Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente (Chile)
La ley N° 19.300 Sobre bases generales del medio ambiente es una ley vigente en la República de Chile desde su promulgación el 1 de marzo de 1994 para estipular un marco general de regulación del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental. Asimismo, regula los instrumentos de gestión ambiental como la Evaluación Ambiental Estratégica, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y el Acceso a la Información Ambiental, la Responsabilidad por Daño Ambiental, la Fiscalización y el Fondo de Protección Ambiental y la institucionalidad ambiental de Chile.
| Sobre Bases Generales del Medio Ambiente | ||
|---|---|---|
| Extensión teritorial | Nacional | |
| Cuerpo legislativo | Ministerio del Medio Ambiente | |
| Hecho por | Mensaje presidencial de Patricio Aylwin Azócar | |
| Referencia del diario oficial | 30667 | |
| Historia | ||
| Fecha de publicación | 9 de marzo de 1994 | |
| Entrada en vigor | 1 de marzo de 1994 | |
| Legislación relacionada | ||
| Modificada por | Ley N° 20.920 Ley N° 20.473 Ley N° 20.417 Ley N° 20.402 Ley N° 20.283 Ley N° 20.173 Ley N° 19.372 | |
| Legislación vigente | ||
Historia
La Constitución Política de la República de Chile de 1980 señala que es una obligación del estado velar por el derecho a un medio ambiente libre de contaminantes; en su artículo 19 numeral 8 garantiza a los ciudadanos «el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación». Es además deber del Estado «velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza», implicando que es su obligación el mantener controlada la contaminación. «La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente», implicando que se pueden establecer deberes.[1][2]
Sin embargo, a pesar de que durante la década de 1980 existían un número de normativas vigentes que buscaban regular la contaminación ambiental, no existía un órgano dedicado específicamente a resolver y coordinar problemas relacionados con esto.
En septiembre de 1992 el presidente Patricio Aylwin comienza la discusión parlamentaria sobre el tema al incluir en su mensaje presidencial alusiones a la ley 19.300 «Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente», recalcando la importante del desarrollo sustentable y el surgimiento de una preocupación por el medio ambiente. El proyecto de ley buscaba responder a los derechos de las personas «[…] a vivir en un medio ambiente libre de contaminación». La ley buscaba lograr esto convirtiendo al Estado en un ente regulador y fiscalizador de las actividades productivas que propicien la contaminación. Es por esto por lo que esta ley propone la creación de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, así como una Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) en cada región del país. En cuanto a la fiscalización, estos órganos administrativos deberían velar por el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, siendo esto justificado por el principio legal “El que contamina paga” y el principio de gradualismo.[3]
La ley fue aprobada y posteriormente promulgada el primero de marzo de 1994.[4] Con esto se comienza a crear la institucionalidad necesaria en el país para proteger el medio ambiente. Para ello la legislación debió primero definir legalmente conceptos legales de esencial importancia para atribuir correctamente las responsabilidades jurídicas, entre las que destacan las definiciones de biodiversidad, contaminación, medio ambiente, conservación del patrimonio ambiental, preservación de la naturaleza, impacto ambiental y daño ambiental.[5]
Críticas al modelo de institucionalidad ambiental chilena
Sin embargo, pronto comenzaron a presentarse críticas a este nuevo mecanismo estatal existente: una de las mayores problemáticas era el hecho de que las capacidades de fiscalización de una COREMA se limitaban a proyectos que habían ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA) y que ya contaban con una resolución de calificación ambiental (RCA) aprobatoria. Además, la CONAMA no tenía influencia sobre los otros órganos fiscalizadores ya existentes, como la Corporación Nacional Forestal o la Dirección General de Aguas. Un informe de 2005 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe señala que no existía suficiente personal para realizar las inspecciones en terreno, así como que «la CONAMA posee escaso control sobre el nivel de cumplimiento y fiscalización de la normativa ambiental por parte de las entidades sectoriales».[6][7]
