Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) es un organismo descentralizado no sectorizado a alguna secretaría de Estado que forma parte de la Administración Pública Federal en México. Sus funciones son diseñar, ejecutar, coordinar, evaluar las políticas, programas, estrategias y proyectos para el desarrollo de los pueblos indígenas y afromexicanos del país.^[1]

Logo actual

Casa de la Niñez Indígena en el Municipio de San José del Rincón (Estado de México)

Información general

Sigla

INPI

Ámbito

México

Tipo

Órgano descentralizado

Sede

Av. México-Coyoacán 458, Col. Xoco, Benito Juárez, Ciudad de México

Organización

Director general

Adelfo Regino Montes

Entidad superior

Presidente de México

Relacionados

Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas

Historia

Fundación

4 de diciembre de 2018 (3 años)

Sucesión

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

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Sitio web

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Se creó el 4 de diciembre de 2018 por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador y reemplazó a la antigua Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.^[1]

Por ser una dependencia no central forma parte del gabinete presidencial empleado y por ello cuenta con autonomía así como una personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene su sede en la Ciudad de México.

Logotipos

Artículo principal: Logotipos del Gobierno de México

Logo de la CDI durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012)
Logo de la CDI durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018)
Actual logo del INPI durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024)

Funciones

Según el artículo 4 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas entre sus principales funciones destacan:^[2]

Diseñar e implementar políticas, planes, programas y proyectos de los pueblos indígenas y afromexicano, así como impulsar y fortalecer las instituciones propias de dichos pueblos.
Definir los lineamientos y políticas públicas relativas a los pueblos indígenas y afromexicano dentro de la Administración Pública Federal.
Hacer garantizar, proteger y respetar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a través de un diálogo sostenido e incluyente como sujetos de derecho público con ellos.
Hacer garantizar la pertinencia económica, social, cultural, política, lingüística y de género en la coordinación de los planes, programas y proyectos de los demás organismos de la Administración Pública Federal.

Organización

Según los artículos 11 y 12 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, está organizado de la siguiente forma:^[3]

Junta de Gobierno (órgano gubernamental)
- Presidente de México
- Secretario de Gobernación
- Secretario de Hacienda y Crédito Público
- Secretario de Bienestar
- Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales
- Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural
- Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
- Secretario de la Función Pública
- Secretario de Salud
- Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
- Secretario de Relaciones Exteriores
- Representante del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas
Dirección General (órgano administrativo)
- Director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (órgano de participación, consulta y vinculación)
Oficinas de Representación del Instituto (órganos de representación en las entidades federativas)
Centros Coordinadores de Pueblos Indígenas (órganos de operación regional)

Historia

Antecedentes

Hubo algunos precedentes que fungieron como antecedentes para la creación del Departamento de Asuntos Indígenas en 1940. En 1917 se creó el Departamento de Antropología de la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Educación y Cultura para la Raza Indígena en 1921. En 1925 se creó el Departamento de Escuelas Rurales de Incorporación Cultural Indígena. Finalmente

También es importante mencionar en el México posrevolucionario se puede mencionar que Manuel Gamio ejerció una fuerte influencia en el tema y que incluso es reconocido como el padre de la antropología moderna en su país. Finalmente ya en la década de los 30 se procedió con el Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas en 1936 y Departamento de Educación Indígena en 1937 dentro de la SEP.

Departamento de Asuntos Indígenas

Durante la presidencia de Lázaro Cárdenas se realizaron diversas reformas al gabinete presidencial. Entre las que más destacaron fue la creación de «departamentos», dependencias centralizadas pero con una jerarquía de menor importancia que las secretarías de Estado. El 1 de diciembre de 1940 Cárdenas decretó la creación del Departamento de Asuntos Indígenas.^[4]

Cuando Manuel Ávila Camacho llegó a la silla presidencial redujo el número de departamentos existentes del gabinete presidencial de trece a únicamente dos, entre los que se extinguió el de Asuntos Indígenas. El 31 de diciembre de 1946 la SEP regresó a las facultades que tenía antes de 1940^[5] y en 1947 se fundó la Dirección General de Asuntos Indígenas.^[6]

Instituto Nacional Indigenista

Alfonso Caso fue un arqueólogo mexicano que participó en el Primer Congreso Indigenista Interamericano y que ya había participado para la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). También participaron diversos hombres de la época como el ya mencionado Gamio, Luis Chávez Orozco, Moisés Sáenz, Julio de la Fuente Chicoséin y Gonzalo Aguirre Beltrán.^[6]

