Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner
La Presidencia de Cristina Fernández fue un período comprendido entre el 10 de diciembre de 2007, fecha de asunción como presidenta de la Nación Argentina y el 9 de diciembre de 2015, fecha en que terminó su segundo mandato y asumió su sucesor Mauricio Macri.[2]
| Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner | |||||
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| Presidenta de la Nación Fernández durante su mensaje de fin de año del 2010. | |||||
| Datos | |||||
| País | Argentina | ||||
| Jefe de Estado | Cristina Fernández de Kirchner | ||||
| Jefe de gobierno | Cristina Fernández de Kirchner | ||||
| Formación | 10 de diciembre de 2007 | ||||
| Disolución | 9 de diciembre de 2015[1] | ||||
| Número de ministerios | 17 | ||||
| Partidos | Frente para la Victoria | ||||
| Coaliciones | Frente para la Victoria | ||||
| Historia | |||||
| Elección | 2007 2011 (reelección) | ||||
| Período | 2007-2011 2011-2015 | ||||
| Cronología | |||||
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Lanzó oficialmente su candidatura presidencial para las elecciones de 2007 el 19 de julio de dicho año. Ganó las elecciones del 28 de octubre de 2007 en primera vuelta con el 45,29 % de los votos, sucediendo el 10 de diciembre al presidente Néstor Kirchner, quien desempeñó el cargo hasta el 10 de diciembre de 2007, fecha en la cual las nuevas autoridades nacionales asumieron sus cargos. Durante su primera gestión de gobierno en el período 2007-2011, fue acompañada por el vicepresidente Julio Cobos, quien fuese gobernador de Mendoza.
El 21 de junio de 2011 confirmó públicamente su postulación para la reelección. Su compañero de fórmula fue Amado Boudou, ministro de Economía y Finanzas Públicas en el período 2009-2011.[3] En las elecciones presidenciales de 2011 obtuvo el 54,11 % de los votos, accediendo a un segundo mandato presidencial en el período 2011-2015.
Elección
Cristina Fernández de Kirchner lanzó oficialmente su candidatura el 19 de julio de 2007, para las elecciones presidenciales de Argentina de 2007 dentro del Partido Justicialista. El 28 de octubre del citado año, CFK se consagró ganadora en primera vuelta con el 45,29 % de los votos positivos 8 652 293, con uno de los más holgados márgenes de ventaja desde el retorno de la democracia en 1983. El Frente para la Victoria superó por más de 22 puntos a su contrincante inmediato,[4] asumiendo el 10 de diciembre de 2007. Cristina Kirchner fue la primera mujer argentina elegida para el cargo de presidenta y la segunda en ejercerlo. Se convirtió, además, en la ganadora de las primeras elecciones primarias en la historia argentina, habiendo obtenido poco más del 50 % de los votos válidamente emitidos y una ventaja de 38 % sobre Ricardo Alfonsín, candidato de la Unión Cívica Radical.[5] La candidatura había recibido apoyo de figuras de decenas de intelectuales, académicos y economistas americanos, europeos y asiáticos.[6]
Resultó reelecta presidenta de la Nación en octubre de 2011 con más del 54 % de los votos y por una diferencia de más de 37 puntos frente al candidato del Frente Amplio Progresista, Hermes Binner. De esta manera, Cristina se convirtió en la primera mujer reelecta en América, obteniendo la mayor cantidad y porcentaje de votos en una elección desde el retorno de la democracia en 1983 y la segunda mayor ventaja histórica respecto al candidato ubicado en segundo lugar, 0 13% por debajo de la victoria de Juan Domingo Perón en 1973.
Política económica
La política económica que siguió fue expansionista. Se registró un aumento sostenido en el gasto público con fines redistributivos.[7] La actividad industrial creció significativamente en los años 2008, 2010 y 2011, teniendo aumentos cercanos a cero en los años 2009, 2012 y 2015,[8] y negativos en los años 2012 —en que disminuyó un 1,2 %, siguiendo la tendencia mundial—[9] y 2014, con un saldo positivo acumulado, entre diciembre de 2008 y octubre de 2015, del 18 %.[8]
Según un informe anual de la ONU sobre el Desarrollo Humano correspondiente al año 2015 (el último año del mandato de Cristina Kirchner), Argentina era la segunda nación iberoamericana con más alto índice de desarrollo humano detrás de España, y por delante de Chile y Portugal.[10] Ese mismo año, el Banco Mundial calificó por primera vez a la Argentina como una economía de alto ingreso. En ese mismo año, el país tenía una renta per cápita de más de 16 000 dólares estadounidenses en paridad de poder adquisitivo (PPA), la segunda más alta en América Latina (tras Chile). Durante sus dos períodos el PBI creció de 329 000 millones a 548 000 millones de dólares en 2014.
El Banco Interamericano de Desarrollo, de acuerdo a los datos del Banco Mundial, afirmó que a mediados del 2015 el índice de pobreza era de 10,8 % y de la indigencia del 4,2 %.[11]
De acuerdo con el Banco Mundial, durante los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner, la clase media argentina se duplicó.[12]Política fiscal
La política fiscal de su gestión mostró una presión tributaria por encima de la media de Latinoamérica.
Retenciones a las exportaciones
El 11 de marzo de 2008, el Ministro de Economía argentino, Martín Lousteau, anunció la sanción de la Resolución 125/2008,[13] estableciendo un nuevo sistema de retenciones móviles a la exportación, sujetando su aumento o disminución a la evolución de los precios internacionales, de modo que, a mayor aumento del precio internacional, menor fuera su impacto en los precios internos. Adicionalmente se anunciaron incentivos para la industria lechera y una mesa de negociación para el sector de la carne bovina.[14]
La resolución tiene diez artículos y un anexo. En el primer artículo se establece la fórmula matemática para determinar la tasa del derecho o retención, en proporción al aumento del precio internacional FOB (ver fórmula en la imagen). Los artículos 2, 3, 4 y 5 están referidos respectivamente al trigo, al maíz, a la soja y al girasol incluyendo, en cada uno, una tabla para calcular la retención que corresponde para cada uno de esos productos cuando fueran exportados en grano (sin industrializar), según el valor internacional alcanzado. Los porcentajes de retención resultantes son:
Ello significaba, a los precios internacionales del 11 de marzo, un aumento en la soja y el girasol y una disminución, en el maíz y el trigo.
En el artículo 7 se establece una tabla para calcular las retenciones a la exportación de productos industrializados derivados de los cuatro granos mencionados. En todos los casos el porcentaje de retención se reduce. Las mayores reducciones son de 10 puntos en el caso de la harina, extractos, pastas, preparaciones o mezclas derivadas del trigo para ser utilizadas en panadería, pastelería y galletitería. Las menores reducciones son de 2 puntos, para los derivados del girasol (aceites, tortas, harinas y pellets).
La medida del Gobierno se relacionaba directamente con el pronunciado aumento de precios alcanzado por la soja en los mercados internacionales a partir de febrero de 2008, y la inminencia de su cosecha, a partir del mes de abril. El sistema sería reformado tres veces: por el primero se corrigieron algunos errores en las tablas, por el segundo se dispuso el reintegro de las retenciones a los pequeños productores y por el tercero, se anularon las más altas tasas de retención marginal (95 %) que se establecían en caso de aumentos extremos.Impuesto tecnológico
Política monetaria y bancaria
Durante buena parte del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner el cargo de presidente del Banco Central continuó ocupado por Martín Redrado quien había sifo designado en 2004. Redrado renuncia en enero de 2010 luego de un conflicto con el gobierno nacional por la creación del Fondo del Bicentenario.[19] La medida fue judicializada pero finalmente Redrado renunció al cargo el 29 de enero de 2010. Fue sucedido de manera interina por Miguel Ángel Pesce.[20][21]
En febrero de 2010 se designó a Mercedes Marcó del Pont como presidenta del Banco Central. Durante su gestión se reformó la Carta Orgánica del Banco Central para restituirle al organismo su rol de promotor de crecimiento y empleo, tal como fuera plasmado en la Carta Orgánica aprobada por la ley 20539 de 1973.[22] Se fijó un piso para las tasas de interés de los depósitos a plazo fijo que las entidades financieras ofrecen a los ahorristas para incentivar el ahorro en pesos.[23] Entre otros efectos, esa medida encareció entre 200 y 350 puntos básicos las tasa de interés para los préstamos a empresas que no estaban reguladas.[24]
En noviembre de 2013, Marcó del Pont es reemplaza por Juan Carlos Fábrega. Fábrega dio inicio a una política de contracción monetaria y aumento de tasas de interés para reducir la inflación. El 1 de octubre de 2014 Fábrega presentó su renuncia a la presidencia del BCRA, siendo reemplazado por Alejandro Vanoli.
Bancarización
Se lanzó el Plan Nacional de Bancarización Inclusiva que contempla políticas orientadas a extender la prestación de servicios financieros a sectores que no estaban incluidos. Como parte de este plan, entre otras acciones, se favoreció la apertura de sucursales bancarias y de cajeros automáticos en zonas con menor densidad de población y bajo nivel de prestación de servicios financieros. También se estableció la gratuidad de las transferencias de fondos que se cursen por ventanilla o por medios electrónicos, hasta $ 50 000 diarios.[25]Se adoptaron medidas para profundizar la protección de los usuarios de servicios financieros, de modo que estos puedan conocer mejor sus derechos y cuenten con herramientas para evitar abusos.[26]Se encaró una política de educación financiera que incluyó acciones con colegios y capacitación docente[27] en el marco de un convenio firmado con el Ministerio de Educación de la Nación Argentina.
A partir del crecimiento económico los bancos otra vez ganaron depósitos: pasaron de $169 729 en diciembre de 2006, lo que implica un crecimiento de más del $618 617 millones (aproximadamente 117 000 millones de dólares) en 2013. 189
Política de comercio interior
Durante la gestión de Axel Kicillof al frente del Ministerio de Economía se lanzaron planes para estimular el consumo, como Precios Cuidados y Ahora 12.
Otro de los puntos destacados es la creación de programas de distribución de alimentos a precio de costo. Entre ellos «Carne para todos», «Lácteos para todos» y «cerdo para todos».[28][29][30]También se lanzó un programa de crédito para fomentar el consumo, el comercio, el empleo y la industria con la posibilidad de financiar la compra de productos de fabricación nacional en 12 cuotas sin interés. En 18 meses, más de 166 169 comercios se adhirieron en todo el país, alcanzando ventas por 22 968 millones de pesos y superando las 12 millones de operaciones (un promedio de 2000 pesos por operación). Asimismo las ventas crecieron a una tasa semanal acumulada del 11 %. El mayor volumen de ventas desde su inicio se registró en los rubros de indumentaria (38 %), materiales para la construcción (19 %) y línea blanca —heladeras, lavarropas— (14 %).[31]
En 2014 se lanzó la ley de protección al consumidor junto a un paquete de leyes que tenían como objetivo brindar herramientas para que los consumidores conozcan sus derechos, dispongan de mayor información sobre precios y características de los bienes y servicios, con una nueva Justicia del Consumidor para agilizar la resolución de conflictos en las relaciones de consumo.[32]
Precios Cuidados
El programa comenzó durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner con el objetivo central de "bajar el nivel de inflación". El entonces ministro de Economía Axel Kicillof desarrolló a finales de 2013 en conjunto con el secretario de Comercio, Augusto Costa, un acuerdo voluntario de precios con representantes de las principales cadenas de supermercados y proveedores de la Argentina las cuales se comprometieron a vender al consumidor final los productos a un precio único y constante acordado con el Estado nacional.[33][34] El programa Precios Cuidados entró en vigencia el 1 de enero de 2014 e incluyendo una canasta básica de 302 productos comercializados en todo el territorio argentino.
El listado de precios estaba sujeto a una revisión periódica trimestral convenida sobre la base de la evolución de las condiciones de producción, comercialización y distribución de los productos que lo componían.[35] En abril de 2014, el ministro anunció la primera revisión trimestral de Precios Cuidados, en la cual se acordó la incorporación de nuevos productos a la canasta de las grandes cadenas de supermercados, nuevos proveedores a las cadenas regionales y además, se llegó a un importante acuerdo con mayoristas y distribuidores orientado a beneficiar a pequeños almacenes barriales y comercios de proximidad de todo el país. De esta manera se dispuso una mayor cobertura geográfica, de un estrato más amplio de comercios y de inclusión de nuevas variedades de productos, como es el caso de los alimentos para pacientes celíacos.[36] La Red tuvo presencia en 19 provincias del país con 4682 comercios adheridos y 27 mayoristas regionales. Además, sumó 667 productos de 118 pequeños productores en 14 provincias que amplían la oferta de bienes a precios cuidados para poner en pie de igualdad a los pequeños y medianos empresarios con los grandes; que los sectores más débiles de la cadena productiva y comercial pudieran competir en igualdad de condiciones.[37] También se acordó una ampliación del programa para el sector de la construcción que incluyó un listado de 28 productos vinculados a 16 proveedores que representan cerca de la mitad del costo de materiales para la construcción y reforma de los hogares.
El ministro de Economía destacó en esa oportunidad la importancia del crecimiento de Precios Cuidados porque actúa como «referencia para el resto de los productos» y brinda «previsibilidad a toda la economía». «Precios cuidados no es un congelamiento de precios impuesto por el estado, sino una suma de acuerdos voluntarios que garantizan una rentabilidad razonable, a precios convenientes y que asegura que los productos estén al alcance de la población».[34]
En 2014, cuando inició "Precios Cuidados", la inflación fue de 38.50%, mientras que al año siguiente fue del 25%. [38]
El programa continuó durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019) pero disminuyó su importancia relativa, pasando de representar el 14% de la facturación de las categorías afectadas al 7%. Además se produjo un cambio en la composición de la canasta de productos ofrecidos que pasó a ser de segundas marcas.[39] En abril de 2019 se anunció un acuerdo con 16 empresas para que 60 productos de la canasta básica mantuvieran sus precios durante 6 meses.[40] Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) solo el 8,9% de los productos incluidos en la lista acordada en 2016 se mantuvieron hasta comienzos de 2019.[41]
En enero de 2020, el presidente Alberto Fernández anunció el relanzamiento de Precios Cuidados con nuevos productos y primeras marcas.[42] En septiembre se anunció la extensión del programa para el sector de la construcción, incluyendo 93 productos de 17 rubros diferentes.[43]Ahora 12
En septiembre de 2014 entró en vigencia el programa Ahora 12 que les permitía a los consumidores adquirir productos de línea blanca, textiles, motocicletas, muebles, entre otros bienes de consumo, en doce cuotas sin interés con una gran variedad de tarjetas de crédito.[44] El programa apuntaba a fomentar el consumo, el comercio, el empleo y la industria en una época donde el promedio de inflación anual era del 20 %.[45][46]
En 18 meses, más de 166 169 comercios se adhirieron en todo el país, alcanzando ventas por 22 968 millones de pesos y superando las 12 millones de operaciones (un promedio de 2000 pesos por operación). Asimismo las ventas crecieron a una tasa semanal acumulada del 11 %. El mayor volumen de ventas desde su inicio se registró en los rubros de indumentaria (38 %), materiales para la construcción (19 %) y línea blanca —heladeras, lavarropas— (14 %).
Con este programa los comercios pasaron a pagar un 10% de financiamiento (en lugar de 26%) y esta diferencia fue absorbida por los bancos.[47]
Luego se lanzaron otras variantes del programa, como Ahora 18 con la misma lógica (pero en mas cuotas para productos masivos), tambien Ahora 84 y Ahora 120 exclusivos para el rubro automotorPolítica industrial
En 2011 se presentó el Plan Estratégico Industrial 2020,[48] que proponía medidas para aumentar la productividad de los principales sectores de la industria argentina:[49]Durante su gestión impulsó diferentes legislaciones sobre incentivos industriales: ley de promoción del software,[50] ley de promoción a la integración de autopartes, programa de desarrollo de proveedores para la industria de petróleo, gas y minería, programa de adaptación competitiva de PyMes, compre municipal, entre otros. Fue una activa negociadora en el ámbito del Mercosur y los acuerdos ALADI y bilaterales con China e India.
La industria automotriz es el segundo sector industrial más relevante en términos de Inversión Extranjera Directa, en el período 2008-2013, se registró inversiones por 16 900 millones de pesos en empresas automotrices, orientados a la producción de nuevos modelos, ampliación de plantas, desarrollo de proveedores y capacitación. 194El sector automotriz, experimentó durante la última década un crecimiento exponencial de producción de casi el 400%. 195Solo en la industria, el comercio y los servicios se crearon unas 200 mil nuevas empresas.[51]La producción de automóviles se incrementó desde los 169.621 vehículos fabricados en 2003 al récord histórico de 828.771 unidades en 2011, lo que representó un crecimiento del 388%, y que se ajusta al 350% de incremento a lo largo de los diez años previos. La industria automotriz es el segundo sector industrial más relevante en términos de Inversión Extranjera Directa, en el período 2008-2013, se registraron inversiones por 16.900 millones de pesos en empresas automotrices, orientados a la producción de nuevos modelos, ampliación de plantas, desarrollo de proveedores y capacitación.[52] El 25 de junio de 2008 con el objetivo de otorgar un fortalecimiento de la Industria Nacional, se sanciona la Ley 26.393 de desarrollo y consolidación del sector Autopartista Nacional que promovía que las terminales deberán cumplir con el Contenido Mínimo Nacional en sus productos, que será del 30% para automóviles y utilitarios, 25% para vehículos comerciales livianos, camiones y ómnibus, además de beneficios impositivos y simplificación de trámites para las autopartistas.[53][54]
Durante su gestión la industria textil creció un 9 % en 2009 y un 16 % en el 2010.[55] En el año 2010 la producción industrial creció un 9.7 %, principalmente impulsada por la expansión del 40.6 % en la industria automotriz. El incremento de la venta por unidades en diciembre de 2010, favoreció el aumento del 34.4 % en la facturación, que alcanzó un total de 7443.9 millones de pesos.[56] La producción de cemento se triplicó en 12 años, pasando de cuatro millones de toneladas a doce millones.[57]
El sector de la construcción y el desarrollo inmobiliario mantuvo en la década 2003-2013 una actividad firme y creciente. En el año 2002 la construcción contaba con 70.000 empleados registrados y creció hasta los 380.000 en 2013.[58] Paralelamente, el sector industrial de producción de electrodomésticos mostró importantes avances, llegando en algunos rubros a producciones récord.[59]
Respecto al sector agropecuario la soja, que se constituyó en el principal cultivo de Argentina, alcanzó en la temporada 2009/2010 una cosecha récord de 52 millones de toneladas, la producción de maíz paso de 23,7 millones de toneladas producidas en la temporada 2010/2011 al récord de 25 millones para la temporada 2012/2013.[60] Este crecimiento en el sector agropecuario también se vio replicado en cultivos menores, como el arroz y la cebada, que alcanzaron producciones cercanas a las 2 millones de toneladas en el primer caso, y de 5 millones en el segundo.
