Desastre ecológico en los ríos Bacanuchi y Sonora
El desastre ecológico en los ríos Bacanuchi y Sonora ocurrió el 6 de agosto de 2014 cuando 40,000 metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado se vertieron en el arroyo Tinajas y, posteriormente, en el afluente de ambos cuerpos de agua, convirtiéndose así en el peor desastre de este tipo en México, el cual afectó a 22 mil 878 pobladores.[1] La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), identificó a la empresa minera Buenavista del Cobre (de Grupo México) como responsable del accidente.[2][3]
| Derrame de sustancias químicas en los ríos Bacanuchi y Sonora, en Sonora, México | ||
|---|---|---|
| Municipios sonorenses afectados por el derrame | ||
| Fecha | 6 de agosto de 2014 | |
| Causa | Derrame de 40 millones de litros de desechos químicos peligrosos | |
| Lugar | Cananea, Arroyo Tinajas, Río Bacanuchi. Río Sonora, Sonora, México | |
| Coordenadas | 30°58′24″N 110°19′13″O / 30.9732857, -110.3202871 | |
| Implicado | ||
| Implicado | Mina Buenavista del Cobre propiedad de Grupo México | |
Los hechos
El 6 de agosto de 2014, un accidente producido en la mina de cielo abierto denominada Buenavista del Cobre, vertió 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en el río Bacanuchi. El contaminante viajó en primera instancia por los 18 kilómetros del Arroyo Tinajas, para luego llegar al río Bacanuchi, afluente que desemboca en el río Sonora. Sin embargo, no fue sino hasta el día siguiente que algunos habitantes de la zona lo notificaron a Protección civil.[4]
La mancha tóxica avanzó por los 254 kilómetros de los ríos Bacanuchi y Sonora, y llegó a la presa El Molinito, que es la que surte de agua a Hermosillo. Aunado a esto, hubo una crecida en los ríos, debido a la presencia del Huracán Odile, ocasionando la inundación de los pozos con agua contaminada.[4]
Buenavista del Cobre es una empresa minera que opera en Cananea, y es parte de Grupo México, la mayor compañía minera del país. La empresa intentó deslindarse del accidente, pues señalaron que el desastre se debió a las intensas lluvias; sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional desestimó esa posibilidad, pues no hubo reportes de lluvias en los días anteriores al desastre. Por su parte, las autoridades indicaron que el accidente se debió al mal diseño de las instalaciones de la minera, pues un tubo necesario para el buen manejo de las sustancias estaba ausente.[5]
Consecuencias
Después del derrame fueron contaminados el arroyo Tinajas (17.6 km), el río Bacanuchi (64 km) y el río Sonora (190 km), lo que afectó a siete municipios que se quedaron sin acceso a agua potable, agravados además por el cierre de 322 pozos.[6]
El entonces titular de la SEMARNAT (2012-2015) en México, Juan José Guerra Abud, señaló que el derrame de 40,000 metros cúbicos de desechos tóxicos en los ríos Bacanuchi y Sonora podría representar el peor desastre medioambiental en México que, además, afecta directamente a 24 mil personas. El director de la CONAGUA en ese entonces, David Korenfeld, señaló que en los ríos afectados se encontraron substancias tóxicas como arsénico, cadmio, cromo, plomo, cobre, aluminio y fierro, por encima de la norma ecológica y de salud humana.[5] La PROFEPA ordenó a la empresa minera limpiar el producto del derrame en el cauce de ambos ríos afectados y detener cualquier actividad dentro de los patios de lixiviación.[7] Asimismo, las autoridades ambientales realizaron una denuncia contra quien resultara responsable del derrame por delitos contra el medio ambiente, siendo las penas de hasta 9 años de prisión y 300 mil días de salario mínimo (el salario mínimo en México es de $70.1 pesos, o 4.31 dólares estadounidenses).[8] El derrame afectó inmediatamente a 22 mil pobladores de los municipios colindantes con los ríos, que son Banamichi, Ures, Baviácora, Aconchi, San Felipe, Arizpe y parte de Hermosillo, según lo denunció la ONG Red Mexicana de Afectados por la Minería, quienes además señalaron que la contaminación afectaría la zona a largo plazo.[9] Los pobladores también reportaron que las aguas del río Bacanuchi adquirieron un color anaranjado, por lo que las personas que se abastecían de agua potable a través del río, ya no podrían hacerlo.[10]
