Plan Verde

El Plan Verde fue una operación militar clandestina desarrollada por las Fuerzas Armadas del Perú durante la época del terrorismo en Perú; supuso estrategias para prevalecer el conservadurismo político como el genocidio de peruanos empobrecidos e indígenas, el control o la censura de los medios de comunicación de la nación y el establecimiento de una economía neoliberal controlada por una junta militar en Perú.^[1]​^[2]​^[3]​ Inicialmente redactado en octubre de 1989 en los preparativos de un golpe de Estado para derrocar al entonces presidente Alan García,^[4]​ las fuerzas armadas peruanas extendieron la operación a las elecciones generales de Perú de 1990. Posteriormente se ejecutó bajo el gobierno del recién elegido presidente Alberto Fujimori tras el autogolpe de Estado de Perú de 1992,^[2]​^[5]​^[6]​^[7]​ bajo la firma de algunos mandos de las Fuerzas Armadas.^[8]​ Poco después del golpe, el Plan Verde fue filtrado por primera vez al público por la revista peruana Oiga. Otros pocos medios de comunicación informaron de que habían tenido acceso a los documentos del plan.^[2]​^[6]​^[9]​

Plan Verde
Parte de conflicto interno del Perú
Parte de la adenda de la «Hoja de coordinación final» redactada tras la elección de Alberto Fujimori.
Tipo	operación militar
Localización	Perú
Planeado por	Fuerzas Armadas del Perú
Objetivo	Establecimiento de la economía liberal Control de medios de comunicación en Perú Exterminio total de poblaciones vulnerables
Fecha	Octubre de 1989 - 22 de noviembre de 2000
Resultado	El autogolpe realizado por Alberto Fujimori; la Constitución de 1993 instaura modelo económico liberal; el Programa Nacional de Población fue establecido.
Víctimas	Al menos 300.000 mujeres peruanas fueron esterilizadas.
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Antecedentes

Bajo el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, la deuda peruana aumentó significativamente debido al excesivo endeudamiento y a la crisis energética de los setenta.^[10]​ La política económica del presidente Alan García distanció aún más a Perú de los mercados internacionales, lo que se tradujo en una menor inversión extranjera en el país.^[11]​ Bajo García, Perú experimentó una hiperinflación y un aumento de los enfrentamientos con el grupo terrorista maoísta Sendero Luminoso, lo que llevó al país a altos niveles de inestabilidad.^[3]​

Planificación

Las fuerzas armadas peruanas se sintieron frustradas por la incapacidad del gobierno de García para hacer frente a las crisis del país. Comenzaron a elaborar un plan para derrocarlo.^[3]​^[7]​ Según el sociólogo y analista político peruano Fernando Rospigliosi, las élites empresariales peruanas mantenían relaciones con los planificadores militares, y Rospigliosi escribió que las empresas «probablemente proporcionaron las ideas económicas y con los que [los militares] coincidían, tanto en la necesidad de un programa económico liberal, como en la implantación de un gobierno autoritario que impusiese orden».^[12]​

El Plan Verde constaba de tres tomos de documentos elaborados por un influyente sector de las fuerzas armadas peruanas. Cada tomo se actualizaba en función de las condiciones que se vivían en el Perú en ese momento.^[13]​

Tomos

Tomo i. «Impulsar al Perú al siglo XXI»

Entre 1988 y 1989 se planeó inicialmente un golpe de Estado para derrocar al presidente García.^[13]​ En octubre de 1989, un grupo de las fuerzas armadas ultimó los planes para derrocar al gobierno de García con un plan titulado «Impulsar al Perú al siglo XXI».^[2]​^[9]​^[13]​ Este tomo consta de ocho capítulos y cuatro adendas.^[13]​

Las metas eran establecer Perú como un país desarrollado hasta principios del siglo XXI mediante el establecimiento de una economía neoliberal con políticas similares a las de Chile o las propuestas por Mario Vargas Llosa.^[13]​ Este tomo también detalla los planes para esterilizar a los ciudadanos empobrecidos en lo que Rospigliosi describió como «ideas francamente parecidas a las nazis», con los militares escribiendo que «es conveniente la utilización generalizada de procesos de esterilización de los grupos culturalmente atrasados y económicamente pauperizados», describiendo a estos grupos como «cargas innecesarias» y que «dado el carácter de incorregible y la carencia de recursos [...] sólo queda el exterminio total».^[13]​ Los planificadores describieron el exterminio de peruanos vulnerables como «como interés económico, es una constante imprescindible en la estrategia de poder y desarrollo del [E]stado».^[13]​

