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Crisis judicial de Colombia

Agosto 09, 2021

La Crisis judicial de Colombia hace referencia una crisis en el sistema judicial de larga duración en la historia reciente en el que hay congestión judicial desbordada, corrupción e impunidad.[1]​ En la actualidad el sistema judicial de Colombia enfrenta una crisis profunda debido a que hay un índice de impunidad del 92 %. A lo que se le suma la baja calidad de las condenas, se estima que hay 1,6 millones de casos que no avanzan en los despachos judiciales del país en 2017, lo que ha generado una imagen desfavorable del 80 % al sistema judicial. [2]​

Inicios

 
Edificación del Palacio de Justicia de Colombia. Reconstruido después de la Toma del Palacio de Justicia por parte del Movimiento 19 de abril (M-19) en 1985, su reconstrucción culminó en 1995.[3]​

Las condiciones del sistema de judicial en Colombia cambiaron luego la Toma del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985 por un comando del Movimiento 19 de abril (M-19). El M-19 mantuvo a cerca de 350 rehenes entre magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia. [4]​ Dicha incursión fue seguida de la reacción de la Policía Nacional y el Ejército Colombiano, rodeando el edificio e iniciando una operación de retoma del mismo que se extendió hasta el jueves 7 de noviembre de 1985. Los hechos culminaron 27 horas después, dejando un saldo de 98 muertos y varios desaparecidos y la destrucción de archivos de investigaciones contra magistrados, congresistas y personas que probablemente fueron cercanas a Pablo Escobar.[5]​ Esto significó un antes y un después para la institucionalidad de la justicia colombiana, pues los altos tribunales tenían una gran credibilidad en esa época y un profundo respeto en diferentes estancias de la vida nacional. Antes de la Constitución de 1991 la Corte Suprema de Justicia estaba compuesta por juristas elegidos mediante meritocracia.[6]​

Después de la Constitución de 1991, la elección de los magistrados de las Altas Cortes está a cargo del Senado de la República (Poder Legislativo) y el Presidente de Colombia (Poder Ejecutivo), quienes seleccionan los futuros miembros de las Altas Cortes mediante ternas presentadas por el Consejo de Estado y la Corte Suprema, estableciendo límites a los poderes que el máximo ente de justicia poseía antes de la Constitución de 1991 y generando debilidad institucional del Estado, clientelismo, corrupción, politización de la justicia, fracaso del sistema penal acusatorio e impunidad.[6]​[7]​[8]​[9]​

En 1994 el expresidente César Gaviria expresaba:

...La pobreza, la impunidad y la violencia, constituyen los peores males que aquejan a la sociedad colombiana y que, de manera determinante le han impedido alcanzar su potencial... Comencemos por el tema de la impunidad, que no es otro que el de la ausencia de justicia. Pues bien, en este terreno hemos empezado a edificar en firme sobre los cimientos que nos dejó la Carta de 1991...Sin embargo, la ruta no termina allí...[10]​

En 1996 el sistema judicial colombiano investigaba únicamente uno de cada tres homicidios, en la mayoría de los casos desconocía las circunstancias en las que se cometieron cerca del 80% de los casos de muertes violentas, dejaba libres a más del 80% de los homicidas, juzgaba solo el 6% de los casos y se condenaba el 4% de los homicidas. De esta manera, el 96% de las muertes violentas quedaban impunes en el país.

En 2002 Luis Camilo Osorio exfiscal general de la nación aseguraba:

Para analizar el estado de la justicia es menester referirse al equipo judicial con que cuenta nuestro país para combatir la criminalidad, entiéndase los homicidios bajo análisis. En efecto, Colombia tiene solo 10 fiscales por cada 100 homicidios, esta cifra se eleva a 120 fiscales en el caso de Perú, 100 en Panamá, 145 en Grecia, a 200 fiscales en la justicia alemana y a la no despreciable cifra de 250 fiscales en Inglaterra, para citar solo algunos casos.[10]​

Por su parte el fenómeno de la corrupción en Colombia ha generado problemáticas como el de la de puerta giratoria que permite a algunos magistrados trasladarse de una alta corporación a otra o entre el sector público y privado, el tráfico de influencias donde familias de magistrados obtienen cargos en los órganos de control u otras organizaciones, denuncias de persecución política y grabaciones ilegales a la Corte Suprema de Justicia entre el 2002-2010 durante el gobierno de Álvaro Uribe y las demoras en llenar vacantes al elegir funcionarios durante su gobierno, como ocurrió con el nombramiento de fiscal general durante los años 2009-2011 y denuncias que implicaban a magistrados por el uso indebido de vehículos del Estado o aceptación a invitaciones a cruceros.[2]​

Tras su elección en 2010 uno de los primeros objetivos del expresidente Juan Manuel Santos consistió en el restablecimiento de las relaciones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo colombiano, debilitadas durante la presidencia de Álvaro Uribe; para ello encargó al entonces designado ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, sostener diálogos con los jueces y magistrados de la nación. De estas primeras reuniones surgió el acuerdo de no presentar reformas a la Justicia sin antes concertar con las Altas Cortes.[11]​

En 2012 el expresidente Juan Manuel Santos señalaba:

Somos el país 178 entre 183, es decir, somos la sexta justicia más lenta del mundo (…) De acuerdo con los datos del Banco Mundial, el proceso tipo del Doing Business tarda en resolverse 1.346 días, es el doble del promedio de duración en América Latina y el doble del promedio en África.[12]​

