Autogolpe de Estado de Perú de 1992
El Autogolpe de Estado de Perú de 1992, también denominado Fujimorazo,[1][2] fue un golpe de Estado propiciado el domingo 5 de abril del año mencionado por el entonces presidente del Perú, Alberto Fujimori, con el respaldo de las Fuerzas Armadas. En este se disolvió el Congreso de la República, se intervino el Poder Judicial, al Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales (hoy Tribunal Constitucional), el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Además, hubo persecución de miembros de la oposición y secuestro de otras personas. El 82% de la población, según encuestas de la época, apoyó esta medida por el desprestigio del parlamento.[3]
| Autogolpe del 5 de abril de 1992 | ||
|---|---|---|
| Parte de Gobierno de Alberto Fujimori | ||
| Congreso de la República del Perú, tomado por tropas del Ejército del Perú bajo órdenes del presidente Alberto Fujimori, 5 de abril de 1992. | ||
| Contexto del acontecimiento | ||
| Fecha | 5 de abril de 1992 (29 años) | |
| Sitio | Perú | |
| Impulsores | Alberto Fujimori y las Fuerzas Armadas | |
| Motivos | Inestabilidad política, económica (Hiperinflación), social (Desgobierno por terrorismo) y cierre del Congreso | |
| Influencias ideológicas de los impulsores | Derecha política, Fujimorismo | |
| Gobierno previo | ||
| Gobernante | Alberto Fujimori | |
| Forma de gobierno | Democracia representativa | |
| Gobierno resultante | ||
| Gobernante | Alberto Fujimori | |
| Forma de gobierno | Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional (gobierno autocrático) | |
Antecedentes
Después de las elecciones de 1990, Cambio 90, el partido oficialista, no obtuvo mayoría en el Congreso de la República —Cámara de Diputados y Senado— frente a las mayorías relativas del Partido Aprista Peruano y el Fredemo; sin embargo, ambas cámaras le habían delegado tres períodos sucesivos (180 días cada uno) de facultades legislativas con la finalidad de permitir las reformas económicas propuestas.
En el Congreso de la República, según la tesis del gobierno, para temas frontales de la lucha antiterrorista no llegaban a mayoría y muchas de las sesiones claves no contaban con el cuórum suficiente para las aprobaciones respectivas.
Al mismo tiempo, la oposición, que revisaba exhaustivamente el paquete de decretos legislativos expedidos por el Ejecutivo, se sintió ofendida porque el presidente había observado más de doce autógrafas de ley dados por el Legislativo.[4] Asimismo, una comisión del Senado investigaba los casos de violaciones a los derechos humanos, por los que, años después, fue juzgado y condenado Alberto Fujimori.[5]
Ante la negativa del Congreso para concederle amplios poderes para legislar sin fiscalización, Fujimori anunció mediante un mensaje a la Nación, el domingo 5 de abril de 1992, la disolución del Congreso de la República. El martes 7 de abril se publicó la Ley de Bases del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional.
Cabe resaltar que la Organización de Estados Americanos participó durante este cierre arbitrario, como consta en los documentos publicados en el diario El Peruano de aquella época. Además, se identificó que una de las capturadas cabecillas principales, con Abimael Guzmán, era Meche Sambrano Padilla, que fue liberada por el Poder Judicial que funcionaba antes del 5 de abril. Uno de los motivos para reestructurarlo (Mensaje a la Nación posterior al 5 de abril).
Pues, el propio Fujimori, en su discurso el domingo 5 de abril de 1992, dio algunos ejemplos de por qué se llega a esta decisión:
La actitud irresponsable y negativa de los parlamentarios no respeta, tampoco, los mandatos constitucionales, los cuales son violados conscientemente. Tal es el caso de la promulgación de la Ley N° 25397, denominada Ley de Control Parlamentario sobre los actos normativos del Presidente de la República que pretende maniatar a éste, recortándole atribuciones elementales para gobernar.Esto en aspectos tan importantes como la política económica o la lucha antiterrorista, cuando se niega al Presidente la facultad de señalar cuáles son las zonas de emergencia.
Son muchas las sesiones parlamentarias que se han frustrado porque el Hemiciclo no contaba con quórum. Así, muchos proyectos de ley, importantes para la marcha del país, quedan encarpetados por irresponsabilidad, desidia, holgazanería de los mal llamados “Padres de la Patria”.[6]
Incurriendo en un acto que arremete y ofende a un país que vive grandes dificultades económicas, el Congreso ha elevado, groseramente, su presupuesto y extendido, indebidamente, las cédulas vivas a exparlamentarios. Esta actitud demuestra la total indiferencia del Parlamento ante el reclamo de austeridad, eficacia y seriedad en el trabajo legislativo, que ha hecho innumerables veces el ciudadano común y corriente.
