Ley habilitante

Para la ley que estableció a Hitler como dictador de la Alemania Nazi, véase Ley habilitante de 1933.

Una ley habilitante es una legislación en la cual un órgano legislativo otorga a una entidad que necesita autorización o legitimidad de poder para tomar ciertas acciones. Por ejemplo, las leyes habilitantes generalmente establecen agencias gubernamentales para llevar a cabo acciones específicas en un Estado moderno. Los efectos de las leyes habilitantes varían bastante entre tiempos y naciones diferentes. Por ejemplo, en Francia,^[1]​^[2]​ el General Charles de Gaulle se preocupó por incluir en la Constitución (artículo 16) poderes habilitantes si la nación se encontraba en peligro en su independencia y/o control de su territorio.^[3]​^[4]​

Alemania

Ley habilitante de 1933

Artículo principal: Ley habilitante de 1933

La Ley para solucionar los peligros que acechan al Pueblo y al Estado (Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich), mejor conocida como la Ley habilitante de 1933 (Ermächtigungsgesetz, en alemán) fue aprobada por el Parlamento alemán el 23 de marzo de 1933, tras encerrar a todos los diputados del Partido Comunista de Alemania en campos de concentración. Fue el segundo instrumento jurídico, después del Decreto del Incendio del Reichstag, mediante el cual los nacionalsocialistas obtuvieron poderes dictatoriales bajo una apariencia de legalidad. La ley concedía al Canciller Adolf Hitler y a su gabinete el derecho a aprobar leyes sin la participación del parlamento, lo que supuso de facto el fin de la democracia, de la República de Weimar y de su Constitución.

Chile

En la Constitución Política de Chile, en su artículo 61^[5]​ (reformada y convertida en artículo N° 64),^[6]​ se establece que el presidente de la república chilena tiene la potestad de solicitar al Congreso Nacional una habilitación para dictar disposiciones con fuerza de ley durante un período máximo de un año.^[7]​

Asimismo en el artículo 54, en lo referente a la aprobación de tratados internacionales, especifica que es de exclusiva competencia del Congreso Nacional. Sin embargo, dicho cuerpo legislativo puede habilitar al presidente de la república a dictar disposiciones con fuerza de ley a fin de que la nación pueda cumplir correctamente dichos tratados.^[8]​

En todo caso, la habilitación para dictar disposiciones con fuerza de ley deberá estar especificada explícitamente en la ley que a tal efecto apruebe el Congreso, pero no podrá "... comprender facultades que afecten la organización, atribuciones y régimen de los funcionarios del Poder Judicial, del Congreso Nacional, del Tribunal Constitucional ni de la Contraloría General de la República, ...".^[9]​

Estados Unidos

El presidente de los Estados Unidos de América puede emitir órdenes ejecutivas con fuerza de Ley. Dichas órdenes son disposiciones dictadas por los presidentes de Estados Unidos para gestionar las operaciones del gobierno federal.^[10]​ Las órdenes ejecutivas tienen fuerza de ley cuando se sustentan en las facultades en materia legislativa otorgadas directamente al poder ejecutivo por la Constitución (artículo II), o se dictan conforme a leyes del Congreso que explícitamente delegan en el presidente cierto grado de poder discrecional (legislación delegada).^[11]​

Reino Unido

Ley Habilitante de la Asamblea de la Iglesia de Inglaterra de 1919

La Ley Habilitante de la Asamblea de la Iglesia de Inglaterra de 1919 dio un grado considerable de autogobierno a la Iglesia de Inglaterra, al tiempo que conservaba la supervisión parlamentaria general.^[12]​ Antes de su aprobación, casi todos los ajustes a la estructura legal de la Iglesia de Inglaterra habían implicado la obtención de un proyecto de ley específico en el Parlamento. Se necesitaron nueve sesiones para aprobar el salario del Archidiácono de Cornualles, y de los 217 proyectos de ley introducidos en la Cámara de los Comunes entre 1880 y 1913, solo 33 pasaron a ser leyes por falta de tiempo parlamentario, entre las perjudicadas se encontraban los proyectos de ley para establecer nuevas diócesis.

La Ley dio a la recién establecida Asamblea de la Iglesia, predecesora del Sínodo General, el poder de preparar y presentar al Parlamento medidas que podrían ser aprobadas o rechazadas, pero que no fueron modificadas por ninguna Cámara. Antes de ser votados, las propuestas eran examinadas por un Comité Eclesiástico de ambas Cámaras que informaban sobre sus efectos e implicaciones. Una vez aprobada en el Parlamento, la medida se convertía en ley al recibir el asentimiento real.