En 2017 aproximadamente de 8,1 millones de necesidades jurídicas declaradas, se resolvían 1,1 millones, esto es, el 13 %; de cada 100 homicidios, se condenaban ocho lo que genera un índice de impunidad del 92 %. A lo que se le suma la baja calidad de las condenas, se estima que había 1,6 millones de casos que no avanzan en los despachos judiciales del país. El sistema judicial colombiano tiene una imagen desfavorable del 80 %.[2]​

Casos de corrupción

En febrero de 2015, el entonces magistrado de la Corte Constitucional, Mauricio González Cuervo, radicó una acusación ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra su colega magistrado y entonces presidente de la misma corte, Jorge Pretelt, quien supuestamente habría pedido $500 millones de pesos (más de USD$200.000 dólares a la tasa de febrero de 2015) al abogado Víctor Pacheco, para fallar una tutela que debía resolver la Corte a favor de la firma Fidupetrol.[13]​

En 2017 el Escándalo en la Fiscalía General de la Nación y en la Corte Suprema de Justicia, este último llamado "El Cartel de la toga" fue escándalo de corrupción judicial y política, en el cual miembros de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, a través de fiscales anticorrupción, obtenían dinero a cambio de demorar o desviar procesos en contra de quienes sobornaban. Se destapó en 2017, y es considerado un caso ejemplar de disfuncionalidad judicial del Estado Colombiano. El 27 de junio fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación, el que fuera hasta ese día el Jefe de la Unidad Anticorrupción del ente acusador; Luis Gustavo Moreno, acusado, junto a un abogado Leonardo Pinilla, de pedirle dinero al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, a cambio de desviar indagaciones que cursan en su contra por posible malversación de recursos que superan los $10.000 millones de pesos (USD$3.322.260 dólares a la tasa de febrero de 2017), de lo cual sería investigado formalmente por delitos como concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Lyons, quien pasó a ser cooperante del Departamento de Justicia de Estados Unidos, denunció que Pinilla y el Jefe Anticorrupción Moreno (quien apenas llevaba un mes en el cargo como fiscal anticorrupción) se le habían acercado para pedirle $100 millones (USD$33.200 dólares a la tasa de febrero de 2017) a cambio de entregarle copias de declaraciones juradas de testigos que habían hablado en la Fiscalía en su contra. [14]​[15]​[16]​[17]​ [18]​

La DEA le preparó una trampa a Moreno en Miami, Estados Unidos, donde le dio a Lyons (USD$10.000 dólares a la tasa de febrero de 2017) con billetes marcados para que le entregara a Moreno con el objetivo de rastrearlos. La Fiscalía de Colombia, sabiendo de antemano la operación de la DEA, envía a Moreno para entrevistarse con Lyons; luego, el dinero marcado es descubierto en manos del Jefe Anticorrupción y sus familiares en el vuelo de regresó a Colombia. El Departamento de Justicia estadounidense descubrió que Pinilla y Moreno, este último aprovechándose de su cargo, inundarían a sus fiscales con trabajo para que no pudieran concentrarse en el expediente del cooperante Lyons a cambio de $400 millones (USD$132.890 dólares a la tasa de febrero de 2017) y una “adición” de USD$30.000 dólares que aspiraba recibir antes de irse de Estados Unidos. Por estos hechos, la Corte del Distrito Sur de la Florida le va a endilgar a Moreno y a Pinilla los cargos de conspiración para lavar dinero con la intención de promover un soborno, haciendo formal la solicitud de extradición a Colombia,[19]​ además de la investigación que se les abrió en el país por el delito de concusión. Luego de este suceso, la Fiscalía ha procedido a capturar más de 50 de sus funcionarios a nivel nacional por hechos similares, varios de ellos podrían ser solicitados en extradición por Estados Unidos.[20]​ Luis Gustavo Moreno, luego de confesar su delito, atestiguo en la Fiscalía contra dos exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia; José Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte (a los cuales Estados Unidos les canceló la visa para ingresar a este país), manifestando que estos absolvieron a los entonces senadores Luis Alfredo Ramos, Hernán Andrade y Musa Besayle de investigaciones en su contra y que, por gestiones de Moreno y Pinilla, fallaron a favor de los congresistas a cambio de coimas; la investigación contra los exmagistrados esta en curso en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.[21]​

Por su parte, el senador Besayle admitió ante la Corte Suprema de Justicia que, en efecto, pagó dos mil millones de pesos (USD$681.663 dólares) al exfiscal Moreno y al exmagistrado Bustos para beneficiarle en un proceso en su contra por parapolítica, de una cantidad inicial de seis mil millones (USD$2`044.990 dólares a la tasa de febrero de 2017) solicitada por estos.[22]​ La Comisión de Acusaciones esta investigando además al actual magistrado de la corte Gustavo Malo, quien también estaría salpicado en el escándalo de sobornos del alto tribunal; la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia le pidió al magistrado implicado apartarse del cargo mientras continúe la investigación en su contra, petición rechazada por este afirmando que es inocente. Su hija, Yara Malo, será imputada por la Fiscalía por los delitos de extorsión agravada, al amenazar a una fiscal de Bogotá con "mover sus influencias" para hacerla despedir del cargo o trasladarla a un sector con problemas de orden público si no accedía a pagarle cierta cantidad de dinero por haberla ayudado a ingresar a trabajar en el ente acusador.[23]​[24]​ La Comisión de Acusaciones confirmó que el caso del exmagistrado Ricaurte queda bajo jurisdicción de la Fiscalía,[25]​ la cual le emitió orden de captura con detención en establecimiento carcelario por parte de un juez.[26]​ Por su parte, la Corte Suprema emitió el 25 de septiembre una orden de captura contra Musa Besayle por los delitos de cohecho y peculado, quien se entregó al CTI de la Fiscalía en Montería a comienzos de octubre.[27]​[28]​ Otros implicados en el escándalo del Cartel de la Toga son: El exmagistrado de la Corte Suprema, Camilo Tarquino, y el senador Álvaro Ashton.[29]​