Alemán Valdés creó el Instituto Nacional Indigenista

El 4 de diciembre de 1948 el presidente Miguel Alemán Valdés decretó la creación del Instituto Nacional Indígena (INI).^[7]Se originó como una un instituto de la Administración Pública Federal pero a su vez como una filial del Instituto Indigenista Interamericano y a diferencia al antiguo Departamento de Asuntos Indígenas este sí tuvo una personalidad jurídica propia. Sus funciones fueron las siguientes:

Investigar los problemas relativos a los núcleos indígenas del país;
Estudiar las medidas de mejoramiento que requieran esos núcleos indígenas;
Promover ante el Ejecutivo Federal la aprobación y la aplicación de estas medidas;
Intervenir en la realización de las medidas aprobadas, coordinando y dirigiendo, en su caso, la acción de los órganos gubernamentales competentes;
Fungir como cuerpo consultivo de las instituciones oficiales y privadas acerca de las materias que, conforme a la presente Ley, son de su competencia;
Difundir, cuando lo estime conveniente y por los medios adecuados, los resultados de sus investigaciones, estudios y promociones.
Emprender aquellas obras de mejoramiento de las comunidades indígenas que le encomiende el Ejecutivo, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Indígenas, encargado de coordinar las políticas públicas y los programas sociales del gobierno federal, en favor de las comunidades indígenas del país, así como cuidar que estas comunidades pudieran seguir sus propias costumbres, tales como la lengua, educación, etc.

Cabe mencionar que durante aquella época su principal labor fue el de era realizar sus facultades para la vida política, social y económica de los indígenas al país a través de un proceso de aculturación, o sea, despojándolos de su cultura para su asimilación con el resto de la población, que no cambiaría hasta los años 70.^[8]

En 1951 se realizaron sus primeras medidas aplicadas: se formó el Consejo del Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital para proponer soluciones a los problemas económicos de la región, se fundó el primer Centro Coordinador Indigenista (CCI) en San Cristóbal de las Casas (Chiapas) y se el Museo de Artes e Industrias Populares en Pátzcuaro (Michoacán) por una colaboración con el INAH.^[8]

En años siguientes (y hasta 1968) se fundarían un total de diez CCI. Cuatro fueron en Oaxaca, por el estado con mayor presencia indígena: Papaloapan, Tlaxiaco, Jamiltepec y Huautla de Jiménez; y el resto fueron en Guachochi (Chihuahua), Peto (Yucatán), Tlapa (Guerrero), Tepic (Nayarit), Cherán (Michoacán) y Zacapoaxtla (Puebla).

Entre 1953 y 1961 el INI hizo diversas movilizaciones de grupos indígenas para su desplazo. La más importante de todas fue el que se efectuó para la construcción de la Presa Temascal, oficialmente llamada Presa Miguel Alemán, en el río Tonto del Municipio de San Miguel Soyaltepec de la región de la Cuenca del Papaloapan (Oaxaca), cuya construcción resultó quitarle agua a aproximadamente ochenta localidades del municipio y en las que se afectaron alrededor de veintidós mil habitantes, en su mayoría mazatecos.^[8]

En 1963 se oficializó el Sistema de Educación Bilingüe–Bicultural para su implementación nacional pero que ya se había aplicado en Los Altos de Chiapas desde 1951.^[9] También en 1963 se fundó la Biblioteca de del INI en Álvaro Obregón en el Distrito Federal y que fue renombrada «Juan Rulfo» en 1987 tras su fallecimiento (pues llegó la a dirigir desde 1984); cuenta con cuarenta cinco mil libros, trece mil mapas y quinientos periódicos especializados en los pueblos indígenas, considerada la más importante de América Latina en el tema.^[10]

Después de 1970 el objetivo del Instituto Indigenista cambió a elevar las condiciones de vida de los pueblos indígenas al hacerlos partícipes del desarrollo nacional. En ese mismo año colaboraron con el Plan Lerma y la Nacional Financiera para la creación del Comité Interestatal para el Desarrollo de la Sierra Occidental (CIDESO) para mejorar la calidad de vida de la Zona Huicot, principalmente poblada por tepehuanes y coras.^[11]

Entre 1970 y 1976 se desarrolló una gran cantidad de infraestructura, entre las que destacan doscientos cincuenta talleres y un número no exacto de carpinterías, panaderías, herrerías y ladrilleras; además de cincuenta y ocho CCI en diecinueve de las treinta y un entidades federativas.^[11]

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Más tarde en el año 2000, con la llegada de Vicente Fox Quezada a la presidencia de México, se presentó una iniciativa de reforma a varios artículos constitucionales,^[12] con la finalidad de plasmar en la ley fundamental del país, los derechos de los pueblos indígenas y para cumplir con los acuerdos establecidos con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Dicha reforma incluía, la desaparición del Instituto Nacional Indigenista y la creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.