La Ley continúa aplicándose hoy al Sínodo General de la Iglesia de Inglaterra que, como resultado de la Medida de Gobierno Sinodal de 1969,^[13]​ reemplazó a la Asamblea de la Iglesia con el objetivo de lograr la plena integración de los laicos y eliminar las complicaciones causadas por el doble control de las Convocaciones de Canterbury y de York, y de la Asamblea. Todos los poderes de la Asamblea pasaron al nuevo sínodo junto con muchos de los de las Convocatorias.

Venezuela

Artículo principal: Ley habilitante en Venezuela

En Venezuela, se otorgaron leyes habilitantes para gobernar por decreto en asuntos determinados a los presidentes Rómulo Betancourt (1959),^[14]​ Carlos Andrés Pérez (1974),^[15]​ Jaime Lusinchi (1984),^[16]​ Ramón José Velásquez (1993)^[17]​ y Rafael Caldera (1994).^[18]​ Pérez realizó más de 3000 decretos con las atribuciones otorgadas.^[19]​

A mediados de 1999, la Asamblea Nacional le permitió a Hugo Chávez legislar por seis meses sobre asuntos limitados, a lo relacionados con la economía basados en la Constitución de 1961; después en noviembre del año 2000 con la Constitución de 1999 le otorgaron legislar por un año con la ley habilitante pero más ampliada en poderes, en asuntos competentes en materia económica y financiera, en la reorganización de ministerios, propiedad privada, participación empresarial y crimen. Chávez esperó aplicar esta habilitante hasta poco antes de su expiración, cuando aprobó 49 decretos rápidamente, muchos de los cuales fueron controversiales.^[20]​^[21]​^[22]​

En 2007, una nueva ley habilitante le concedió facultades a Chávez por 18 meses, dándole al presidente el poder de legislar sobre ciertos asuntos económicos, sociales, territoriales, científicos y de defensa, al igual que control sobre transporte, regulaciones de participación popular y reglas para gobernar en instituciones estatales.^[23]​

Véase también

• Referéndum constitucional de Turquía de 2017, el cual fue definido por algunos medios como una ley habilitante.

Referencias

• Esta obra contiene una traducción derivada de «Enabling act» de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.