Desde la implementación de la ley N°19.300, la única vía de fiscalización ambiental en Chile se ejercía por medio de los organismos sectoriales que poseían atribuciones legales para fiscalizar el cumplimiento de las normas y condiciones acordadas y aprobadas en las DIA o EIA. Si se detectaba un incumplimiento de estas normas y condiciones, las autoridades debían notificar a la COREMA o CONAMA, para que ésta procediera a cursar en contra de la actividad o industria una amonestación, una multa de máximo 500 unidades tributarias mensuales o incluso la revocación o aceptación de la DIA o EIA. Además, existía un mecanismo de participación social en el que las personas podían denunciar a las municipalidades correspondientes por el incumplimiento de normas ambientales, para que después la alcaldía pusiera la denuncia en conocimiento del ente fiscalizador competente.[8] El texto legal define la responsabilidad en materia ambiental y crea jurídicamente la responsabilidad por daño ambiental. Ésta hace nacer una acción que puede terminar en una sentencia judicial que obligue al responsable a reparar el daño que haya causado al medio ambiente.[5]
Sin embargo, este mecanismo fue criticado debido a varios factores, entre ellos el hecho de que los dictámenes sancionatorios emitidos desde la CONAMA o COREMA podían ser revocados por medio de la justicia civil o penal, que constituían órganos no especializados en materias ambientales;[9] además, solo podían ser fiscalizados aquellas empresas o actividades que contarán con EIA o DIA, dejando fuera empresas que no se sometieron al SEIA en su momento y que sólo estaban sujetas a fiscalización sectorial. Más aún, los titulares de la RCA solamente podían ser sometidos a este proceso sancionatorio si ocurría daño ambiental señalado en la DIA o EIA.[10]
Lamentablemente éstos eran los únicos mecanismos por los cuales se podía fiscalizar ambientalmente a una empresa. Y como no existía un ente coordinador administrativo, se generaban las mismas actividades de monitoreo por parte de distintos organismos o existían conflictos sobre las normativas por los cuales eran regidos.[11] Y por último, las COREMA y CONAMA eran organismos de poco poder político, ya que estos se hallaban presentes en menor jerarquía con rotación de miembros cada dos años, comandados por la Secretaría General de la Presidencia, lo que los hacía fácilmente susceptibles a decisiones políticas e incluso empresariales.[12][13] Esto también conllevaba al hecho de que la CONAMA no podía imponer los cambios necesarios a las normativas como para mejorar sus mecanismos administrativos.[6]
Reforma de 2010
Debido a estas y otras falencias político-administrativas que poseía la legislación medioambiental, en 2008 la presidenta Michelle Bachelet presenta al Congreso Nacional una reforma a la ley N°19300 por medio de la ley 20.417 que «Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente», el cual tenía como una de sus metas aclarar y definir de mejor forma las metodologías de fiscalización nacional, buscando crear un agente imparcial que fiscalice y supervigile la ejecución de las normativas ambientales en Chile, además de poder coordinar los esfuerzos y labores sectoriales, nace la figura de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA).[14]
Estructura y funciones
La legislación contemplaba cinco pilares básicos:[15]
- la Comisión Nacional del Medio Ambiente, a cargo de las definiciones de política y regulación; A esta institución se le asigna el rango de ministerio por ley N° 20.173[16] del año 2007 y se le convierte en ministerio por ley Ley N.º 20.417 de 2010[17] en el Ministerio del Medio Ambiente
- la Superintendencia del Medio Ambiente, como organismo central del modelo de fiscalización;
- el Servicio de Evaluación Ambiental, a cargo de los temas de gestión;
- los Tribunales Ambientales, ligados a otro proyecto de ley y
- el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, como organismo de deliberación política.
Posterior a la reforma de 2010, la ley N° 19.300 fue reestructurada en varias secciones.
Ley N° 19.300
La principal que es sobre Bases Generales del Medio Ambiente se encuentra dividido en seis títulos:
Título I: Disposiciones generales
Este título contiene definiciones de conceptos como Biodiversidad, Cambio climático, Daño ambiental, Efecto sinérgico, Medio Ambiente, Normas de emisión, entre otras.
En este título también se obliga al Estado la facilitación de la participación ciudadana, el acceso a la información ambiental y promover campañas educativas destinadas a la protección del medio ambiente; además señala que los órganos estatales deberán propender a la adecuación ambiental.[18]
Título II: De los instrumentos de gestión ambiental
Este título define los conceptos de educación y de investigación; se crea el concepto de Evaluación Ambiental Estratégica a la cual todos los proyectos y políticas de carácter normativo general; la definición del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la creación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la definición de lo que son las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y Estudios de Impacto Ambiental (EIA), los procesos de ingreso, evaluación , aprobación y seguimiento de los proyectos que obtienen las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA). Este título también define los mecanismos de participación de la comunidad en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y sobre cómo se debe acceder a la información ambiental.