La Inversión Extranjera Directa (IED) orientada a la minería creció a una tasa anual de 47 % entre 2007 y 2012. Los puestos de trabajo, directos e indirectos, creados por la actividad minera pasaron de 79.000 en 2003 a 505.000 en 2013. En el mismo período los proyectos de inversión en ejecución pasaron de 18 a 614, mientras que la producción de minerales se multiplicó por diez.[61]
Política para pymes
En 2011 fue lanzado por el Ministerio de Industria el Programa de Acceso al Crédito y Competitividad (PACC), para financiar estudios de mercado interno y externo, investigación, diseño y desarrollo de nuevos productos y servicios, ingeniería de infraestructura productiva, certificación de normas de calidad, desarrollo e implementación de software, planes estratégicos, desarrollos tecnológicos e innovadores, entre otros.[62]
El BCRA durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont su gestión crediticia en los programas de apoyo financiero al sector pymes. Desde esta entidad oficial, impulsó el lanzamiento de la Línea de Financiamiento de Inversiones de Actividades Productivas para las Pymes. A través de esta herramienta, se otorgó crédito al sector por un total de 5000 millones de pesos -por entonces equivalente a 1600 millones de dólares- y el Banco Nación se consolidó como líder en el financiamiento productivo del país.[63] También se implementó la Línea de Inversión Productiva (LCIP),[64][65] normativa a través de la cual el BCRA obliga a los bancos (públicos y privados) a transformar en créditos para financiar proyectos de inversión productiva. Para ello se estableció que las entidades financieras deben destinar el 7,5 % de sus depósitos a este tipo de financiamiento y orientar el crédito hacia el sector productivo, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas.[66] Esta línea de crédito obligatoria promovió una aceleración en el crecimiento de los préstamos a empresas. En un año (segundo semestre del 2012 y primero del 2013), se otorgaron créditos por casi $ 35 000 millones, casi el 1,5 por ciento del PBI. El 56% del monto desembolsado correspondió a firmas del sector PyMEs, receptoras del 88,7% de las operaciones, en términos de cantidad.[67][68]
El 9 de diciembre de 2009 se lanzó el Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fonapyme) un fideicomiso estatal destinado a financiar proyectos de inversión productiva en pequeñas y medianas industrias. En 2015, el Fonapyme daba desde 1,5 millón de pesos hasta 7 millones de pesos para financiar proyectos de pymes. En 2010, este instrumento financió 121 proyectos por 34 millones de pesos, centrándose en la actividad industrial (91%).[69]
El mismo año se creó el Régimen de Bonificación de Tasas, que subsidiada la tasa de interés de los préstamos bancarios que las pymes pertenecientes a los sectores de Industria, Comercio, Construcción y Servicios pedían a bancos públicos y privados para capital de trabajo, inversiones productivas y demás.[70]
En 2010 se implementa el Monotributo Social, una nueva categoría tributaria que les facilitaba a los emprendedores de la economía social su inclusión al mercado formal, mediante la facturación de sus productos.[71] De esta manera, acceden a una obra social y al sistema previsional. En el año 2012 se ampliaron estas medidas, a través de: costo cero del Monotributo para tomadores de microcréditos y la exención de los monotributistas sociales en el impuesto sobre los ingresos brutos.[72]
Inversión extranjera
La inversión extranjera directa en la Argentina alcanzó 9726 millones de dólares en 2008, experimentando un gran crecimiento con respecto al promedio del período 2004-2007 de 5350 millones de dólares.[73]
En el primer semestre de 2012, los ingresos de IED al país fueron un 42 % superiores a los de igual período de 2011.[74] Durante el año 2012 la inversión extranjera directa llegó a 12 551 millones de dólares, la cifra más alta del período 2002-2012. Registró un aumento del 27 % respecto del 2011, frente a un crecimiento de 6,7 % del resto de América Latina.[75]
La medidas impulsadas por el gobierno alentaron la reinversión de ganancias en el mercado interno argentino, que alcanzaron en 2012 los 7984 millones de dólares, más del doble que en 2011.[76] Argentina se convirtió en el quinto país latinoamericano con mayor recepción de IED, por detrás de México (12 659 millones) y por delante de Perú (12 240 millones).[77] En el último año de gestión kirchnerista, según la CEPAL, en la Argentina los ingresos de IED llegaron a 11.655 millones de dólares, lo que significó un aumento de un 130 % respecto del total de 2014.[78]
Fondo Integral para el Desarrollo Regional
El FONDER (Fondo Integral para el Desarrollo Regional) es un programa encuadrado en las políticas que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner orienta para el fortalecimiento, de manera integral, de procesos de desarrollo productivo local. Constituye un conjunto de acciones destinadas a la promoción del desarrollo productivo en aquellas localidades que se encuentran relegadas y que cuentan con un plan o proyecto de desarrollo.[79] El FONDER permitió en los últimos años encarar gran cantidad de obras públicas como la inversión en energía por más de 80 000 millones de pesos, instalando más de 8700 megavatios, el tendido de más de 4000 kilómetros de líneas de alta tensión y la ampliación (en 20 millones) de la capacidad de los gasoductos.[80] Los créditos para el financiamiento productivo, que en 2003 eran del 7.7 % del PIB, aumentaron al término de 2013 al 16.9 % del PIB.[81]
Fabricación de productos electrónicos en Tierra del Fuego
Desde el comienzo de su gobierno se instalaron, principalmente en Tierra del Fuego, decenas de fábricas de productos electrónicos complejos como celulares y computadoras de marca nacional.[82]Las empresas radicadas en Tierra del Fuego con los beneficios de la Ley 19 640, donde se las exime de impuestos y se liberan y desregulan a las importaciones [83], fueron adicionalmente favorecidos por el Decreto 252/2009[84] que les hace una reducción del 61,47% en la tasa de impuestos internos a partir del 1o de julio de 2009. Una vez entrada en vigor en 2011 se produjo un crecimiento de la producción electrónica en Tierra del Fuego que, que multiplicó por 7 la producción en los cuatro productos que más crecieron (con respecto a igual período del año pasado) y hasta 20 veces en monitores nacionales.[85]Desde la sanción de la ley, en la isla se generaron inversiones por 370 millones de dólares,[86]la producción de notebooks y netbooks aumentó 200 %, la producción de decodificadores 120 %, cámaras fotográficas 50 %, y equipos de aire acondicionado industriales 63 %.[87]
La crisis económica mundial de 2008-2009
La crisis económica de 2008-2009, iniciada en los Estados Unidos, tuvo su primer efecto en la Argentina con el aumento exponencial del precio internacional de los granos. El 23 de septiembre, en su discurso en la 63.ª Asamblea General de la ONU, la presidenta Fernández denominó a la crisis como el Efecto Jazz,[88] aludiendo a su origen en Estados Unidos, en contraposición a las denominaciones que los centros económicos utilizaron para denominar a las crisis anteriores que se originaban en países emergentes, como fueron el Efecto Tequila, Efecto Caipirinha, el Efecto Arroz y el propio Efecto Tango, como se conoció la crisis argentina de 1998-2002. La presidenta cuestionó también a los «gurúes económicos» que defendían el modelo económico estadounidense y criticaban las medidas anticrisis tomadas por los presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, para ratificar su adhesión de fondo al enfoque neodesarrollista de las mismas.[89]
En octubre de ese año la presidenta puso en marcha un Comité de Crisis de alto nivel, para realizar un monitoreo permanente de la emergencia y recomendar medidas, integrado por el Jefe de Gabinete, el ministro de Economía, los presidentes del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores, y el titular de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos).[90]
A partir del 26 de noviembre, la presidenta Fernández anunció en diversas etapas un plan anticrisis compuesto por las siguientes acciones:[91]
- Creación de un Ministerio de Producción.
- Paquete anticrisis integrado por tres herramientas:
- Moratoria tributaria y reducción de retenciones para el agro;
- Blanqueo, promoción y sostenimiento del trabajo registrado para las pymes;
- Blanqueo y repatriación de capitales.
- Créditos públicos de fomento a la producción y al consumo, con una asignación de 13 200 millones de pesos (4400 millones de dólares), asignados a través de la banca privada, a bajo interés. Los fondos se asignaron con el siguiente detalle: heladeras y otros bienes del hogar (3500 millones de pesos), automóviles (3000 millones de pesos), pequeñas y medianas empresas (3000 millones de pesos), campo (1700 millones de pesos), industria (1250 millones de pesos), camiones (650 millones de pesos). En un segundo anuncio se asignaron créditos al turismo sin interés (330 millones de pesos) y de bienes de consumo (200 millones de pesos).[92]
- Plan de obra pública, por 21 000 millones de dólares, con el fin de impulsar el resto de la economía y duplicar los puestos de trabajo en el sector, creando unos 360 000 empleos.
El plan fue apoyado por las dos centrales sindicales (CGT[93] y CTA), la Unión Industrial Argentina que agrupa a los empresarios industriales, y CONINAGRO, que agrupa a las cooperativas rurales. Fue criticado por la Sociedad Rural Argentina (SRA) que agrupan a los propietarios y productores rurales.[94]
Por su parte, en octubre de 2008, el Fondo Monetario Internacional anunció que decidió no incluir a la Argentina en el Plan Anticrisis del organismo, «por sus antecedentes negativos», haciendo referencia a la catástrofe económico-social padecida durante la crisis de 1998-2002, cuando la economía del país era dirigida de acuerdo a las pautas del Fondo.[95]
Debido a que la Argentina integra el G20, Cristina representó al país en las cumbres de esa instancia mundial durante la crisis económica de 2008-2009. Entre las medidas propuestas por Cristina se destacó la de incorporar al G20 a la Organización Internacional del Trabajo (OIT),[96] propuesta que se concretó en la tercera cumbre realizada en Pittsburg en septiembre de 2009.[97] La presión de Cristina y Lula en la segunda cumbre realizada en Londres en abril de 2009, permitió también que se quitara de la declaración final la mención elogiosa de la flexibilidad laboral que se hacía en el borrador del documento.[98] la estrategia diplomática desplegada por Cristina, en alianza con otros países emergentes, influyó decisivamente para que el G20 debatiera y reflejara en sus documentos algunos temas sociales el impacto nocivo de los litigios impulsados por los fondos buitre sobre los procesos de reestructuración de deuda soberana, el rol clave de las guaridas fiscales en la evasión impositiva, la falta de imparcialidad de las agencias calificadoras de riesgo, y la importancia de impulsar políticas de protección laboral e inclusión social.
Paralelamente se lanzó un programa que promovía el recambio de heladeras y lavarropas antiguos por modelos nuevos de industria nacional de gran eficiencia energética. Se podían obtener con descuentos de hasta un 25 % y financiar el otro 75 % con el plan de 12 cuotas sin interés de . Los electrodomésticos más eficientes, permitirían abaratar el gasto anual en la factura de electricidad de los hogares y promocionar el uso responsable de la energía. Asimismo otras medidas adoptadas fueron la creación del Ministerio de Producción, moratoria tributaria y reducción de retenciones para el agro, blanqueo, promoción y sostenimiento del trabajo registrado para las pymes, blanqueo y repatriación de capitales y créditos públicos de fomento a la producción y al consumo, con una asignación de 13 200 millones de pesos (4400 millones de dólares), asignados a través de la banca privada, a bajo interés.
A pesar de la crisis internacional, el comercio exterior argentino y en particular las exportaciones siguieron creciendo fuertemente, las exportaciones totalizaron en 2008 los 70.589 millones de dólares y las importaciones llegaron a 57 413 millones de dólares, el saldo neto de la balanza comercial fue de 13 176 millones de dólares.[99] En el año 2009 las exportaciones llegaron a US$ 56.555, en tanto en 2010 treparon 68.500 millones de dólares.[100] alcanzando en 2011 un récord de US$ 84.295 millones, incrementándose un 24% en términos interanuales.[101] Entre 2003 y 2011 hubo un crecimiento del 260% en las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI), un crecimiento de exportaciones de productos primarios del 212% y 182% de las manufacturas de origen agropecuario.[102]
Índices macroeconómicos
Inflación
Cristina Fernández de Kirchner asumió con una crisis institucional en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) intervenido en enero de 2007 por el Secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, cuestionándose la verosimilitud de los índices de costo de vida.[105] El Fondo Monetario Internacional amenazó con sanciones si no se «corregía» el índice.[106]
El índice sirve para determinar el monto que el gobierno paga en concepto de intereses de la denominada deuda externa, en función del CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia). Algunos observadores y dirigentes políticos han sostenido que tanto el gobierno argentino, como grupos económicos privados acreedores de títulos de la deuda externa, pujan por influir en la forma en que se calculan los índices en el Indec, con el fin de reducir la deuda externa en el caso del gobierno, y de aumentarla en el caso de los acreedores. Por otro lado, existen investigaciones y fallos judiciales que determinaron el carácter ilegítimo y fraudulento de una gran parte de la llamada «deuda externa».[107]
Por su parte el gobierno argumento que lo que cambió fue la metodología de relevamiento: se redujo la canasta que se utiliza como base de análisis de 818 productos a 440, eliminando artículos de lujo y servicios como castración de felinos, viajes a Cancún y servicio doméstico.[108] Sobre este tema, el vicepresidente Amado Boudou afirmó: «Claramente [el servicio doméstico] no es parte del costo de vida [...] ¿Sabe cómo lo medían? Telefónicamente, entre tres o cuatro amigos, para ver cuánto pagaba cada uno en su casa».[108]
Pobreza
En un proceso iniciado por Néstor Kirchner desde el 2003 hasta el 2009, duplicó la clase media en la Argentina, que pasó desde los 9,3 millones a los 18,6 millones en ese último año, según datos del Banco Mundial. Esto transformó a la Argentina en el país con mayor crecimiento de dicho segmento de la población en toda América Latina.[109]
Entre el 2006 y 2009 la pobreza en Argentina disminuyó de 21% a 11.3%.[110] Según el área geográfica, el porcentaje de personas pobres en el área urbana es del 11.4%, en el área metropolitana 9,6% y en el resto del área urbana del 13.3%,[111] Entre los años 2010 y 2011 la pobreza continuó reduciéndose del 8.6% al 5.7%, para ubicarse como la más baja de América Latina.[112]
Según un informe de 2012 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la pobreza se ubicaba en 5.7%, lo que ubicándose como la más baja en América latina, detrás de Uruguay (6.7%) y Chile (11.4%). La indigencia disminuyó del 7,2% al 1,9%.[112]
Política social
Fue lanzado el plan de trabajo “Argentina Trabaja”, donde sectores vulnerables realizaban obras de mejora en espacios públicos, al mismo tiempo que accedían a la capacitación práctica en oficios, terminalidad educativa y controles de salud. Otra línea de acción específica del Programa “Argentina Trabaja” fue llamado “Ellas Hacen” orientada a las mujeres desocupadas, priorizando jefas de hogar con hijos con discapacidades, en situación de violencia de género, y que viven en villas y asentamientos o barrios emergentes; por considerar que constituían núcleo duro” de la vulnerabilidad y exclusión socio-ocupacional. De esta manera, estas mujeres se sumaban al trabajo cooperativo, la mejora de sus barrios y acceden terminar sus estudios y a capacitarse en oficios, creando oportunidades de inclusión socio-ocupacional y de desarrollo de capacidades humanas y sociales.[113]
Durante su gestión se extendieron los beneficios del PAMI en la cobertura de medicamentos del 40/50 del precio al 70/80 por ciento. En 2004 el PAMI cubría solo a 9 mil jubilados la medicación al 100 por ciento llegando a cubrir en 2014 a 1.102.450 jubilados.[114]
Política hacia la niñez
En 2008 se sancionó la ley 26.390 en la cual los niños tienen el derecho fundamental a no trabajar hasta los 16 años, en marzo de ese año Cristina Fernández de Kirchner promulgó la ley que fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras, que convierte en delito el hacer trabajar a menores de 16 años. En el tercer trimestre de 2012 se realizó una encuesta en la que se observa una importante reducción del trabajo infantil: solo el 2,2% de los niños realizan actividades laborales, frente al 6.4 por ciento de la medición de 2004, un descenso del 66%.
Desde el año 2014, se estableció la obligatoriedad escolar en todo el país desde los cuatro años de edad hasta la finalización del nivel de la educación secundaria a los 18 años. Así mismo se dio una expansión total del orden del 37%, en el período 2006–2010 en la matrícula de jardines de infantes como una respuesta efectiva a la Ley Nacional de Educación sancionada en el 2006, que insta al Estado a garantizar la oferta de servicios educativos para los niños de 4 años.[115]A fines del 2007 se sanciona el Primer Plan Nacional de Acción por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pionero en América Latina, se había incorporado a la primera infancia como un grupo específico, lo que daría lugar más tarde al programa “Primeros Años”. También se lanzó el Plan Nacer con el objeto de mejorar la cobertura de salud y la calidad de atención de las embarazadas, puérperas y de niños menores de 6 años sin cobertura en salud. En 2008 se lanzó la primera ley para crear un instituto nacional para prevenir el maltrato infantil, abriéndose sedes en las principales ciudades del país y se crea una base de datos unificada recolectar datos acerca del maltrato infantil. Además la ley 26061, establecía que los recursos que se destinan a la infancia nunca pueden ser inferiores a los asignados en el período anterior y la creación de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf)[116]a través de las acciones lanzadas por la secretaría se logró disminuir el porcentaje de bajo peso al nacer un 63 por ciento entre 2007 y 2014, y pasar del 71 por ciento de los menores de 12 años con Carnet completo de vacunación en 2008 al 98.7 por ciento en 2015. Se lanzó a su vez planes para la detección temprana de hipoacusia a través de la masificación de la audiometría según la disponibilidad de cada jurisdicción, se realizaron un total de 1.204.475 audiometrías en niños/as y adolescentes de 5 a 13 años, además de aumentar la disponibilidad y cobertura exámenes osteoarticulares y dermatológicosa más de tres cuartas partes de la población frente a un tercio de 2002.[117]
Según informes de la Unesco en 2014 la Argentina presentaba un sistema educativo menos fragmentado, con un acceso a la educación más igualitario, una reducción de las tasas de analfabetismo de la población más joven y una mejora de la educación de la primera infancia, donde en sala de 4 se logró una incorporación de niños que ascendió de 48 por ciento en 2001 a más del 70 por ciento.[118]
Creación de la Asignación Universal por Hijo
El 28 de octubre de 2009, la presidenta Fernández de Kirchner creó la Asignación Universal por Hijo —Decreto 1602/09—, estableciendo la generalización de la asignación familiar por hijo para todos los niños menores de 18 años cuyos padres se encuentren desocupados o trabajen en la economía informal por una remuneración que no sea superior al salario mínimo, vital y móvil, incluyendo los monotributistas sociales.[119] Contaba como antecedente el libro de Eva Perón La razón de mi vida, en el que la primera dama proponía dotar a las mujeres argentinas de un ingreso con el objetivo de reforzar los lazos de la familia y el matrimonio. Planteando también la posibilidad de asignar otro monto a las mujeres por cada hijo nacido y otras situaciones.[nota 1]
Para percibir el beneficio, los padres deben acreditar haber cumplido el plan de vacunación obligatorio hasta los 4 años de edad y el cumplimiento de la educación obligatoria desde los 5 años de edad y hasta los 18 años. A partir de mayo de 2011 se extendió a las mujeres embarazadas desde 12 semanas de gestación.
La medida fue decidida con el fin de cubrir las necesidades mínimas de todos los niños del país que se encuentren bajo la línea de pobreza. El ministro de Trabajo Carlos Tomada consideró que se trata de una extensión del sistema de seguridad social que en una primera etapa el plan estaría en condiciones de eliminar la pobreza extrema (indigencia) y reducir considerablemente la pobreza (canasta mínima vital).[121] Esta medida desde el punto de vista de la distribución de la renta es progresiva, además posicionó a Argentina como el país con mejor seguridad social de Latinoamérica. A partir de mayo de 2011, las prestaciones se complementaron con en lanzamiento de la «asignación universal por embarazo (AUE) para protección social», que se otorga a las futuras madres que se encuentren en las doce o más semanas de gestación.2 A mediados del año 2013, más de 3,5 millones de niños y adolescentes se encontraban cubiertos por esta asignación.3
Según estudios del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, dependiente del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), la pobreza total del país gracias a la AUH se redujo del 26,0 % al 22,6 % en 2010, sacando de la pobreza entre 1,4 y 1,8 millones de personas, de las cuales entre 0,7 y 1,1 millones eran menores.2627Los controles sanitarios de crecimiento y desarrollo en niños han aumentado en un 21% en el periodo 2009/2010.La AUH ha permitido acercar a la población de sectores vulnerables a los centros de salud, garantizando el derecho de los niños a realizarse controles de crecimiento y desarrollo y cumplir con el calendario de vacunación.[122]
Siguiendo la misma tendencia, la indigencia disminuyó del 7,5 % al 3,4 %. Además la brecha entre ricos y pobres, que luego de la crisis económica de 2002 se situaba en 39,4 veces, cayó desde 24,8 veces (en 2009) hasta 14 veces (en 2010), llegando al nivel más bajo desde 1986 y posicionando a Argentina nuevamente como el país más igualitario de América Latina. Por otra parte, el número de chicos escolarizados a nivel nacional ha aumentado un 27 %.2627
Esos dos requisitos, implementados por la presidenta Fernández de Kirchner, tuvieron dos resultados inmediatos: el aumento de la cantidad de niños escolarizados —cumpliendo la asistencia mínima— y la disminución de la muertes infantiles debido a causas evitables, debido al obligatoriedad del calendario de vacunas.[123]
Como impacto educativo el porcentaje de quienes asisten a la escuela secundaria ascendió de 84,9 a 88 % en los dos primeros años a partir de la implementación del programa.[124] Según una investigación coordinada por seis universidades nacionales, tomando casos en 7 provincias, se comprobó una reincorporación efectiva a la escuela de 130.000 niños que estaban afuera del sistema educativo y se mejoró el índice de asistencia a los distintos establecimientos educativos,[125] el ausentismo en la provincia de Buenos Aires descendió un 39,8 %, en tanto se incrementó en un tercio el ingreso a las universidades públicas nacionales de estudiantes pertenecientes a sectores vulnerables.[126]
Diversas organizaciones internacionales saludaron estas políticas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) resaltó la protección social que genera la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo y colocó a la Argentina en la lista de Estados que «expandieron la cobertura de maternidad a grupos de mujeres que previamente estaban desprotegidas». La organización Save the Children ubicó a la Argentina como el segundo mejor país de América Latina para ser madre, detrás de Cuba, destacando al país austral por sus mejores condiciones sanitarias y sociales para llevar adelante la maternidad, según el informe internacional. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destacó que las políticas de inclusión social permitieron mejorar la calidad de vida de los argentinos y aseguró que Argentina, junto a Chile y Venezuela, alcanzaron niveles inferiores al 5 % en la lucha contra el hambre.[127][128] Para 2015 Argentina había escalado a la primera posición siendo en América Latina y el Caribe, Argentina es el mejor país para ser madre.[129]
Política hacia la juventud
El Gobierno de Fernández de Kirchner diseñó e implementó una gran cantidad de programas destinados a promover la participación juvenil, desde propuestas culturales, educativas, de acceso a derechos hasta inclusión en el mercado laboral formal. Para el caso de la participación política en la escuela se destacan el Programa Nacional de Organización Estudiantil de Centros de Estudiantes —del Ministerio de Educación—, el Programa Nacional de Concejos Deliberantes Estudiantiles —de la Jefatura de Gabinete de Ministros— y Organizarnos para Transformar —del Ministerio de Desarrollo Social—.[130] Al mismo tiempo aumentó la participación de estudiantes secundarios y universitarios en los centros estudiantiles de 60 233 en 2008 a 623 087 en 2011[131] Se puso en marcha el Consejo Federal de Juventud y el Consejo Federal de los Mayores y las Jornadas Intergeneracionales para identificar los estereotipos negativos de la vejez y la juventud. Desde 2010 se implementó el Programa de Voluntariado Social, cuyo propósito es promover acciones comunitarias voluntarias, generando espacios de encuentro y actividades entre distintas generaciones. En el ámbito de las políticas públicas se destacó la promulgación de la Ley de Ciudadanía Argentina, a través de la ampliación del voto optativo a los jóvenes de 16 y 17 años y la Ley de conformación de centros de estudiantes secundarios. A partir del nuevo Código Civil se amplificó el estatus legal de los jóvenes otorgándole más derechos entre ellos acceder a los anticonceptivos sin permiso de los padres, la amplificación del marco jurídico de los jóvenes entre los 13 y 17 años, aumentando la potestad sobre sí mismo desde los 13 años y a partir de los 16 aumentan considerablemente los derechos que los adolescentes pueden ejercer sobre y por sí mismos, explicita que con respecto a la responsabilidad parental, la relación entre padres e hijos debe someterse al interés superior del niño; consagra la participación progresiva del menor en las decisiones sobre su persona, y contempla la responsabilidad del cónyuge o conviviente de quien tiene a su cargo el cuidado del menor, cambios en el régimen de adopciones, ya que se simplificaron los trámites y se introdujo un cambio de paradigma que ahora tiene como eje «el derecho del niño de tener una familia, más que de las parejas de tener un hijo». Se amplió el espectro de postulantes incorporando a las parejas «en unión convivencial», reduciendo la edad de admisión de 30 a 25 años, se facilitó a las personas que están solas a adoptar y se reconoció el derecho del adoptado a conocer los datos relativos a su origen.[132]Gracias a los cambios los adolescentes obtuvieron el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, sobre su salud reproductiva, la posibilidad de contar con un abogado propio, de demandar a sus padres por no garantizarles alimentos o reclamar y dar su opinión en los regímenes de contacto durante el divorcio. Establece el derecho a ejercer su profesión sin necesidad de autorización, a disponer y administrar los bienes que adquieran con lo que ganen. Se lo considera a partir de los 16 en plena potestad para las decisiones sobre el cuidado de su propio cuerpo, hacerse tatuajes o piérsines, cirugías estéticas reparadoras, donar sangre etc, sin autorización de sus padres.[133]
Durante su presidencia se creó el Consejo Federal de la Juventud con el objetivo de desarrollar las políticas de juventud, que posibiliten la construcción de ciudadanía en valores tales como solidaridad, equidad, compromiso, justicia, responsabilidad, ética e identidad nacional y la Ley de Promoción y Regulación de los Centros de Desarrollo Infantil ,Ley 26.233-2007, con un criterio integral de protección de los niños y niñas, orientadas a favorecer la crianza, el desarrollo, el cuidado y la educación de la primera infancia, a partir del fortalecimiento y la creación de los Centros de Desarrollo Infantil que funcionan en ámbitos comunitarios, en instituciones públicas que dependen de las áreas sociales de los gobiernos provinciales y municipales, en los Centros Integradores Comunitarios, Centros de Salud, entre otras modalidades. Esta ley estableció entre otras pautas que en todas las salas o secciones en que esté dividido el Centro De Infancia, al menos uno de los educadores o educadoras hayan alcanzado título docente terciario o universitario y que por lo menos la mitad de los educadores o educadoras del CDI hayan alcanzado título docente terciario o universitario.Que el 80% del personal del CDI participe de actividades de capacitación registradas a lo largo de un año. Que la totalidad del personal que desarrolla tareas en el CDI esté debidamente inscripto en un registro institucional. Que el personal adulto que realiza tareas en los CDI lo hagan en tareas y actividades vinculadas directamente a la estimulación y el desarrollo físico, cognitivo, lingüístico y socioemocional de las niñas y los niños. Que en las salas o actividades destinadas niñas y niños de hasta 1 año de vida la proporción de educador/a por niño/a sea de 1 adulto por cada 5 niños o menos.[134]
Política hacia personas con discapacidad
Se implementaron distintas líneas de acción en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, junto con organismos no gubernamentales, gobiernos provinciales y municipales, con el objetivo incluir a las personas con discapacidad mediante el apoyo a actividades deportivas, culturales, educativas y laborales. La República Argentina ratificó la Ley N.º 26 378 de la citada convención y su protocolo facultativo en mayo del año 2008.[135] En los primeros años se entregaron transportes adaptados a personas con discapacidad 1,2 millones, se lanzaron 27 programas en la comisión de discapacidad destinados a gobiernos municipales y provinciales, otros para ONG y otros para personas con discapacidad. Argentina avanzó en normativas específicas para discapacitados, una de las primeras leyes con contenidos accesibles para personas con discapacidad es la Ley de Medios, la de la web que obliga a los estados a elaborar páginas accesibles; mas otros derechos como la Asignación Universal por Hijo; el monto asignado por discapacidad paso a ser cuatro veces mayor que el de toda la región, se otorgaron beneficios impositivos para las personas con discapacidad.[136]
Políticas hacia la tercera edad
Se lanzó durante su segundo gobierno el Programa de Capacitación en Cuidadores Domiciliarios, mediante el cual se capacitaron 30.000 personas, para fortalecer el sistema de atención progresivo; y se desarrolló la carrera de Especialización en Gerontología Comunitaria e Institucional, que forma a profesionales en las distintas provincias del país. Además se produjo la creación de un Plan Nacional para la Lucha contra la enfermedad del Alzheimer y otras demencias.