Causas del accidente
Desde 2009, ya existían antecedentes de la falta de mantenimiento en una de las máquinas de la mina. En el momento en que sucedió el derrame no se notificó, sino hasta 48 horas después. A su vez, Buenavista del Cobre hace oficial que ocurrió un incidente 6 días después del accidente. La causa del incidente fue provocada por la falta de una válvula en el tubo de polietileno en una de las piletas de lixiviados.[6]
Multas y compensaciones
Después de las evaluaciones emitidas por la PROFEPA y de las 50 irregularidades encontradas en la minera Buenavista del Cobre, Grupo México pagó una multa de 23.5 millones de pesos (1.5 millones de dólares, aproximadamente), así como un fideicomiso de 2 mil millones de pesos (125 millones de dólares, aprox.) para atender las afectaciones de la zona a nivel ambiental y social.[11] Aunque las multas y compensaciones ascenderían a más de mil millones de pesos, esto no representa un gran impacto para Grupo México, pues es la cuarta empresa más grande en capital dentro de la Bolsa Mexicana de Valores, la cual en 2013 tenía acciones que ascendían a 336 mil 546 millones de pesos, y su presidente del Consejo de administración, Germán Larrea Mota Velasco, posee una fortuna que asciende a 191 mil 500 millones de pesos (14 mil 700 millones de dólares). La sola multa, entonces, representaría el 0.03% de las ganancias del corporativo y 0.1% de sus utilidades.[12]
Cerca de 1 año después del desastre, las organizaciones, los municipios y las poblaciones afectadas no habían recibido algunas de las compensaciones por el daño de la empresa, como la instalación de 15 plantas tratadoras de agua y una clínica de especialidades para atender a la población con problemas médicos derivados del derrame, como se había comprometido la empresa responsable.[13]
La organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), que asesora a los pobladores afectados, señaló el 5 de agosto de 2015 que se habían emitido cinco juicios de amparo en contra de la minera Buenavista del Cobre y también en contra del Gobierno Federal por diversas irregularidades cometidas por la empresa y las dependencias de gobierno responsables de llevar el proceso. Tanto autoridades de SAGARPA, SEMARNAT, CONAGUA, la Secretaría de Salud y la COFEPRIS, fueron acusadas de desacato, pues no habían atendido las demandas de la población afectada prometidas en el momento en que se deslindaron las responsabilidades. Asimismo han denunciado la opacidad en cuanto al reparto de los recursos del fideicomiso entregado por la subsidiaria de Grupo México.[14]
Para 2017, las compensaciones por el daño no habían sido subsanadas, pues se suspendió la construcción de una Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (UVEAS) que atendería a los pobladores. De las 36 plantas potabilizadoras de agua planeadas, sólo se iban a construir 9, de las cuales 7 son fijas y 2 móviles. Grupo México señaló que tomaron esta decisión porque el estado de Sonora no contaba con la capacidad para operar las plantas.[15]
En 2018, la Buenavista del Cobre planeó construir una presa de jales de ocho kilómetros y 200 metros de altura a 22 kilómetros de Bacanuchi, para incrementar la acumulación de agua con desechos producto de la explotación minera.[16] Los comuneros y pobladores se opusieron a esta nueva presa, y luego de que su amparo fuera rechazado por un Juez de Distrito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que antes de otorgar el permiso de construcción, la comunidad deberá ser consultada.[17]
Contaminación del agua
En junio de 2017 el Grupo Microanálisis de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) realizaron un análisis en el río Sonora, revelando que el agua que consumen las personas de ocho comunidades aledañas, contenía niveles altos de plomo, arsénico y cobre. En el caso del plomo, el agua contenía 0.0223 miligramos por litro, 25% más del límite que prevé la norma oficial mexicana NOM-127, por lo que no es para consumo humano. Los pobladores demandaron que a tres años de la tragedia, el Grupo México aún no creaba las 27 plantas tratadoras de agua que habían pactado.[18]