Tomo ii. «Apreciación de Inteligencia»

El tomo ii del Plan Verde se tituló «Apreciación de Inteligencia», con cuatro capítulos y diecisiete adendas.^[13]​ Este tomo se centraba en el análisis político, la opinión pública, los escenarios de las operaciones y otros objetivos.^[13]​ Estos objetivos incluían lugares que debían capturarse y objetivos que debían matarse, con una lista de políticos y sindicalistas.^[13]​ Las adendas se documentaron un día después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 8 de abril de 1990, otra después de tres días de la segunda vuelta de las elecciones el 10 de junio y una última adenda titulada «Hoja de coordinación final» se creó el 27 de julio de 1990, un día antes de la toma de posesión de Alberto Fujimori.^[13]​

Este tomo y sus adendas introdujeron modificaciones, pasando de la disolución de los poderes ejecutivo y legislativo a la disolución exclusiva del Congreso.^[13]​

Tomo iii. «El Consejo Estratégico de Estado»

El tomo iii y último, titulado «El Consejo Estratégico de Estado», proporciona el papel de las entidades gobernantes en el plan y una serie de preguntas y respuestas.^[13]​ Se detalla un plan para establecer un «gobierno cívico-militar»; los presidentes y ministros nombrados por militares que «pueden ser cambiados o ser víctimas de atentados» fueron designados para ser «choferes» para operar el Estado, descrito como un «vehículo».^[1]​ Mientras tanto, un gobierno «en la sombra» sería operado por los militares «alejados de la línea de mira del enemigo» para mantener la continuidad del gobierno.^[1]​

Objetivos

En resumen, algunos de los principales objetivos del Plan Verde eran los siguientes:^[9]​^[13]​^[14]​

• El establecimiento de una nación neoliberal dirigida por las fuerzas armadas similar a Chile;
• mayor prevención del narcotráfico para apaciguar al gobierno de Estados Unidos;
• control de los medios de comunicación en Perú a través de un Sistema de Control, Seguridad y Propaganda que debía ser «el equivalente a una Gestapo», proyectando una atmósfera de autocensura en Perú;
• limitar el crecimiento demográfico mediante la esterilización y el «exterminio total» de los peruanos empobrecidos.

Implementación

La idea habría sido establecer un régimen que aplicara, básicamente, los lineamientos contenidos en el Plan, pero manteniendo a Fujimori en la presidencia y una apariencia de gobierno democrático y civil. La ventaja —para los golpistas— era que eso evitaba los conflictos internos y externos derivados de establecer un gobierno de las FFAA. [sic] La desventaja era que no les permitía llevar adelante con comodidad todas sus propuestas.

(Fernando Rospigliosi).^[13]​

El golpe incluido inicialmente en el plan contó con la oposición de Anthony C. E. Quainton, embajador de Estados Unidos en Perú.^[12]​^[13]​ Los planificadores militares también decidieron no dar el golpe porque esperaban que Mario Vargas Llosa, un candidato neoliberal, saliese elegido en las elecciones generales de Perú de 1990.^[12]​^[13]​ El presidente García también pudo detectar y disuadir algunos elementos de un golpe.^[13]​

 

Mario Vargas Llosa, que al parecer fue apoyado en los planes iniciales

 

Alberto Fujimori, quien finalmente fue incluido en el plan

Durante su campaña para las elecciones de 1990, Alberto Fujimori expresó su preocupación contra las políticas neoliberales propuestas por su oponente Mario Vargas Llosa.^[15]​ Vargas Llosa informó más tarde de que el embajador Quainton le había dicho que unos supuestos documentos filtrados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que supuestamente apoyaban la candidatura de Fujimori eran auténticos.^[16]​ Rendón escribe que Estados Unidos apoyó a Fujimori por su relación con Vladimiro Montesinos, ex oficial de inteligencia peruano del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) encargado de espiar a los militares peruanos para la Agencia Central de Inteligencia.^[7]​^[16]​ En resumen, escribe Rendón, «si Vargas Llosa con la democracia liberal era muy polarizador y un peligro para los intereses estadounidenses en la región, Fujimori con el autoritarismo era muy consensual y más acorde con los intereses estadounidenses en Perú y la región».^[16]​ Según Rospigliosi, Montesinos no participó inicialmente en el Plan Verde. Sin embargo, su capacidad para resolver cuestiones militares hizo que las fuerzas armadas le encomendasen la ejecución del plan con Fujimori.^[13]​