Políticas hacia los pueblos originarios
Se impulsó la participación de los pueblos originarios y la defensa de sus culturas e identidades, destacándose la continuación del Consejo de Participación Indígena que había sido creado por el anterior gobierno en el año 2004. Ello permite la elección de asambleas democráticas convocadas y apoyadas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, conformadas por dos integrantes por pueblos y por provincia, en representación de las comunidades. Dichos representantes participan en la formulación de las políticas para cada pueblo originario y en los revelamientos territoriales.
En 2013 el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de Argentina reconoció al pueblo iogys como separado del conjunto wichí. Este pueblo vive en la región que denominan Zlaqatahyi o nuestra selva, correspondiente a 12 comunidades ubicadas al oeste del río Itiyuro, y previamente se los refería como wichís del Itiyuro.[137]El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 se realizó el 27 de octubre de 2010 y la cédula censal incorporó la pregunta acerca de la identidad de los pueblos indígenas.[138]El 6 de agosto de 2004 fue creado el Consejo de Participación Indígena (CPI), reformulado en 2008 orientando sus funciones hacia tareas de acompañamiento y fortalecimiento de sus comunidades. Está compuesto por representantes elegidos en asambleas comunitarias por pueblo y por provincia.[139] Para renovar los representantes al CPI durante 2008 y 2009 se realizaron 41 asambleas comunitarias en 17 provincias: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Neuquén, Tierra del Fuego, Misiones y Río Negro.[140] En la provincia de Formosa los representantes de cada uno de los tres pueblos indígenas reconocidos en la provincia -Wichí, qom y pilagá- son los mismos que se eligen para integrar el directorio del Instituto de Comunidades Aborígenes.[141]A través de diferentes universidades nacionales se trabajo para la re inserción de sesenta razas autóctonas de maíces nativos adaptados a las condiciones ambientales del NEA, que aporten a la disponibilidad de alimentos y a la mejora de los ingresos económicos de un pueblo originario de la región.[142]
Otro punto relevante fue la sanción de la Ley 26.160 y su prórroga, que ordenó la suspensión de los desalojo y el relevamiento de las tierras que ocupan las comunidades indígenas de forma tradicional, actual y pública. Relevándose más de 4,6 millones de hectáreas y más de 495 comunidades. Además fue incluido en el nuevo Código Civil y Comercial el derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras de las comunidades y pueblos indígenas.[113]En 2011 Cristina Fernández de Kirchner recibió un contundente apoyo en las elecciones presidenciales y primarias por parte de los pueblos originarios, que acompañaron su reelección con más del 70 por ciento de las votos provenientes de las casi mil comunidades indígenas del país.[143]
Plan Antidiscriminación
Durante la gestión Fernandéz se llevó a cabo la articulación de canales para la participación de la sociedad civil, se crearon los Foros de la Sociedad Civil por cada eje temático y en cada provincia, como ámbitos de capacitación en políticas antidiscriminatorias y de cogestión con las organizaciones de la sociedad civil y los/as ciudadanos/as.
Política laboral
La política laboral del Gobierno de Cristina Kirchner consistió en profundizar la negociación colectiva para regular las relaciones laborales, política iniciada por el presidente Néstor Kirchner. En el período 2003/2014 con el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) se fiscalizaron cerca de 1,4 millones de establecimientos que incluían a más de 4 millones de trabajadores inspeccionados. Durante el período 2003 – 2014 la cobertura de los empleadores asegurados se incrementó un 100 % y los trabajadores cubiertos aumentaron un 88 %. Se ha llegado al récord histórico de casi 9 millones de trabajadores cubiertos por el sistema. En materia de negociación colectiva se pasó de homologar 200 convenios básicamente de empresas, hasta registrar en 2014 cerca de 2000 acuerdos de actividad y de empresa. Más del 90 % de los convenios se realizaron por rama de actividad económica (y subrama) y los restantes por empresa. Asimismo se consiguió la que la cantidad de trabajadores registrados sea la mayor en 38 años, aunque reconoce que más del 30 % de la población activa siguen en condiciones precarias. El salario mínimo creció 1338 % en 10 años, siendo según la presidenta un «salario testigo» ya que «todos los convenios están por encima».
Entre otras políticas se destacan los microcréditos para empresarios ―320 000 hasta 2013― y el Plan Argentina Trabaja ―que incrementó la cantidad de cooperativas en más de 6600―.[144]
También se aumentaron las indemnizaciones por accidentes de trabajo, modificando el régimen legal y eliminando el tope máximo que había impuesto la legislación anterior.[145] En 2012 se sancionó la Ley de Daños por Accidentes Profesionales en beneficio y en cuidado de los derechos de los trabajadores. Se incorporaron al listado de enfermedades profesionales otras como las hernias, lumbalgias y várices que no estaban y que son frecuentes en distintas actividades laborales.[146]
En 2008, la desocupación se mantuvo en niveles similares a los que se encontraba el año anterior, pasando del 8,4 % en el primer trimestre al 7,3 % en el cuarto trimestre de ese año, la tasa más baja desde octubre de 1992, según datos del Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos).[148] Hacía el cuarto trimestre de 2012 la desocupación disminuyó al 6.9 %.La tasa de empleo no registrado, que representaba ceca del 50% del empleo asalariado en 2002, siguióuna tendencia decreciente hasta llegar al 38% en el segundo trimestre de 2007, para luego seguir descendiendo hasta el 33% hacia el año 2010 y el 27 por ciento en 2012.[149]
Se agilizaron los trámites de inscripción en el régimen denominado Monotributo Social, que permitió a los microemprendedores acceder a una obra social y a la jubilación, pudiendo asimismo emitir facturas por sus ventas.[150]
Lucha contra el trabajo informal
Entre el año 2002 y 2010, se observó un incremento del 66% de trabajadores registrados, mientras que en los períodos previos, desde 1974 hasta 2002, el aumento llegó apenas a ser entre 12% y del 15%. Este aumento de los empleos registrados hizo retroceder al empleo "en negro" o no registrado, del 50% que representaba en el año 2002 a un 35% en 2010.
En 2014 se promulgó la ley de promoción del trabajo registrado, por la cual serían destinados 4150 millones de pesos en beneficios para los empleadores, de los cuales el 65 % estarían dirigidos a las microempresas para alentarlas a registrar a sus trabajadores.[151]
Para el 2012 el trabajo informal (no registrado) se redujo a un 34,5 %,[152] luego de que llegara al 49,5 % en el primer semestre del 2003.[153] El gobierno de Cristina Fernández profundizó la política de generalización de la negociación colectiva para regular las relaciones laborales que había iniciado el presidente Néstor Kirchner.
Se puso en marcha el Plan Nacional de Regularización del Trabajo gracias al cual se fiscalizaron 900 mil empresas y más de 3 millones de trabajadores. La tasa de empleo no registrado en 2003 era casi del 50%. 10 años después se redujo a un 34.6%. Se disminuyó un 26% el índice de accidentes de trabajo y un 27% el de muertes por accidentes laborales. Esto se debe a que aumentaron en un 600% las inspecciones realizadas en forma conjunta entre el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.[154]
En 2014 se promulgó la Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, que prevé la creación de registros públicos en el ámbito del Ministerio de Trabajo y la sanción de aquellos empleadores que no cumplan con el registro de sus trabajadores.
A partir de la Ley 26.364 se creó una herramienta contra el trabajo en condiciones de servidumbre como norma fundamental para el accionar contra el trabajo esclavo. Se desarrollaron acciones de fiscalización y control, en especial sobre los sectores que más utilizan esta práctica ilegal, el rural y el textil.[146]
Sindicalización
Finalizado el tercer trimestre de 2008, el Ministerio de Trabajo había homologado 890 convenios colectivos y acuerdos, una cifra que significó un aumento del 24 %, comparado con el mismo período de 2007,[155] y del 324 % comparado con 2004.[156] Más del 90 % de los convenios se realizaron por rama de actividad económica (y subrama) y los restantes por empresa. Las cláusulas más habituales fueron las salariales, pero también se registró un aumento de la cantidad de cláusulas sobre «regulación de las relaciones laborales» en la empresa y «condiciones de trabajo», que en el III trimestre representaron el 20 % y el 17 % de las cláusulas totales, incluyéndose entre ellas la creación de «comités de higiene y seguridad» y cláusulas especiales de no discriminación.[155]
El crecimiento de la presencia sindical en el sistema de relaciones laborales, ha impulsado modificaciones en los planes de estudios de algunas universidades, con el fin de incluir mayor información y análisis sobre los sistemas, reglas y técnicas de diálogo social en la gestión de los recursos humanos de las empresas.[157]
Programas laborales y de capacitación
En 2003 se capacitaban en programas del Estado 15.119 trabajadores, pasando en 2012 a 316.738 trabajadores. En total asistieron a cursos y talleres de formación profesional más de 2.4 millones de trabajadores. Se puso en marcha el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) mediante el cual se fiscalizaron 900 mil empresas y más de 3 millones de trabajadores. En 2008 se sancionó la ley 26.390 que establece que los niños menores a 16 años tienen el derecho fundamental a no trabajar. En 2013 se sancionó una ley que tipificó como delito el aprovechamiento económico de los menores, con penas de prisión de 1 a 4 años.[158]
En 2012 se lanzó la iniciativa EMPLEARTEC para fomentar mayor cantidad y mejor empleo en las áreas de software y tecnología a nivel nacional, aumentar la competitividad del sector y del resto de sectores productivos; contribuir a la inclusión social e inserción laboral; reducir la brecha digital y contribuir en la construcción de una sociedad integrada, inclusiva y competitiva, integrados en las metas del Foro de Software dentro del Plan Estratégico 2020 y del Plan Estratégico de Formación Continua: Innovación y Empleo 2020. De los 21.000 beneficiarios de los cursos desde el año 2006, más del 65% consiguió trabajo o mejoró su situación laboral.[159]
En 2013 se lanzó el programa laboral “Ellas hacen”, destinado en forma preferencial a mujeres solas, con hijos a cargo, o que fueran víctimas de violencia de género, con remuneración mensual básica para capacitarse en la construcción de viviendas y poder acceder, en un futuro cercano, a una vivienda.[160] Las cooperativistas debían realizar jornadas laborales previstas en el programa Ingreso Social con Trabajo y debían cumplir con capacitaciones y terminalidad educativa.
Regímenes para trabajadores rurales y domésticos
En el año 2011 Cristina Fernandez de Kirchner elevó al Congreso de la Nación un proyecto de nuevo Estatuto del Peón Rural, que amplía los derechos laborales de los asalariados rurales. El proyecto fue aprobado en general por 68 votos a favor y 1 voto en contra. La nueva normativa creó un nuevo régimen previsional que reduce de 65 (60 en el caso de la mujer) a 57 años la edad jubilatoria y a 25 los años de aportes, e incorpora una licencia por paternidad de 30 días. La ley mantiene el régimen de fijación de remuneraciones mínimas determinadas por el Consejo Nacional de Trabajo Agrario, que no podrán ser menores al salario mínimo vital y móvil, y fija períodos y lugares de pago. También fija en ocho horas la jornada laboral (44 horas semanales) en lugar de la jornada "de sol a sol" con descansos intermedios, reconoce el pago de horas extras, el descanso semanal y mejores condiciones adecuadas de higiene y seguridad como requisitos básicos de la actividad.[161] Hasta entonces sobre 1,3 millones de peones rurales, más del 80 % se encontraba en la informalidad. La ley dispuso cuestiones como la jornada laboral de ocho horas, terminó con el concepto de "trabajo de sol a sol" y fijó la edad jubilatoria en 57 años.[158]
En 2013 se aprobó el Régimen Especial de Contrato de Trabajo de Casas Particulares, que crea un régimen laboral para las empleadas domésticas, a las que se les reconocen los mismos derechos de los que goza el resto de los trabajadores, como vacaciones pagas, licencia por maternidad y por enfermedad, indemnización por despido, y una jornada de trabajo de 48 horas semanales como máximo ya que hasta ese momento la antigua ley les reconocía menos derechos que al resto de los empleados, esta ley alcanza a un millón de trabajadoras. Anteriormente durante 60 años el servicio doméstico se manejó por decreto que consideraba al personal doméstico totalmente distinto al resto de los trabajadores.[162][163]
Política previsional
Durante su gestión se reformó el sistema previsional mediante la estatización de las AFJP y la creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Movilidad jubilatoria
El 1 de octubre de 2008 para no dejar la actualizaciòn de las jubilaciones al arbitrio del Presidente de turno, se sanciona la Ley 26.417 de Movilidad Jubilatoria que otorga 2 aumentos por año, brinda el incremento total que tienen dos veces al año (marzo y septiembre) los ingresos que cobran los jubilados, los pensionados, las Asignaciones Familiares y Asignación Universal por Hijo y en general las prestaciones de Anses. Esta ley determina que la evolución de los haberes está acompañada a la evolución de la economía ya que el incremento de los mismos se determina, o bien por una combinación entre la evolución de recursos tributarios de Anses y la evolución de los salarios.
Reestatización del Sistema Previsional
La presidente Cristina Fernández de Kirchner junto a Amado Boudou, el entonces titular de ANSES el 21 de octubre de 2008 anuncian que enviaba un proyecto al Congreso para poner fin al sistema de AFJP y organizar un nuevo sistema de reparto estatal de jubilaciones y pensiones.[164] Esta decisión se fundamentaba en el hecho de que la Constitución Argentina (Artículo 14 bis) ordena que la seguridad social sea otorgada por el Estado[165] y en la poca eficiencia del sistema privado, una vez que era el mismo Estado quien ya pagaba, en ese momento y en la práctica, la mayor parte de las jubilaciones.[166]
Un día después del envío al Congreso del proyecto de reestatización de los fondos, el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES), el fiscal Guillermo Marijuán, presentó una denuncia ante el juez federal Claudio Bonadío en la que acusaba a diez entidades AFJP de «administración fraudulenta a raíz de la presunta liquidación de bonos del Estado».[166] La supuesta maniobra de las AFJP consistía en desprenderse de los títulos de deuda pública y obtener dólares, ante la inminente estatización de los fondos que administraban. La operación habría consistido en la venta a bajo precio de bonos públicos, por un total de 140 millones de dólares. Esto habría producido, según la sospecha del fiscal, una dilapidación de los fondos de los jubilados, la obtención de dinero en efectivo por parte de las AFJP y el alza de la moneda estadounidense.[167] A raíz de esta presentación, el juez Claudio Bonadío prohibió a las AFJP operar por siete días, dictando orden de «no innovar» hasta que se aclarara esta situación, ordenando varias investigaciones en relación con el posible ilícito.[166][167][168] Las AFJP se apropiaron de unos 10.000 millones de dólares en comisiones, mientras otros 35.000 millones se repartieron en concepto de utilidades de empresas beneficiadas con las rebajas de aportes patronales.[169]
El proyecto de ley fue enviado para su apreciación en Diputados, siendo aprobado por esta cámara el 7 de noviembre de 2008, con 162 votos afirmativos y 75 negativos,[170][171] se aprobó en Diputados la UCR, el PRO y la Coalición Cívica a la cabeza, se opusieron a la iniciativa [172] aduciendo "violar el derecho de propiedad", "generar inseguridad jurídica" y "utilizar la reforma para apropiarse la caja de los jubilados".[173]
Tras su aprobación en Diputados, el proyecto pasó al Senado, donde se sometió a votación el 19 de noviembre, siendo sancionado por una amplia mayoría de 46 votos afirmativos, 18 negativos y una abstención.[174] Con esta sanción por parte de Senado, el proyecto se convertía entonces en la Ley 26.425, que estatizaba el sistema previsional y ponía fin a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Esta Ley entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina el 9 de diciembre de 2008.[175]Creación del Fondo de Garantía y Sustentabilidad
El 4 de diciembre de 2008 se promulgó la Ley 26.425[176] que en su artículo primero dispone la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único régimen previsional público denominado Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Las disposiciones reglamentarias terminaron de configurar el nuevo sistema y el total de los fondos administrados por las AFJP se traspasaron en especie al FGS, el cual redefine su denominación: Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino. El FGS está compuesto por diversos tipos de activos financieros. En el momento del traspaso, 5 de diciembre de 2008, estaba valuado en 98 224 millones de pesos; a diciembre de 2012, su valuación asciende a 244 700 millones de pesos.
Según diversos estudios, la nacionalización del sistema previsional y la estatización de los fondos de las AFJP permitió una administración de los recursos más transparente generando resultados positivos, incrementando los recursos e incluyendo más personas al sistema previsional. Desde su estatización se dio un crecimiento de las inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que pasó de $ 98.083 millones en 2008 (último año privado) a $ 482.660 millones en 31 de octubre de 2014, significando un crecimiento del 392,1%. Asimismo el capital del Fondo de Garantía de Sustentabilidad se había duplicado desde la estatización de las AFJP[177][178] y el fondo para resguardar el pago de jubilaciones superó los 200 mil millones de pesos. La cifra es más del doble de lo que habían acumulado las AFJP cuando dejaron de operar en diciembre de 2008. Catorce años de administración privada de los aportes provisionales concluyeron con un saldo de 98.224 millones de pesos, mientras que, en menos de dos años, el Estado logró más que duplicar ese monto, que en aquel momento llegó a 201.027 millones de pesos.[179]
El FGS acumuló, para el año 2013, un total de 280.567 millones de pesos. El monto del FGS, un stock que el Gobierno concibe como reaseguro del sistema de seguridad social, se triplicó desde la estatización[180] y trepó hasta los $ 482.660 millones en 31 de octubre de 2014, un crecimiento del 392,1%.
