Comisión de la Verdad y Reconciliación (Perú)
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) fue una comisión peruana encargada principalmente de elaborar un informe sobre el Época del terrorismo en Perú (1980-2000) vivido en el Perú durante el periodo entre los años 1980 y 2000. Fue creada en junio de 2001 por el presidente provisional Valentín Paniagua, convocando a diferentes miembros de la sociedad civil. Fue presidida por Salomón Lerner Febres, entonces rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además de la investigación de la violencia terrorista de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), intentó profundizar en las causas de esa violencia y en la dura represión militar contra estos movimientos terroristas, que cobró principalmente víctimas civiles en este fuego cruzado. Para ello, recogió el testimonio de 16,985 personas y organizó 21 audiencias con las víctimas de la violencia, a las que asistieron más de 9500 personas. El Informe Final se hizo público el 28 de agosto de 2003, ante el presidente peruano Alejandro Toledo Manrique.
| Comisión de la Verdad y Reconciliación | ||
|---|---|---|
| Placa conmemorativa a la CVR en la ciudad de Ayacucho | ||
| Información general | ||
| Acrónimo | CVR | |
| Tipo | comisión para la verdad y la reconciliación | |
| Fundación | 4 de junio de 2001 | |
| Disolución | 2003 | |
| País | Perú | |
| Organización | ||
| Composición | 12 miembros | |
Historia
En diciembre de 2000, el Gobierno de Transición estableció un grupo de trabajo interinstitucional, integrado por representantes de los Ministerios de Justicia, Defensa, Interior y de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano; la Defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal Peruana, el Concilio Evangélico y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Este grupo tuvo como objetivo explorar un mecanismo de investigación de los hechos producidos durante el terrorismo, una proposición de tareas para el sistema judicial y una política de reparaciones.
El 4 de junio de 2001, mediante el Decreto Supremo N° 065-2001-PCM, se creó la Comisión de la Verdad, encargada de esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación a los derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000, imputables tanto a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado, así como proponer iniciativas destinadas a afirmar la paz y la concordia entre los peruanos.[1]
En la norma se le dio los siguientes objetivos:
- Analizar las condiciones políticas, sociales y culturales, así como los comportamientos que, desde la sociedad y las instituciones del Estado, contribuyeron a la trágica situación de violencia por la que atravesó el Perú;
- Contribuir al esclarecimiento por los órganos jurisdiccionales respectivos, cuando corresponda, de los crímenes y violaciones de los derechos humanos por obra de las organizaciones terroristas o de algunos agentes del Estado, procurando determinar el paradero y situación de las víctimas, e identificando, en la medida de los posible, las presuntas responsabilidades;
- Elaborar propuestas de reparación y dignificación de las víctimas y de sus familiares;
- Recomendar reformas institucionales, legales, educativas y otras, como garantías de prevención, a fin de que sean procesadas y atendidas por medio de iniciativas legislativas, políticas o administrativas; y,
- Establecer mecanismos de seguimiento de sus recomendaciones.
El 6 de junio se nombró a los miembros de la comisión: Salomón Lerner Febres (presidente) Beatriz Alva Hart, Enrique Bernales, Carlos Iván Degregori, Gastón Garatea Yori, Alberto Morote Sánchez y Carlos Tapia García.
En agosto de 2001 se modificó el nombre a Comisión de la Verdad y Reconciliación.
En septiembre de 2001 se incluyó a 5 nuevos miembros para la comisión: Monseñor José Antúnez de Mayolo Larragán, Sofía Macher Batanero, Luis Arias Graziani, Rolando Ames Cobián y Humberto Lay Sun.
El informe
El informe final se presentó el 28 de agosto de 2003 en una ceremonia realizada en el Palacio de Gobierno. Este consta de nueve tomos donde se detallan los hechos sucedidos durante los veinte años que cubre el informe. Consta de tres partes principales: La primera donde se relata el proceso, los hechos y las víctimas. La segunda, que relata los factores que permitieron que se desarrolle el conflicto. Y la tercera que explica las secuelas del conflicto y se postulan las recomendaciones para que estos eventos no se repitan. A pesar de los esfuerzos de la CVR, la sociedad civil ha sido muy indiferente a esta iniciativa.
La magnitud y extensión del conflicto
El terrorismo producido entre 1980 y el 2000 de mayor duración, impacto y el de mayor costo, tanto humano como económico, en la historia del Perú. El costo estimado en vidas humanas es aproximadamente 69 280 personas,[2] entre muertos y desaparecidos. La causa del conflicto fue la decisión del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL) de iniciar una guerra popular contra el Estado peruano. Esta guerra se produjo en el momento en que la sociedad peruana iniciaba una transición democrática, luego de doce años de una dictadura militar, que era respaldada por la mayoría de la población y los principales partidos políticos.