Escándalos judiciales y políticos

En 2010 el Caso Colmenares es un proceso judicial (hoy resuelto en primera instancia y a la espera del pronunciamiento del Tribunal Superior de Bogotá), que se lleva a cabo, así como a toda una misteriosa serie de sucesos que iniciaron en algún punto de la madrugada del 31 de octubre de 2010 y que giran en torno a la muerte de un joven estudiante del programa de ingeniería industrial de la Universidad de Los Andes de Bogotá. [30]​[31]​[32]​Existe gran controversia por la notoriedad que se le ha dado al caso en los medios de comunicación por ser los acusados adinerados y tener influencia política. Las investigaciones sobre el caso han sido dudosas y no avanzan, y se presume que llegue hasta la Corte Suprema de Justicia.[33]​[34]​[35]​[36]​

En 2013 se dio a conocer la existencia del "Cartel de testigos falsos" el cual era una empresa criminal que ofrecía testigos falso que desviaban las investigaciones, causaban condenas contra inocentes y además recibían beneficios jurídicos.[37]​[38]​

En 2018 se dio a conocer a la opinión pública que hay más de 28 procesos judiciales en contra del expresidente y actual senador Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia que no avanzan y que han generado varias críticas a nivel nacional en torno a la corrupción del sistema judicial colombiano. [39]​[40]​ Además varios testigos contra Álvaro Uribe o sus cercanos han sido asesinados; Francisco Enrique Villaba en abril del 2009 y Carlos Enrique Areiza en 14 de abril de 2018 fueron amenazados después de declarar ante la justicia, posteriormente firmaron hojas en blanco que aparecieron como retractaciones a sus denuncias y finalmente al ser liberados de la cárcel sin condiciones de seguridad adecuadas fueron asesinados posteriormente por causas desconocidas.[41]​ En febrero de 2018, la revista SEMANA publicó las pruebas que llevaron a la Corte Suprema de Justicia a abrir una investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal en el caso denominado de falsos testigos contra el senador Iván Cepeda.[42]​[43]​

El 11 de enero de 2019 ocurrieron varias marchas a lo largo del país denominadas la Marcha de las linternas, los manifestantes exigieron la renuncia del fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, por supuestas conexiones que podría tener el funcionario con el caso de corrupción de Odebrecht, la impunidad de la justicia y la oleada de asesinatos de líderes sociales. Además meses pasados fueron reveladas grabaciones que involucran al fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, con irregularidades y posibles delitos de la constructora brasileña Odebrecht. Las grabaciones fueron entregadas por Alejandro Pizano testigo clave en la investigación, quien falleció en noviembre de 2018 y, días después, su hijo apareció envenenado con cianuro tras beber agua de una botella. Según Medicina legal y la Fiscalía su padre había bebido de la misma botella de agua con cianuro.[44]​[45]​[46]​

El 10 de marzo de 2019 el presidente Iván Duque anunció, que por razones de inconveniencia el Gobierno nacional hace objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). [47]​ Sin llegar a un consenso en la votación en el Senado las objeciones pasaron a manos de la Corte Suprema de Justicia. [48]​ Por su parte la Embajada de Estados Unidos le canceló las visas a tres magistrados de las altas cortes: dos de la Corte Constitucional y uno de la Corte Suprema de Justicia lo que género la respuesta conjunta de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) las cuales rechazaron cualquier tipo de presión extranjera frente a la decisión sobre las objeciones a la JEP y dijeron que seguirán tomando decisiones de acuerdo a la Constitución de Colombia y la ley.[49]​

El 15 de mayo de 2019 en medio de la decisión de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de no extraditar a Estados Unidos y dejar en libertad a Jesús Santrich por no encontrarse pruebas en su contra de narcotráfico, el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez renunció a su cargo. [50]​ El 16 de mayo de 2019 renunció la ministra de Justicia y del Derecho, Gloria María Borrero.[51]​

Crisis penitenciaria y carcelaria

El sistema penitenciario y carcelario colombiano está a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho.[52]​

Actualmente el sistema sistema penitenciario y carcelario presenta varias problemáticas:

  • Hacinamiento: la tasa de hacinamiento en centros penitenciarios supera el 365%, en 2018 había 115.792 personas privadas de libertad.[53]​
  • Infraestructura deficiente: la infraestructura penitenciaria es obsoleta e insuficiente para la demanda actual.[53]​
  • Personal penitenciario insuficiente: el número de funcionarios disponibles para trabajar en planteles penitenciarios es bastante bajo (15.795 personas en 2018) en relación con el número de presos.[53]​
  • Corrupción: el tipo de corrupción más recurrente y conocida en las prisiones colombianas tiene que ver con sobornos a funcionarios del INPEC para obtener algún beneficio. [54]​

