Censura en España
La censura en España se refiere a todas las acciones que se pueden considerar como la supresión de la libertad de expresión en el país. La ONG de origen francés Reporteros Sin Fronteras, en su informe anual de 2019, ubica al país en el puesto 29 de 180 países evaluados respecto al grado de libertad de prensa existente,[1] señalando la Ley de Seguridad Ciudadana como la principal amenaza a la libertad de expresión en la actualidad.[2]
Historia de la censura en España
Inquisición española
Franquismo
Tres textos legislativos determinan el lugar que ocupa la censura en el régimen franquista: durante la Guerra Civil, la Ley de Prensa de 1938, que suprime la prensa republicana y hace de los medios de comunicación un instrumento de propaganda franquista, la Ley de Prensa de 1966, que suaviza la anterior anulando la censura previa y, ya durante la Transición democrática y tras haberse promulgado la Ley para la Refoma Política (1976), el Real Decreto del 1 de abril de 1977, que abre el camino a la desaparición de la censura.[3]
España actual
Nacionalismo vasco
Algunos medios de comunicación vinculados al nacionalismo vasco y, en especial, a la izquierda abertzale han sido objeto de la censura. Durante la década de 1990, la policía española investigó la supuesta relación entre el diario vasco Egin y ETA. El diario Egin y su emisora de radio, Egin Irratia, fueron clausurados en 1998 por orden del juez Baltasar Garzón.[4] Sin embargo, en 2009 los tribunales resolvieron que su actividad era lícita, contrariamente a la anterior resolución;[5] pero, debido al tiempo transcurrido, no fue posible reabrir ni el periódico ni la radio. Tras el cierre de Egin, uno de sus periodistas, Pepe Rei, continúo su trabajo en la revista Ardi Beltza, que en 2001 fue clausurada por Baltasar Garzón,[6] decisión que fue posteriormente revocada.[7]
El diario Euskaldunon Egunkaria siguió un camino similar. En 2003, el juez instructor de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, ordenó su clausura temporal durante seis meses y el embargo preventivo de todos los bienes de Egunkaria, por formar presuntamente parte del conglomerado empresarial controlado por ETA. Tanto la clausura como el embargo se fueron prorrogando sucesivamente durante siete años hasta que, en 2010 todos los acusados fueron absueltos.[8][9]
En enero de 2011 la Audiencia Nacional ordenó el cierre página web Apurtu.org. En diciembre de 2013 se archivó el caso pero la página ya no volvió a abrir. Uno de los detenidos, Miguel Ángel Llamas, pasó 18 meses en prisión sin juicio.[10] Un mes antes del archivo del sumario, la Audiencia Nacional ordenó el cierre de la página web Ateak Ireki por considerarla sucesora de Apurtu.org. Tras al archivo del sumario de Apurtu.org, no se levantaron las restricciones contra Ateak Ireki. Para evitar otro largo proceso para conseguir abrir Ateak Ireki, se inició un proyecto de micromecenazgo para abrir un nuevo medio. El resultado fue el portal Ahotsa.info.[11]
En 2013, la Audiencia Nacional cerró un medio en línea local de Burlada, BurlataHerria, acusando a su administrador de enaltecimiento del terrorismo. Un año después fue absuelto y se levantó el cierre, aunque la página no volvió a abrir.
El juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional imputó por enaltecimiento del terrorismo a siete miembros de la organización juvenil Ernai en 2013 y ordenó el cierre de su web.[12] El juez ordenó al medio de comunicación Topatu retirar vídeos de su cobertura informativa de una festival organizado por Ernai al considerarlo también como enaltecimiento. Topatu retiró los vídeos y tres de sus periodistas fueron llamados a declarar a juicio.[13]
Injurias a la Corona
Las injurias a la Corona (utilizar la imagen de la Familia Real con fines perjudiciales) y las calumnias a la corona constituyen un delito tipificado en los artículos 490.3 y 491 del Código penal español, que prevé penas de multa de cuatro a veinticuatro meses, según el artículo 491, mientras que se prevé penas de prisión por calumnia según el artículo 490.3. Esto es, atribuir falsamente a un miembro de la Familia Real la atribución de palabras, actos o intenciones, con el fin de perjudicarle [14] Este delito es causa de controversia entre las fuerzas políticas.[15] Entre los procesados por este delito se encuentran la revista satírica El Jueves, [16] los diarios Deia y Gara, la revista Punto y Hora de Euskal Herria, políticos de Izquierda Unida, la izquierda abertzale y la izquierda independentista catalana y diversos grupos de música.
Ley de Seguridad Ciudadana de 2015
La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana,[17] conocida con el nombre coloquial de «ley mordaza», es una ley orgánica española que entró en vigor el 1 de julio de 2015, sustituyendo a la anterior Ley Orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana (1992), conocido como la ley Corcuera.
Referéndum de independencia de Cataluña de 2017
Durante los días previos al referéndum de independencia de Cataluña de 2017 la Guardia Civil cerró la web oficial del referéndum por orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y cerró o bloqueó multitud de dominios alternativos oficiales y no oficiales. También se bloqueó el acceso la puerta de entrada principal del InterPlanetary File System (IPFS), «gateway.ipfs.io», que estaba siendo utilizada para acceder a la página del referéndum desde España saltándose el bloqueo.