El PCP-SL causó el 54% de las víctimas fatales reportadas a la CVR.[3] Su estrategia de combate implicó el uso sistemático y masivo de métodos de extrema violencia y terror. El Estado peruano no tuvo capacidad para contener el avance de la subversión y los gobiernos civiles dejaron que el conflicto se militarice al dejar la conducción de la lucha contrasubversiva en manos de las Fuerzas Armadas. La CVR concluyó que la lucha contrasubversiva se realizó sin tomar las precauciones necesarias para evitar el atropello de los derechos fundamentales de la población civil. Las autoridades desatendieron las denuncias de violación de los Derechos Humanos y se llegó a facilitar la impunidad de los responsables. Las Fuerzas Armadas son responsables del 37% de los muertos y desaparecidos reportados a la CVR.[4]
Otro factor a considerar es la aparición del fenómeno del narcotráfico durante el mismo periodo. La magnitud de éste y la respuesta de las Fuerzas Armadas provocó que la zona del Alto Huallaga fuese uno de los mayores escenarios del conflicto interno.
La distribución geográfica del conflicto, el cual se concentró en las zonas más pobres del Perú, provocó una sensación de exclusión e indiferencia. Las principales ciudades, en especial las de la costa, no estuvieron en el centro del conflicto.[5] Fueron las zonas rurales y las más pobres las que tuvieron el mayor costo en vidas humanas. Esto no significa que la pobreza sea la causa del conflicto sino que son los sectores más pobres los más vulnerables a la violencia armada.
La violencia tampoco se distribuyó equitativamente a lo largo de los años. Existen dos picos que marcan diferentes etapas del conflicto armado. El primero, 1984 corresponde con el momento de mayor intensidad y de mayor número de muertos. Este representa el inicio del conflicto y se centra esencialmente en el departamento de Ayacucho. El segundo, 1989, corresponde con un recrudecimiento de la violencia, luego de un periodo entre 1986 y 1987 de mediana calma, a partir del cual se mantiene una violencia casi constante hasta 1992, año de la captura de Abimael Guzmán Reynoso. Durante esta fase, a pesar de que la violencia no llegó a los mismos niveles de 1984, si se expandió a la mayor parte del país.
La estimación estadística de la pérdida de vidas humanas fue cuestionada en el año 2009 por el entonces vicepresidente, Luis Giampietri.
Las organizaciones terroristas
Sendero Luminoso
La organización subversiva y terrorista autodenominada Partido Comunista del Perú fue la iniciadora y principal causante de la violencia durante el periodo de 1980 y 2000. Fue responsable del 54% de los muertos y desaparecidos reportados a la CVR. Se estima que la cifra total de víctimas fatales ocasionadas por Sendero asciende a 31,331 personas, lo que representa aproximadamente el 46% de víctimas fatales de este conflicto.[6]
Sendero Luminoso surgió como una facción de la tradición maoísta en el Perú producto de las sucesivas rupturas ideológicas del movimiento comunista internacional. Un hito fundamental fue el debate acerca del uso de la violencia como medio para la revolución entre el movimiento chino y el movimiento soviético. En el Perú este debate se expresó con la división del Partido Comunista Peruano entre Unidad (pro-soviético) y Bandera Roja (pro-chino). Abimael Guzmán tomó partido, en ese entonces por Bandera Roja.
La ideología de Sendero tomaba supuestamente como base la ideología de los pro-chinos, o sea el Maoísmo. Otro aspecto importante de la ideología senderista era que mantenían la verticalidad como principio. Es decir, su estructura organizacional estaba conformada por pequeños núcleos cohesionados ideológicamente, los cuales eran fuertemente dependientes del Partido (Sendero Luminoso).
El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru
El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (o MRTA) también fue responsable de la violencia sufrida en el Perú durante las últimas décadas del siglo XX. Esta organización subversiva desató una guerra revolucionaria en 1984, momento en el cual el Perú se encontraba consolidando un proceso democrático que era apoyado por la mayoría de la población. El MRTA es responsable del 1.8% de las muertes producidas durante ese periodo.[7] El MRTA organizó el Ejército Popular Tupacamarista el cual estaba conformado por columnas de guerrilleros uniformados y con armamento de guerra. A pesar de proclamar que respetarían las Convenciones de Ginebra [cita requerida] en sus acciones armadas, el MRTA cometió graves violaciones a los derechos humanos, como asesinatos y secuestros.