Intentos de reforma a la justicia

Desde el año 2002 se ha pretendido reformar la justicia pero todo intento de reforma ha sido fallido, entre ellos la Reforma a la Justicia en Colombia de 2012, un proyecto de acto legislativo presentado por el Gobierno Nacional al Congreso de la República de Colombia, con el cual se pretendía modificar la Constitución de 1991 en los artículos relacionados con la administración de justicia. Fue aprobada por el Congreso el 20 de junio de 2012 y generó fuertes críticas por parte de la sociedad civil, algunos medios de comunicación y diferentes ONG, por los beneficios que otorgaba a los parlamentarios. Debido a la presión ejercida por la opinión pública, el expresidente Juan Manuel Santos decidió objetar su aprobación y convocar al Congreso a sesiones extraordinarias con el fin de revocarla. Finalmente, el 28 de junio de 2012 el Congreso decidió hundir el proyecto de acto legislativo que había sido aprobado. [55]​[56]​[57]​

El 7 de mayo de 2019 la Comisión Primera del Senado de la República aprobó en primer debate el proyecto de Acto Legislativo, presentado por la bancada del Partido político Cambio Radical, que busca reformar a la justicia colombiana.[58]​

Por su parte el Senador Germán Varón proponente de la iniciativa que busca corregir el actual sistema judicial señaló:

No es lógico que un ciudadano tenga que esperar la decisión de un Juez por 4, 5, 6 años. La gente ya no cree en sus instituciones, y eso es lo que queremos brindar, dar mejores tiempos y mejor justicia.[59]​

Repercusiones

El Poder Judicial en Colombia enfrenta varias problemáticas: judicialización de la política, politización de la justicia, hipertrofia de la rama judicial, congestión, impunidad, y tutelización de las necesidades jurídicas.[2]​

El sistema judicial colombiano es uno de los más lentos del mundo debido a que existe un personal judicial insuficiente y la corrupción ha infestado el poder judicial impidiendo la creación de unidades de Fiscalía, para la creación de juzgados, entre otros.[60]​

Protestas

En la historia reciente de Colombia ha habido diferentes paros nacionales de la rama judicial (2008, 2012, 2013) a causa de la congestión judicial y penitenciaria, recortes en el personal judicial, aumentos salariales, impunidad, entre otros.[61]​[62]​[63]​ En julio de 2014 el paro duro 80 días debido al incumplimiento del Estado en darle la financiación adecuada a la rama judicial y tramitar la ley que permitiera que para el 2015 hubiera mecanismos que solucionaran la congestión del sistema judicial ya que había un millón 500 mil procesos que estaban retrasados.[64]​[65]​ En enero de 2016 el paro duro más de 60 días a causa del Acuerdo 10445 del 2015.[66]​ En noviembre de 2018 el paro duro un mes y medio a causa de la implementación del Acuerdo 11127 del 2018.[67]​

Referencias

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  2. ↑ «La profunda crisis de la Justicia». 22 de marzo de 2017. Consultado el 16 de mayo de 2019. 
  3. «Así quedara el Palacio de Justicia». El Tiempo (web). 26 de diciembre de 1993. Consultado el 20 de mayo de 2019. 
  4. «Tejiendo memoria: así son recordados los desaparecidos del Palacio de Justicia». RCN Radio (web). 5 de noviembre de 2018. Consultado el 19 de mayo de 2019. 
  5. "¿Hubo narcos en la toma del Palacio?" en Revista SEMANA el 7 de octubre de 2009 en Wayback Machine.
  6. ↑ «Los cambios en la justicia luego de la toma del Palacio». Universidad Eafit. Consultado el 19 de mayo de 2019. 
  7. Universidad de los Andes (22 de mayo de 2015). «La justicia en Colombia, ¿en manos de corruptos?». 
  8. HispanTV (16 de septiembre de 2017). «La corrupción e impunidad reinan en la justicia de Colombia». 
  9. «¿Qué pasa con la justicia en Colombia?». Noticias Caracol. 2 de febrero de 2013. Consultado el 20 de mayo de 2019. 
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  11. «No habrá un proyecto de reforma a la justicia sin concertación con las altas cortes: Vargas Lleras». El Tiempo (Colombia). 30 de julio de 2012. Consultado el 25 de junio de 2012. 
  12. «¿Por qué la justicia colombiana es la sexta más lenta del mundo?». 
  13. «Contenido». ELESPECTADOR.COM. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  14. «El "Cartel de la toga": un escándalo aún vigente». 
  15. «Seis lecturas para entender el cartel de la toga». 2017. 
  16. «Procuraduría comprueba que Gustavo Malo sí hizo parte del cartel de la toga». 14 de diciembre de 2017. Consultado el 25 de febrero de 2018. 
  17. «El cartel de la toga». La Silla Vacía. Consultado el 25 de febrero de 2018. 
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  19. «Arresto de jefe anticorrupción, escándalo mayor en la Fiscalía | ELESPECTADOR.COM». ELESPECTADOR.COM. 27 de junio de 2017. Consultado el 31 de julio de 2017. 
  20. Radio, Caracol (12 de julio de 2017). «Van 50 capturas por corrupción dentro de la Fiscalía por el caso Moreno». Caracol Radio. Consultado el 31 de julio de 2017. 
  21. Tiempo, Casa Editorial El. «Tres expresidentes de Corte Suprema, salpicados por caso de corrupción». El Tiempo. Consultado el 11 de noviembre de 2017. 
  22. «¡Atención! Musa Besaile confiesa que pagó $ 2.000 millones de pesos a magistrados para que lo beneficien jurídicamente». 29 de agosto de 2017. Consultado el 11 de noviembre de 2017. 
  23. «Magistrado Gustavo Malo no renunciará a la Corte Suprema de Justicia | ELESPECTADOR.COM». ELESPECTADOR.COM. 13 de septiembre de 2017. Consultado el 11 de noviembre de 2017. 
  24. «En medio del escándalo en la Corte, magistrado Gustavo Malo quedó entre la espada y la pared | ELESPECTADOR.COM». ELESPECTADOR.COM. 12 de septiembre de 2017. Consultado el 11 de noviembre de 2017. 
  25. «Exmagistrado Francisco Ricaurte será investigado por la Fiscalía, confirma el Congreso | ELESPECTADOR.COM». ELESPECTADOR.COM. 20 de septiembre de 2017. Consultado el 11 de noviembre de 2017. 
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Véase también