En octubre de 2014, el comisionado de la COFEPRIS Mikel Arreola señaló que los 31 pozos que habían sido afectados por el derrame ya no representaban un peligro para la población y eran potables;[19] sin embargo, los pobladores de municipios aledaños, encabezados por la organización PODER, se ampararon en contra de la resolución en 2015. El juez Primero de Distrito del Estado de Sonora, Antonio Mora Diez, resolvió a favor de los quejosos, pues se encontró que los pozos Sinoquipe y La Labor tenían altos niveles de arsénico y manganeso.[15]
Dos de los representantes de las comunidades afectadas, Mario Alberto Salado y Ramón Miranda, señalaron que el río sólo había sido limpiado en 30 kilómetros de su cauce y de forma inadecuada, con herramientas rudimentarias, dejando los contaminantes en la ribera. La misma investigación señaló que el monitoreo de COFEPRIS no era confiable, por lo que dejaba a los pobladores de Arizpe, Banámachi, Huepac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures, y otras 25 comunidades en riesgo de salud.[15]
El 24 de diciembre de 2019, el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud y la SEMARNAT, señaló que Grupo México había incumplido el convenio que implicaba la construcción de un hospital para atender los daños a la salud de la población que estuve expuesta al agua contaminada.[20]
El 26 de noviembre de 2020, la COFEPRIS y los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) emitieron un informe en el que indicaban que el 89.28% de los pozos de la zona afectada rebasaban los límites de arsénico y el 57.81% sobrepasaba los límites de plomo, que establece la Norma Oficial Mexicana.[21] El director de la COFEPRIS, José Alonso Novelo Baeza, dijo que "la exposición de algunos agentes patógenos y elementos químicos a través del uso de agua de consumo humano puede producir enfermedades graves".[22] Esto como consecuencia del derrame provocado por la minera de Grupo México.[23] Sin embargo, ante el señalamiento, la empresa minera alegó que ellos no eran responsables de la contaminación del agua y que este es ocasionado por un proceso natural que "inició hace al menos 12 millones de años", como producto del arrastre de minerales que provienen de las montañas a través de las lluvias.[24]
Fideicomiso Río Sonora
Creación y firma
La creación del Fideicomiso fue anunciada el 11 de septiembre por el titular de la SEMARNAT, Juan José Guerra Abud, en una conferencia de prensa conjunta con el titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, y el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez. En ella, se detallaría que el monto total a pagar por medio del Fideicomiso Río Sonora es una cantidad indeterminada, y que la cantidad de 2,000 millones de pesos representa una suma que garantiza la operación de atención al derrame tóxico, pero que la misma puede aumentar en la medida en la que los procesos de atención al derrame lo requieran.[25]
El 15 de septiembre, Grupo México y el Gobierno de la República, por medio de la Comisión Especial Río Sonora, creada por el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, y encabezada por el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, firmaron el Fideicomiso por una cantidad inicial de 2,000 millones de pesos, a ser otorgadas en cuatro ministraciones de 500 millones de pesos, aportados en su totalidad por Grupo México, para atender el derrame en tres ramos principalmente:[26]
- Remediación, reparación y/o compensación de daños tanto en las fuentes de abastecimiento como en las de almacenamiento de agua potable.
- Remediación, reparación y/o compensación de los daños en la infraestructura de distribución de los ocho municipios afectados.
- Indemnización a miles de productores agropecuarios y habitantes en general afectados de los ocho municipios.