1. (html). Viaje Universal. Archivado desde el original el 29 de abril de 2007. Consultado el 23 de abril de 2018. «Artículo 16: Cuando las instituciones de la República, la independencia de la Nación, la integridad de su territorio o el cumplimiento de sus compromisos internacionales estén amenazados de manera grave o inmediata y el funcionamiento regular de los poderes públicos constitucionales esté interrumpido, el Presidente de la República tomará las medidas exigidas por tales circunstancias, previa consulta oficial con el Primer Ministro, los Presidentes de las asambleas y el Consejo Constitucional. » 
2. (html). Legifrance (en francés). Archivado desde el original el 21 de noviembre de 2010. Consultado el 23 de abril de 2018. «Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. Il en informe la Nation par un message. » 
3. (html). Que Aprendemos Hoy. Archivado desde el original el 4 de enero de 2014. Consultado el 23 de abril de 2018. «Contexto histórico: Los turbulentos vaivenes que habían protagonizado la escena política francesa tras la Liberación (1944) de las tropas del III Reich durante la Segunda Guerra Mundial, hicieron temer a los principales líderes franceses que la situación degenerase hasta los extremos de parálisis institucional e inestabilidad política vividos en los últimos años de la III República (1870/75-1940). En efecto, durante los años 30 del siglo XX la escena política de Francia se vio sacudida por toda la virulencia de la crisis del parlamentarismo que azotaba Europa desde los años 20. Ante la incapacidad para gestionar el sistema parlamentario creado por la constitución de 1946, que hacía imposible la continuidad política y la concordia entre partidos necesaria para acometer la reconstrucción del país, los principales próceres de la república llamaron al general C. de Gaulle, héroe de la Liberación, para aceptar la jefatura del Estado y pacificar con su enorme prestigio y autoridad una situación cada vez más insostenible. » 
4. Molina Gualta, Hernán (7 de febrero de 2001). (html). Scielo. Archivado desde el original el 23 de abril de 2018. Consultado el 23 de abril de 2018. «La habilitación de plenos poderes lo constituye el art. 16 de la Constitución Francesa de 1958, precepto propugnado por el general De Gaulle, en que el Presidente de la República, previa consulta con los Presidentes de las Asambleas y del Consejo Constitucional, puede poner en vigor esos plenos poderes, cuando las instituciones de la República, la independencia de la Nación, la integridad de su territorio o la ejecución de sus compromisos internacionales, se encuentren amenazados de una manera grave e inmediata, puede tomar las medidas que tales circunstancias exijan, inspiradas por el deseo de asegurar a los poderes constitucionales, en el menor plazo posible, los medios para cumplir su misión. » 
5. . Universidad de Georgetown. Archivado desde el original el 6 de octubre de 2017. Consultado el 23 de abril de 2018. «Artículo 61.-El Presidente de la República podrá solicitar autorización al Congreso Nacional para dictar disposiciones con fuerza de ley durante un plazo no superior a un año sobre materias que correspondan al dominio de la ley. » 
6. . Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Archivado desde el original el 13 de noviembre de 2010. Consultado el 23 de abril de 2018. 
7. «FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE CHILE». Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Archivado desde el original el 23 de abril de 2018. Consultado el 23 de abril de 2018. «Artículo 64.- El Presidente de la República podrá solicitar autorización al Congreso Nacional para dictar disposiciones con fuerza de ley durante un plazo no superior a un año sobre materias que correspondan al dominio de la ley. » 
8. Molina Gualta, Hernán (7 de febrero de 2001). (html). Scielo. Archivado desde el original el 23 de abril de 2018. Consultado el 23 de abril de 2018. «4. LEY AUTORIZANTE O HABILITANTE La autorización o habilitación al Presidente de la República regulada en el art. 61, es mediante ley. » 
9. Molina Gualta, Hernán (7 de febrero de 2001). (html). Scielo. Archivado desde el original el 23 de abril de 2018. Consultado el 23 de abril de 2018. «Pero a su vez, se ha conservado el método de señalar en dos incisos del art. 61 las materias a las que no podrá extenderse ni comprender tal autorización. Señala el art. 61 inciso 2:- "Esta autorización no podrá extenderse a la nacionalidad, la ciudadanía, las elecciones ni al plesbiscito, como tampoco a materias comprendidas en las garantías constitucionales o que deban ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado". » 
10. The U.S. National Archives and Records Administration. «FAQ's About Executive Orders - Federal Register» (en inglés). Consultado el 9 de febrero de 2017. 
11. John Contrubis, Executive Orders and Proclamations, CRS Report for Congress #95-722A, March 9, 1999, Pp. 1-2
12. . Archivos Nacionales del Reino Unido (en inglés). Archivado desde el original el 23 de abril de 2018. Consultado el 23 de abril de 2018. 
13. Cody, David. . Victorian web. Archivado desde el original el 11 de noviembre de 2010. Consultado el 23 de abril de 2018. «Los colegios públicos (public schools) y las universidades, incluso después de liberarse de las restricciones religiosas, siguieron siendo los bastiones del Anglicanismo, y en 1919 la Iglesia logró un grado de unidad todavía superior cuando, tras la aprobación de un acta que separaba efectivamente la Iglesia del Estado, fijó una asamblea que, cincuenta años después, se convertiría en el principal cuerpo legislativo de la Iglesia. » 
14. Crisp (1998:146–7)
15. . La experiencia democrática 1958 / 1998. Fundación Polar. Archivado desde el original el 6 de febrero de 2007. Consultado el 21 de enero de 2007. 
16. . Globovisión. 28 de noviembre de 2006. Archivado desde el original el 7 de febrero de 2007. Consultado el 21 de enero de 2007. 
17. «Ramón José Velásquez Mújica». Centro de Investigación de Relaciones Internacionales y desarrollo. 21 de septiembre de 2006. Consultado el 21 de enero de 2007. 
18. Crisp, Brian F. (1998), "Presidential Decree Authority in Venezuela", in John M. Carey and Matthew Soberg Shugart (eds, 1998), Executive decree authority, Cambridge University Press. p150
19. Crisp (1998:168)
20. «Land for People not for Profit in Venezuela». venezuelanalysis.com. 23 de agosto de 2005. Consultado el 29 de abril de 2008. 
21. . eluniversal.com. 22 de julio de 2004. Archivado desde el original el 4 de abril de 2008. Consultado el 29 de abril de 2008. 
22. «Venezuela». Departamento de Estado de los Estados Unidos. 4 de marzo de 2002. Consultado el 29 de abril de 2008. 
23. «Rule by decree passed for Chavez». BBC News. 19 de enero de 2007. Consultado el 19 de enero de 2007. 

•   Datos: Q4357989