Enlaces externos

  • Neoinstitucionalismo y reformas a la justicia en Colombia en los años noventas.
  • Aproximación a la historia de una década de transformaciones de la justicia colombiana.
  • La Congestión Judicial en Colombia.
  • Justicia e impunidad en Colombia: reflexiones a propósito de una reforma ¿fallida?.
  • Corrupción, justicia y política en Colombia.
  •   Datos: Q65162813

Agosto 09, 2021
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La Crisis judicial de Colombia hace referencia una crisis en el sistema judicial de larga duracion en la historia reciente en el que hay congestion judicial desbordada corrupcion e impunidad 1 En la actualidad el sistema judicial de Colombia enfrenta una crisis profunda debido a que hay un indice de impunidad del 92 A lo que se le suma la baja calidad de las condenas se estima que hay 1 6 millones de casos que no avanzan en los despachos judiciales del pais en 2017 lo que ha generado una imagen desfavorable del 80 al sistema judicial 2 Indice 1 Inicios 2 Casos de corrupcion 3 Escandalos judiciales y politicos 4 Crisis penitenciaria y carcelaria 5 Intentos de reforma a la justicia 6 Repercusiones 7 Protestas 8 Referencias 9 Vease tambien 10 Enlaces externosInicios Editar Edificacion del Palacio de Justicia de Colombia Reconstruido despues de la Toma del Palacio de Justicia por parte del Movimiento 19 de abril M 19 en 1985 su reconstruccion culmino en 1995 3 Las condiciones del sistema de judicial en Colombia cambiaron luego la Toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985 por un comando del Movimiento 19 de abril M 19 El M 19 mantuvo a cerca de 350 rehenes entre magistrados consejeros de Estado servidores judiciales empleados y visitantes del Palacio de Justicia 4 Dicha incursion fue seguida de la reaccion de la Policia Nacional y el Ejercito Colombiano rodeando el edificio e iniciando una operacion de retoma del mismo que se extendio hasta el jueves 7 de noviembre de 1985 Los hechos culminaron 27 horas despues dejando un saldo de 98 muertos y varios desaparecidos y la destruccion de archivos de investigaciones contra magistrados congresistas y personas que probablemente fueron cercanas a Pablo Escobar 5 Esto significo un antes y un despues para la institucionalidad de la justicia colombiana pues los altos tribunales tenian una gran credibilidad en esa epoca y un profundo respeto en diferentes estancias de la vida nacional Antes de la Constitucion de 1991 la Corte Suprema de Justicia estaba compuesta por juristas elegidos mediante meritocracia 6 Despues de la Constitucion de 1991 la eleccion de los magistrados de las Altas Cortes esta a cargo del Senado de la Republica Poder Legislativo y el Presidente de Colombia Poder Ejecutivo quienes seleccionan los futuros miembros de las Altas Cortes mediante ternas presentadas por el Consejo de Estado y la Corte Suprema estableciendo limites a los poderes que el maximo ente de justicia poseia antes de la Constitucion de 1991 y generando debilidad institucional del Estado clientelismo corrupcion politizacion de la justicia fracaso del sistema penal acusatorio e impunidad 6 7 8 9 En 1994 el expresidente Cesar Gaviria expresaba La pobreza la impunidad y la violencia constituyen los peores males que aquejan a la sociedad colombiana y que de manera determinante le han impedido alcanzar su potencial Comencemos por el tema de la impunidad que no es otro que el de la ausencia de justicia Pues bien en este terreno hemos empezado a edificar en firme sobre los cimientos que nos dejo la Carta de 1991 Sin embargo la ruta no termina alli 10 En 1996 el sistema judicial colombiano investigaba unicamente uno de cada tres homicidios en la mayoria de los casos desconocia las circunstancias en las que se cometieron cerca del 80 de los casos de muertes violentas dejaba libres a mas del 80 de los homicidas juzgaba solo el 6 de los casos y se condenaba el 4 de los homicidas De esta manera el 96 de las muertes violentas quedaban impunes en el pais En 2002 Luis Camilo Osorio exfiscal general de la nacion aseguraba Para analizar el estado de la justicia es menester referirse al equipo judicial con que cuenta nuestro pais para combatir la criminalidad entiendase los homicidios bajo analisis En efecto Colombia tiene solo 10 fiscales por cada 100 homicidios esta cifra se eleva a 120 fiscales en el caso de Peru 100 en Panama 145 en Grecia a 200 fiscales en la justicia alemana y a la no despreciable cifra de 250 fiscales en Inglaterra para citar solo algunos casos 10 Por su parte el fenomeno de la corrupcion en Colombia ha generado problematicas como el de la de puerta giratoria que permite a algunos magistrados trasladarse de una alta corporacion a otra o entre el sector publico y privado el trafico de influencias donde familias de magistrados obtienen cargos en los organos de control u otras organizaciones denuncias de persecucion politica y grabaciones ilegales a la Corte Suprema de Justicia entre el 2002 2010 durante el gobierno de Alvaro Uribe y las demoras en llenar vacantes al elegir funcionarios durante su gobierno como ocurrio con el