Operación
La operación del Fideicomiso se conduce por medio de un Comité Técnico Interinstitucional, el cual tiene como representante del Gobierno Federal al Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de SEMARNAT, Rodolfo Lacy Tamayo. El Comité está integrado por el científico mexicano y Premio Nobel de Química, Mario Molina, así como por otros científicos de alto prestigio, provenientes de la UNAM, y tiene como finalidad principal optimizar la canalización de los recursos del Fideicomiso.[27][28]
La integración del Comité Técnico fue anunciada por el titular de la STPS, Alfonso Navarrete Prida, el 15 de septiembre de 2014. En el evento, el Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, expresó su agradecimiento por la creación del Comité con las siguiente palabras:
Quiero reconocer con todo respeto al señor Presidente de la República por la atención que estamos teniendo y al señor Secretario por su visita para conducir los trabajos de esta comisión en la que vamos a colaborar todos juntos. Por supuesto que continuaremos con el apoyo desde el Estado para asegurarnos junto con la Federación de que el fideicomiso llegue a quienes lo necesitan.
Operación de la primera fase
La operación de la primera fase, comprendida del 6 de agosto al 20 de octubre, se ejecutó con la mayor parte de los recursos correspondientes a la primera ministración de 500 millones de pesos del Fideicomiso. Dentro de las acciones comprendidas por el Comité Técnico, se elaboró un censo de los productores agrícolas y pecuarios de la zona afectada, el cual fue ratificado por los presidentes municipales correspondientes, donde se registraron, inicialmente, 6,825 productores afectados, con 8,254 hectáreas de cultivo de 134 productores agrícolas; también, se registraron de manera inicial 111, 514 cabezas de ganado pertenecientes a 245 productores ganaderos. Se fijó el valor de 350 pesos por cabeza de ganado, teniendo como tope hasta 300 cabezas por productor, así como 10,000 pesos por hectárea para los agricultores, fijando un tope de hasta 10 hectáreas por productor. Lo anterior, siguiendo un criterio de equidad entre los productores, debido a que existen ganaderos que tiene más de 300 cabezas de ganado y agricultores con más de 10 hectáreas por productor (esto no implica que se hayan hecho pagos por la cantidad total de cabezas de ganado registradas en el censo inicial). Estas partidas fueron depositadas en cuentas bancarias y entregadas en cheques a los productores, según el caso, sumando la cantidad de 122 millones de pesos.[29][30]
Así mismo, se destinaron 328 millones de pesos a diferentes rubros. Para la atención inmediata a la escasez del agua, se compraron 36 plantas potabilizadoras de ósmosis inversa y se entregaron 7,500 tinacos para las 36 comunidades que integran los siete municipios afectados. Esta fase también se dedicó a cubrir gastos por daños a la salud de 19 pobladores, atendidos por medio de 20 cheques entregados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris); así mismo, por medio dicha dependencia, se atendieron a 67 personas, de las cuales 37 resultaron con daños en la piel, ojos, gastrointestinales y vías respiratorias por contacto con agua del río. De igual manera, se cubrieron gastos por el impedimento de actividades productivas de 12 personas. Adicionalmente, se destinaron 48 millones de pesos a los Organismos Municipales de Agua Potable y Saneamiento, conformado por los municipios afectados, con el fin de optimizar los siguientes rubros:[31][32][33]
- Abasto emergente de agua.- Se consideran labores de distribución y almacenamiento en tinacos, auto tanques, cisternas, o cualquier otro tipo de almacenamiento temporal de agua.
- Pozos.- Se consideran los trabajos de apertura de nuevos pozos, equipamiento de bombeo, alimentación eléctrica, reparación de equipo, combustibles y lubricantes diversos, entre otros insumos requeridos.
- Monitoreo de calidad de agua subterránea, superficial y de almacenamiento temporal.
- Reparación, reposición, habilitación y/o ampliación de infraestructura de almacenamiento y distribución de agua potable.