La revista peruana Oiga informó de que, tras las elecciones, las fuerzas armadas no estaban seguras de la voluntad de Fujimori de cumplir sus objetivos, escribiendo en una nota de evaluación del 13 de junio de 1990 que: «No podemos esperar nada seguro de Cambio 90 y la patria no está para más experimentos económicos...».^[9]​ Según Oiga, el 18 de junio de 1990, las fuerzas armadas ultimaron planes que incluían múltiples escenarios para un golpe que se ejecutaría el 27 de julio de 1990, un día antes de la toma de posesión de Fujimori.^[9]​ La revista señaló que, en uno de los escenarios, titulado «Negociación y acuerdo con Fujimori. Bases de negociación: concepto de Democracia dirigida y Economía de mercado», Fujimori debía ser dirigido a aceptar el plan de los militares por lo menos veinticuatro horas antes de su toma de mando.^[9]​

Según Schulte-Bockholt, los generales Nicolás de Bari Hermoza y Vladimiro Montesinos fueron los responsables de la relación entre los militares y Fujimori.^[7]​ Rospigliosi escribe que el jefe del SIN, el general Edwin «Cucharita» Díaz, al lado de Montesinos, también jugó un papel crucial para que Fujimori acatara las exigencias de los militares.^[13]​ Díaz y Montesinos supuestamente convencieron a Fujimori de que estaba en la mira del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru e hicieron que Fujimori se quedase en el Círculo Militar, limitando su acceso sólo a los militares. Rospigliosi afirma que «se produjo un entendimiento entre Fujimori, Montesinos y algunos de los militares» involucrados en el Plan Verde antes de la asunción de Fujimori. Montesinos y los oficiales del SIN asumirían finalmente la posición de las fuerzas armadas en el plan, colocando a los operativos del SIN en roles de liderazgo militar.^[13]​

Tras asumir el poder, Fujimori abandonó la plataforma económica que promovió durante su campaña, adoptando políticas neoliberales más agresivas que las propugnadas por su competidor en las elecciones.^[17]​ Fujimori adoptaría muchas de las políticas esbozadas en el Plan Verde.^[7]​^[12]​ Con el beneplácito de Fujimori, los planes para un golpe de Estado tal y como estaban diseñados en el Plan Verde se prepararon durante dos años y finalmente se ejecutaron durante el golpe de Estado de Perú de 1992, que finalmente estableció un régimen cívico-militar e inició la institución de los objetivos presentados en el Plan Verde.^[5]​^[7]​^[9]​ La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) apoyó la aplicación de diversos objetivos.^[2]​^[18]​

Economía

Véase también: Fujishock

Esta sociedad se está derrumbando, sin duda, [...] pero los problemas aquí están tan arraigados que es necesario que se produzca un colapso antes de poder aplicar cambios fundamentales en el sistema político. [Cita trad. del inglés] —Hernando de Soto^[19]​

Hernando de Soto, fundador de una de las primeras organizaciones neoliberales de América Latina, el Instituto Libertad y Democracia (ILD), comenzó a recibir ayuda de la administración de Ronald Reagan con el Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE) de la Fundación Nacional para la Democracia, que proporcionaba a su ILD financiación y educación para campañas publicitarias.^[20]​^[21]​^[22]​ Entre 1988 y 1995, De Soto y el ILD fueron responsables de unas cuatrocientas iniciativas, leyes y reglamentos que condujeron a cambios significativos en el sistema económico de Perú.^[23]​^[24]​ Con Fujimori, De Soto actuó como «representante personal del presidente», y el New York Times describió a De Soto como un «vendedor en el extranjero» de Fujimori en 1990, escribiendo que había representado al gobierno en sus reuniones con acreedores y representantes de Estados Unidos.^[23]​ Otros apodaron a De Soto el «presidente informal» de Fujimori.^[20]​ De Soto resultó ser influyente para Fujimori, que empezó a repetir la defensa que hacía De Soto de la desregulación de la economía peruana.^[25]​