En cuanto al número de afiliados, gracias a la ley 25.994, dictada por la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, se incorporaron al sistema previsional más de 2,5 millones de personas que hasta entonces estaban excluidas de la cobertura. En 2003, durante el régimen privado había 3,5 millones de jubilados y pensionados, y se destinaba un 4,5 % del PBI a jubilaciones. En los últimos cinco años, el universo de jubilados pasó de 3,2 millones a 5,6 millones [181] bajo el sistema estatal Argentina alcanzó en 2015 los niveles de cobertura jubilatoria más altos de América Latina. Un informe del Banco Mundial destacó la política de protección social al señalar que el haber jubilatorio mínimo es equivalente a 442 dólares, es el más alto de toda América Latina.[182]Aumento de las indemnizaciones por accidentes de trabajo
El 5 de noviembre de 2009 la presidenta Fernández dictó el Decreto 1694/2009 aumentando las indemnizaciones por riesgos del trabajo y modificando el régimen legal (Ley 24.557) con el fin de corregir las fallas del sistema ―establecido durante el gobierno del presidente Carlos Menem― y la gran cantidad de fallos judiciales declarando inconstitucionales sus normas (casos Castillo, Milone y Aquino, entre otros).[183]
El decreto elimina el tope máximo que había impuesto la legislación anterior para la renta periódica, fijado en 180 000 pesos (aproximadamente 50 000 dólares estadounidenses) y establece por el contrario que la misma suma será considerada como piso mínimo, para el valor de la vida humana o la incapacidad total. También se aumentaron algo más de un 100 % los montos que la ley preveía como suma fija, en casos de incapacidades superiores al 50 % y muerte.[183]
La norma también implementa un sistema de supervisión de los servicios médicos prestados por las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART), ante la gran cantidad de quejas sobre las mismas, y habilita la creación de ARTs, sin beneficio de lucro.[183]
En el sector de los trabajadores, el Decreto 1694/09 contó con el apoyo por las dos centrales sindicales (CGT y CTA).[184] En el sector de los empleadores, la respuesta fue variada: mientras que la UIA, la Sociedad Rural y la Cámara de Comercio cuestionaron la norma,[184] la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), apoyó el decreto.[185]En 2014 mediante el decreto 29/2014 se estableció la incorporación de nuevas enfermedades al sistema de riesgos del trabajo así como también la modificación de los baremos de determinación de las incapacidades. A partir de la actualización de la ley que había sido consensuada en el Comité Consultivo Permanente de Riesgos del Trabajo, el órgano integrado por sectores sindicales y empresarios, quienes se vean afectados por várices, hernias o lumbalgias como consecuencia de trabajar largas horas parados o levantando, trasladando o empujando objetos pesados, podrán recibir tratamientos gratuitos cubiertos por las aseguradoras e indemnizaciones en caso de reducción de las capacidades laborales.[186]
Licencias por maternidad y paternidad
En 2010 se aprobó la Reformulación del sistema de licencias por maternidad y paternidad que amplió los derechos de licencia agregando permisos especiales cuando se presenten embarazos de alto riesgo, el otorgamiento de dos descansos por día de una hora de duración cada uno en período de lactancia y hasta dos años posteriores al nacimiento, el derecho a una indemnización agravada en caso de despido de la mujer o de su cónyuge por razones de nacimiento o adopción y la ampliación de las licencias por maternidad y paternidad a 180 días; y la extensión del plazo de licencia por paternidad.[187]
Política de infraestructura y transporte
En el aspecto vial su gobierno fue una continuación de las obras y planes lanzados durante la administración del presidente Néstor Kirchner cuando se lanzó un Plan Vial Nacional que permitió construir 1300 km de nuevas carreteras, pavimentar 4100 km de rutas nacionales y cubrir con obras de mantenimiento la totalidad de la red vial nacional. Además, se llevó la cobertura de obras de mantenimiento a la totalidad de la red vial pavimentada, cuando en el 2003 solo se alcanzaba a cubrir el 50 % de la misma. Debido a estas inversiones, desde 2003 al año 2014 se produjo un crecimiento del 130 % de la red vial argentina.[188] Además se creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
En materia de puertos se amplió y modernizó el Puerto de La Plata[189] y otros puertos del país.
En lo que respecta al transporte aéreo la medida más importante fue la reestatización de Aerolíneas Argentinas.
Plan Vial Nacional
Durante su gestión se continuó el Plan Vial Nacional lanzado en 2003. Se lanzó un Plan vial Nacional, que desde el 2003 el Gobierno realizó una fuerte inversión en obras de infraestructura que había permitido construir 1300 km de nuevas carreteras, pavimentar 4100 km de rutas nacionales y cubrir con obras de mantenimiento la totalidad de la red vial nacional. Además, se llevó la cobertura de obras de mantenimiento a la totalidad de la red vial pavimentada, cuando en el 2003 solo se alcanzaba a cubrir el 50% de la misma. Gracias a estas inversiones desde 2003 al año 2014 produjo un crecimiento del 130% de la red vial argentina.[190]
Durante las gestiones kirchneristas se licitaron, en promedio, 168 obras en carreteras por año. Durante las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner se licitaron obras en carreteras, incluyendo autopistas, por 7840 kilómetros por año.
Obras viales
A fines de 2007 comenzó la construcción de la autovía del Mercosur. El 22 de febrero de 2007 el secretario de Obras Públicas de la Nación firmó una resolución para que la empresa concesionaria comenzara las obras de duplicación de calzada entre Ceibas y Gualeguaychú.[191] El tramo completo fue abierto al público el 30 de noviembre de 2009.[192] La Ruta Nacional 14 era conocida como la «ruta de la muerte», por los frecuentes accidentes de tránsito que se producían allí. Luego de su transformación en autovía, se duplicó la capacidad de tránsito de la misma, mejorando significativamente la seguridad vial de los usuarios. El tránsito en todo su trayecto supera los 3600 vehículos por día, mientras que en la Ruta Nacional 117 el flujo es superior a los 3500 en cada jornada, siendo más del 50 % tránsito pesado en ambos casos. Esta estratégica vía, conocida como la «Ruta del Mercosur» es la principal vía de conexión con Brasil y Uruguay, se ha transformado en un eje de integración económica y social, promoviendo el desarrollo de la industria, el agro y los servicios de toda la región, especialmente los pueblos y ciudades de las provincias de Entre Ríos y Corrientes que se encuentran sobre la costa del río Uruguay.[193] Los trabajos en la autovía entre el acceso norte a Gualeguaychú (Ruta Provincial 20) y el Puente Internacional Agustín P. Justo - Getúlio Vargas, ubicado sobre el río Uruguay, que une Argentina con Brasil incluyen también la Ruta Nacional 117, que une la Ruta Nacional 14 con el mencionado puente.
El 6 de enero de 2009 se comenzaron los trabajos para ensanchar la Avenida General Paz de tres a cuatro carriles el tramo entre el barrio de Liniers y el Acceso Norte con valor de 340 millones de pesos. La obra se financió con el aumento de tarifas de peaje en los accesos Norte y Oeste.[194] Luego de agregar un ramal de acceso junto a la Estación Miguelete los trabajos se paralizaron.[195] También durante su gestión comenzó las obras en los tramos I, II y III, de la Autopista Presidente Perón, que se extienden desde el Camino del Buen Ayre en Ituzaingó hasta la Ruta Provincial N.º 53 en Florencio Varela.[196] En julio de 2014 se inauguró un 4.º carril, entre Avenida Balbín y Avenida 25 de Mayo; la adecuación del nudo Acceso Norte - Avenida Balbín, y la adecuación de las ramas del distribuidor Constituyentes. Se sumó el cuarto carril entre Panamericana y la avenida San Martín, se agregó una calzada extra para camiones en el tramo entre el Acceso Norte y la salida hacia la avenida Lugones.[197] La segunda etapa incluyó el ensanche de puentes existentes, la construcción de nuevos puentes en Avenida 25 de Mayo, Puente FC Gral. San Martín, Puente Av. Lope de Vega, Puente Víctor Hugo y Puente Beiró; y la construcción del 4.º carril hasta Acceso Oeste. Como parte de esta etapa, a fines del año 2014, el ministro Julio De Vido inauguró el nuevo puente sobre General Paz, que demandó una inversión del Estado nacional superior a los $34 millones y que mejora la conexión vial entre el partido de San Martín y los barrios de Villa Pueyrredón y Villa Devoto.[198]
En 2011 fue reasfaltada la ruta 127 que une Corrientes con Entre Ríos con una inversión superior a los 250 millones de pesos de acuerdo a lo planificado por la Dirección Nacional de Vialidad.[199] En 2012 se construyó como extensión la autovía 19, que se inicia en la Ruta Nacional 11 y finaliza en la Ruta Nacional 158. Con la incorporación del nuevo tramo, quedaron habilitados nuevos caminos por 118,5 km.[200]
En 2013 se realizó la repavimentación y ensanche de la Ruta 6 que unirá el puerto de Zárate con el de La Plata, y que conformará el cuarto anillo de circunvalación, mejorando la circulación de la producción en la provincia de Buenos Aires.[201] También comenzaron las obras en los tramos I, II y III, de la Autopista Presidente Perón, que se extienden desde el Camino del Buen Ayre en Ituzaingó hasta la Ruta Provincial N.º 53 en Florencio Varela.[202][203]
En 2014 se inauguró la nueva traza y pavimentación de 85 km de la Ruta Nacional 150, que conecta las localidades sanjuaninas de Ischigualasto y Huaco. La obra se llevó adelante con una inversión de 1.227 millones de pesos y permitió crear una traza que habilita un acceso alternativo al Valle de la Luna, declarado Patrimonio Nacional de la Humanidad por la Unesco. Además, la ruta fue premiada como la Obra Vial del año por la Asociación Argentina de Carreteras.[204]
Vialidad Nacional además llevó a cabo regularización del canal existente que corre paralelo a la Ruta Nacional 147 y cruza a la ex Ruta Nacional 146, mediante la construcción de un sistema de alcantarillado por debajo de la calzada.[205]En 2014 comenzó la obra del acceso Norte que modificará la traza de ingreso vehicular desde la Ruta Nacional 143 a la ciudad de San Rafael y se conectará en un futuro nudo vial con la Ruta Nacional 146.[206] En octubre de 2015 comemzó la construcción del último tramo de la ruta 145 para conectar Cuyo con Chile. El 6 de enero de 2017 se inauguró oficialmente el último tramo.[207]
Agencia Nacional de Seguridad Vial
Por iniciativa de Fernández de Kirchner, se creó en 2008 la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Según datos oficiales y de organizaciones no gubernamentales, en el primer año, —entre 2008 y 2009—, se redujo la cantidad de accidentes viales fatales más de un 9 %. La mejora en las cifras se atribuyó al incremento de los controles y la inversión en concientización llevadas adelante por el organismo. En 2012 la tendencia continuaba en descenso; la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que el número estimado de muertes en accidentes de tránsito cada 100 000 habitantes en la Argentina era de 12,6 (el más bajo de Sudamérica después de Chile, que tiene 12,8).[208]
Los ministros de Industria, Débora Giorgi, y de Interior, Florencio Randazzo, firmaron con fabricantes e importadores de automóviles un acuerdo para la implementación de elementos de seguridad en los vehículos nuevos que se venden en la Argentina, que incluyeron la aplicación de sistemas de anclaje rígido en las puertas laterales traseras, la homologación de las sillas para niños y la obligatoriedad de ensayos de impactos frontal y trasero, doble bolsa de aire y sistema antibloqueo de frenos (ABS).[209]
Transporte público de pasajeros
Se construyó la moderna Terminal Ferro Automotora de Mar del Plata con una superficie es de 17 000 m², 42 dársenas y 41 boleterías.[210] Los servicios de larga distancia se prestan entre Constitución y Mar del Plata por la empresa Trenes Argentinos Operaciones.[211] Como parte de los festejos del «Bicentenario», la nueva terminal fue rebautizada con el nombre de «Eva Perón».[212][213] En 2015 se invirtieron 1300 millones de pesos para cambiar más de 400 kilómetros de vías e infraestructura ferroviaria y se incorporaron unidades 0km para todo el ramal.[212][213] El servicio especial Constitución-Mar del Plata, con los nuevos trenes Talgo IV entró en operaciones el 29 de julio de 2011. Las Talgo IV, formaciones adquiridas, tienen pisos alfombrados, baños químicos, asientos reclinables y giratorios, coche cafetería, puertas interiores accionadas electroneumáticamente, luces centrales en los techos, aire acondicionado frío/calor, ventanas herméticas con doble vidrio, entrada para auriculares de sonido en cada uno de los asientos, pantallas de LCD y servicio de cáterin a bordo.[214]
El 1 de diciembre de 2011 se inauguró el nuevo edificio de la Terminal de Ómnibus de Córdoba, llamada Terminal de Ómnibus del Bicentenario. Se emplazó en los predios del viejo Molino Minetti, frente al primer edificio, con un proyecto del estudio de arquitectura Gramática-Guerrero-Morini-Pisani-Urtubey, lo que dio origen a nuevas plataformas que llevan a que en total sean un número de 89. con destino a puntos interprovinciales e internacionales recibiendo anualmente a cerca de 3 millones de personas.
En 2008 inauguró la Terminal de Ómnibus de Santiago del Estero una estación de autobuses de la ciudad de Santiago del Estero, en el noroeste de Argentina. Diseñada por el estudio de arquitectura MSGSSS, destacada por su diseño y su tamaño, con 35 plataformas para servicios nacionales, provinciales y combis, siendo la más importante del noroeste argentino.La obra incluyó un viaducto elevado de acceso, que conecta la terminal directamente con la avenida costanera Nuñez de Prado, y un parque público llamado Paseo de la Terminal, construido en los terrenos liberados para el trazado del viaducto.[215] y fue inaugurada el 26 de noviembre de 2008, mientras comenzaba las obras de restauración histórica de la antigua estación ferroviaria, que pasaría a transformarse posteriormente en el nuevo Centro de Convenciones. Ese mismo año se inaugura la Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Bahia Blanca una importante infraestructura de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, permite el movimiento de pasajeros conectando el norte del país y la región patagónica, el 8 de noviembre de 2008.[216] Se encuentra a unos 2 km de la Estación Bahía Blanca Sud de ferrocarril de larga distancia, que conecta a la ciudad con Buenos Aires.
En marzo de 2010, comenzó la construcción del Paseo de la Terminal, transformando los costados del viaducto de acceso en un parque público lineal, con juegos infantiles, forestación y espacios de recreación.[217] Fue inaugurado en agosto de ese año.[218]Ese mismo año comenzó la remodelación de la Terminal de Ómnibus de Rosario[219] con una inversión de más de 20 millones de pesos[220] que incluyó el cercado de los espacios a intervenir, verificación de infraestructuras existentes, demolición de locales comerciales y obras de albañilería. Se concluyó la etapa del sector C, comprendiendo ejecución del nuevo acceso sobre calle Castellanos, un núcleo de baños públicos e incorporación de boleterías en dicho sector con un área que lo vincula con los locales comerciales[221]En 2015 inauguró el intercambiador de la autopista Rosario-Santa Fe y la avenida de Circunvalación de la Ciudad de Santa Fe.[222] La primera etapa fue inaugurada en octubre de 2011, comprendiendo un nuevo ingreso al edificio por calle Castellanos, otro sector de 25 boleterías, más 5 locales comerciales y sanitarios.[223] En julio de 2012 siguió una segunda etapa concluida, sumando los ingresos por calle Castellanos y por Santa Fe y más boleterías trasladadas.[224]
En 2014 la Nueva Terminal de Ómnibus de Jujuy, principal de San Salvador de Jujuy, se inauguró con los entonces ministro de transporte de la nación y gobernador de la provincia, Florencio Randazzo y Eduardo Fellner. Desde su inauguración hasta 2016 tuvo el nombre Presidente Néstor Carlos Kirchner.
En 2011 lanzó el Sistema Único de Boleto Electrónico, mejor conocido como SUBE, que permite a cada usuario con su respectiva tarjeta inteligente, abonar los viajes en colectivos, subtes, trenes y los peajes, adheridas a la ‘Red SUBE’, tanto en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como en Mar del Plata, Villa Gesell, Partido de La Costa, Pinamar, Bahía Blanca, Corrientes, Neuquén, Río Grande, Ushuaia, Formosa, Paraná, Santa Fe y Jujuy, (Rosario, Córdoba, Mendoza, Corrientes, Posadas, Resistencia, Salta, San Miguel de Tucumán, etc. .[225]Al mismo tiempo lanzó descuentos para los usuarios que utilicen la tarjeta SUBE, con un 40% de rebaja para jubilados, empleadas domésticas, excombatientes de Malvinas y pueblos originarios.
El 1 de octubre de 2013 se sancionó la resolución 843/2013 mediante la cual todas las unidades de autobús cero kilómetro que se habiliten a partir de esa fecha de Jurisdicción Nacional deberán estar equipadas con Aire Acondicionado.[226]
A mediados de 2015 se concretó un préstamo de 120 millones de dólares del Banco Mundial para un Metrobús en la Matanza de 23 km de largo con 11 de carril exclusivo, 17 estaciones y tres importantes centros de transbordo: dos de los cuales se encuentran en González Catán y Ramos Mejía; permitiendo una rápida conexión con los ferrocarriles Belgrano Sur y Sarmiento, cuyos trenes fueron convertidos en 0 km. La puesta en marcha de la obra se concretaba junto a otras importantes obras como los Metrobús en Rosario y Santa Fe; así como el desarrollo y estudio de ciclovías en Tucumán y Salta.[227]
Ferrocarriles
En enero de 2013 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto al ministro Randazzo anunció la adquisición de 409 coches eléctricos para las líneas Mitre y Sarmiento a la empresa china CSR Sifang.[228]
En mayo de ese mismo año, firmó con la misma empresa un nuevo contrato por 300 coches eléctricos para la línea Roca.[229]
En 2014 durante el gobierno de Kirchner se iniciaron los trabajos para la electrificación de los 52,6 kilómetros de vía doble del ramal La Plata y contemplan la intervención de las vías 1 y 2 de los ramales a Temperley y La Plata.[230] La obra encarada por el Estado Nacional implicó una inversión de 500 millones de dólares, es parte de la electrificación de 52,6 km de vía doble que unirán la Capital Federal con La Plata, terminando así una obra prometida por más de 40 años.[231] También se encararon obras de infraestructura, como la finalización de la primera etapa del viaducto de Ringuelet, que consistió en eliminar los terraplenes existentes en la zona, y la elevación de más de mil metros de vía doble para mejorar la circulación.[232]
Hacia 2011 se inauguró con la presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la terminal de trenes y ómnibus de Mar del Plata, en el mismo predio de la vieja estación, con capacidad para un máximo de 1200 micros y once formaciones ferroviarias por día, con un movimiento mensual de más de 2 millones de pasajeros. La estación está ubicada entre la Avenida Luro y posee una superficie de más de 75 mil m². La obra ferroviaria requirió una inversión de 117 millones de pesos.[233] En la Base Aeronaval Comandante Espora, la pista 17L/35R de 2410 metros de longitud fue licitada en diciembre de 2012, junto con la ampliación de la plataforma comercial y nuevos balizamientos.[234]Ese año la ADIF -Administración de Infraestructuras Ferroviarias- anunciaba el recambio de al menos 55 km de los viejos rieles electrificados de acero al manganeso de la línea Mitre por tercer riel de aluminio, ante la inminente llegada de treinta trenes nuevos adquiridos a la china CSR para esa línea.[235]
En julio de 2015 se inauguró la estación Rosario Sur de la línea Mitre con una superficie de 1200 m². La estación se complementa con la renovación total de las vías y el servicio con formaciones 0 km de la ruta Retiro-Rosario.[236] Todo ello enmarcado en la renovación del corredor ferroviario Buenos Aires-Rosario, con la renovación total de 558 kilómetros de vía ascendente y descendente.[237]
En 2014 se inauguró su extensión hasta la ciudad de Luján y Pilar. Retornaba así el servicio de trenes entre Luján y Pilar, que había sido clausurado en 1978 durante la última dictadura.[238] En 2015 el servicio del ferrocarril San Martín comenzó a funcionar con 160 coches y 24 locomotoras cero kilómetro recientemente comprados.[239]
Fueron renovadas por completo la estación Hurlingham y la de Villa Adelina, en el marco de un plan que contemplaba la renovación de estaciones en Buenos Aires y el área metropolitana con una inversión de 2000 millones de pesos. La línea fue renovada con 164 coches nuevos, 24 locomotoras, incrementando la capacidad de transporte en un 37 %.[240]
Durante el gobierno de Cristina Kirchner se compraron 40 locomotoras, 25 coches eléctricos y 20 trenes diésel. En el 2014 se llevó a cabo la inauguración del primer tramo de electrificación del ramal ferroviario Constitución-Quilmes de la línea Roca, obra paralizada durante 42 años, también fue inaugurada por la presidenta Cristina Fernández, la nueva estación City Bell y un paso bajo nivel que demandó una inversión de 150 millones de pesos.[241]
También se compraron 709 nuevos coches cero kilómetro que llegaron a principios del año 2014 y que reemplazaron a las formaciones de más de 50 años de antigüedad en las líneas Mitre, Sarmiento, Belgrano Sur y Roca. Esta empresa estatal china está en 17 países y desembarcó en Argentina, con la instalación de dos plantas para realizar tareas de mantenimiento del material rodante, generando fuentes de trabajo y aportando una importante transferencia de tecnología fundamental en el proceso de recuperación del ferrocarril. En esta línea, se recuperaron los talleres de Tafí Viejo y se continuaran produciendo los vagones de carga diseñados por Fabricaciones Militares.