nombramiento de fiscal general durante los anos 2009 2011 y denuncias que implicaban a magistrados por el uso indebido de vehiculos del Estado o aceptacion a invitaciones a cruceros 2 Tras su eleccion en 2010 uno de los primeros objetivos del expresidente Juan Manuel Santos consistio en el restablecimiento de las relaciones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo colombiano debilitadas durante la presidencia de Alvaro Uribe para ello encargo al entonces designado ministro del Interior y de Justicia German Vargas Lleras sostener dialogos con los jueces y magistrados de la nacion De estas primeras reuniones surgio el acuerdo de no presentar reformas a la Justicia sin antes concertar con las Altas Cortes 11 En 2012 el expresidente Juan Manuel Santos senalaba Somos el pais 178 entre 183 es decir somos la sexta justicia mas lenta del mundo De acuerdo con los datos del Banco Mundial el proceso tipo del Doing Business tarda en resolverse 1 346 dias es el doble del promedio de duracion en America Latina y el doble del promedio en Africa 12 En 2017 aproximadamente de 8 1 millones de necesidades juridicas declaradas se resolvian 1 1 millones esto es el 13 de cada 100 homicidios se condenaban ocho lo que genera un indice de impunidad del 92 A lo que se le suma la baja calidad de las condenas se estima que habia 1 6 millones de casos que no avanzan en los despachos judiciales del pais El sistema judicial colombiano tiene una imagen desfavorable del 80 2 Casos de corrupcion EditarEn febrero de 2015 el entonces magistrado de la Corte Constitucional Mauricio Gonzalez Cuervo radico una acusacion ante la Comision de Acusaciones de la Camara de Representantes contra su colega magistrado y entonces presidente de la misma corte Jorge Pretelt quien supuestamente habria pedido 500 millones de pesos mas de USD 200 000 dolares a la tasa de febrero de 2015 al abogado Victor Pacheco para fallar una tutela que debia resolver la Corte a favor de la firma Fidupetrol 13 En 2017 el Escandalo en la Fiscalia General de la Nacion y en la Corte Suprema de Justicia este ultimo llamado El Cartel de la toga fue escandalo de corrupcion judicial y politica en el cual miembros de la Corte Suprema de Justicia de Colombia a traves de fiscales anticorrupcion obtenian dinero a cambio de demorar o desviar procesos en contra de quienes sobornaban Se destapo en 2017 y es considerado un caso ejemplar de disfuncionalidad judicial del Estado Colombiano El 27 de junio fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalia General de la Nacion el que fuera hasta ese dia el Jefe de la Unidad Anticorrupcion del ente acusador Luis Gustavo Moreno acusado junto a un abogado Leonardo Pinilla de pedirle dinero al exgobernador de Cordoba Alejandro Lyons a cambio de desviar indagaciones que cursan en su contra por posible malversacion de recursos que superan los 10 000 millones de pesos USD 3 322 260 dolares a la tasa de febrero de 2017 de lo cual seria investigado formalmente por delitos como concierto para delinquir interes indebido en la celebracion de contratos y peculado por apropiacion Lyons quien paso a ser cooperante del Departamento de Justicia de Estados Unidos denuncio que Pinilla y el Jefe Anticorrupcion Moreno quien apenas llevaba un mes en el cargo como fiscal anticorrupcion se le habian acercado para pedirle 100 millones USD 33 200 dolares a la tasa de febrero de 2017 a cambio de entregarle copias de declaraciones juradas de testigos que habian hablado en la Fiscalia en su contra 14 15 16 17 18 La DEA le preparo una trampa a Moreno en Miami Estados Unidos donde le dio a Lyons USD 10 000 dolares a la tasa de febrero de 2017 con billetes marcados para que le entregara a Moreno con el objetivo de rastrearlos La Fiscalia de Colombia sabiendo de antemano la operacion de la DEA envia a Moreno para entrevistarse con Lyons luego el dinero marcado es descubierto en manos del Jefe Anticorrupcion y sus familiares en el vuelo de regreso a Colombia El Departamento de Justicia estadounidense descubrio que Pinilla y Moreno este ultimo aprovechandose de su cargo inundarian a sus fiscales con trabajo para que no pudieran concentrarse en el expediente del cooperante Lyons a cambio de 400 millones USD 132 890 dolares a la tasa de febrero de 2017 y una adicion de USD 30 000 dolares que aspiraba recibir antes de irse de Estados Unidos Por estos hechos la Corte del Distrito Sur de la Florida le va a endilgar a Moreno y a Pinilla los cargos de conspiracion para lavar dinero con la intencion de promover un soborno haciendo formal la solicitud de extradicion a Colombia 19 ademas de la investigacion que se les abrio en el pais por el delito de concusion Luego de este suceso la Fiscalia ha procedido a capturar mas de 50 de sus funcionarios a nivel nacional por hechos similares varios de ellos podrian ser solicitados en extradicion por Estados Unidos 20 Luis Gustavo Moreno luego de confesar su delito atestiguo en la Fiscalia contra dos exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia Jose Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte a los cuales Estados Unidos les