Cierre del Congreso
La Constitución entonces vigente (1979) preveía una eventual disolución de la Cámara de Diputados tras la negación de confianza o censura de tres consejos de ministros sucesivos:
Artículo 227: El presidente de la República está facultado para disolver la Cámara de Diputados si ésta ha censurado o negado confianza a tres Consejos de Ministros.Artículo 228: El decreto de disolución expresa la causa que la motiva.
El presidente de la República no puede ejercer la facultad de disolución sino una sola vez durante su mandato.
Incluye la convocatoria a elecciones en el plazo perentorio de tres días, de acuerdo con la ley electoral en vigor al tiempo de la disolución.
Si el presidente no cumple con llamar a elecciones dentro del plazo señalado o las elecciones no se efectúan, la Cámara disuelta se reúne de pleno derecho, recobra sus facultades constitucionales y cesa el Consejo de Ministros, sin que ninguno de sus miembros pueda ser nominado nuevamente para ministerio alguno durante el período presidencial.
La Cámara elegida extraordinariamente completa el período constitucional de la disuelta.
Artículo 229: El presidente de la República no puede disolver la Cámara de Diputados durante el estado de sitio ni de emergencia.
Tampoco puede disolverla en el último año de su mandato.
Durante ese término, la Cámara sólo puede votar la censura del Consejo de Ministros o de cualesquiera de los ministros con el voto conforme de por lo menos dos tercios del número legal de diputados.
El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori instauró el "Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional".[7] Esta medida logró realizar lo siguiente:
- Disolver el Congreso de la República del Perú, con lo cual neutralizó a sus opositores políticos.
- Dejar en suspenso la Constitución de 1979 en lo relacionado con los artículos que se oponían a la instauración del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional.
- Convocar a elecciones para un Congreso Constituyente Democrático, cuya función fue promulgar una nueva Constitución política del Perú.
Es cierto que la propia Constitución prevé los mecanismos para su modificación, pero es igualmente cierto que para que ello suceda se necesitan dos primeras legislaturas ordinarias consecutivas, lo que vendría a significar que, casi al término del presente mandato, recién contaríamos con los instrumentos legales necesarios para la reconstrucción general del Perú. Y ello si el Congreso se decide a aprobar las modificaciones necesarias, incluyendo aquéllas que son contrarias a los intereses de los propios parlamentarios, como por ejemplo, la reducción de sus emolumentos o la no-reelección.¿Cuál es la institución o mecanismo que permitiría realizar todos los cambios profundos que a su vez hagan posible el despegue del Perú? Sin lugar a dudas ni el Parlamento, ni el Poder Judicial son hoy por hoy agentes de cambio, sino más bien freno a la transformación y el progreso.
Como presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas.
- Disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República, hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional.
- Reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia.
- Reestructurar la Contraloría General de la República con el objeto de lograr una fiscalización adecuada y oportuna de la administración pública, que conduzca a sanciones drásticas a los responsables de la malversación de los recursos del Estado.[6]
Como consecuencia del golpe de Estado, renunció el presidente del Consejo de Ministros y ministro de Trabajo y Promoción Social, Alfonso de los Heros, así como el ministro de Agricultura, Gustavo González Prieto. El Decreto Ley Nº 25418, Ley de Bases del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional fue firmado por el nuevo presidente del Consejo de Ministros Óscar de la Puente Raygada y los miembros del gabinete anterior que permanecieron en el cargo.
Detenciones, intervenciones y arrestos
El gobierno ordenó arresto domiciliario para:
- Felipe Osterling Parodi: presidente del Senado
- Roberto Ramírez del Villar Beaumont: presidente de la Cámara de Diputados
- Eugenio Chang Navarro, diputado
- Aurelio Loret de Mola, diputado
- Enrique Zileri Gibson, director de la revista Caretas
- Juan José Salazar García, presidente de la Región Nor Oriental del Marañón
- Alberto Alfaro Beltrán, alcalde de Chimbote
- Eduardo del Carpio Begazo, presidente de la Región Arequipa.
El gobierno secuestró a las siguientes personas:[nota 1]
- César Barrera Bazán: Vicepresidente de la Cámara de Diputados
- Abel Salinas Izaguirre, senador aprista
- Jorge del Castillo, diputado aprista
- Luis Negreiros Criado, diputado aprista
- Pilar Nores, esposa de Alan García
- Agustín Mantilla Campos, aprista
- Remigio Morales Bermúdez, aprista
- Alberto Kitazono Rocca, aprista.