En 2013 comenzaron las obras de remodelación del ramal Belgrano Sur.[242] En 2014 se anunciaron nuevas obras en la línea, incluyendo la extensión del ramal Buenos Aires - González Catán hasta la Estación Marcos Paz.[243]
En marzo de 2015 se renovaron coches para la Línea Mitre, que significaron una inversión de 220 millones, que según propias declaraciones era la más importante en los últimos 50 años en la historia del ferrocarril en el país.[244]La renovación de las formaciones del ferrocarril Mitre, que completó la puesta a nuevo de todo su servicio al poner en funcionamiento los coches cero kilómetro del ramal Mitre, que se sumó a los ramales de Tigre y José León Suárez, renovados en noviembre y enero respectivamente.[245]
En total el Estado invirtió en material rodante 228 millones de dólares para el ramal Retiro-Tigre, duplicando la cantidad de transporte de pasajeros. La frecuencia de 18/20 minutos; pasó a 14 y luego a 10, se instalaron cámaras en su interior y en la cabina del conductor, sistema de suspensión neumática para mayor confort y sistema de ABS. La vía del ramal Retiro-José León Suárez (37 km) y en 2013 y 2014 se han ejecutado el mejoramiento y cambio de vías en distintos tramos de los ramales Retiro-Tigre y Retiro-Mitre. Esta obra requirió una inversión de más de 400 millones de pesos.[246]
Para el Ramal José León Suaréz-Retiro Mitre en 2013 se llevó a cabo el recambio de 36 kilómetros de vías y, en forma paralela, fueron intervenidos nueve pasos a nivel comprendidos en ese sector, renovándose la vía, las losetas de hormigón del cruce vehicular/peatonal y la señalización.[247]
En tanto, en el ramal diésel Victoria-Capilla del Señor se mejoraron más de 60 km de vía, con una inversión de más de 100 millones de pesos. Se cambiaron 327 señales instalando un Sistema de Frenado Automático de trenes.[248] En 2014 comenzó la obra de renovación de vías.[249]
Tras la estatización del Ferrocarril Sarmiento se inició un proceso de modernización de la red ferroviaria de servicios interurbanos. En julio de 2014 comenzó a incorporarse el nuevo material rodante, que cuenta con frenos ABS, sistema antiacaballamiento, cámaras de vigilancia en coches y cabinas de conductores con puertas transparentes, para que los pasajeros puedan verlos. También cuentan aire acondicionado y puertas inteligentes en los coches que impiden arrancar a la formación si están abiertas.[250]
Durante 2015 se realizaron 253 obras a lo largo del ramal que une Once con Moreno a cargo de la Operadora Ferroviaria del Estado, sumadas a la incorporación de los trenes cero kilómetro que funcionan desde julio de 2014 en el marco de la renovación del sistema ferroviario que ya se replicó en otras líneas como el Mitre, San Martín y el Roca.[251]
En cuanto a la Línea Belgrano Norte en abril de 2015 se incorporaron paulatinamente 20 trenes "Alerce" fabricados por el grupo EMEPA, constituyéndose así la primera compra de nuevos coches de fabricación nacional de todo el siglo para esta línea. Estos trenes brindaron un servicio rápido diferencial con paradas en Retiro, Ciudad Universitaria y Boulogne Sur Mer. Los "Alerce" cuentan con aire acondicionado, cámaras de seguridad, sistema de información auditivo y Wi-Fi de acceso gratuito.[252]
En 2014 comenzó la remodelación de las estaciones de la línea Belgrano Sur. La obra forma parte del programa de modernización integral, que incluóe la incorporación de trenes diésel nuevos para andenes elevados, la renovación de vías y la extensión de Catán a Marcos Paz.[253] En 2013 el gobierno nacional firmó un contrato con la fábrica CNR Corporation para la fabricación de 27 triplas CNR con dos coches motrices y el intermedio como remolque. Los 81 coches fueron adquiridos en 2013 y la operación tuvo un costo total de 89 millones de dólares.[254]
Respecto al ramal San Martín, a mediados del año 2013 comenzaron las tareas de elevación de andenes en todas las estaciones de la línea. Las tareas incluyen la puesta en valor de la infraestructura y la creación de nuevos refugios y boleterías. En 2014 por primera primera vez en 20 años que el ramal ferroviario se expandió con la vuelta del tren a la estación Manzanares en Pilar y la estación Cabred en Luján reabrieron sus puertas para ofrecer un servicio de tren hasta Retiro. Con esas incorporaciones, el San Martín se amplió con una extensión de 70 kilómetros.[255] En el mes de diciembre del año 2013, comenzaron a llegar las primeras formaciones, nuevas, de origen chino, compradas por el Estado Nacional para la Línea San Martín.[256] La adquisición del nuevo material rodante significó también reformar todos los andenes de las estaciones entre Retiro y Pilar, que estaban preparados para servir a coches con escalerilla, porque las nuevas formaciones son con piso elevado.[257] Al completarse la renovación en abril de 2014, la línea contaba con material rodante nuevo adquirido a China: 160 coches remolcados y 24 locomotoras modelo CSR SDD7.[258]
Respecto al Tren de la Costa tras su estatización, volvió a respetar la frecuencia de un servicio cada 30 minutos y sumó vigilancia en las formaciones, se repararon tres unidades que se sumaron a las dos que ya funcionaban.[259]
También se le dio un fuerte impulso a los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo, hasta principios 2015 se repararán en Tafí Viejo vagones de cargas, en promedio fueron reparados entre 300 y 400 vagones, por lo general cerealeros con tolveras laterales, con el objetivo de transportar 970.000 toneladas de carga por año.[260]
También fueron restauradas grandes estaciones ferroviarias, entre ellas la Estación Once, donde se incluyeron un nuevo sistema de refrigeración y calefacción, reordenamiento de locales comerciales, restauración y puesta en valor del edificio histórico, vinculación con el subte de la Línea A por nuevas escaleras mecánicas, nuevas oficinas en el hall central, nuevas boleterías y sistema de audio, rampas, etc.[261] En 2013 se lanzó un nuevo plan de obras, complementario al anterior, entre las mejoras realizadas se incluyen: nuevo sistema de refrigeración y calefacción, reordenamiento de locales comerciales, restauración y puesta en valor del edificio histórico, vinculación con el subte de la Línea A por nuevas escaleras mecánicas, nuevas oficinas en el hall central, nuevas boleterías de venta de pasajes, nuevo sistema de audio, rampas para personas con capacidades diferentes, remodelación de los dos niveles de playa de estacionamiento y nuevos baños públicos.[262]
En la estación Retiro Mitre a fines de 2014 se renovó la iluminación del hall central y se iniciaron los trabajos de recambio de los techos vidriados en la zona de andenes. En 2015 se mejoraron los accesos a los andenes con una nueva línea de molinetes electrónicos. En 2017 se cambiaron los pisos de color bordó ocuro por nuevas baldosas blancas y se restauraron los techos del sector boleterías, el hall central y culminaron los trabajos en una de las bóvedas. También se incorporó una nueva iluminación led en los andenes y se mejoró el sistema de sonido.
En cuanto a la Estación Retiro Belgrano En 2011 se llevó a cabo una restauración de parte de la estación, donde se reparó parte de su mampostería perimetral externa, carpinterías exteriores, como así también los mecanismos para su accionamiento; la cúpula, se hidrolavó su fachada y fueron puestas en valor sus baldosas originales.[261]
En 2015 la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) invirtió este a 9000 millones de pesos para continuar su plan de obras orientadas al mejoramiento del sistema de ferrocarriles entre ellos los ferrocarriles Belgrano Cargas, a los ramales metropolitanos Roca, San Martín, Mitre, Sarmiento, Belgrano Norte y Sur; y a los corredores Buenos Aires-Rosario y Buenos Aires-Mar del Plata.[263]
Aeropuertos
En 2013 amplió la superficie del Aeropuerto Internacional de Córdoba en 12 000 m². Se reconstruyeron 2200 m² de las instalaciones y nuevos puentes de embarque, se construyeron nuevas oficinas y fueron reconfigurados 5800 m² de superficie de plataforma. El aeropuerto adquirió capacidad para brindar servicio a 2,4 millones de pasajeros. En octubre de 2015 fueron inauguradas nuevas instalaciones y sistemas de radares, y una nueva torre de control, con una inversión de 40 millones de pesos.[264] La inversión contó con el financiamiento del ORSNA y equipamiento del Ministerio de Defensa. La ampliación y remodelación de la terminal de pasajeros representó una inversión de 300 millones de pesos. La obras fueron financiadas con dinero del fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos, lanzado durante la presidencia de Fernández. Se instalaron equipos de tecnología de última generación, se realizó la ampliación de la terminal, y se realizaron ampliaciones y mejoras en las puertas de embarque, calles de rodaje, mangas, espacio en el estacionamiento de automóviles, hangares, pista, sistema ILS, etc.[265] lo que generó un impacto económico en la zona por más de 4079 millones de pesos, y la creación de 11.939 empleos entre directos e indirectos en el año 2013.[266]
En Mendoza en 2014 comenzó la amplia modernización con una inversión total de 150 millones de pesos, reflejados en 12 000 m² adicionales para la terminal.[267] En 2013 se inauguraron las obras de ampliación del Aeropuerto de Ushuaia, que las superficies de atención de pasajeros, el sector de check-in y de arribos, los baños, la confitería, la zona comercial y los espacios de ventanilla para futuras compañías aéreas. También amplió la zona externa para el estacionamiento del transporte de servicio público.[268]
Se realizaron obras en los aeropuertos de Bariloche y Esquel, que incluyeron la reconstrucción integral de la pista del Aeropuerto Internacional Bariloche, en las que se invirtieron 66 millones de pesos y las realizadas en el Aeropuerto Internacional Esquel, con un presupuesto de 22 millones de pesos.[269] En el Aeropuerto Internacional Resistencia se ejecutó la pavimentación de la calle de rodaje, del playón del hangar y del acceso a la Escuela de Educación Técnica Aeronáutica N.º 32 que funciona en las mismas instalaciones.[270] En 2010 se realizó la remodelación del Aeropuerto Almirante Marcos A. Zar en Trelew.[271]
En Comodoro Rivadavia se realizó la obra completa de la aeroestación, con una superficie de 7000 metros cuadrados y con una inversión de 300 millones de pesos que incluyó refacciones en la pista, y la demolición, para levantar las nuevas instalaciones, del edificio actual que databa de 1978.[272] En el 2009, se realiaron obras de ampliación y remodelación para declarar internacional al Aeropuerto Almirante Marcos A. Zar. En abril de 2009, comenzó el proyecto para la remodelación del Aeropuerto Internacional Almirante Marcos A. Zar y Áreas Concesionadas.[273] El plan de remodelación, el cual concluyó en el 2010.[274]En el Aeropuerto de Mar del Plata se trabajó para ampliar sus instalaciones con la renovación y ampliación de la terminal de pasajeros..[275]
El 14 de marzo de 2010 se concretó la internacionalización del Aeroparque Jorge Newbery. Aerolíneas Argentinas fue la primera aerolínea autorizada para esta fecha, inauguró los vuelos a varias ciudades de Brasil, Chile, Paraguay, sumándolo a los ya existentes a Uruguay.[276] La consultora inglesa Skytrax, en 2013, lo consideró uno de los aeropuertos más modernos de Sudamérica y uno de los mejores de Latinoamérica.[277] En 2014, el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery fue el primero en la historia aerocomercial argentina en superar la barrera de los 10 millones de pasajeros, al transportar 10 255 541 pasajeros, contra los 8 600 877 pasajeros del Aeropuerto Ministro Pistarini (Ezeiza).
En 2012 el aeropuerto de Bariloche fue remodelado a nuevo, dotándolo con modernos sistemas de señalización, balizas y tecnología de primera línea, además de la modernización del edificio central, atención de pasajeros y carga, y la ampliación de su pista de aterrizaje-despegue, las obras fueron inauguradas por la presidenta.[278]
En 2014, un estudio realizado entre más de 90 000 usuarios de eDreams, compañía de viajes en Internet, determinó que la sala vip de Aerolíneas Argentinas, el Salón Cóndor, en la Terminal C del aeropuerto de Ezeiza, se encontraba séptima entre los diez puestos mundiales y el primero en América Central y del Sur.[279]
Aerolíneas Argentinas
Estatización
El 10 de julio de 2008, representantes del Estado argentino dentro del directorio del Grupo Aerolíneas denunciaron a la empresa ante la justicia, solicitando la intervención judicial.[280][281]
El 17 de julio de 2008, durante un acto de inauguración de obras realizadas en el Aeropuerto Internacional de Resistencia, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el proyecto de ley para la estatización de Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas y las demás empresas pertenecientes al Grupo Aerolíneas Argentinas.[282] Para esto, se firmó un acta acuerdo entre el Estado Nacional (representado por Ricardo Jaime) y la empresa (representada por Eduardo Aranda Unzurrunzaga), fijando las pautas para la operación. Entre otros aspectos, las partes se comprometieron a que el precio de venta de las acciones fuera fijado por una evaluadora designada por la empresa y que, en caso de no ser este aceptado por el Estado, una entidad imparcial debería realizar una nueva valuación, que sería la definitiva.[280]
El 24 de julio, el gobierno envió al Congreso de la Nación el proyecto de estatización de Aerolíneas Argentinas.[283]
El 22 de agosto de 2008 el proyecto de estatización fue aprobado en Diputados por 167 votos a favor y 79 en contra, y fue remitido para su tratamiento por el Senado.[284][285][286][287] El día 3 de septiembre de 2008, el proyecto fue aprobado en el Senado por 46 votos en favor y 21 en contra,[288] convirtiéndose en la Ley 26.412.[289] Si bien el proyecto de ley establecía la aprobación del Acta Acuerdo con la empresa previamente mencionada, esto fue eliminado del texto final.[280] Algunos legisladores de la Coalición Cívica, el PRO y la UCR se mostraron contrarios a la iniciativa, planteando la quiebra de la sociedad y la creación de una nueva empresa, con el fin de que Aerolíneas no tuviera que absorber los pasivos ocasionados por el Grupo Marsans, valuados en 890 millones de dólares.[290][291] Esta posibilidad fue criticada por los gremios del sector.[292]
Posteriormente, el 17 de diciembre de 2008 se sancionó la Ley 26.466, declarando de utilidad pública y sujetas a expropiación las acciones de las empresas del grupo.[293][294] En la misma se fijaban condiciones para continuar el proceso y asegurar la continuidad de las operaciones, siendo todas las necesidades financieras cubiertas por el Estado Nacional. Establecía además, la transferencia de un máximo del 10% del paquete accionario del Grupo a sus trabajadores.[295][280] La compañía proyectaba un déficit de 250 millones de dólares para el año 2008.[280]Gestión estatal
A julio de 2008, momento de la estatización, la empresa contaba con una flota de 88 aeronaves: 67 en operación y 21 desprogramadas (39 disponibles para volar y 28 en mantenimiento). De ellas, 5 se encontraban bajo el régimen de leasing financiero, y otras 58 bajo leasing operativo.[296] Era la flota más antigua de entre sus competidoras a nivel internacional, con una edad promedio de 19,4 años.[280]
Desde el 14 de marzo de 2010, acompañado de una nueva programación en todos los vuelos nacionales y regionales, Aerolíneas Argentinas inauguró el Hub Aeroparque que consiste en ofrecer vuelos regionales desde el Aeroparque Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires, para que los pasajeros en tránsito puedan realizar conexiones con vuelos nacionales e internacionales todo en un mismo aeropuerto. Esto implicó mover los vuelos a Asunción, Florianópolis, Santiago de Chile, San Pablo, Salvador de Bahía, Porto Alegre y Río de Janeiro que se operaban desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, para que comiencen a operar desde y hacia el Aeroparque Jorge Newbery. Los vuelos a San Pablo y Río de Janeiro son los únicos que se siguen ofreciendo desde y hacia ambos aeropuertos.[297]
El 17 de mayo de 2010, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el CEO de Aerolíneas en su visita a Madrid, reinauguraron las oficinas que Aerolíneas había adquirido originalmente en 1969 cuando era estatal y que se habían dejado de usar desde y durante la gestión privada.[298] El mismo día el gerente europeo de Aerolíneas anunció el interés de la aerolínea argentina en abrir un hub en Madrid o Barcelona, para llegar a destinos europeos. Entre los anunciados están París y Londres.[299][300][301]
El 29 de noviembre de 2010 en la Casa Rosada la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el CEO de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas Mariano Recalde y el CEO de Sky Team Marie Joseph Malé firmaron el acuerdo definitivo para que Aerolíneas Argentinas ingresé como socio pleno de Sky Team. Esto se traduce como mayor prestigio internacional para la empresa y mejoras significativas para los pasajeros como por ejemplo más destinos internacionales, salones V.I.P. en todos los aeropuertos y común acumulación de millas en cualquiera de las aerolíneas pertenecientes a esta alianza.[302] Delta Airlines como miembro fundador de Sky Team mediante un comunicado oficial celebró la futura incorporación de Aerolíneas Argentinas a la alianza.[303][304] El 29 de agosto del 2012, Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas se une a SkyTeam, quedando así como el miembro número 18 y se convirtió en el 1.er miembro suramericano de la alianza.[305]Puertos y canales
En 2014 se amplió y modernizó el Puerto de La Plata, —el tercero por tráfico del país—, con una inversión de 420 millones de dólares, lo que permitió incrementar su capacidad operativa en 400 mil contenedores por año y que serían posteriormente 800 mil, incorporando 13 grúas de última generación. Además de la construcción de un muelle de 600 metros, una estructura de playa de más de 15 hectáreas de edificios administrativos y trabajos sobre el canal de acceso para el ingreso de embarcaciones. Esta obra es considerada la obra portuaria más destacada de la Argentina y una de las más importantes de América Latina.[189][306] Los trabajos contemplaron además el dragado del canal de ingreso al Puerto, que va a pasar de 28 a 34 pies.[307][308] Posteriormente se sumó la Terminal de Contenedores para operar simultáneamente con dos buques Super Post Panamax, 15 hectáreas de playa para estiba, con la mayor capacidad disponibles en el país para contenedores refrigerados y cuatro grúas pórtico tipo Super Post Panamax.[309]
En puerto Belgrano se modernizaron otros elementos que hacen al funcionamiento del Dique N.º 2, con lo que la Armada recuperó una valiosa instalación, que junto con el Dique N.º 1, posibilitarán la reparación de buques de hasta 220 metros de eslora y 23 de manga.[310] En 2017 tras recortes presupuestarios fue paralizada la recuperación del dique 2 de la base.[311]
En 2012 durante la presidencia de Fernández con una inversión de US$ 7 millones, fue construida la terminal de cruceros en el puerto de Mar del Plata, con 1600 m² en la Escollera Norte, para recibir turistas internacionales, dichas obras fueron en paralelo a la draga Mendoza para recuperar calado en el canal principal y secundario del puerto entre 2009 y 2012. En 2014 las dragas chinas comenzaron a profundizar el canal exterior e interior del puerto en una obra con una inversión de 108 millones de pesos. La obra alcanzó los canales de acceso marítimo principal y secundario, que estaban invadidos por el banco de arena que se recuesta sobre la escollera Sur. Se trabajó en el canal de acceso interior. El canal exterior principal paso a un ancho de solera de 100 metros y una profundidad de -11,60 metros. El canal exterior secundario tendrá -10,60 metros, similar a la profundidad que se buscará en la zona intermedia entre ambos canales. Al canal interior se lo llevará a un ancho de 100 metros y será dragado a una profundidad de -9,80 metros.[312] También en la misma década toma impulsó el Astillero Naval Federico Contessi y Cía.S.A., Macro SA. y Grupo Newsan, ubicado en calle B Espigón 4 del Puerto de Mar de Plata.[313]
Luego de muchos años de casi inactividad, el Puerto Rosales experimentó un constante crecimiento en sus actividades. En 2010 se estableció una nueva zona franca, potenciando el eje logístico Coronel Rosales-Bahía Blanca, poniendo en valor los edificios, los galpones, iluminación, y todos los servicios, que demandó una inversión de $5 millones.[314]
En el puerto de San Nicolás, desde 2013 se llevó a cabo la obra que permitió la prolongación del Muelle Norte con la construcción de un pavimento de hormigón armado en una longitud de 250 metros de muelle. Será apto para la carga y descarga de productos siderúrgicos, fertilizantes, sólidos a granel, alcohol etílico y derivados de hidrocarburos, con una inversión de 250 millones de pesos.[315]
En 2014 comenzaron las obras para repotenciar el puerto de Quequén al convertir en autovía el tramo de la ruta 88 que une Batán con Necochea y un nuevo puente sobre el río Quequén que reemplaza al Escurra, destruido por las inundaciones en 1980.[316] En 2015 comenzó la "Ampliación Terminal Puerto de Necochea” con 1,15 hectáreas, con una inversión de 5 millones de dólares para la ampliación del predio y el aumento de la capacidad de la Terminal.[317]
En Santa Cruz fue ampliado el principal puerto de dicha provincia llevándolo a 600 m x 300 m, incluyendo un sistema que permite a los buques limpiar su sentina sin contaminar y un astillero con dique seco, que proporciona capacidad operativa para construir y reparar buques de hasta 140 metros de eslora. Las obras tuvieron un coste de $ 52.000.000, financiado por el gobierno de la Provincia de Santa Cruz. Esta ampliación fue inaugurada por Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador Daniel Peralta.[318]
Fueron agregadas al puerto 211 hectáreas mediante compra de tierras, el puerto pasó de 140 metros de eslora, a 160 metros dada la prolongación del muelle principal en 150 metros llegándose con esto a 600 metros de longitud de frente de atraque en la dirección Este-Oeste, de dos cofferdams u obras de entrada, y en la excavación del recinto portuario, que tiene en su cota inferior 250 metros en la dirección Norte-Sur y 455 metros en la dirección Este-Oeste. Como parte de la obra de ampliación, en 2011 se construyó un muelle de alistamiento en lado sur junto al Varadero y Astillero, este frente adicional de 140 metros permitirá contar con un frente total de atraque de 825 metros.