En este título además se definen los conceptos de Normas de Calidad Ambiental (primarias y secundarias) y de la preservación de la Naturaleza y Conservación del Patrimonio Ambiental, esto último por medio de la creación del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. Además se indican como se establecen las Normas de emisión. El párrafo 6° hace referencia de los planes de manejo, prevención o descontaminación; el párrafo 7° define los procesos de reclamación en contra de las sentencias y decretos.
Título III: De la responsabilidad por daño ambiental
Esta parte de la ley define el concepto de Daño Ambiental, quien es el responsable de este, cuales son sus responsabilidades y como debe ser el procedimiento sancionatorio, el cual está a cargo de los Tribunales Ambientales de Chile.[19]
Título IV: De la fiscalización
Se define el concepto de fiscalización ambiental, sus funciones y etapas de aplicación; este señala que la Superintendencia del Medio Ambiente de Chile es la que se halla a cargo de la fiscalización ambiental.
Título V: Del fondo de protección ambiental
Este señala que se debe crear un Fondo de Protección Ambiental que tendrá como fin el financiamiento de proyectos dirigidos a la protección o reparación del medio ambiente, el desarrollo sustentable, la preservación de la naturaleza o la conservación del patrimonio ambiental.
Título VI: Del Ministerio del Medio Ambiente
Este título final crea el Ministerio del Medio Ambiente y define las obligaciones del ministerio, junto con su organización, los consejos consultivos del ministerio y del personal; además señala la creación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que se haya compuesto por presidido el ministro del Medio Ambiente, compuesto por el ministro de Agricultura, el de Hacienda, de Salud, de Economía, de Energía, de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo, de Transporte, de Minería y de Planificación. Este además explica su naturaleza y funciones.
Por último, define la creación del Servicio de Evaluación Ambiental, sus obligaciones, su organización, la creación de las Direcciones Regionales de Evaluación Ambiental y como serán calificados los proyectos.
Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente
Junto con la reforma a la ley N°19.300, la ley N° 20.417 integró como un único artículo la creación de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, la cual rige y dicta el funcionamiento de esta.
Título I: De la Superintendencia del Medio Ambiente
En este título se definen la naturaleza, atribuciones y funciones del organismo público, como debe organizarse, el personal que conformará el servicio y el patrimonio.
Título II: De la fiscalización ambiental
Se definen lo que es la fiscalización y las atribuciones de la SMA, como las RCA, los Planes de Prevención, Planes de Descontaminación, Normas de Calidad, Normas de Emisión, elaboración de programas y subprogramas de fiscalización, coordinación de otros entes fiscalizadores ambientales estatales.
En función a lo último, el año 2014 se crea la Red Nacional de Fiscalización Ambiental (RENFA); los organismos inscritos y que son participantes de la RENFA, incluida la misma SMA, son la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), la Corporación Nacional Forestal (CONAF), la Dirección General del Territorio Marítimo y Marítima mercante (DIRECTEMAR), la Dirección de Vialidad, la Dirección General de Aguas (DGA), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA), la Subsecretaría de Salud Pública (SSP), la Subsecretaría de Transporte (SUBTRANS), la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) y la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).[20]
El título segundo además define cómo se deben realizar las inspecciones, mediciones y análisis; Además dicta la creación del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA) que tiene de forma pública y actualizada información sobre los procesos de fiscalización y sancionatorios realizados por la SMA.[21]
Título III: De las infracciones y sanciones
Este título habla acerca de las potestad que la SMA posee para cursar infracciones y sanciones. Además señala el procedimiento sancionatorio, normas generales y los recursos en contra de los procesos sancionatorios que la SMA puede dictar.
Otros artículos de la Ley N° 20.417
La reforma de 2010 también modificó otros cuerpos legales, como la Ley General de Pesca y Acuicultura, la Ley de Monumentos nacionales, parte de la ley de 1977 del Ministerio de Tierras y Colonización, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el decreto que establece funciones y estructura del Ministerio de Agricultura, el Código de Aguas y la Ley que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Ley N° 20.600 que Crea los Tribunales Ambientales
Aun cuando los Tribunales Ambientales no fueron creados junto con la reforma de 2010, la modificación ocurrida a la Ley sobre Bases de Medio Ambiente, incluyó en su estructura la aparición de Tribunales Ambientales. El año 2012 entra en funcionamiento uno de los tres tribunales ambientales; para finales de 2017 ya se hallaban en operaciones los tres tribunales especializados en el ámbito de jurisdicción ambiental.[22][23]
Véase también
Lectura adicional
- Guzmán Rosen, Rodrigo Alejandro (2016). Derecho ambiental chileno: principios, instrucciones, instrumentos de gestión (2a. edición edición). Santiago de Chile: Planeta Sustentable. ISBN 9789568937065. OCLC 890079161. Consultado el 1 de noviembre de 2019.