El gobierno de Fujimori recibió una subvención de 715 M$ de USAID el 29 de septiembre de 1990 para el Proyecto de Análisis, Planificación y Ejecución de la Política Económica (PAPI) que se desarrolló «para apoyar la reforma de la política económica en el país».^[26]​ Los fondos del PAPI se utilizaron principalmente para «estudios, capacitación y esfuerzos de difusión» por parte del gobierno de Fujimori. En una recomendación a Fujimori, De Soto pidió un shock (choque) en la economía peruana. De Soto convenció al entonces presidente Fujimori para que viajase a Nueva York en una reunión organizada por el peruano Javier Pérez de Cuéllar, secretario general de las Naciones Unidas, donde se reunieron con los responsables del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, quienes le convencieron para que siguiese las directrices de política económica marcadas por las instituciones financieras internacionales.^[20]​^[27]​ Las políticas incluían una subida de impuestos del 300 %, precios no regulados y la privatización de doscientas cincuenta entidades estatales.^[20]​ Las políticas de De Soto provocaron el sufrimiento inmediato de los peruanos pobres que vieron cómo los precios no regulados aumentaban rápidamente.^[20]​ Los pobres vieron aumentar tanto los precios que ya no podían permitirse comprar alimentos.^[20]​ El New York Times escribió que De Soto abogaba por el colapso de la sociedad peruana, afirmando el economista que era necesaria una crisis civil para apoyar las políticas de Fujimori.^[19]​

Con la financiación y el apoyo de USAID, el Instituto de Apoyo y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) propusieron un nuevo modelo económico que debía establecerse en la Constitución del Perú de 1993.^[18]​ Como concluyó PAPI en 1997, USAID determinó que PAPI ayudó en «la preparación de textos legislativos» y «ha contribuido a dotar al sector privado de un papel de promotor de objetivos» en la economía peruana.^[18]​^[26]​ Las políticas promovidas por De Soto y aplicadas por Fujimori (en el denominado Fujishock) acabaron provocando estabilidad macroeconómica y una reducción de la tasa de inflación. Sin embargo, la tasa de pobreza de Perú se mantuvo sin cambios, con más de la mitad de la población viviendo en la pobreza en 1998.^[20]​^[28]​^[29]​

Control de los medios de comunicación

 

Vladimiro Montesinos pagando fajos de billetes para controlar la línea editorial de Panamericana Televisión

Tras el golpe de 1992, los periódicos, emisoras de radio y canales de televisión peruanos fueron ocupados por los militares a partir de las 22:30 h del 5 de abril. Permanecieron durante cuarenta horas, hasta el 7 de abril, limitando la respuesta inicial de los medios de comunicación nacionales.^[30]​ Sólo el gobierno de Fujimori pudo comunicarse con el público durante ese periodo. Todos los periódicos se imprimieron bajo observación militar y tuvieron un contenido similar; el gobierno de Fujimori ordenó que todas las publicaciones no incluyesen la palabra «golpe».^[16]​^[30]​ Según Manuel D'Ornellas de Expreso en 1994, la supervisión militar de los medios fue sólo momentánea debido a la condena internacional que recibió Fujimori.^[30]​

Esterilización forzosa

Artículo principal: Esterilización forzosa en el Perú

La esterilización forzada de grupos vulnerables a través del Programa Nacional de Población ha sido descrita como una operación de limpieza étnica o genocidio.^[6]​^[31]​^[32]​ Según Back y Zavala, el plan fue un ejemplo de limpieza étnica, ya que se centró en las mujeres indígenas y rurales.^[6]​ Jocelyn E. Getgen, de la Universidad Cornell, escribió que el carácter sistémico de las esterilizaciones y la mens rea de los funcionarios que elaboraron el plan demostraban que se trataba de un acto de genocidio. El Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, organización sin ánimo de lucro, afirmó que «la esterilización forzada en Perú fue el mayor genocidio desde su colonización».^[32]​ Al menos 300 000 peruanas fueron víctimas de la esterilización forzada en la década de 1990, la mayoría de ellos afectados por el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF).^[2]​ Sin embargo, la cifra es objeto de controversia. En 2015, la Defensoría del Pueblo señaló que para poder definir las reparaciones civiles a las víctimas de esterilización forzada se debía contar con un registro oficial que permita conocer su número real. Precisamente, ante informaciones falsas publicadas por diversos medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, la Defensoría hizo la siguiente aclaración en su informe anual al Congreso:^[33]​