Como parte de la primera fase de la operación del Fideicomiso, el 1 de octubre se realizó entrega de recursos compensatorios a productores agrícolas y pecuarios, sumando un total de 163 millones de pesos (hasta ese momento). Esta parte del Fideicomiso fue entregada por el subsecretario de Alimentación y Competitividad de la subsecretaría de Alimentación y Competitividad, SAGARPA, Ricardo Aguilar Castillo. El 12 de octubre, el delegado estatal de la Secretaría de Gobernación, Adolfo García Morales, anunció que el Comité Técnico destinaría 78 millones de pesos para cubrir pérdidas en el sector turístico, comercial e industrial de la zona afectada. Para ello, se realizó un censo que registró 1,428 unidades económicas que recibieron este recurso.[34][35]
Operación de segunda fase
El 24 de octubre, dentro de la entrega de recursos correspondientes a esta fase, Rodolfo Lacy Tamayo, comenzó la entrega de 15,350 pesos por cada familia que cuente con una toma de agua que sea abastecida del Río Sonora, con lo cual, se otorgó el recurso entre 7,694 familias afectadas de los ocho municipios (hasta ese momento), sumando un total de 120 millones de pesos destinados a este rubro. Así mismo, el coordinador nacional de desastres de la CONAGUA, Oscar Pimentel, anunció el aumento número de vehículos contenedores de agua para el suministro a los habitantes afectados, de 62 que habían estado funcionando hasta ese momento, a 100; también, anunció la entrega de 3, 500 tinacos para almacenar el agua.[36]
La segunda fase se caracteriza, entre otras cosas, por operar dentro de una fase de remediación y comunicación social, a diferencia de la primera fase, la cual tenía una operatividad dirigida a atender una situación de emergencia. La conclusión de la fase de emergencia, fue anunciada por Alfonso Navarrete Prida en una visita al estado de Sonora, el 4 de noviembre, donde también explicó que el Fideicomiso funcionará independientemente del cambio de Gobernador al que la entidad se someterá en el año de 2015; también, anunció la reparación de caminos y carreteras que se dañaron durante la primera fase, debido al exceso de tránsito de los vehículos contenedores de agua, al igual que de vehículos de carga pesada que estuvieron operando dentro de la atención a la emergencia.[37]
Por su lado, desde el 3 de noviembre empezó a operar la unidad móvil médica, la que tiene como objetivo detectar a posibles afectados que no han sido registrados aún, dentro de las labores de vigilancia epidemiológica de la Cofepris; también, contará con especialistas en dermatología, psicología, consulta clínica y combate de vectores, sumando un total de 25 especialistas para atender a los pobladores de los 8 municipios afectados. La unidad móvil es resultado del trabajo conjunto por parte del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades y la Dirección General de Epidemiología de la Cofepris. Dentro de este mismo programa, se anunció por parte de Mikel Arreola Peñalosa la construcción Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), que será la primera en su tipo en el país y se pondrá en funcionamiento en 2015 y operará hasta 2029, estará ubicada en la población de Ures y tiene como objetivos:[38][39][40]
- Vigilancia ambiental: identificar, evaluar y, en el ámbito de su competencia, atender los problemas ambientales derivados del derrame, en el corto, mediano y largo plazos.
- Vigilancia Epidemiológica: Identificar los daños agudos, subagudos y crónicos a la salud de la población.
Inclusión del Municipio de Hermosillo
A pesar de que inicialmente no estaba incluido el Municipio de Hermosillo dentro del Fideicomiso, el 9 de octubre el Comité Técnico decidió añadirlo bajo el criterio de que algunas poblaciones del norte del mismo, a aproximadamente 20 kilómetros de distancia de la ciudad de Hermosillo, habían tenido afectaciones similares al resto de los siete municipios atendidos inicialmente. Dichas poblaciones son: Topahue, Buenavista, San José García y Fructuoso Méndez. [41][42]
La entrega de los apoyos económicos a estas comunidades se concluyó el día 14 de noviembre, donde indemnizó a 224 hogares con toma de agua por la cantidad de 3, 440, 000 pesos; 425 productores agropecuarios por la cantidad de 9, 840, 000 pesos; 49 unidades comerciales por la cantidad de 1, 350, 000 pesos; 27 pescadores de la comunidad de San Francisco de Batúc por la cantidad de 895, 000 pesos. Con ello, sumaría la cantidad de 430 millones de pesos en apoyos a productores, comerciantes, pescadores y hogares con toma de agua de los 8 municipios afectados por el derrame.[43]
Véase también
Referencias
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Enlaces externos
- en Crónica ambiental.