Referencias
- Bermúdez Soto, Jorge (2000). «El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación». Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso 21: 9-25. Consultado el 31 de octubre de 2019.Bermúdez Soto, Jorge (2000). «El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación». Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso 21: 9-25. Consultado el 31 de octubre de 2019.
- Zelada, Liliana Galdamez (6 de marzo de 2017). «Medio ambiente, Constitución y tratados en Chile». Boletín Mexicano de Derecho Comparado 1 (148): 113-144. ISSN 2448-4873. doi:10.22201/iij.24484873e.2017.148.10997. Consultado el 31 de octubre de 2019.
- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. «Historia de la Ley N° 19.300». www.bcn.cl. Consultado el 31 de octubre de 2019.
- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2018). Guía de Formación Cívica. Santiago: Departamento de Servicios Legislativos y Documentales.
- ↑ Gabriel del Fávero, Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente, Revista Estudios Públicos, otoño 1994
- ↑ Comisión Económica para América Latina y el Caribe; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2016). Evaluaciones del desempeño ambiental: Chile 2016. ISBN 9789211219173. OCLC 1045359909. Consultado el 31 de octubre de 2019.
- Reuters (9 de mayo de 2005). «Informe OCDE recomienda fortalecer fiscalización ambiental». El Mercurio. Consultado el 31 de octubre de 2019.
- Ley N°19.300, Art. 64, 65.
- Sagredo, C. (2014). Acceso a la justicia ambiental. Antes y después de la ley no. 20.600. (licenciatura). Consultado el Universidad de Chile.
- Ley N°19.300, Art. 64, inciso primero.
- Núñez, Rodrigo (2003). La gestión pública en la Región Metropolitana de Santiago de Chile: aproximación a través del caso ambiental (en inglés) (39). Naciones Unidas Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Consultado el 31 de octubre de 2019.
- Larraín, S. (2006). «Desafíos ambientales del desarrollo nacional. Evaluación desempeño 1997-2006 y propuesta institucional». Corporacion Expansiva series, En foco 96.
- Pizarro, Rodrigo (14 de junio de 2007). «La Reforma Ambiental en Chile». Journal of Technology Management & Innovation (en inglés estadounidense) 2 (2): 3-6. ISSN 0718-2724. Consultado el 1 de noviembre de 2019.
- Bergamini, Kay; Irarrázabal, Ricardo; Monckeberg, Juan Carlos; Pérez, Cristian (2017). «Fiscalización, sanción y control ambiental en Chile. Diagnóstico y propuestas para la Superintendencia del Medio Ambiente y tribunales ambientales». Propuestas para Chile Concurso Políticas Públicas 2017 (Centro de Estudios Públicos).
- Chile apuesta a la sustentabilidad y crea Ministerio de Medio Ambiente, 1 de febrero de 2010
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia (26 de octubre de 2021), «Ley 20173: Crea cargo de presidente de la CONAMA y le confiere rango de ministro de estado», Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, consultado el 26 de octubre de 2019.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia (26 de octubre de 2021), «Ley 20417: Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente», Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, consultado el 26 de abril de 2012.
- Ley N° 19.300, Art. 4.
- Peña y Lillo Delaunoy, Cristián (Julio - Septiembre 2021). «El sistema de responsabilidad por daño ambiental en la legislación chilena». Revista de Derecho Ambiental (67): 295-305. Consultado el 22 de septiembre de 2021.
- admin. «Miembros de la RENFA». Red Nacional de Fiscalizacion Ambiental. Consultado el 1 de noviembre de 2019.admin. «Miembros de la RENFA». Red Nacional de Fiscalizacion Ambiental. Consultado el 1 de noviembre de 2019.
- SNIFA - Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental. «Preguntas frecuentes». snifa.sma.gob.cl. Consultado el 1 de noviembre de 2019.
- Tribunal Ambiental. «Historia». Consultado el 1 de noviembre de 2019.
- Peña y Lillo Delaunoy, Cristián (2021). Derecho Procesal Ambiental. Chile: Legal Publishing Chile. ISBN 978-956-400-219-4.
Enlaces externos
- Memoria Chilena, Ley de bases generales del medio ambiente y sus reglamentos
- Memoria Chilena, Ley de Bases del Medio Ambiente