Algunas autoridades y medios de comunicación divulgaron una cifra de «200,000 esterilizaciones forzadas reportadas por la Defensoría del Pueblo». Ello se debió a una lectura errónea de un anexo en el Informe Defensorial N.º 69, p. 162. Lo correcto es que, según el Minsa, se habría realizado 272,028 ligaduras de trompas entre los años 1996 y 2001, entre voluntarias e involuntarias.

Según las investigaciones de la subcomisión del Congreso de Perú, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU) y la Fundación Nippon apoyaron los esfuerzos de esterilización del gobierno de Fujimori.^[34]​ La investigación descubrió que a medida que aumentaba la financiación de USAID para el programa, se realizaban más esterilizaciones, concluyendo la junta investigadora que la «correlación tiene carácter causal, ya que existe información hecha pública recientemente, que ha revelado la estrategia global definida para el último cuarto del siglo pasado por el gobierno de Estados Unidos con el fin de obtener una disminución de la tasa de natalidad». La subcomisión citó el National Security Study Memorandum 200 y la indicación de Henry Kissinger de disminuir el crecimiento demográfico en los países en desarrollo para mantener la estabilidad de los intereses políticos y económicos de Estados Unidos.^[35]​ En documentos facilitados por la Ley de Libertad de Información, los investigadores citaron a E. Liagin, quien informó de que entre 1993 y 1998, «los propios archivos internos de USAID revelan que en 1993 Estados Unidos básicamente se hizo cargo del sistema nacional de salud de Perú» durante el periodo de esterilizaciones forzadas, concluyendo E. Liagin que era «prácticamente inconcebible que los abusos en la esterilización pudiesen haber ocurrido de la forma sistemática que se ha documentado sin el conocimiento de los administradores locales de USAID y sus homólogos en Washington».^[34]​^[35]​

En 1998, tras sufrir presiones a raíz de las investigaciones del Population Research Institute (PRI), USAID dejó de financiar las esterilizaciones en Perú. Las esterilizaciones continuaron hasta que el presidente Fujimori huyó a Japón en 2000.^[36]​ Tras la retirada de USAID, Fujimori se puso en contacto con la Fundación Nippon —cuyos directores acogieron a Fujimori cuando fue a Japón— para solicitar ayuda con los programas de esterilización.^[35]​ La política de esterilizaciones dio lugar a un cambio generacional que incluyó una generación más joven y pequeña que no pudo proporcionar estímulo económico a las zonas rurales, empobreciendo aún más dichas regiones.^[36]​

Véase también

• Solución final
• Censura en Perú
• Esterilización forzada en Estados Unidos ^{(ver en inglés)}
• Corrupción en el gobierno de Alberto Fujimori
• Cruzadas contra el vicio
• Campaña de la lista negra
• Genocidio de pueblos indígenas