cancelo la visa para ingresar a este pais manifestando que estos absolvieron a los entonces senadores Luis Alfredo Ramos Hernan Andrade y Musa Besayle de investigaciones en su contra y que por gestiones de Moreno y Pinilla fallaron a favor de los congresistas a cambio de coimas la investigacion contra los exmagistrados esta en curso en la Comision de Acusaciones de la Camara de Representantes 21 Por su parte el senador Besayle admitio ante la Corte Suprema de Justicia que en efecto pago dos mil millones de pesos USD 681 663 dolares al exfiscal Moreno y al exmagistrado Bustos para beneficiarle en un proceso en su contra por parapolitica de una cantidad inicial de seis mil millones USD 2 044 990 dolares a la tasa de febrero de 2017 solicitada por estos 22 La Comision de Acusaciones esta investigando ademas al actual magistrado de la corte Gustavo Malo quien tambien estaria salpicado en el escandalo de sobornos del alto tribunal la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia le pidio al magistrado implicado apartarse del cargo mientras continue la investigacion en su contra peticion rechazada por este afirmando que es inocente Su hija Yara Malo sera imputada por la Fiscalia por los delitos de extorsion agravada al amenazar a una fiscal de Bogota con mover sus influencias para hacerla despedir del cargo o trasladarla a un sector con problemas de orden publico si no accedia a pagarle cierta cantidad de dinero por haberla ayudado a ingresar a trabajar en el ente acusador 23 24 La Comision de Acusaciones confirmo que el caso del exmagistrado Ricaurte queda bajo jurisdiccion de la Fiscalia 25 la cual le emitio orden de captura con detencion en establecimiento carcelario por parte de un juez 26 Por su parte la Corte Suprema emitio el 25 de septiembre una orden de captura contra Musa Besayle por los delitos de cohecho y peculado quien se entrego al CTI de la Fiscalia en Monteria a comienzos de octubre 27 28 Otros implicados en el escandalo del Cartel de la Toga son El exmagistrado de la Corte Suprema Camilo Tarquino y el senador Alvaro Ashton 29 Escandalos judiciales y politicos EditarEn 2010 el Caso Colmenares es un proceso judicial hoy resuelto en primera instancia y a la espera del pronunciamiento del Tribunal Superior de Bogota que se lleva a cabo asi como a toda una misteriosa serie de sucesos que iniciaron en algun punto de la madrugada del 31 de octubre de 2010 y que giran en torno a la muerte de un joven estudiante del programa de ingenieria industrial de la Universidad de Los Andes de Bogota 30 31 32 Existe gran controversia por la notoriedad que se le ha dado al caso en los medios de comunicacion por ser los acusados adinerados y tener influencia politica Las investigaciones sobre el caso han sido dudosas y no avanzan y se presume que llegue hasta la Corte Suprema de Justicia 33 34 35 36 En 2013 se dio a conocer la existencia del Cartel de testigos falsos el cual era una empresa criminal que ofrecia testigos falso que desviaban las investigaciones causaban condenas contra inocentes y ademas recibian beneficios juridicos 37 38 En 2018 se dio a conocer a la opinion publica que hay mas de 28 procesos judiciales en contra del expresidente y actual senador Alvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia que no avanzan y que han generado varias criticas a nivel nacional en torno a la corrupcion del sistema judicial colombiano 39 40 Ademas varios testigos contra Alvaro Uribe o sus cercanos han sido asesinados Francisco Enrique Villaba en abril del 2009 y Carlos Enrique Areiza en 14 de abril de 2018 fueron amenazados despues de declarar ante la justicia posteriormente firmaron hojas en blanco que aparecieron como retractaciones a sus denuncias y finalmente al ser liberados de la carcel sin condiciones de seguridad adecuadas fueron asesinados posteriormente por causas desconocidas 41 En febrero de 2018 la revista SEMANA publico las pruebas que llevaron a la Corte Suprema de Justicia a abrir una investigacion en contra del expresidente Alvaro Uribe por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal en el caso denominado de falsos testigos contra el senador Ivan Cepeda 42 43 El 11 de enero de 2019 ocurrieron varias marchas a lo largo del pais denominadas la Marcha de las linternas los manifestantes exigieron la renuncia del fiscal general de la nacion Nestor Humberto Martinez por supuestas conexiones que podria tener el funcionario con el caso de corrupcion de Odebrecht la impunidad de la justicia y la oleada de asesinatos de lideres sociales Ademas meses pasados fueron reveladas grabaciones que involucran al fiscal general de Colombia Nestor Humberto Martinez con irregularidades y posibles delitos de la constructora brasilena Odebrecht Las grabaciones fueron entregadas por Alejandro Pizano testigo clave en la investigacion quien fallecio en noviembre de 2018 y dias despues su hijo aparecio envenenado con cianuro tras beber agua de una botella Segun Medicina legal y la Fiscalia su padre habia bebido de la misma botella de agua con cianuro 44 45 46 El 10 de marzo de 2019 el presidente Ivan Duque anuncio que por