- Javier Barreda, aprista.
- Luis Molero Coca, aprista.
- Raúl Ferrero Costa, decano del Colegio de Abogados
- Gustavo Gorriti Ellenbogen: periodista
- Fernando Reyes Roca, general de la Policía
- Jaime Salinas, general del Ejército
- Samuel Dyer, empresario
- Fernando Luque Cervantes, exdirector de Seguridad del Estado
- Olmedo Auris Melgar, dirigente sindical
- Mirtha Cunza, secretaria de Alan García
Sesiones del Congreso después del 5 de abril
El día 6 de abril de 1992, los Presidentes de las Cámaras Felipe Osterling (Senado) y Roberto Ramírez del Villar (Diputados); así como distintos parlamentarios, suscribieron un pronunciamiento declarando la vacancia por incapacidad moral del presidente Fujimori, en aplicación del artículo 206 de la Constitución de 1979. Los firmantes convocaron al Vicepresidente de la República para que asuma la Presidencia.[8] Asimismo, convocaron a una reunión del Congreso en el Colegio de Abogados de Lima, la cual no se pudo realizar por impedimento de las Fuerzas Armadas.
El 9 de abril, el Congreso se reunió en casa de Lourdes Flores Nano (99 diputados y 36 senadores) y declaró la incapacidad moral permanente de Alberto Fujimori y con ello la vacancia de la Presidencia de la República. Con la vacancia declarada, la sucesión legal indicaba que el primer vicepresidente Máximo San Román debía asumir la presidencia; sin embargo, San Román había asistido a la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo en Santo Domingo y se encontraba en la ciudad Miami como parte de su trayecto de regreso, en paralelo a la reunión del Congreso. Ante la ausencia del primer vicepresidente, asumió la presidencia el segundo vicepresidente, Carlos García y García.[9] Luego de asumir el cargo, García y García se refugió en la Embajada Argentina en Lima.
Máximo San Román llegó a Lima la noche el sábado 18 de abril y fue recibido por una comitiva de parlamentarios y diplomáticos extranjeros.[10]
El martes 21 de abril, San Román asumió el cargo de presidente, en el auditorio del Colegio de Abogados de Lima, recibiendo la banda presidencial de manos del expresidente Fernando Belaunde Terry.[11][12] San Roman fue presidente en la sombra hasta que el sábado 9 de enero de 1993 el Congreso Constituyente Democrático dictó una ley que declaraba a Alberto Fujimori presidente constitucional.[13]
San Román realizó un llamado a las Fuerzas Armadas para deponer a Fujimori sin obtener apoyo, a lo cual se sumaron el respaldo de la OEA a Alberto Fujimori y las medidas para convocar al Congreso Constituyente Democrático.
Reacciones locales
Muchos políticos no reconocieron como legal y constitucional a Alberto Fujimori. Entre los más destacados se encontraban:
- Alejandro Miró Quesada Cisneros: “Había que defender la democracia. Nosotros no nos dejamos llevar por el 80% de los limeños que estaba a favor de la disolución del Congreso”.[14]
- Mario Vargas Llosa, quien se encontraba en Berlín, señaló a la agencia EFE: “Pienso llamar a todas las puertas para lograr el respaldo internacional, que permita hacer una presión fuerte y decisiva sobre los golpistas con el fin de que tengan que dar marcha atrás”.[15]
- Alan García Pérez; quien tras enterarse del golpe y de escapar de su vivienda que fue rodeada por militares, pidió asilo político y se exilió en Colombia.[16]
- Fernando Belaúnde Terry no consideró el acto como democrático y apoyó plenamente al presidente San Román. Fue suya la banda que utilizó este al juramentar ante el Senado en el Colegio de Abogados de Lima.[17][18]
- Lourdes Flores Nano; quien decidió seguir con las reuniones de diputados y senadores en diversos lugares.
Los constitucionalistas Domingo García Belaúnde, Francisco Eguiguren Praeli, Enrique Bernales Ballesteros, Gastón Soto Vallenas, Jorge Power Manchego-Muñoz, José Palomino Manchego, Walter Olivari, Francisco Miró Quesada Rada, Alfredo Quispe Correa, Valentín Paniagua Corazao, César Valega García, Víctor García Toma, Francisco José del Solar Rojas y Luis Ramírez Daza condenaron el golpe de Estado y la instauración de un gobierno de facto y exigieron la liberación de los opositores privados de su libertad.