Las Fuerzas de seguridad del Estado
Los gobiernos de la década de 1980 fracasaron al organizar una estrategia contrasubversiva eficaz, que pudiera derrotar a las organizaciones terroristas y que respetara los derechos humanos. Se cometieron errores de diagnóstico y de estrategia. Recién a comienzos de la década de 1990 se logró establecer una estrategia que privilegiara la colaboración con la población civil y el uso de la inteligencia, lo que llevó a la derrota de las organizaciones subversivas. Se estima que los agentes del estado fueron los causantes de la muerte de más de 20 mil víctimas; no obstante, el número total de entre militantes de Sendero y MRTA era aproximadamente de 700 personas.
Los cuerpos policiales
Fueron los primeros blancos de ataques de sendero luminoso, ya que en algunas comunidades de los andes eran los únicos representantes del Estado. Al eliminarlos SL buscaba crear un nuevo poder. El Estado respondió organizando patrullas contrasubversivas, comandos especializados en destruir al enemigo antes que en proteger a la población. Durante este proceso la Policía Nacional se sometió al mando de las Fuerzas Armadas. De esta manera se convirtieron en una fuerza auxiliar. A partir de finales de la década de 1980, privilegiaron las tareas de investigación. Esto contribuyó de manera significativa al fin de la guerra interna, al permitir la captura de la cúpula de Sendero Luminoso.
Las Rondas Campesinas
Grupo de representantes de comunidades que se encargaban de controlar el orden público del pueblo de manera limitada.
Las Fuerzas Armadas
Los gobiernos
Gobierno de Fernando Belaúnde Terry
Gobierno de Alan García Pérez
Gobierno de Alberto Fujimori Fujimori
Consecuencias del Conflicto y Recomendaciones de la CVR
Se concluyó que durante los años de guerra murieron alrededor de 70 mil personas,[8] de las cuales más de 20 mil resultaron ser víctimas de las fuerzas armadas.[9] Los gobiernos de Fernando Belaúnde, Alan García y Alberto Fujimori tenían responsabilidad en la represión, aunque la mayoría de las violaciones de derechos humanos, y las más atroces, se produjeron durante los gobiernos de Fernando Belaunde Terry y de Alan García Pérez,[10] sobre el periodo presidido por Alberto Fujimori, la CVR, dice:
Es esta etapa las violaciones de derechos humanos fueron menos numerosas pero más deliberadas o planificadas que en la etapa anterior. Aparecieron, además, escuadrones de la muerte cuya actividad llevó a que el Perú ocupara en esos años el primer lugar en el mundo en desapariciones forzadas de personas.[11]
Integrantes
- Dr. Salomón Lerner Febres - Presidente de la CVR. Doctor en Filosofía y rector emérito de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Dra. Beatriz Alva Hart - Abogada y excongresista de la república.
- Dr. Rolando Ames Cobián - Sociólogo, investigador y analista político. Exsenador de la República.
- Monseñor José Antúnez de Mayolo - Sacerdote salesiano, exadministrador Apostólico de la Arquidiócesis de Ayacucho.
- Tnte. Gral. FAP (r) Luis Arias Graziani - Experto en temas de seguridad nacional.
- Dr. Enrique Bernales Ballesteros - Doctor en Derecho, constitucionalista, Director Ejecutivo de la ONG Comisión Andina de Juristas. Ex Congresista de la República
- Dr. Carlos Iván Degregori Caso - Antropólogo, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro del Instituto de Estudios Peruanos.
- Gastón Garatea Yori - Sacerdote de los Sagrados Corazones y Presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza.
- Pastor Humberto Lay Sun - Arquitecto, líder de las Asambleas de Dios, denominación evangélica del Concilio Nacional Evangélico CONEP.
- Sra. Sofía Macher Batanero - Socióloga, ex Secretaria Ejecutiva de la ONG Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
- Ing. Alberto Morote Sánchez - Ex Rector de la Universidad San Cristóbal de Huamanga.
- Ing. Carlos Tapia García - Investigador y analista político. Ex Diputado de la República.
- Monseñor Luis Bambarén Gastelumendi en calidad de observador - Obispo de Chimbote y expresidente de la Conferencia Episcopal Peruana.
