El Caso Unión es una serie de detenciones que se están llevando actualmente a cabo en la isla de Lanzarote debido a presuntos delitos de corrupción por parte de una serie de políticos y empresarios de la isla. Esta trama gira en torno al partido político PIL, se descubrió en el año 2009 siendo el cabecilla Dimas Martín Martín y actualmente se encuentra en su tercera fase.
El término caso unión no es por la unión de varias instituciones implicadas, ni porque un importante grupo de personas de distinta procedencia y actividad se haya unido para delinquir. El origen del nombre que ha bautizado la operación desarrollada en Lanzarote es mucho más sencillo, y surge del bar donde, al parecer, se desarrollaron importantes reuniones.
El café “La Unión”, ubicado en el centro de Arrecife, pudo ser un lugar clave en las investigaciones de la UCO, ya que allí se dieron cita algunos de los principales políticos y empresarios implicados en esta presunta trama de corrupción. Y esos encuentros, estarían documentados en las grabaciones y videos realizados por la Guardia Civil.
Desarrollo
Bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife, la operación se dividió en dos fases: la primera, relacionada con el cobro de comisiones ilegales a empresarios en Arrecife y la manipulación del Plan General de la ciudad. La primera fase de la 'Operación Unión' comenzó el 25 de mayo con el registro del Ayuntamiento de Arrecife y la Oficina Técnica a cargo de los agentes. Tras un año de investigación, el intercambio de 100.000 euros en una cafetería del centro de Arrecife se convertía en el pistoletazo de salida de la operación.
La segunda consistía en el ofrecimiento por parte de un empresario de comisiones presuntamente ilegales a varios miembros de la Cámara de Comercio a cambio de adoptar decisiones en beneficio de sus intereses económicos y supuestos delitos urbanísticos en el municipio de Yaiza. Actualmente, solo quedan dos personas en prisión --en la cárcel Tenerife II--, los considerados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los cabecillas de la trama: Dimas Martín y el empresario Luis Lleó, imputado por supuesto cohecho. El resto fueron puestos en libertad progresivamente, todos ellos con cargos.
El 19 de abril de 2010 se puso en marcha la tercera fase con nuevas detenciones por presuntos actos de corrupción. Esta nueva fase recibió el nombre de Operación "Jable". Asimismo estando en la cárcel de Tenerife II se descubre que Dimás Martín poseía más de 8 millones de euros en propiedades a nombre de terceras personas, se estima que puede tener propiedades a nombre de cerca de medio centenar de personas. En este marco, su propio hijo Fabián Martín toma la presidencia de su partido en un congreso. Tras este congreso algunos de los miembros que acudieron al mismo son detenidos.
Tras estos sucesos, el 8 de mayo de 2010, la Fiscalía Anticorrupción de la provincia de Las Palmas se hizo cargo del caso.
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