El 20 de septiembre la Guardia Civil entró en la sede de la Fundación puntCAT, que administra el dominio de nivel superior .cat, y detuvo al director del área de información, Pep Masoliver.[18] La Internet Society y la Electronic Frontier Foundation denunciaron que se exija a un registro de dominios ejercer funciones de censura.[19][20]
Hasta el 27 de septiembre, más de 140 sitios web relacionados con el referéndum fueron bloqueados.[21] Tras el referéndum continuó el bloqueo de sitios web. El 11 de octubre fue bloqueada la web oficial de la Asamblea Nacional Catalana, «assemblea.cat».[22]
Otros casos
En el año 2000, la Agencia Española de Protección de Datos inició un procedimiento contra la Asociación Contra la Tortura. Esta asociación recopilaba denuncias de torturas en España recopiladas por informes anuales que publicaba en su web alojada por Nodo50. La página se vio obligada a cerrar ante la resolución que proponía una multa de hasta 100 millones de pesetas por publicar nombres de policías y funcionarios de prisiones denunciados por torturas. A pesar del cierre, multitud de páginas web alojadas en otros países replicaron el contenido permitiendo su acceso hasta hoy.[23]
Referencias
- Reporteros Sin Fronteras (2019). «Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2017». Consultado el 26 de mayo de 2019.
- Reporteros Sin Fronteras (2017). «España». Consultado el 31 de mayo de 2017.
- «Leyes de censura en España: ¿una cosa del pasado?». una.uniandes.edu.co. Consultado el 31 de mayo de 2021. «Luego de ser derogado el Real Decreto-Ley 24/1977, de 1 de abril, sobre libertad de expresión, se eliminarían la mayoría de los límites a la libertad de expresión dentro del ordenamiento jurídico español y, por ende, se daría fin casi por completo a la censura.»
- Lázaro, Fernando; Yanel, Agustín (16 de julio de 1998). . El Mundo. Archivado desde el original el 6 de mayo de 2009.
- Altuna, Manex; Iriondo, Iñaki (27 de mayo de 2009). «El Supremo rebaja las condenas del 18/98 y desmonta ahora la tesis usada para cerrar «Egin»». Gara. Consultado el 26 de mayo de 2019.
- Condenados por calumnias dos periodistas de 'Ardi Beltza', El País, 17 de enero de 2007.
- Joaquín Navarro (2003). Homenaje a Euskal Herria. Txalaparta, pp. 107-109. ISBN 84-8136-299-9
- «La Audiencia Nacional absuelve a los cinco directivos de 'Egunkaria'». Público. 12 de abril de 2010. Consultado el 26 de mayo de 2019.
- Landa López, Isabel (17 de abril de 2010). «No hay quien repare el cierre de un medio». El País. Consultado el 26 de mayo de 2019.
- Diaz, Martxelo (29 de diciembre de 2013). «Archivan el sumario que supuso el cierre de la web Apurtu.org». Gara. Consultado el 15 de julio de 2017.
- Diaz, Martxelo (7 de febrero de 2015). «Ahotsa.info, otra herramienta para dar voz al movimiento popular de Nafarroa». Gara. Consultado el 16 de julio de 2017.
- «La Audiencia Nacional imputa a siete miembros de Ernai por homenajear al exjefe etarra 'Thierry'». Europa Press. 17 de diciembre de 2013. Consultado el 16 de julio de 2017.
- Crowbar, Richard (20 de octubre de 2014). «La Audiencia Nacional contra la libertad de información». Diagonal. Consultado el 16 de julio de 2017.
- Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal.
- Boletín oficial de las Cortes Generales 22/04/2008
- La Audiencia prohíbe la venta del último número de 'El Jueves' por un presunto delito de injurias a la Corona
- BOE. «Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.». Consultado el 23 de noviembre de 2015.
- «En libertad la directora de T-Systems y el responsable de fundación Punt.cat». El Periódico de Catalunya. 22 de septiembre de 2017. Consultado el 23 de septiembre de 2017.
- Donck, Frédéric (21 de septiembre de 2017). «Internet Society statement on Internet blocking measures in Catalonia, Spain». Internet Society (en inglés). Consultado el 23 de septiembre de 2017.
- Malcolm, Jeremy (21 de septiembre de 2017). «.cat Domain a Casualty in Catalonian Independence Crackdown». Electronic Frontier Foundation (en inglés). Consultado el 23 de septiembre de 2017.
- Busquets, David Alandete, Patricia Ortega Dolz, Jordi Pueyo (27 de septiembre de 2017). «‘Hackers’ rusos ayudan a tener activa la web de referéndum». El País. Consultado el 27 de septiembre de 2017.
- «La Guardia Civil interviene la web de la ANC». El Confidencial. 11 de octubre de 2017. Consultado el 12 de octubre de 2017.
- «No data privacy for top torturers». Nodo50.