Críticas
A diferencia de lo ocurrido con grupos similares creados en otros países, en el Perú la Comisión de la Verdad y Reconciliación no recibió una aceptación unánime de la sociedad, existiendo más bien escepticismo y hasta rechazo[12] en importantes sectores de la misma.[13][14][15][16] Diversos partidos políticos como el grupo fujimorista,[17] el Partido Aprista Peruano,[18] Acción Popular[19] y el PPC[20] han formulado críticas a la labor de la CVR. Asimismo, algunas personalidades han formulado también reservas frente a aspectos puntuales del trabajo de la Comisión. Así por ejemplo:
- La CVR ha sido criticada por denominar "conflicto armado interno" a lo que para muchos fue simplemente terrorismo. Dicho cuestionamiento se basa en que la nomenclatura usada por la CVR podría ser interpretada como una forma de conceder a las organizaciones terroristas un status de grupos beligerantes que no les corresponde, en contraposición a la designación de grupo terrorista que le otorgan el Estado Peruano y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.[21][22]
- Se le cuestiona haber calificado el accionar de las Fuerzas Armadas del Perú en su combate al terrorismo como una práctica "sistemática y generalizada" de violación de derechos humanos. Esto ha sido puesto en duda por algunos partidos políticos peruanos como el APRA[18] y el PPC. En el caso de este último su lideresa Lourdes Flores Nano manifestó: "No estoy entre quienes satanizan a la Comisión de la Verdad [sin embargo] discrepo con que se haya afirmado que haya habido una violación sistemática de los derechos humanos, creo que [esto] no ocurrió".[23]
- Existe controversia en torno a la cifra de muertos y desaparecidos presentada en el Informe Final. La cifra de muertos y desaparecidos que oficialmente siempre se manejó era de 23,969 personas[24] y la estimación obtenida mediante la técnica de Estimación de Múltiples Sistemas usada por la CVR elevó esa cifra a 69,280 (intervalo de confianza al 95% entre 61,007 y 77,552).[25] Algunos detractores critican el hecho de que se haya presentado una estimación estadística en lugar de un conteo, mientras que otros opinan que incluso la estimación en sí misma es incorrecta.[26] En 2012, uno de los integrantes de la CVR, el jurista Enrique Bernales Ballesteros, opinó que el informe podría tener yerros metodológicos.[27] Asimismo, en 2015 el dirigente de Acción Popular Víctor Andrés García Belaúnde también restó credibilidad a la cifra de muertos reportada por la Comisión señalando "yo creo que hubo muertes y son todas lamentables, una o 69 mil es igualmente trágico, pero lo que quiero decir es que han especulado en demasía, han especulado y han creado verdades totales sobre la base de medias verdades".[28] El economista peruano y exprofesor asistente de Stony Brook University Silvio Rendón publicó un estudio en 2019 estimando "un total de 48.000 asesinatos, sustancialmente inferior a la estimación de la CVR" y concluyendo que "el Estado peruano tiene una participación significativamente mayor que Sendero Luminoso".[29] El estudio de Rendón ha sido rebatido por los autores del estudio de la CVR.[30]
- El gobierno peruano, a pesar de que fue quien creó esta comisión, no ha aplicado algunas de las recomendaciones hechas por la CVR.
Repercusión
- Se conformó el movimiento ciudadano Para Que no se Repita, para realizar un seguimiento al desarrollo y aplicación de las recomendaciones de la CVR.
- Se ha anunciado la inclusión del Informe Final de la CVR en la nueva currícula de Educación Secundaria en Perú para el 2013, según dijo el viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, Fernando Bolaños Galdos en noviembre de 2012.[31]
- En el transcurso de las elecciones presidenciales de 2011, el candidato Ollanta Humala, luego elegido Presidente, anunció que iba a seguir las recomendaciones de la Comisión[32](a pesar de estar siendo juzgado por los indicios de su implicación en violaciones a los derechos humanos en la zona de Madre Mia),[33] mientras que Alan García ha mostrado una actitud menos receptiva [cita requerida], incluyendo como candidato a la vicepresidencia al vicealmirante Luis Giampetri, implicado en la matanza de las prisiones en 1986, de la que también es acusado el propio García por dar la orden de represión de los presos amotinados.
- La elección como presidente de Alan García, muchas veces acusado con respecto a violaciones a los derechos humanos durante su gobierno de 1985 a 1990 ha puesto en tela de juicio la aplicación de las recomendaciones de la comisión; dado que existe la posibilidad que en su nuevo gobierno se dé una amnistía general hacia los militares juzgados por crímenes de lesa humanidad.[34]
- La muestra Yuyanapaq, un registro visual del conflicto inaugurado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en 2003, fue visitada por más de cien mil peruanos en la Casa Riva Agüero de Chorrillos, Lima.[35] Yuyanapaq ha sido exhibida dentro y fuera del Perú, exhibiéndose permanentemente en el Museo de la Nación. Esta muestra formará parte del Museo de la Memoria del Perú.[36]
Véase también
Referencias
- Norma de Creación
- Hatun Willakuy, Cap. 1 Pag 17
- Hatun Willakuy, Cap. 1 Pag. 18
- Hatun Willakuy, Cap. 1 pag. 19
- Hatun Willakuy. Cap. 1 Pag. 21
- Hatun Willaku. Capítulo 2: "Las Organizaciones Suvbersivas". Página 97.