Referencias

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2. Gaussens, Pierre (1 de diciembre de 2020). «La stérilisation forcée de population autochtone dans le Mexique des années 1990». Canadian journal of bioethics (en francés) 3 (3): 180-191. ISSN 2561-4665. doi:10.7202/1073797ar. Consultado el 9 de diciembre de 2022. «[trad.] un plan gubernamental, elaborado por el ejército peruano entre 1989 y 1990 para hacer frente a la insurrección de Sendero Luminoso, conocido posteriormente como "Plan Verde", cuyo texto (no publicado) expresa en términos explícitos una intención genocida ». 
3. Burt, Jo-Marie (1998-09). «Unsettled accounts militarization and memory in postwar Peru». NACLA Report on the Americas (en inglés) 32 (2): 35-41. ISSN 1071-4839. doi:10.1080/10714839.1998.11725657. Consultado el 9 de diciembre de 2022. «[trad.] la creciente frustración de los militares por las limitaciones impuestas a sus operaciones de contrainsurgencia por las instituciones democráticas, unida a la creciente incapacidad de los políticos civiles para hacer frente a la espiral de crisis económica y a la expansión de Sendero Luminoso, llevó a un grupo de oficiales militares a idear un plan golpista a finales de la década de 1980. El plan preveía la disolución del gobierno civil de Perú, el control militar del Estado y la eliminación de los grupos armados de la oposición. El plan, desarrollado en una serie de documentos conocidos como el "Plan Verde", esbozaba una estrategia para llevar a cabo un golpe militar en el que las fuerzas armadas gobernarían de 15 a 20 años y reestructurarían radicalmente las relaciones entre el Estado y la sociedad siguiendo líneas neoliberales ». 
4. «5 de abril de 1992 : Lo que Enrique Zileri dijo del autogolpe de Alberto Fujimor». Caretas. 5 de abril de 2023. Consultado el 5 de abril de 2023. «El golpe estaba siguiendo los lineamientos del llamado “Plan Verde”, abortado proyecto militar elaborado en 1989 para derrocar a Alan García ». 
5. Cameron, Maxwell A (1998-06). «Latin American autogolpes: dangerous undertows in the third wave of democratisation». Third World quarterly (en inglés) 19 (2): 219-239. ISSN 0143-6597. doi:10.1080/01436599814433. Consultado el 9 de diciembre de 2022. «[trad.] los esbozos del golpe presidencial de Perú se elaboraron por primera vez en el seno de las fuerzas armadas antes de las elecciones de 1990. Este Plan Verde fue mostrado al presidente Fujimori tras las elecciones de 1990, antes de su toma de posesión. Así, el presidente pudo prepararse para un eventual autogolpe durante los dos primeros años de su gobierno ». 
6. Back, Michele, ed. (3 de septiembre de 2018). Racialization and language: interdisciplinary perspectives from Peru [Racismo y Lenguaje] (en inglés) (1.ª edición). Routledge. pp. 286-291. ISBN 978-1-351-06254-1. doi:10.4324/9781351062541. Consultado el 10 de diciembre de 2022. «[edición en español] A finales de la década de 1980, un grupo de la élite militar elaboró en secreto un análisis de la sociedad peruana que tituló El cuaderno verde. Dicho análisis establecía las políticas que el siguiente gobierno tenía que llevar a cabo para derrotar a Sendero Luminoso y rescatar la economía peruana de la profunda crisis en la que se encontraba. El cuaderno verde se filtró a la prensa nacional en 1993, después de que algunas de estas políticas fueran aplicadas por el presidente Alberto Fujimori. [...] Se trató de un programa que se tradujo en esterilizaciones forzadas de mujeres quechuahablantes integrantes de las comunidades campesinas andinas. Este es un ejemplo de «limpieza étnica» justificada por el Estado, que aducía que un índice de natalidad debidamente controlado mejoraría la distribución de los recursos nacionales y reduciría consecuentemente los índices de pobreza. [...] El Estado peruano decidió controlar los cuerpos de las mujeres «culturalmente atrasadas», ya que las consideraban como fuente de pobreza y semillas de grupos subversivos (tal como se encuentra en los extractos de El cuaderno verde publicados en la revista Oiga) ». 
7. Schulte-Bockholt, Alfredo (2006). «Chapter 5: elites, cocaine, and power in Colombia and Peru». The politics of organized crime and the organized crime of politics: a study in criminal power (en inglés). Lexington Books. pp. 114-118. ISBN 0-7391-0869-7. OCLC 61704781. Consultado el 10 de diciembre de 2022. «[trad.] ... importantes miembros de la oficialidad, en particular dentro del ejército, habían contemplado la posibilidad de un golpe militar y la instauración de un régimen autoritario o de la llamada democracia dirigida. El proyecto era conocido como "Plan Verde". [...] Fujimori adoptó esencialmente el "Plan Verde", y los militares se convirtieron en socios del régimen. [...] El autogolpe del 5 de abril de 1992 disolvió el Congreso y la Constitución del país y permitió implementar los componentes más importantes del Plan Verde ». 
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15. Pinchetti, Francisco Ortiz (14 de abril de 1990). . Proceso. Archivado desde el original el 20 de septiembre de 2018. Consultado el 10 de diciembre de 2022. 
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