La obra de ampliación demandó casi cuatro años de trabajo, incorporó un elevador de buques (sincrolift), para reparar barcos de hasta 140 metros de eslora, en tanto que en otra área se construirán navíos. El ministro de la Producción de Santa Cruz, Jaime Álvarez, detalló que la obra se amplió 150 metros hasta alcanzar los 680 metros totales del muelle.[319]
Hacia principios de los años 2010, en el Puerto Antonio Morán comenzaba la recuperación de alrededor de 16 ha de tierras ganadas al mar, la construcción de una segunda dársena, y también la instalación de servicios para atender la reparación de buques de hasta 90 m de eslora. En 2011 se inicia la ampliación del puerto que planificó una nueva plazoleta fiscal y la ampliación del muelle para que puedan operar 6 barcos.[320]
Planes de vivienda
En 2008 la población de las villas miseria de Buenos Aires aumentó en 50 000 personas.[321]
Respecto a la construcción de viviendas sociales, a septiembre de 2011 se concluyeron en todo el país más de 630 000 soluciones habitacionales que benefician alrededor de 2 800 000 personas. Los planes más importantes son el Programa Federal de Construcción de Viviendas con más de 166 000 viviendas, el Fondo Nacional de la Vivienda con más de 160 000 y el Programa Federal Mejor Vivir con más de 75 000.
El 12 de junio de 2012, Cristina Fernández de Kirchner, durante acto realizado en el Museo del Bicentenario, anunció la puesta en marcha de PRO.CRE.AR Bicentenario (Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar), un masivo plan de entrega de créditos para la construcción de viviendas populares, mediante la financiación con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Los créditos serán otorgados a pagar en 20 y 30 años y las tasas variarán entre el 2% y el 14%. El Banco Hipotecario quedó constituido como fiduciario del Programa. En la ocasión, la mandataria argentina aclaró que «la falta de política hipotecaria por parte de la banca privada» obligaba al Estado a intervenir, creando el Programa para empezar a resolver el déficit habitacional existente en el país.[322] El plan PRO.CRE.AR que tiene como objetivo la construcción de 100 000 viviendas en cuatro años y créditos a bajas tasas para familias que ya poseen un terreno propio.[323][324]
A finales de 2015, el plan de AYSA 2007–2020 tenía en marcha 100 obras, a las que se agregaban otras 150 proyectadas y se habían contratado 500 ingenieros jóvenes para concretar los trabajos. Mediante la estatal AYSA se conectó a las redes a más de cinco millones de habitantes, tres millones al agua potable y dos millones a las cloacas.[325]
Política energética
Durante su gestión el Estado ha retomado progresivamente la planificación energética nacional, y paulatinamente, la regulación y participación en la gestión del mercado ampliado de la energía, y, con la renacionalización de YPF, el control soberano de la exploración, explotación, industrialización y comercialización de hidrocarburos. En el periodo 2003-2015 el sistema argentino sumó 11 300 megavatios, 51% más de la potencia instalada en 2003. También se concretó el tendido de 5500 kilómetros de líneas de alta tensión que vincularon 10 provincias, incluyendo regiones que estaban por fuera del Sistema Interconectado Nacional (SIN); la ampliación de gasoductos troncales, la incorporación de las energías renovables, la creación de ENARSA y la recuperación de YPF en 2012. También se impulsó la construcción el Gasoducto del Noreste, que llevará gas natural a las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, norte de Salta y norte de Santa Fe únicas zonas del país que todavía no cuentan con este servicio.
En la distribución y transporte de energía, se triplicó el promedio anual de inversión (a valores constantes), fundamentalmente con aportes del Estado,[326] se pusieron en marchas obras, que son parte del plan estratégico llevado adelante por el Gobierno Nacional con el objeto de proveer de energía eléctrica al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). El Plan Energético Nacional consiguió sumar al sistema interconectado a regiones postergadas, como el NOA-NEA, buena parte de la Patagonia Austral y zonas de Cuyo. Además, se construyó la tercera línea Yacyretá-Buenos Aires, con 13 millones de usuarios beneficiados en el área metropolitana de Buenos Aires, entre otros proyectos.[327]
Durante su mandato el promedio mundial de subsidios a la energía eléctrica era (en 2015) de 640 dólares por habitante, en tanto Argentina subsidiaba a cada habitante con 413 dólares, un 35 % menos que el promedio mundial, y menor a los 515 dólares que destinaba Chile en subsidio por habitante.[328][329][330] Los hogares con energía eléctrica se incrementaron un 21,9% -2,15 millones de hogares incorporados- y los hogares con acceso a gas por redes se incrementaron un 28,9% -1,65 millones de hogares incorporados-.[331] A su vez, las inversiones de las cuatro principales empresas eléctricas aumentaron respectos a las realizadas durante años anteriores, la inversión realizada en conjunto por las cuatro empresas en 2015 fue de 598 millones de dólares una de lás más altas de la década.[332] Además se produjo un cambio de fuerzas en la matriz energética a través de estos 11 años, permitió que el Estado argentino pasara de tener una presencia del 7 al 45%, el capital privado nacional pasara del 13 al 30% mientras que las empresas extranjeras bajaron su participación del 80 al 25%.[333]
En cuanto a generación de energía se terminó la construcción de la represa de Yacyretá, se terminaron las obras de Atucha II y se realizaron las obras de extensión de vida de Atucha I, así como numerosas plantas térmicas. A través del Plan Energético Nacional 2007-2019, Argentina ha comenzado a reducir la participación hidrocarburífera en la matriz primaria y, paralelamente, inaugurado una política en energías alternativas y renovables exitosa. En la actualidad, la oferta nuclear e hidráulica supera el 8%, con las renovables eólica y biocombustibles en fuerte ascenso. Para 2015 se prevé que las primeras pasen al 17% y las segundas a más del 8%. Con la Ley 26.190, aprobada por el gobierno de o Ley de Régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica. Con esta normativa, aprobada a fines de 2006, el país dio el primer y estratégico paso en el insoslayable camino de la diversificación energética.[334] Se encararon una gran cantidad de obras públicas, como la inversión en energía por más de 80 000 millones de pesos, instalando más de 8700 megavatios, tendiendo más de 4000 kilómetros de líneas de alta tensión y ampliando en 20 millones la capacidad de los gasoductos.[335]
En materia de ahorro energético se lanzó el plan de reemplazo total a nivel nacional de las lámparas incadescentes por las de bajo consumo, como consecuencia descendió el consumo domiciliario de energía eléctrica. Es plan incluyó la entrega gratuita de tres lámparas por hogar. Posteriormente se implementó a través de la norma IRAM 11900 el etiquetado energético de los artefactos eléctricos.
Ahorro de energía
Los problemas de abastecimiento de energía en las postrimerías del año 2007 motivaron un plan de ahorro de energía. El plan propuso reemplazar la lámpara incandescente por la de bajo consumo, y ―por sanción del Congreso― se dispuso el atraso de 60 minutos de la hora oficial a partir del 30 de diciembre de ese mismo año. Como consecuencia se vieron descendidos los consumos de energía eléctrica, principalmente en las horas pico. La medida respecto al horario perduró hasta el día 15 de marzo de 2008, con excepción de la provincia de San Luis, en que duró hasta el 20 de enero porque, en opinión del gobernador Alberto Rodríguez Saá y su vicegobernador Jorge Pellegrini, la medida no había generado ahorro de energía. Desde 2009 todos los edificios públicos debían obligatoriamente utilizar lámparas bajo consumo.
Durante 2008 y 2009 se implementó el etiquetado energético de refrigeradores, congeladores, motores eléctricos y equipos de aire acondicionado. En diciembre de 2009 se aprobó la norma IRAM 11900 que tenderá al etiquetado energético de todo edificio que solicite el servicio de gas natural por red.
En 2011 se lanzó el programa nacional para eliminar las lámparas incandescentes, reemplazándolas por lámparas fluorescentes compactas (LFC) de bajo consumo en todos los hogares conectados a la red pública y en edificios públicos. La ley fue originalmente promovida por Greenpeace durante el año 2008 y rápidamente apoyada por el poder Ejecutivo quien posibilitó su tratamiento parlamentario.[336][337] prevé la distribución de 25 millones de lámparas en total.[338][337] dicho plan derivó en la ley 26.473 (sancionada el 21 de enero de 2009) que prohíbe “la importación y comercialización de lámparas incandescentes de uso residencial”.[339][340]
Se lanzó en 2012 el Programa Renovate que promovió el recambio de heladeras y lavarropas antiguos por modelos nuevos de industria nacional de gran eficiencia energética con descuentos de hasta un 25 % y financiar el otro 75 % con el plan de 12 cuotas sin interés. Bajo la premisa de que los electrodomésticos más eficientes, permiten abaratar el gasto anual en la factura de electricidad de los hogares y promocionar hábitos vinculados con el uso responsable de la energía.[341]
Energías renovables
Se creó la Dirección Nacional de Promoción (DNPROM), con el objetivo de diseñar programas y acciones que conduzcan al desarrollo de iniciativas de energías renovables, y se sancionó la ley 26 190 generado exenciones impositivas durante un período de 15 años. La ley de 2007 es un complemento de la anterior y declara de interés nacional la generación de electricidad que esté destinada a abastecer a un servicio público a partir de cualquier fuente renovable. Esa ley también fijó un objetivo del 8 % para el consumo de energía renovable en el período de 10 años y ordenó la creación de un fideicomiso cuyos recursos se destinarán a pagar una prima por la electricidad producida a partir de recursos renovables.[342] También se incluyó la construcción de la planta de energía eólica Antonio Morán,[343] de 10,56 MW en la región de la Patagonia. Los dos proyectos de pequeña escala existentes son la producción de electricidad a partir de biomasa en la Aceitera General Deheza[344] y la recuperación de metano y generación de electricidad en el vertedero Norte.[345]
Se impulsó la energía solar, con diversas plantas construidas en el país. En abril de 2011, se inauguró en Ullum, provincia de San Juan la Planta Fotovoltaica Piloto San Juan I, el entonces mayor parque de energía solar fotovoltaica de Latinoamérica.[346]
ENARSA construyó entre 2011 y 2014 el parque Loma Blanca IV, en inmediaciones de la ciudad de Rawson. El proyecto, constituido por cuatro módulos de 50 MW, es uno de los más importantes de energía eólica de Sudamérica. Implicó una inversión de 126 millones de dólares, que genera energía suficiente para abastecer el consumo anual de casi 70 000 hogares, y evitará la emisión a la atmósfera de unas 128 000 toneladas anuales de CO2. A su vez, implicará un ahorro anual en combustible de 48 millones de m³ de gas natural (equivalente al consumo de 40 000 hogares) o bien de 45 875 m³ de gasoil. El terreno de 4 100 hectáreas contiene 17 aerogeneradores.[347]
En 2013 se habilitó el Parque eólico El Tordillo, ubicado a 40 km. al oeste de Comodoro Rivadavia, en la Provincia de Chubut, administrado conjuntamente entre Vientos de la Patagonia I S.A., empresa perteneciente a ENARSA y a la Provincia de Chubut –titular del proyecto–; tendrá a su cargo la operación del primer parque eólico de potencia, construido y conectado a la red con tecnología nacional.[348]
En 2012 fue lanzado el Plan Bio, que persigue el cuidado del ambiente y el desarrollo de energías alternativas. Según cifras oficiales, se han recolectado más de 240 000 litros de aceite vegetal usado para ser convertido en biocombustible. Al mismo tiempo realizó una baja de impuestos a los biocombustibles[349]Se impulzaron cinco resoluciones que reglamentan la ley de uso obligatorio de Bioetanol 5%, mezclado con naftas.
Hasta el año 2015, mediante el programa Energías Renovables en Mercados Rurales más de 25 000 usuarios residenciales tuvieron acceso a la energía eléctrica solar, alcanzando a pequeños emprendimientos productivos, grupos de viviendas aisladas, puestos sanitarios, destacamentos policiales y escuelas rurales.[350]
En 2015 promulgó la Ley Guinle para elevar la tasa de energía renovable en el combo energético nacional.[351]
Energía térmica e hidráulica
El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios anunció en julio de 2007 la construcción de cinco plantas térmicas nuevas, con una capacidad total de 1,6 GW y una inversión global de 3250 millones US$. Estas plantas de turbina de generación dual (gas o fuel oil) estarán ubicadas en Ensenada (540 MW),[352][353] Necochea (270 MW), Campana (540 MW), Santa Fe (125 MW) y Córdoba (125 MW), y se espera que comiencen a operar en 2008.[354] Por último, Enarsa lanzó recientemente la licitación de once pequeñas unidades de generación transportables (15-30 MW cada una) y de tres unidades generadoras mayores (50-100 MW) para instalar en barcazas. Estas nuevas unidades, cuyo precio base aún se desconoce, aportarán entre 400 y 500 MW de nueva capacidad de generación.[355] Junto a esto se hallan en obra varias centrales térmicas de ciclo combinado en varias capitales provinciales de 300 MW cada una para reforzar el Sistema Interconectado Nacional.
En 2007 se inició la construcción de la primera turbina termoeléctrica a carbón de la Argentina, que implicó una inversión de más de 9000 millones de pesos y dio trabajo a más de 2800 personas.[356] Gracias a las inversiones realizadas en el último tiempo, YCRT, en lo que multiplicó 2,5 veces su producción respecto al 2011. En el año 2012 se incorporaron seis tuneladoras. Para 2013 alcanzó una producción de 450 000 toneladas de carbón.[357] Hacia noviembre de 2013 se realizan obras de mantenimiento de la caldera 03 con la incorporación de accesorios de última tecnología para optimizar la capacidad de producción de energía. Gracias a las inversiones realizadas, YCRT multiplicó 2,5 veces su producción respecto al 2011. Para 2013 la mina cuenta con una reserva proyectada de 450 millones de toneladas de carbón.[357] En 2015 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró una central termoeléctrica.[358] y la interconectó al sistema eléctrico nacional. La central generará 240 MW de energía a partir del carbón proveniente del yacimiento Río Turbio, aunque también podrá funcionar a gas natural. La inversión total para el desarrollo de la central asciende a los 700 millones de dólares.[359]
En 2011 en la ciudad de Río Cuarto (provincia de Córdoba) se inaugura la ampliación de la central termoeléctrica Modesto Maranzana, con inversión de alrededor de 200 millones de pesos, compuesta por dos turbogrupos en p, de 35 MW cada uno.[360]
En 2012 se inauguró la central Guillermo Brown, ubicada en las afueras de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, que demandó una inversión de 550 millones de dólares para la compra, instalación y puesta en operación de dos turbinas a gas ya aportan 580 megavatios a la oferta existente en el Sistema Interconectado Nacional.[361][245]
Se concluyó junto al Paraguay la construcción de la represa de Yacyretá.
Energía nuclear
En el marco del Plan Nuclear Argentino, en 2009 se sanciona la ley 26.566 que estipula:[362]
ARTICULO 15. — Extiéndase el régimen instaurado por la presente ley a la ejecución de las obras tendientes a la finalización de la construcción, puesta en marcha y operación de la Central Nuclear Atucha II, al proyecto de extensión de vida de la Central Nuclear Atucha I, y a la construcción de toda otra central nuclear cuya ejecución le sea encomendada a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA).
La extensión de vida de la Central Atucha I aumentó la potencia bruta de 357 MW a 362 MW.[363] La planta emplea una mezcla de uranio natural (0,72 %) y uranio levemente enriquecido al 0,85 %.[364][365]
A finales de septiembre de 2011 comenzaron las tareas de finalización de la Central Atucha II. El 3 de junio de 2014, Atucha II alcanzó su primera criticidad.[366]
En el caso de la Central de Embalse durante este período se realizó la evaluación de estado, la determinación de los cambios que son necesarios, así como la compra todos los equipos y materiales necesarios. Se decidió que los componentes nucleares sean producidos en el país, beneficiando a la industria metalúrgica local. Argentina es uno de los pocos países del mundo que puede hacerlo por fuera de Canadá, lo que le permitiría instalarse como proveedor mundial esos materiales.[367]
Además el país, a través de la empresa estatal INVAP, ha diseñado y exportado reactores nucleares para Australia, Perú, Argelia, Egipto y Emiratos Árabes Unidos.[368][369][370]Distribución de energía
Se instalaron casi 4500 kilómetros de líneas de extra alta tensión (LEAT) y alrededor de 5000 km de alta tensión (AT) y media tensión (MT). Además, hasta 2003, la red argentina tenía un esquema en el que estaba separado en dos sistemas, el "nacional" (SADI) y el patagónico. Pero la red cambió sustancialmente su diseño a partir de 2007, cuando el Sistema Patagónico se incorporó al SADI; luego, se construyó el tercer tramo: la línea Yacyretá-Buenos Aires, lo que permitió utilizar la mayor generación de Yacyretá; más tarde, se realizó la interconexión NEA-NOA, con lo que se logró el cierre norte del SADI. Posteriormente, se sumó la construcción de la interconexión Comahue-Cuyo, con un crecimiento en los últimos seis años, período en el que se agregaron casi 9000 km de líneas.[371]
Se construyó la estación transformadora 500 a 132 kW Mercedes, y la línea 132 kW para anillar Curuzú Cuatiá y Montes Caseros, con una inversión total de 461 millones de dólares.[372] Entre 2007 y 2011, la construcción de líneas de alta tensión avanzó de 10.024 kilómetros a 13.762, un total de 3738 kilómetros. En 2015, el segundo mandato llevó la red a los actuales 14.756 kilómetros.U na evolución similar tuvieron las obras de distribución troncal. Entre 2007 y 2015 la red avanzó en 2810 kilómetros. Entre 2007 y 2011 la expansión fue de 490 kilómetros. Entre 2011 y 2015 fueron 2320 kilómetros.