Opiniones a favor
El constitucionalista Enrique Chirinos Soto afirmó que previo al 5 de abril de 1992, el Congreso había dado un golpe de Estado en contra de Alberto Fujimori, al aprobar la Ley 25397, Ley de Control Parlamentario sobre los Actos Normativos del Presidente de la República, normativa que, según Chirnos, "recorta las funciones y atribuciones" del Presidente. Por ello, Chirinos consideró que, el 5 de abril, Fujimori dio un "contragolpe".[19] En el mismo sentido, Carlos Torres y Torres Lara sostuvo que lo realizado el 5 de abril se trató de un “contralgolpe” para desarticular el “golpe” dado por el Parlamento con la "inconstitucional" Ley 25397.[20]
Reacciones internacionales
- Tras el golpe, el Perú fue expulsado del Grupo de Río.
- El 6 de abril, el presidente George H.W. Bush ordenó suspender los intercambios económicos y militares entre los Estados Unidos y el Perú. La medida incluyó la suspensión de la ayuda para la lucha contra el narcotráfico. Se calculó que las ayudas inmovilizadas ascendían a 320 millones de dólares.[21]
- Los expresidentes Raúl Alfonsín (Argentina), José Sarney (Brasil), Belisario Betancur (Colombia) y Julio María Sanguinetti (Uruguay) emitieron un comunicado en el cual condenaron el golpe de Estado.
- El 6 de abril, el presidente del Gobierno español, Felipe González, afirmó que Será muy difícil que los compromisos nacionales o internacionales se mantengan si la involución se consolida. En la misma conferencia, el presidente del Uruguay, Luis Alberto Lacalle, deploró "los acontecimientos".[22]
- Los ministros de Exteriores de 34 naciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunieron en Washington D. C. el 12 de abril, sesión a la cual asistió el canciller peruano Augusto Blacker Miller y el primer vicepresidente Máximo San Román.[23] La OEA evitó sanciones y aplazó la toma de decisiones hasta una próxima reunión programada para el 23 de mayo.
- El 19 de abril llegó a Lima una misión de la OEA presidida por el Secretario General João Clemente Baena Soares y el canciller uruguayo Héctor Gros Espiell.
- El 17 de mayo de 1992, Fujimori se presentó en la reunión de la OEA en Nasáu, Bahamas, desde donde anunció la convocatoria a un Congreso Constituyente Democrático para que redactase una nueva Constitución.[24]
Opinión pública
El 7 de abril de 1992 la encuestadora Apoyo publicó un sondeo realizado en Lima, en donde el 71% de los encuestados aprobaba la disolución del Congreso Nacional y el 89% la reestructuración del Poder Judicial. El 12 de abril, otra encuesta de Apoyo, esta vez realizada a empresarios, señalaba que el 79% definía al régimen como dictatorial y el 16% como democrático.[25]
Una encuesta realizada por Ipsos para el periódico El Comercio en marzo de 2012 reveló que el 47% de los encuestados considera que el autogolpe fue necesario, mientras que el 38% señaló que fue una medida innecesaria. Ante la situación hipotética de que se retornara a 1992, el 50% de los encuestados señaló que desaprobaría un autogolpe.[26]
Consecuencias
A consecuencia del autogolpe, se derogó la Constitución de 1979 y, tras la celebración del Congreso Constituyente Democrático, se aprobó la nueva carta magna que rige en el Perú hasta la actualidad.
Procesos judiciales
El 26 de noviembre de 2007 la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia declaró como cómplices secundarios del delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional –rebelión en agravio del Estado– y sentenció a cuatro años de prisión y al pago de tres millones de nuevos soles a los exministros Óscar de la Puente Raygada (Presidente del Consejo de Ministros), Carlos Boloña Behr (Economía y Finanzas), Jaime Yoshiyama (Energía y Minas), Absalón Vásquez Villanueva (Agricultura), Víctor Paredes Guerra (Salud), Víctor Joy Way Rojas (Industria), Jaime Sobero Taira (Pesquería), Alfredo Ross Antezana (Transportes y Comunicaciones) y Augusto Antonioli Vásquez (Trabajo y Promoción Social). De la misma manera, condenó al exministro del Interior, Juan Briones Dávila, a diez años de prisión por rebelión y secuestro.[27] El juzgado reservó la sentencia para los restantes tres exministros, Augusto Blacker Miller (Relaciones Exteriores), Víctor Malca Villanueva (Defensa) y Fernando Vega Santa Gadea (Justicia), que se encontraban fuera del país.[28]
Los exministros apelaron el fallo, lo cual fue visto Primera Sala Penal Transitoria, la cual, el 17 de abril del 2009, ratificó la condena del exministro Briones Dávila a diez años de prisión, pero declaró la nulidad de la condena a los exministros.