razones de inconveniencia el Gobierno nacional hace objeciones a seis de los 159 articulos de la Ley Estatutaria de la Jurisdiccion Especial para la Paz JEP 47 Sin llegar a un consenso en la votacion en el Senado las objeciones pasaron a manos de la Corte Suprema de Justicia 48 Por su parte la Embajada de Estados Unidos le cancelo las visas a tres magistrados de las altas cortes dos de la Corte Constitucional y uno de la Corte Suprema de Justicia lo que genero la respuesta conjunta de la Corte Constitucional el Consejo de Estado y la Jurisdiccion Especial para la Paz JEP las cuales rechazaron cualquier tipo de presion extranjera frente a la decision sobre las objeciones a la JEP y dijeron que seguiran tomando decisiones de acuerdo a la Constitucion de Colombia y la ley 49 El 15 de mayo de 2019 en medio de la decision de la Jurisdiccion Especial de Paz JEP de no extraditar a Estados Unidos y dejar en libertad a Jesus Santrich por no encontrarse pruebas en su contra de narcotrafico el Fiscal General de la Nacion Nestor Humberto Martinez renuncio a su cargo 50 El 16 de mayo de 2019 renuncio la ministra de Justicia y del Derecho Gloria Maria Borrero 51 Crisis penitenciaria y carcelaria EditarEl sistema penitenciario y carcelario colombiano esta a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho 52 Actualmente el sistema sistema penitenciario y carcelario presenta varias problematicas Hacinamiento la tasa de hacinamiento en centros penitenciarios supera el 365 en 2018 habia 115 792 personas privadas de libertad 53 Infraestructura deficiente la infraestructura penitenciaria es obsoleta e insuficiente para la demanda actual 53 Personal penitenciario insuficiente el numero de funcionarios disponibles para trabajar en planteles penitenciarios es bastante bajo 15 795 personas en 2018 en relacion con el numero de presos 53 Corrupcion el tipo de corrupcion mas recurrente y conocida en las prisiones colombianas tiene que ver con sobornos a funcionarios del INPEC para obtener algun beneficio 54 Intentos de reforma a la justicia Editar Pancarta en rechazo a la reforma a la justicia de 2012 ubicada en el Palacio de Justicia en Bogota Desde el ano 2002 se ha pretendido reformar la justicia pero todo intento de reforma ha sido fallido entre ellos la Reforma a la Justicia en Colombia de 2012 un proyecto de acto legislativo presentado por el Gobierno Nacional al Congreso de la Republica de Colombia con el cual se pretendia modificar la Constitucion de 1991 en los articulos relacionados con la administracion de justicia Fue aprobada por el Congreso el 20 de junio de 2012 y genero fuertes criticas por parte de la sociedad civil algunos medios de comunicacion y diferentes ONG por los beneficios que otorgaba a los parlamentarios Debido a la presion ejercida por la opinion publica el expresidente Juan Manuel Santos decidio objetar su aprobacion y convocar al Congreso a sesiones extraordinarias con el fin de revocarla Finalmente el 28 de junio de 2012 el Congreso decidio hundir el proyecto de acto legislativo que habia sido aprobado 55 56 57 El 7 de mayo de 2019 la Comision Primera del Senado de la Republica aprobo en primer debate el proyecto de Acto Legislativo presentado por la bancada del Partido politico Cambio Radical que busca reformar a la justicia colombiana 58 Por su parte el Senador German Varon proponente de la iniciativa que busca corregir el actual sistema judicial senalo No es logico que un ciudadano tenga que esperar la decision de un Juez por 4 5 6 anos La gente ya no cree en sus instituciones y eso es lo que queremos brindar dar mejores tiempos y mejor justicia 59 Repercusiones EditarEl Poder Judicial en Colombia enfrenta varias problematicas judicializacion de la politica politizacion de la justicia hipertrofia de la rama judicial congestion impunidad y tutelizacion de las necesidades juridicas 2 El sistema judicial colombiano es uno de los mas lentos del mundo debido a que existe un personal judicial insuficiente y la corrupcion ha infestado el poder judicial impidiendo la creacion de unidades de Fiscalia para la creacion de juzgados entre otros 60 Protestas EditarEn la historia reciente de Colombia ha habido diferentes paros nacionales de la rama judicial 2008 2012 2013 a causa de la congestion judicial y penitenciaria recortes en el personal judicial aumentos salariales impunidad entre otros 61 62 63 En julio de 2014 el paro duro 80 dias debido al incumplimiento del Estado en darle la financiacion adecuada a la rama judicial y tramitar la ley que permitiera que para el 2015 hubiera mecanismos que solucionaran la congestion del sistema judicial ya que habia un millon 500 mil procesos que estaban retrasados 64 65 En enero de 2016 el paro duro mas de 60 dias a causa del Acuerdo 10445 del 2015 66 En noviembre de 2018 el paro duro un mes y medio a causa de la implementacion del Acuerdo 11127 del 2018 67 Referencias Editar Rodrigo Urrego 22 de junio de 2012 Reforma a la Justicia el paso a paso de una irresponsabilidad Semana Colombia Consultado el 16 de mayo de 2019 a b c d La 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