En 2014 se amplió el sistema de transmisión de 500 kV en una extensión de 368 km de línea. Una de las ampliaciones de la red se dio con la entrada en servicio de la línea que une las estaciones de Lavalle y de Santiago en la provincia de Santiago del Estero, la que permite mejorar la confiabilidad y seguridad de abastecimiento de la demanda en la zona. El otro nuevo vínculo fue la entrada de la línea de 500 kV, en dos tramos, entre las estaciones de Choele Choel (en Río Negro) y Bahía Blanca (en el sur de la provincia de Buenos Aires).[373]
YPF
Nacionalización
Del 51 % expropiado, un 49 % se destinó a las provincias y el 51 % restante al Estado Nacional.[379] Como interventor fue designado Julio de Vido, desplazando a Enrique Eskenazi y su hijo, Sebastián, hasta entonces presidente y vicepresidente primero de la empresa, respectivamente.[380] En tanto, otros ejecutivos de Repsol y del Grupo Petersen abandonaron el edificio.[381]
Simultáneamente, dictó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) mediante el que se intervenía YPF durante un periodo inicial de treinta días y se nombraba como interventor a Julio de Vido, ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, acompañado por el viceministro de Economía Axel Kicillof. Pese a los treinta días de plazo establecidos, la intervención debía durar mientras el Tribunal de Tasaciones de la Nación fijaba el valor de la expropiación.[382] El Gobierno fundamentó la intervención como necesaria «para asegurar el total y absoluto cumplimiento de las medidas que se propician a través del referido proyecto de ley (…), a fin de adoptar las disposiciones necesarias que la urgencia requiere, resulta imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes, por lo cual se dispone la intervención transitoria de YPF por un plazo de treinta días con el fin de asegurar la continuidad de la empresa, la preservación de sus activos y de su patrimonio, el abastecimiento de combustibles y garantizar la cobertura de las necesidades del país».[380]
El 19 de abril, el Poder Ejecutivo publicó un decreto por el que ampliaba la expropiación, incorporando a la misma la empresa distribuidora de gas licuado envasado Repsol YPF Gas S.A., cuya composición accionaria se divide entre Repsol Butano S.A. (84,997 %), Pluspetrol S.A. (15 %) y accionistas particulares (0,003 %). Lo hizo tras comprobar que Repsol YPF Gas S.A. no era técnicamente una sociedad controlada por YPF S.A., aunque sí tenía vinculación comercial directa con Repsol/YPF, que era el principal proveedor del combustible que esta empresa procesa, fracciona y comercializa. Repsol/YPF también era su proveedor de servicios de sistemas, administrativos y financieros, de apoyo a su operativa.[383]
El 25 de abril de 2012, el Senado argentino dio media sanción al proyecto de ley de expropiación, aprobándolo por 63 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones y remitiéndolo para su tratamiento a la Cámara de Diputados.[384] Esta aprobó el proyecto el 3 de mayo de 2012 por 207 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones.[385] Contó con un amplio consenso de las fuerzas políticas, que apoyó la iniciativa oficial y defendiendo que Argentina tuviera su petrolera estatal, como los demás países latinoamericanos o los de Oriente Medio—. Salvo el pleno del partido Propuesta Republicana (PRO), del empresario Mauricio Macri, que se han opuesto a la nacionalización de Repsol/YPF.[386] En tanto la Unión Cívica Radical (UCR), el Frente Amplio Progresista (FAP) de Hermes Binner, de la Coalición Cívica ARI, Libres del Sur y legisladores del peronismo disidente han manifestado su respaldo al proyecto de ley de nacionalización.[387]Gestión estatal
La ley fue promulgada por el decreto n.º 660 y se anunció la designación del ingeniero Miguel Galuccio como gerente general de YPF. En su alocución, la presidenta afirmó:
Un mes después, se concretó la primera Asamblea de accionistas que realizó la empresa con mayoría accionaria estatal, Axel Kicillof fue designado Director titular por las acciones Clase A en representación del Estado Nacional.[389] El nuevo directorio tenía 17 miembros titulares y 11 suplentes. El Poder Ejecutivo designó siete: Axel Kicillof, Miguel Galuccio, Carlos Alfonsi, Rodrigo Cuesta, Fernando Giliberti, Rodrigo Dasso y Guillermo Pereyra. Las provincias nombraron cinco: Gustavo Nagel (Neuquén), Rodrigo Ivovich (Santa Cruz), Oscar Cretini (Chubut), Walter Vázquez (Mendoza) y Oscar Lamboglia (Río Negro). Además asumieron cuatro directores independientes propuestos por el Estado: Eduardo Basualdo, Héctor Valle, José Iván Brizuela y Sebastián Uchitel. El único director en representación de los privados fue para Repsol, que nombró a Luis García del Río.[390]La idea es esencialmente una YPF absolutamente moderna, competitiva, con gente profesional y con dirección política, con la meta de tener autoabastecimiento y superávit hidrocarburífero que sostenga el crecimiento de la actividad y el empleo. [Agradezco] a los distintos partidos de la oposición que acompañaron el proyecto en su esencia que es la de recuperar un instrumento básico, más allá de los matices y de las lógicas diferentes.Cristina Fernández de Kirchner[388]
La nacionalización impactó enormemente en Repsol. Además de haber perdido un peso importante en el IBEX 35,[394][395] la calificadora Moody's Co. rebajó su calificación, tras las perspectivas negativas.[396] Habiendo perdido el mayor de sus activos y dividendos de entre 400 y 600 millones de euros, se estima que la empresa deberá ampliar en 3000 millones su capital para compensar la pérdida.[397]
La YPF nacionalizada bajo la gestión de Miguel Galuccio ha inspirado confianza en los mercados internacionales de petróleo, atrayendo cuantiosas inversiones extranjeras desde compañías como Chevron y Dow Chemical, entre otras, desarrollando el segundo depósito más grande del mundo de recursos no convencionales de gas y el cuarto de petróleo, y la exploración del yacimiento Vaca Muerta.[398][399] A comienzos de 2013 la firma anunció que iba a reinvertir el 90 % de sus utilidades. Ese año logró que las reservas crecieran 10.6 % y en 2014 otro 11.9 %.[400]
Bajo la gestión estatal, la empresa cuadruplicó los pozos de exploración respecto del promedio de los tres años anteriores, y aumentó la perforación de pozos de explotación de 290 anuales, entre 2009-11, a 384 en 2012, un 33 por ciento más. Si se compara el período junio de 2012-mayo de 2013 con el año inmediato anterior, los pozos exploratorios pasaron de 21 a 31, un crecimiento del 48 por ciento, y los de explotación de 363 a 478,32 % más.[401] En 2014 el presidente de YPF, Miguel Galuccio, fue galardonado con el BRAVO Business Awards´2014 como “Ceo of the Year”, un reconocido premio que otorga el grupo Latin Trade, por su desempeño al frente de YPF.[398]
Hacia el año 2015 YPF alcanzó un 62,5 % de participación en el mercado argentino de naftas premium y 55,7 % de nafta súper.[402][403] Ese mismo año se anunció el descubrimiento de un nuevo pozo petrolero en los Caldenes, en la provincia de Río Negro, con recursos estimados en 40 millones de barriles.[404][405] En los primeros tres años de gestión por parte de la YPF nacionalizada se pasó de los US$ 2000 millones de inversión en 2011 a los US$ 6000 millones estimados para 2015.[406][407]
La evolución de los precios del petróleo a entre mediados de 2015 y principios de 2016 provocó para el año 2015 una caída interanual del 49.1 % en las ganancias netas,[408] y un recorte de la inversión del 25 % para el año 2016.[409] Durante el primer cuatrimestre de 2016 debido al precio internacional en baja y a la devaluación de la moneda local respecto al dólar, YPF mostró una caída en sus ganancias operativas del 63,8 %.[410] YPF sufrió en el primer semestre de 2016 los efectos de la inflación y la caída general de la actividad. Por primera vez desde la nacionalización, la petrolera cerró un trimestre con pérdidas por $ 753 millones. Tal evolución explica gran parte del desplome de las utilidades netas de YPF. Las mismas se redujeron un 97,7 % durante 2016. Al analizar la deuda de la empresa estatal, resulta que las acreencias en pesos crecieron un 64 % en el primer semestre del 2016 comparado con el mismo lapso del 2015.[411] Paralelamente comenzó a desprenderse de activos en las cuencas petroleras.[412]
En 2019 124 estaciones de servicio de YPF pasaron a manos de una empresa estadounidense.[413][414]Estas estaciones anteriormente pertenecían a Oil Combustibles, del empresario Cristóbal López y fueron adquiridas por la empresa estatal en sociedad con Dapsa cuando esta fue intervenida por la AFIP y estaba en proceso de quiebra. Si bien YPF se desprendió de la red de estaciones, si mantuvo en su patrimonio las refinerías de San Lorenzo y el sistema logístico de la antigua petrolera.[415]En 2015 la argentina Pampa Energía oficializó compra de Petrobras Argentina por u$s 892 millones y alrededor de 100 estaciones de servicio.[416][417]
Creación de YPF Tecnología S.A.
El 5 de diciembre de 2012, la presidenta de aquel entonces Cristina Kirchner anunció la creación de la empresa YPF Tecnología S.A., con un capital accionario constituido por un 51 por ciento por YPF y 49 por ciento por el CONICET.[418] El objetivo de la empresa es el desarrollo tecnológico en el sector del petróleo y el gas.
Con el aporte de los recursos humanos del Conicet, YPF Tecnología dispondrá de físicos, químicos, matemáticos, bioquímicos, ingenieros mecánicos, geofísicos para hacer investigación en upstream (producción y exploración) y downstream (refinerías petroquímicas). También se busca desarrollar energías renovables: en Comodoro Rivadavia se trabaja en la mareomotriz y en el Norte, junto con el INTA y la Universidad de Luján se colocaron sensores para medir radiación solar.[419]
La sede está en un predio de cinco hectáreas cedido por la Universidad Nacional de La Plata, en un bosque cercano a las refinerías de Berisso, donde se construirá un edificio de 10.000 m² en el que trabajarán alrededor de 250 doctores y becarios. El proyecto edilicio se hizo público en marzo de 2013 (ganado por los arquitectos Antonini-Schon-Zemborain), para empezar en abril con la edificación. La primera etapa implicó la construcción de 5000 metros para 2014, y la segunda etapa se realizó un año más tarde.[420]
En noviembre el poder ejecutivo inauguró Y-TEC creada por YPF, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el CONICET, y un moderno edificio de 11.000 metros cuadrados, que se dedicará a investigaciones tecnológicas aplicadas, principalmente a la producción del petróleo y gas no convencional.
En diciembre de 2014, la empresa YPF Tecnología lanzó el "Estudio del recurso energético marino de la Patagonia Austral" con el objetivo de extender el desarrollo de fuentes alternativas de generación de energía y conocer más sobre el potencial del Mar Argentino en materia energética. Ese año los ingresos ordinarios de $ 141.942 millones aumentaron 57,5 %, y la utilidad operativa llegó a $ 19.742 millones, un incremento del 64,3 %.[421]
Desde abril de 2015 su gerente general es Santiago Sacerdote.[422][423]Política en agricultura, ganadería, pesca y alimentación
Agricultura
El sector agropecuario de la soja, constituido en el principal cultivo de Argentina, alcanzó en la temporada 2009-2010 una cosecha récord de 52 millones de toneladas; y la cosecha del ciclo 2014-2015 presentó una producción de soja de 61,4 millones de toneladas.[424]
La producción de maíz pasó de 23,7 millones de toneladas producidas en la temporada 2010-2011 al récord de 25 millones para la temporada 2012-2013. Este crecimiento también se vio replicado en cultivos menores, como el arroz y la cebada, que alcanzaron producciones cercanas a las dos millones de toneladas en el primer caso, y de cinco millones en el segundo.[425]
Se observó una fuerte tecnificación en el sector, la venta de maquinaria agrícola aumentó en 2013 un 97,3 % respecto del mismo período del año anterior.[426]
El valor de la producción de vino argentino fue de 3,4 mil millones de dólares en 2011, de los cuales el 40 % se exportó. La Argentina es el mayor productor de vino de América Latina y el quinto mayor productor en todo el mundo,[427] así como el noveno exportador a nivel global.[428] La calidad del vino argentino creció en el período 2005-2015, ganando terreno en el mercado mundial: solo en 2010 las ventas al exterior alcanzaron los USD$ 650 millones, lo que implicó un alza del 17 % en relación al 2009, marcando un nuevo récord histórico. Se inauguraron el Canal Matriz Nuevo Alvear, en la Localidad de Alvear, una obra destinada a optimizar la infraestructura existente de riego y drenaje, alcanzando una distribución equitativa de riego en la zona, con una inversión de 223 millones de pesos, la modernización del Sistema Río Tunuyán Inferior: Área San Martín-Canal Norte, en la Localidad de Junín y San Martín, que implica una inversión de 147 millones de pesos. Otro de los proyectos inaugurados fue sistema Naciente Chachingo-Pescara, en la localidad de Maipú y Guaymallén y la modernización Canales Socavón-Frugoni, en las localidades de Las paredes y Capitán Montoya, que implicó inversiones de 72 millones de pesos.[429]
También se comenzó a investigar e invertir para producir bioetanol, estimando que en el año 2020, la producción de etanol procederá un 80 % de la caña de azúcar. En el país la caña de azúcar ocupa una superficie de 350 mil hectáreas (2014). [430]La industria del biodiésel argentino nació en 2007. Desde ese momento, presentó un crecimiento constante con inversiones de los 1200 millones de dólares en los últimos cinco años, esta industria alcanzó durante el año 2011 alrededor de 2,4 millones de toneladas de producción, esto se debió principalmente a la implementación del Programa Nacional de Biocombustibles, en 2010, que exigía una mezcla obligatoria de gasoil con biodiésel. A partir de 2010 la industria de biodiésel en el país, ha generado alrededor de 2000 nuevos puestos de trabajos directos y no menos de 4000 nuevos puestos indirectos.[431]Para 2010 la producción de biodiésel había llegado a 2 millones de toneladas, y subiendo a un récord de 2,5 millones de toneladas en 2011. Las medidas tomadas en mayo del 2014 de nuevas rebajas alícuota de derecho de exportación de biodiésel que favorecieron las exportaciones, más el aumento del corte obligatorio en el mercado interno al 10%, redundaron en un fuerte incremento de la producción de biodiésel que permitió mayor ingreso de dólares y ahorro de divisas y sustitución de importaciones de gasoil. En pocos años, la producción de biodiésel se sumó como un eslabón más de agregado de valor al complejo agroindustrial argentino, consolidando uno de los mayores polos de producción a nivel mundial, con tecnología y escala que lo ubicaron entre los más eficientes del mundo.[432]
En el caso particular del sector industrial alimentario, se han desarrollado economías de tipo agroindustrial, mediante la creación de industrias de procesado y envasado, sobre todo de productos frutícolas, hortícolas, lácteos,[433]La industria vitivinícola tuvo una fuerte expansión, en 2009 la producción creció 9.9%, en 2010 10.3%, en 2011 8.5% y en 2012 un 4.8%.[434] La Argentina pasó a ser el quinto productor de vino en 2014 y el mayor del hemisferio sur con 15,2 millones de hectolitros.[435]Desde el Estado se llevó a cabo una política de apertura a nuevos mercados, entre ellos India, China, diferentes regiones de Asia y Medio Oriente.[436]
En el período 2013-2014 se alcanzó la mayor cosecha de la historia, con 105.8 millones de toneladas, un incremento de 53 % en relación con el inicio de la década. La misma entidad afirma que hubo varios aumentos récord durante la última década: la cebada (900 %), el maní (181 %), el algodón (149 %), el arroz (120 %) y el maíz (99 %).[437] Se observó además una fuerte tecnificación en el sector, la venta de maquinaria agrícola aumentó en 2013 un 97.3 % respecto del mismo período del año anterior.[438]
En 2014 se lanzó el programas de estímulo al pequeño productor de granos, que consistía en otorgar una compensación económica a pequeños productores de trigo, soja, maíz y/o girasol que hubieren producido hasta un total acumulado de 700 toneladas en la campaña 2013/2014. El alcance total del programa fue de $ 2500 millones para 48 000 productores.[439]
La producción pasó de 70,8 millones de toneladas en la campaña 2002/3 a 100 millones en 2010, una suba del 41 por ciento. La superficie sembrada creció de 27,4 a 33 millones de hectáreas, mientras que la productividad en granos se incrementó un 25 por ciento, de 2,9 a 3,6 toneladas por hectárea. La producción de carne bovina se incrementó de 2,5 a 2,6 millones de toneladas.[440]
Desde 2012 se implementó el Programa para la Unidad de Cambio Rural (UCRA) destinados a obras de riego para zonas áridas o semiáridas, en el censo nacional agropecuario del 2002, la irrigación era de 1 355 000 hectáreas; en el 2008 teníamos 2 200 000 hectáreas irrigadas[441] Se destinaron 1500 millones de pesos (500 millones de dólares) para compensar a los pequeños y medianos empresarios, así como a quienes se encontraran más lejos de los puertos, y para fomentar la producción lechera y ganadera, amenazada por la expansión de la soja.[442]
Ganadería
La producción avícola creció un 170 %, la porcina un 109 % y la láctea 43 %.[443] En 2013 las exportaciones de leche entera en polvo fueron de 213 349 toneladas, por un precio FOB total de 958,4 millones de dólares, incrementándose respecto a los 706,3 millones del año 2012.[444]También se verificó un crecimiento en la producción de productos agroepcuarios no tradicionales y había crecido la cantidad de hectáreas que se trabajan con banana, palta y mango. Además se llevan adelante programas para incentivar a cultivos como el mburucuyá o maracuyá y el mamón o papaya.[445]
En 2014 se lanzó un programa de financiamiento para proyectos productivos destinados a promover la inversión en sectores estratégicos de la economía, de Innovación tecnológica o que agreguen valor en las economías regionales,[446] que facilitaría el acceso al crédito y al financiamiento necesarios para generar un mayor grado de exportación y un mayor grado de valor agregado para la industria nacional.[447] El programa consistía en otorgar una compensación económica a pequeños productores de trigo, soja, maíz y/o girasol que hubieran producido hasta un total acumulado de 700 toneladas en la campaña 2013/2014. El alcance total del programa fue de $ 2500 millones para 48 000 productores,[448] y finalmente se implementó con el nombre de Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos (PEPP).
Minería
Entre 2007 y 2012, la IED (inversión extranjera directa) orientada a la minería creció a una tasa anual de 47 %. En 2003, la minería generaba 79 000 puestos de trabajo ―directos e indirectos―, contra los 505 000 de 2013. En el caso de las exportaciones de minerales, que en 2003 equivalieron a 2900 millones de pesos, en 2013 crecieron a 23 059 millones. Entre 2003 y 2013, los proyectos de inversión en ejecución pasaron de 18 que había en 2003 a 614 en 2013, mientras que la producción de minerales se multiplicó por diez.[449][450]
Pesca
La industria pesquera junto con la pesca aumentó sus ventas al exterior, arrojando en 2012 un saldo positivo de casi 1500 millones de dólares, un 70 % más que en 2003.[451] Durante 2013 se exportaron 133 000 toneladas de calamares, obteniendo 1500 millones de dólares, un 92 % superior en comparación con la temporada 2012, en la que se registraron 69 000 toneladas exportadas. De esta manera se logró un récord histórico. Ese año la exportación pesquera subió un 17 %.[452] Para el año 2014 las exportaciones crecieron fuertemente hasta los 1600 millones de dólares[453][454][455]
En cinco años la pesca de la merluza creció en el país de 90 000 a 270 000 toneladas gracias la promulgación de la Ley Nacional de Pesca.[456] Esta norma permitió acceder un criterio que contempla la previsión económica que tienen que tener las empresas pesqueras, y otorgar seguridad jurídica para dichas empresas.[457]
Producción forestal
La producción forestal y maderera, principalmente pinos y eucaliptos, se expandió con centro en las provincias mesopotámicas, la productividad también tuvo un aumento considerable. En los últimos 8 años la industria maderera incrementó en 132 % su producción y la de muebles en 115 %.[458]Es el año 2012 La producción forestal y maderera, principalmente pinos y eucaliptos, se ha expandido en la última década, con centro en las provincias mesopotámicas, la productividad también tuvo un aumento considerable. En 2012 convirtió a la Argentina en el mayor productor latinoamericano de pulpa y celulosa[459]
Sistemas de riego
En la provincia de Mendoza se modernizó el Canal Matriz Nuevo Alvear, en la localidad de Alvear, cuenca del río Atuel; el sistema Río Tunuyán Inferior, en las ciudades de Junín y San Martín, que beneficia de manera directa a 2988 productores y se extiende en un área de 19.550 hectáreas.[460] También se construyó el Canal Huarpe y nuevos sistemas de riego óptimos para el cultivo del maíz, porotos, zapallo, calabazas, de la papa y de otras hortalizas que constituían la base de la alimentación. Se llevó a cabo en Cuyo la impermeabilización de 160 kilómetros de canales, que benefician a 7.775 productores y cubren a 53.000 hectáreas, el Canal Nuevo Alvear cubre 20.560 hectáreas y beneficia a 3.500 productores, el canal norte de Mendoza, que cubría 19.5000 hectáreas y 2.980 productores, el canal Chachingo-Pescara, de 8.000 hectáreas que beneficia a 834 productores. Y en canal Socavón Frugoni beneficia a 5.560 hectáreas y a 430 productores.[461][462] Dentro de la Ciudad de Mendoza se repotenció el canal Civit que riega la porción más oeste del Parque Gral. San Martín y abastece la piletas de potabilización de la empresa de Obras Sanitarias Mendoza; y el canal del Oeste.
En la ciudad fueguina de Río Grande, se iniciaron en marzo de 2011 dos obras de infraestructura para el servicio de provisión de agua potable, tanto para la Margen Sur como para la zona norte de la ciudad una cisterna de dos millones y medio de litros de capacidad y de un acueducto para los barrios del oeste.[463]que demandaron una inversión de casi 10 millones de pesos, finalizadas en diciembre de ese año.[464]
Se inauguró el proyecto Integral del sistema Naciente Chachingo-Pescara, en la localidad de Maipú y Guaymallén que beneficia a 834 productores, en una superficie de 8.040 hectáreas. Se llevó a cabo la modernización de Canales Socavón-Frugoni, en las localidades de Las Paredes y Capitán Montoya, que beneficia a 413 productores en una superficie de 5.560 hectáreas. Estas obras representaron una inversión de más de 500 millones de pesos.[465]También se modernizó el Sistema Río Tunuyán Inferior, Área San Martín-Canal Norte, en las localidades de Junín y San Martín, que beneficia de manera directa a 2988 productores y se extiende en un área de 19.550 hectáreas. Demandó una inversión de 147 millones.[466]
En la provincia de Salta se llevó a cabo la optimización del área de riego de Colonia Santa Rosa, en una extensión de 51 km de canales que abastecen un área de unas 10 mil hectáreas y mejoran el suministro domiciliario de los pobladores rurales.[467]
En octubre de 2015 se realizó el llamado a licitación para la construcción del acueducto Lago Buenos Aires, obra de infraestructura que atravesando el norte de la provincia de Santa Cruz llegaría con suministro de agua hasta Caleta Olivia,[468] beneficiando a las localidades de Puerto Deseado, Pico Truncado, Las Heras, Jaramillo y Perito Moreno, entre otras.[469] La obra no tuvo oferentes,[470] y la nueva gestión decidió cancelar el proyecto.[468]
En la provincia de Santiago del Estero, se llevaron a cabo en 2011 las obras de reconstrucción del dique Figueroa/Néstor Kirchner, con una inversión de 369 millones de pesos por parte del estado nacional. Las obras permiten regular el uso del agua recuperando para la producción agropecuaria unas 30.000 hectáreas. Paralelamente se llevó a cabo la construcción de la presa El Cero y su vertedero, obras de toma sobre el canal Gini y obras de toma para el canal San Jorge para impulsar el desarrollo productivo agropecuario en la zona centro de la provincia.[471]
En 2012, se retomó la construcción del embalse El Bolsón, sobre el río Albigasta, que permitirá recuperar para la actividad agropecuaria una amplia zona del departamento Choya, en el sudoeste de la provincia de Santiago del Estero.[472] En 2014 fue finalizado el Acueducto del Oeste, que se extiende desde la represa de Río Hondo hasta la localidad de Laprida, que es la receptora final, luego de recorrer numerosas localidades y parajes.[473] El acueducto de 149,2 kilómetros de extensión y sus instalaciones y unidades hidráulicas y sanitarias accesorias brindan suministro de agua a 20.000 personas de manera directa y a 90.000 de manera indirecta en zonas proclives a sequías.[474] El acueducto favorece el abastecimiento de un área de unas 500.000 hectáreas, creando además mejoras en la producción ganadera de los departamentos de Río Hondo, Guasayán, Capital, Silípica, Choya y Loreto.[475]
En el distrito de Laboulaye, provincia de Córdoba, inauguró la obra del acueducto de 150 kilómetros entre la localidad de Etruria y Laboulaye, que demandó un presupuesto nacional estimado en 130 millones de pesos, financiados por intermedio del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento.[476] La obra afecta un área con una población aproximada de 50 000 personas.[477]
En 2010 fue reconstruida la Central hidroeléctrica Salto de la Loma, sobre el río Jáchal, en la provincia de San Juan. Se trata de una instalación de producción en energía eléctrica del tipo conocido como "de pasada" —ya que no proviene de un embalse— y luego de atravesar las turbinas, el agua se utiliza para riego.[478]
En la provincia de Río Negro se inició en Cinco Saltos la obra de revestimiento del canal de aducción de la Central hidroeléctrica Julián Romero, en Río Colorado comenzó la obra de reparación del sistema de riego de la Central hidroeléctrica Salto Andersen, en Barda del Medio se inició la reparación de las compuertas del Dique Ballester, en Cipolletti la obra de mantenimiento del revestimiento del canal de aducción en la Central hidroeléctrica Cipolletti y en Campo Grande la obra de modernización del sistema de riego.[479] Para el riego en la zona del Alto Valle se llevó a cabo el plan para el Canal Principal de Cinco Saltos, con una inversión de más de 46 millones de pesos,[480] y la impermeabilización del Canal Principal de Río Colorado.[481]
También se llevaron a cabo obras de mejoras en los sistemas de riego del Alto Valle, Valle Medio, Viedma y Río Colorado, que incluyeron tareas de reparación, mantenimiento y extensión que benefician a los productores de la región con una inversión de 31.000.000 de pesos.[482]
Ley de Tierras
Durante su mandato se aprobó la Ley de Tierras que limita la venta a extranjeros al 15 % del territorio nacional. Hasta entonces las provincias estaban obligadas a informar en un plazo de 60 días la cantidad de tierras en manos extranjeras, tanto se tratara de personas físicas como jurídicas.[483]
Con la unificación y actualización del Código Civil y Comercial de la República Argentina se concretó el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena. Históricamente los indígenas eran desalojados de las tierras que ocupaban por no acreditar ningún título ni reconocimiento por parte del Estado. En el marco de esa normativa se demarcaron 6 600 000 hectáreas correspondientes a 653 comunidades indígenas de 21 provincias, según estadísticas del Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas del INAI. A esta actividad del Estado, realizada con participación indígena, sumó la regularización de los registros de propiedad legítima de 2 400 000 hectáreas en las provincias de Jujuy, Mendoza, Chaco y Salta, realizada a través de programas provinciales y leyes expropiatorias. El nuevo Código permitirá transformar la posesión indígena demarcada en estos años, ya que en su artículo 18 prevé la sanción de una ley especial, que regulará el alcance y la instrumentación de la propiedad comunitaria, con su correspondiente titulación.[484] Para junio de 2015 se habían relevado 647 comunidades indígenas y 6 999 443 hectáreas, lo que equivalía a un 67 % del total estimado. El Registro Nacional de Comunidades Indígenas para entonces había otorgado personería jurídica a 1380 comunidades pertenecientes a los hasta entonces 32 pueblos indígenas reconocidos por el Estado nacional.[484] Se otorgó mayor presupuesto al Registro Nacional de Comunidades Indígenas.[485]
Asimismo, se crearon nuevas escuelas bilingües donde los niños aprenden su historia ancestral e instrucción sobre sus tradiciones culinarias aborígenes.[486]
Monotributo social agropecuario
En 2009 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lanzó el Monotributo social agropecuario, para que las familias de los pequeños productores rurales y trabajadores del agro pudieran regularizar su situación laboral y tener acceso a la salud, aportes jubilatorios y la posibilidad de facturar. Unos 100.000 agricultores tramitarlo e incluir a sus familias en la cobertura de salud, quienes producían el 60 por ciento de los alimentos consumidos en el mercado interno.