Véase también
Notas
- Debido a los secuestros, se procesó al jefe del Comando Conjunto de las FFAA, Nicolás Hermoza Ríos, el exjefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Julio Salazar Monroe y el exjefe de la Policía, José Valdivia Dueñas.[cita requerida]
Referencias
- «El “fujimorazo” y otros casos en América Latina que se comparan con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sobre la Asamblea Nacional». BBC. 1 de abril de 2017.
- «"Fujimorazo" y el golpe de Bordaberry: cómo fueron los antecedentes del "Madurazo" en Sudamérica». Infobae. 30 de marzo de 2017.
- Artículo de opinión de Alfonso Bella Herrera para el Diario Perú21 . Archivado desde el original el 13 de abril de 2015. Consultado el 7 de abril de 2015.
- Revista Gente, 15 de enero de 1992
- Reportaje del programa de televisión PRENSA LIBRE, de Rosa María Palacios. Julio de 2008
- ↑ Mensaje a la nación el 5 de abril de 1992
- Decreto Ley 25418. Ley de Bases del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional
- Bernales, Enrique (1993). «Del golpe de estado a la nueva constitución».
- «135 diputados peruanos eligen en la clandestinidad a un nuevo presidente». Diario El País. 10 de abril de 1992.
- «San Román vuelve a Perú y desafía a Fujimori». Diario El País. 19 de abril de 1992.
- «La historia de la banda presidencial con la que juró Máximo San Román». El Comercio. 5 de abril de 2013. Consultado el 2 de noviembre de 2019.
- «5 de abril | Alberto Fujimori: 25 datos para entender cómo era su gobierno de Fujimori antes del autogolpe». RPP. 5 de abril de 2019. Consultado el 2 de noviembre de 2019.
- . Archivado desde el original el 25 de enero de 2010. Consultado el 22 de octubre de 2007.
- «El día que Alberto Fujimori disolvió el Congreso y cerró el Poder Judicial». El Comercio. 5 de abril de 2011. Consultado el 5 de abril de 2015.
- «¿Cómo amaneció el país al día siguiente del autogolpe del 5 de abril?». El Comercio. 6 de abril de 2012. Consultado el 5 de abril de 2015.
- «Un día como hoy: Se cumplen 20 años del autogolpe de Alberto Fujimori». Peru.com. 5 de abril de 2012. Consultado el 5 de abril de 2015.
- Fuente: , La Ventana Indiscreta. Reportaje emitido el 5 de abril de 2004 por Frecuencia Latina (canal 2 en Lima).
- «Lo que no viste del 5 de abril de 1992 - Vídeo Dailymotion». Dailymotion. Consultado el 5 de abril de 2019.
- Castillo Freyre, Mario (1997). Todos los poderes del presidente.
- Torres y Torres Lara, Carlos (1995). La Constitución Política del Perú de 1993. Desarrollo y Paz Editores.
- «Bush suspende los intercambios económicos y militares con Lima». Diario El País. 7 de abril de 1992.
- «González amenaza con suspender la ayuda al país andino». Diario El País. 7 de abril de 1992.
- «La OEA evita sancionar el golpe de Fujimori». Diario El País. 13 de abril de 1992.
- «Alberto Fujimori presenta en la reunión de la OEA un nuevo plan de democratización de Perú». Diario El País. 17 de mayo de 1992.
- . Caretas. 4 de abril de 2002. Archivado desde el original el 23 de septiembre de 2015. Consultado el 5 de abril de 2015.
- «A 20 años del 5 de abril: el 50% de los peruanos desaprueba el autogolpe». El Comercio. 1 de abril de 2012. Consultado el 5 de abril de 2015.
- «Condenan a 10 ex ministros de Alberto Fujimori por el 'autogolpe' de 1992». El Mundo. 27 de noviembre de 2007.
- «Histórica sentencia en Perú contra varios ex ministros cómplices de Fujimori». ABC. 27 de noviembre de 2007.
Enlaces externos
- Wikisource contiene documentos digitalizados sobre: Mensaje a la Nación de Alberto Fujimori, 5 de abril de 1992.
- 5 de abril: autogolpe de Alberto Fujimori cumple 27 años en YouTube. (TVPerú Noticias)