestión Administrativa de los Recursos Gubernamentales (GRP), estimando su valor en doscientos cuarenta y tres millones de quetzales, sin justificar dicho valor ya pesar de que el IGSS contaba con sistemas informáticos para el desarrollo de sus labores tanto administrativas como médicas, incluyendo los sistemas de contabilidad del Estado, SIGES y SICOIN.[1]
| Nombre | Cargo | Delito imputado |
|---|---|---|
| José Javier Donis Álvarez | Gerente del IGSS al 23 de noviembre de 2016 | Fraude y peculado por sustracción |
| Dominga Estela Cuéllar Hernández | Subgerente de Integridad y Transparencia | Incumplimiento de deberes |
| Rebeca Cordón | Representante legal de la entidad Coral Gables Business Group, S.A. | Fraude |
| Carlos Ramiro Moino Cárdenas | Representante legal de la entidad Supplies Trading, S.A. | Fraude y defraudación tributaria |
| Luis Alfredo Morales Palma | Representante legal de la entidad Intellego, S.C. | Fraude |
| Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López | Expresidente de la Junta Directiva del IGSS | Asociación ilícita, fraude y peculado por sustracción. |
| Julio Roberto Suárez Guerra | Ex primer vicepresidente de la Junta Directiva | |
| Jesús Arnulfo Oliva Leal | Ex segundo vicepresidente de la Junta Directiva | |
| Max Erwin Quirin Schoder | Exvocal II de la Junta Directiva | |
| Julia Amparo Lotán Garzona | Exvocal III de la Junta Directiva | |
| Oscar Armando García Muñoz | Exgerente del IGSS | Fraude y peculado por sustracción. |
| Álvaro Manolo Dubón González | Exsubgerente administrativo del IGSS | Asociación ilícita, fraude y peculado por sustracción.\ |
Hospitales
- Hospital General Dr. Juan José Arévalo Bermejo
- Hospital General de Enfermedades
- Hospital General de Accidentes "Ceibal"
- Policlínica Zona 1
- Unidad Periférica Zona 5
- Unidad Periférica Zona 11
- Unidad de Consulta Externa "Autonomía"
- Camip 2 Barranquilla
- Camip 3 Zunil
- Consultorio de Villa Nueva
- Consultorio de Villa Canales
- Consultorio de Fraijanes
- Consultorio de San José Pinula
- Consultorio de Palencia
- Unidad Asistencial de Amatitlán
- Unidad Asistencial de San Juan Sacatepéquez
- Complejo Hospitalario Pamplona
Véase también
Notas y referencias
Referencias
- ↑ CICIG (23 de noviembre de 2016). . CICIG. Guatemala. Archivado desde el original el 24 de noviembre de 2016. Consultado el 23 de noviembre de 2016.
Bibliografía
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- Asamblea Nacional Constituyente (1945). Constitución política de la República de Guatemala. Guatemala: Asamblea Nacional Constituyente. Consultado el 4 de diciembre de 2014.
- Congreso de la República (1946). «Artículo 1». Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; Decreto 295 del Congreso de La República. Guatemala: El Guatemalteco, Diario oficial de la República de Guatemala.
- Congreso de la República (1946). «Artículo 3». Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; Decreto 295 del Congreso de La República. Guatemala: El Guatemalteco, Diario oficial de la República de Guatemala.
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Bibliografía adicional
Cómo funcionó la negociación ilícita IGSS-PISA
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Estructura de corrupción en el IGSS
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- — (26 de mayo de 2015). . ElPeriódico (Guatemala). Archivado desde el original el 26 de mayo de 2015. Consultado el 26 de mayo de 2015.
- — (14 de julio de 2015). . ElPeriódico (Guatemala). Archivado desde el original el 14 de julio de 2015. Consultado el 14 de julio de 2015.
Negociaciones ilícitas de salud
- . ElPeriódico (Guatemala). 28 de octubre de 2015. Archivado desde el original el 28 de octubre de 2015.
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Enlaces externos
- www.igssgt.org