- Hatun Willakuy, Cap. 2 Pag. 193
- Hatun Willakuy, Conclusiones generales Pag. 433
- Salomón Lerner a 10 años de la CVR: “La verdad de alguna manera se muestra y coloca las cosas en su lugar” http://elcomercio.pe/
- Hatun Willakuy, Conclusiones Generales Pag. 439
- Comisión de la Verdad y Reconciliación (2004). «Conclusiones Generales». Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Lima, Perú. p. 443. ISBN 9972-9816-4-9.
- agenciaperú.com (3 de agosto de 2003). . Archivado desde el original el 12 de mayo de 2012. Consultado el 13 de agosto de 2013.
- agenciaperú.com (18 de agosto de 2003). . Archivado desde el original el 12 de mayo de 2012. Consultado el 13 de agosto de 2013.
- agenciaperú.com (17 de junio de 2003). . Archivado desde el original el 22 de julio de 2012. Consultado el 13 de agosto de 2013.
- AFP (25 de agosto de 2008). . Archivado desde el original el 25 de febrero de 2014.
- Peru21.pe (7 de setiembre de 2012). . Archivado desde el original el 4 de agosto de 2013. Consultado el 13 de agosto de 2013.
- terra.com.pe (23 de mayo de 2011). «Fuerza 2011 cuestiona cifras de CVR sobre violencia interna».
- ↑ APRA (13 de agosto de 2013). . Archivado desde el original el 2 de noviembre de 2013.
- Radio Exitosa (7 de noviembre de 2013). . Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016. Consultado el 19 de octubre de 2015.
- Diario16 (13 de agosto de 2013). . Archivado desde el original el 13 de agosto de 2013. Consultado el 13 de agosto de 2013.
- Diario Expreso (29 de agosto de 2012). . Archivado desde el original el 10 de noviembre de 2013.
- Peru21.pe (3 de diciembre de 2015). . Archivado desde el original el 6 de diciembre de 2015. Consultado el 4 de diciembre de 2015.
- Diario Ideeleradio.org (12 de setiembre de 2012). . Archivado desde el original el 3 de noviembre de 2013. Consultado el 13 de agosto de 2013.
- Panamericana.pe (9 de setiembre de 2005). «Cuestionan una vez más cifras de muertos por terrorismo.».
- Hatun Willakuy (2004): Página 17.
- Diario Correo (14 de setiembre de 2012). . Archivado desde el original el 10 de noviembre de 2013. Consultado el 13 de agosto de 2013.
- elcomercio.pe (9 de setiembre de 2012). . Archivado desde el original el 9 de septiembre de 2013. Consultado el 13 de agosto de 2013.
- elcomercio.pe (19 de octubre de 2015). «Le dije a Paniagua que no valía la pena que hiciera una CVR.».
- Rendon, Silvio (2019-01). «Capturing correctly: A reanalysis of the indirect capture–recapture methods in the Peruvian Truth and Reconciliation Commission». Research & Politics (en inglés) 6 (1): 205316801882037. ISSN 2053-1680. doi:10.1177/2053168018820375. Consultado el 9 de abril de 2019.
- Manrique-Vallier, Daniel; Ball, Patrick (2019). «Reality and risk: A refutation of S. Rendón’s analysis of the Peruvian Truth and Reconciliation Commission’s conflict mortality study». Research and Politcs. doi:10.1177/2053168019835628.
|doi=incorrecto (ayuda). - . Archivado desde el original el 14 de noviembre de 2012. Consultado el 16 de noviembre de 2012.
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- Los fantasmas que vuelven a acosar a Alan García: aparece nuevo testimonio sobre matanza de los penales http://utero.pe/
- La República (Perú). La memoria y las imágenes. 13 de diciembre de 2009. Disponible en línea (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última)..
- Diario El Comercio. Mario Vargas Llosa aclara: “El museo de la memoria será para las víctimas”. 13 de diciembre de 2009. Disponible en línea.
Bibliografía
- Comisión de la Verdad y Reconciliación (2004). Hatun Willakuy: Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. ISBN 9972-9816-4-9.
- Arnaud Martin, La mémoire et le pardon. Les commissions de la vérité et de la réconciliation en Amérique latine, Paris, L'Harmattan, 2009.
Enlaces externos
- Página oficial de la Comisión de la Verdad y Reconciliación
- Muestra fotográfica Yuyanapaq