El programa permitió a los pequeños productores la cobertura social y la posibilidad de jubilarse, junto con el acceso a todas las prestaciones de salud contempladas en el Plan Médico Obligatorio, la posibilidad de tener una obra social de su preferencia. Cobertura sanitaria garantizada para los titulares y su grupo familiar. A su vez posibilitaba incorporarse a la economía formal, emitir factura oficial a personas e instituciones por sus productos y servicios, sin pagar ningún costo tributario nacional.[487][488]
En 2018 fue eliminado por el gobierno de Mauricio Macri.[489]Política ambiental
La política ambiental del gobierno tuvo diferentes aristas. En primer lugar se realizó un programa para eliminar las lámparas incandescentes y se impulsaron las energías renovables, en especial la solar. Con respecto a la conservación de especies y ambientes se reglamentó la Ley de Bosques mediante el Decreto 91/2009[490] de 2009 y se sancionó y reglamentó la Ley de glaciares en 2010.[491][492] Se avanzó a su vez con la limpieza de la cuenca del Riachuelo.
A partir de 2008 Argentina disminuyó la cantidad de gases contaminantes generados. La tendencia al descenso que empezó en 2008 se mantuvo en los siguientes años, según datos del Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.[493]
Reglamentación de la Ley de bosques nativos
La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, o Ley de Bosque Nativo,[494] es una norma nacional de Argentina que regula el uso de los bosques nativos. La ley tiene como objetivos reducir la deforestación en Argentina, la conservación de los bosques nativos, la regulación y gestión responsable del uso forestal, y la promoción del manejo sostenible de los bosques.[494] Para ello, la ley determina categorías de conservación de los bosques, crea un fondo fiduciario destinado a la conservación y promoción de manejo responsable de los bosques bajo un modelo de pago por servicios ambientales, y establece autoridades de aplicación cuyo mandato es elaborar datos para monitorear el estado de conservación de los bosques nativos, en coordinación con las provincias.[495]
Tras un intenso debate, la ley fue sancionada el 21 de septiembre de 2007 por el Congreso de la Nación Argentina y reglamentada mediante el Decreto 91/2009[496] en febrero de 2009 por el Poder Ejecutivo tras el reclamo que hicieron más de 70 organizaciones ambientalistas.Ley de protección de glaciares
La Ley 26.639 de la Nación Argentina, más conocida como Ley de protección de glaciares, establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objetivo de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico.[497] Los glaciares constituyen bienes de carácter público.[498]
En 2010 el Congreso de la Nación aprobó la ley 26639 y en octubre de 2010 se promulgó. La ley fue reglamentada por el decreto 207/2011 el 28 de febrero de 2011 estableciéndose los presupuestos mínimos y la inmediata confección de un inventario de glaciares. La ley regula las actividades permitidas en los glaciares y su entorno, prohibiendo absolutamente las actividades industriales y mineras, la construcción de obras de arquitectura e infraestructura (con excepción de las científicas) y la liberación de sustancias contaminantes sin importar el volumen de las mismas.[499]
El Gobierno nacional firmó un convenio con el CONICET para la realización del inventario de glaciares y se convocó al Instituto Argentino de Glaciología y Nivología (Ianigla), unidad del CONICET con sede en Mendoza. Participaron además la Universidad Nacional de Cuyo y los Gobiernos de Mendoza y San Juan, como autoridad de aplicación.[500] El relevamiento estableció, en 2018, que existen en el país 16.968 cuerpos de hielo que ocupan una superficie de 8.484 km².[501]Parques nacionales
El 8 de agosto de 2007, se suscribe un convenio entre el Estado Nacional y la Provincia del Chubut para la creación del parque marino costero Patagonia Austral ubicado al norte del golfo San Jorge entre el cabo Dos Bahías y la isla Quintano, en la provincia del Chubut. Este convenio fue ratificado en diciembre de 2008 mediante la ley n.º 26 446/08.[502] En 2009 fue creado bajo la Ley N.º 26 499 el parque nacional Campos del Tuyú, en el partido de General Lavalle, provincia de Buenos Aires, siendo el primer parque nacional de la provincia de Buenos Aires.[503][504]
El 13 de diciembre de 2012 a través de la Ley n.º 26 817[505] fue creado el parque interjurisdiccional marino Makenke un área natural protegida de la provincia de Santa Cruz, con una superficie de 71 271 ha.[506] Ese mismo mes se creó además el parque nacional Bosques Petrificados de Jaramillo[507] ubicado al noreste de la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia argentina y que cuenta con 61 228 ha.
El 24 de octubre de 2014, bajo la ley 26 996 se crea el parque nacional El Impenetrable, un área protegida situada en el centro-norte del país. Protege una muestra representativa del ambiente chaqueño del noroeste de la provincia del Chaco. Ese mismo año se creó el parque nacional Patagonia en el noroeste de la provincia de Santa Cruz y la reserva nacional Pizarro en la provincia de Salta, en el noroeste que protege una de las últimas muestras de la continuidad forestal longitudinal en la cual el bosque chaqueño occidental con una superficie de 7837 hectáreas.[508][509]Entre el mandato de su Néstor Kirchner y el suyo se crearon ocho Parques Nacionales, aumentando la superficie protegida de territorio nacional un 24 por ciento,se ampliaron los parques incorporando 900 000 hectáreas terrestres y 407 124 hectáreas marinas, incrementandose un 78 por ciento la cantidad de visitantes. En 2011 se dio el lanzamiento del Plan Estratégico de Turismo, en 2010 arribaron al país más de 5 300 000 de visitantes, y se destacó Argentina como el primer destino de países sudamericanos.[510]
Saneamiento de ríos
La primera directora de ACUMAR fue la entonces Secretaria de Ambiente y ambientalista Romina Picolotti, hasta diciembre de 2008 cuando la reemplazó Juan José Mussi, por entonces intendente de Berazategui.[511] Para el periodo julio de 2008 / diciembre de 2009 la media de inspecciones sanitarias a establecimientos industriales fue de 66,1 inspecciones por mes, mientras que durante el año 2011 ascendió hasta 850,3 por mes.[512][513]
En 2012 se despejó el ‘Camino de Sirga’ en un 80% respecto a las cloacas las obras están en un 60% realizadas, lo que representa 1.200.000 ciudadanos que vivían a la vera del Riachuelo que no tenían cloacas y ahora las tienen. Se incorporaron además 14 unidades sanitarias fijas y otras 14 móviles y 14 ecopuntos a donde llevar residuos para su tratamiento[514] A finales del mismo año se erradicaron 179 basurales a cielo abierto, reconvirtiéndolos en espacios verdes, que luego fueron entregados a los municipios para su cuidado.[515]
En el año 2013 la Justicia Federal de Quilmes confirmó la obligación del gobierno porteño de aportar fondos para el saneamiento de la cuenca hídrica ordenado por la Corte Suprema de Justicia en 2008 y apelado por la gestión macrista. Sin embargo al año 2015 los fondos aún no han sido entregados, pese al fallo de la justicia[516]meses después Mauricio Macri fue apercibido judicialmente por la causa del Riachuelo.[517]
En el marco de estas tareas de limpieza, pro el gobierno nacional, durante 2013 se extrajeron del espejo de agua unas 5.619 toneladas de residuos, sumando un total de 22.777 toneladas totales de basura extraída del espejo de agua desde el inicio de estas actividades por parte de ACUMAR. Se incorporaron al sistema de recolección de residuos en los Asentamientos Villa Luján, Isla Maciel y Tierra Verde, en los cuales viven 750, 600 y 900 familias respectivamente. A su vez, en el Partido de Lanús se desarrolló una experiencia piloto en los Asentamientos ACUBA, 10 de enero, Eva Perón y Gaita, donde viven en total 1.950 familias.[518]
En marzo de 2013 12 mil puesteros de la feria conocida como "La Saladita" fueron reubicados y en el lugar que ocupaban a la vera del Riachuelo fue instalado un mirador. Además comenzaron las obras de reacondicionamiento del edificio para la creación de la futura Universidad del Medio Ambiente, en un predio abandonado, que contará con una superficie de 1000 mts2, y contará con una biblioteca anexa y un museo.[519] Ese mismo año en los municipios de Avellaneda, Lomas de Zamora y La Matanza las relocalizaciones de las familias que vivían en villas se cumplieron totalmente con la liberación total del Camino de Sirga, gracias al programa de relocalizaciones que forma parte del Plan Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos que lleva adelante el Gobierno Nacional y que prevé la construcción de soluciones habitacionales dentro y fuera de la cuenca.[520] Ese mismo año en Lanús, comenzaron a relocalizarse a 73 familias al barrio Néstor Kirchner, una parte de los habitantes de la Villa 21-24 fueron mudados hacia el complejo habitacional de Castañares y General Paz, en Mataderos.[521]
Para el año 2014 el 88 por ciento del camino de sirga había sido liberado, 1.500.000 familias fueron incorporadas a la red de agua corriente y de alcantarillado, y se habían quitado más de 186 basurales.[522] 11.995 industrias fueron empadronadas en la Cuenca, y se llevó a cabo la adecuación ambiental del Polo Petroquímico Dock Sud[523]desde que comenzó la limpieza fueron retiradas 170 mil toneladas de basura, 110 autos y 57 buques.[524][525] Para fines de ese año se registró un 93% de avance en la limpieza de las márgenes bajo convenio.[526]1.500.000 personas incorporadas a la red de agua potabilizada y 895.000 personas incorporadas a la red de saneamiento cloacal.[527]A fines de ese año aumentó a 963.000 la cantidad de personas incorporadas a la red de saneamiento cloacal.[528] En 2014 comenzó la mudanza al complejo de Castañares y General Paz de familias que habitaban la Villa 21-24 es una de las últimas que se realizan en el marco del Plan de Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo.[520]
En 2015 se comenzaron las obras de construcción por parte de la ACUMAR de los hospitales de Rafael Castillo y Laferrere, en La Matanza y el Hospital de Cuenca Alta Nestor Kirchner, en el partido de Cañuelas, todos con un avanzado estado de obra y con la idea de ser puestos en marcha ese mismo año.[529]Así mismo en 2014 comenzó la limpieza y recuperación de la Cuenca del Río Reconquista que abarca 175 000 hectáreas y abarca los municipios de: Moreno, Merlo, Luján, General Rodríguez, General Las Heras, Marcos Paz. Malvinas Argentinas, San Miguel, General San Martín, Tres de Febrero, Morón, Ituzaingó, José C. Paz, Hurlingham. Tigre, Vicente López, San Isidro, San Fernando. Entre las obras realizadas se encontraba el Camino del Borde, se realizaran veredas, alumbrado público, bicisenda, puentes en cruces de arroyo, zanjones y vías ferroviarias, a lo largo de 12 kilómetros, desde Panamericana hasta la Ruta 8. La cuenca comprende 134 cursos de agua que recorren 606 km, de los cuales 82 corresponden al río Reconquista.
Protección de animales
A través de la cancillería Argentina mantuvo junto con el resto de los países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, República Dominicana, y Uruguay) una posición activa a favor de la prohibición de la caza de ballenas y de la protección de la especie.
En 2011 creó el Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos.[530] La iniciativa estableció la tenencia responsable de mascotas y la sanidad de perros y gatos propiciando la castración quirúrgica gratuita y en ambos sexos.[531]
Política educativa
La política educativa del gobierno de Cristina Fernández fue una continuación de la gestión de Néstor Kirchner. El porcentaje del Producto Interno Bruto destinado a educación creció desde el 3,64 % en 2003 a 6,02 % en 2010. En términos absolutos, pasó de 14 501 millones de pesos en 2003 a 89 924 millones de pesos en 2010, un 520 % más.[532] Ya para el 2012 el porcentaje del Producto Interno Bruto destinado a educación creció desde el 3,64 % en 2003 a 6,81 % en 2012.[533]3
Según datos del censo de 2010, la tasa de analfabetismo es del 1.9 %, siendo la segunda más baja de Latinoamérica.45 En la última década se han creado nueve nuevas universidades, mientras que el egreso de estudiantes universitarios aumentó un 68 %.6 Según datos del Programa Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), en el año 2011 el 99,0% de la población de 6 a 11 años asistía al nivel primario y, el 96,5% de los jóvenes de 12 a 14 años asistía al nivel secundario.
Educación primaria y secundaria
Durante su gestión las capacitaciones docentes presenciales en todo el país llegaron a 55 000 cursos en 2015; paralelamente se capacitó a personal de 14 000 escuelas , en tanto los cursos de capacitación a docentes dictados en línea, llegaron a 16 914 docentes capacitados.[534]
En 2015 el ministro de Educación Alberto Sileoni, propuso a todos sus pares del país que las clases comenzaran el 29 de febrero y finalizaran el 16 de diciembre para cumplir con un calendario educativo de 190 días de clases, con la necesidad de fijar un calendario escolar lo más extenso posible.[535]
El salario docente ganó 78% de poder adquisitivo entre 2003 y 2015 en promedio en todo el país durante las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner los sueldos de los maestros superaron a la suba de precios por 78 puntos y aumentando más del 100 por ciento en el mismo período en Chaco, provincia de Buenos Aires y Santa Cruz.[536]En 2013 se sancionó la Ley de Centros de Estudiantes (ley 26877) que los reconoce como órganos democráticos de representación estudiantil. La ley garantizaba que ños Centros de Estudiantes se encargan de generar la participación de los representados en diversas actividades de distinta índole como: arte, esparcimiento, deportes, campañas, cultura y demás, estableciendo el derecho de los alumnos a conseguir la mejor oferta de cursos posibles, buenas condiciones de cursada, talleres extracurriculares y actividades deportivas y la obligación del Estado en colaborar con la inserción de los estudiantes en su ámbito social orientada al desarrollo de acciones en beneficio del conjunto de la comunidad.[537][538]
Implementación de la ley de Educación Nacional
El 14 de diciembre de 2006 se sancionó la ley de educación nacional que fue promulgada 13 días después.[539][540] La ley permitió la reestructuración de la primaria y la secundaria y el fin de las políticas focalizadas y asistencialistas; destacándose la participación de más 750 000 docentes y 700 organizaciones de la sociedad civil. La reglamentación establece que el presupuesto de educación no puede ser menor al 6 % del PBI.[540]
Esta ley permitió que Argentina trepara del puesto 81 al 19 en el ranking mundial de inversión educativa en relación a su riqueza (Repetto, 2013) y se posicionara como el séptimo país del mundo que más aumentó la inversión educativa en el período 2004-2011 (Informe de monitoreo, CIPPEC, 2014).[541]Además se llevaron a cabo iniciativas para asegurar la neutralidad política y religiosa dentro del aula.[542]
Construcción de escuelas
Después del Plan Quinquenal del Gobierno de Perón entre 1947 y 1951 (que abrió 8000 escuelas),[543] el lapso entre 2003 y 2010 es el segundo período de mayor construcción de escuelas de la historia argentina. Entre 1969 y 2003 los diferentes gobiernos nacionales financiaron la construcción de un total de 427 escuelas, mientras que entre 2003 y 2010 se construyeron más 1880 escuelas que beneficiaron a medio millón de alumnos.[544]
En 2015 se promulgó la ley que declara obligatoria la educación inicial para niños/as de cuatro años en el sistema educativo nacional. También se lanzó el programa “Ponele título a tu Secundario”, un seguimiento intensivo de alumnos que, habiendo cursado el último año de la educación secundaria, tienen asignaturas pendientes. En este marco “se titularon gracias al plan 52.845 alumnos. La población 25-29 años con secundaria completa paso a total país entre Años 2003 y 2013 del 58,9% al 71,4% en 2013. En el período fue notable la evolución de la matrícula de educación técnica secundaria: pasó de 487.000 estudiantes en 2005 a 595.000 en 2012.[545]
Programa Conectar Igualdad
El programa Conectar Igualdad fue lanzado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el año 2010 bajo el nombre de Programa ConectarIgualdad.com.ar,[546] mediante decreto N° 459/10.
Desde 2010 la Ansés inició un plan de entrega y puesta en funcionamiento de dos millones de netbooks con acceso a Internet a todas las escuelas públicas primarias y secundarias del país. El programa se financió en sus primeros años a partir de ingresos generados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (ANSES).
Al día 1 de julio de 2015, se habían entregado 5 millones de computadoras, y además se construyeron 1428 aulas digitales en todo el país.[547]Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FinES)
El Programa de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FinES) es un programa educativo argentino llevado adelante por el gobierno nacional a partir del año 2008 con presencia en todas las jurisdicciones de Argentina.[548] El objetivo del plan es que los/as jóvenes y adultos/as puedan finalizar su educación primaria y secundaria. En el año 2010, se creó el FinES 2, centrado principalmente en la finalización de los estudios secundarios de los cooperativistas de los programas estatales Ingreso Social con Trabajo y Ellas Hacen.[549]
Entre los años 2008 y 2015, 600.000 estudiantes finalizaron el secundario.[550] En el año 2013, el Plan había alcanzado a 1.394.000 personas, con 14.682 sedes y 128.365 tutores en todo en país, y habían egresado 400.000 estudiantes.[551]Educación sexual integral
El programa surge a partir de la sanción de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) en el año 2006 que establece la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir educación sexual integral (ESI) en todos los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada, desde los niveles de educación inicial hasta la formación docente.[552][553] Los objetivos de la Ley son[554]:
- Incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica equilibrada y permanente de las personas.
- Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes precisos y confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral.
- Promover actitudes responsables ante la sexualidad.
- Prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular.
- Procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres.
Durante los años siguientes se elaboró el documento “Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral”, que fue aprobado en mayo de 2008 por el Consejo Federal de Educación.[555] El Programa de Educación Sexual Integral contiene recursos y herramientas con información validada.[556] Para cumplir con la reglamentación, ese mismo año, se diseñó un curso virtual que estuvo dirigido a docentes de escuelas secundarias y en los años que siguieron se sumaron los demás niveles educativos. El curso tenía cuatro módulos: 1- Introducción a la sexualidad y educación sexual integral; 2- Infancias, adolescencias y derechos; 3- Salud, sexualidad y prevención; 4- Educación sexual integral en la escuela[557].
Desde el año 2016, el Programa Nacional implementó acciones para dar cumplimiento a la Ley 27.234 a fin de concretar en los establecimientos educativos las «Jornadas Educar en Igualdad» para erradicar la violencia contra las mujeres. En ese contexto ha elaborado y distribuido las cartillas para las «Jornada Nacional Educar en Igualdad. Prevención y erradicación de la violencia de género. Orientaciones para las instituciones educativas».[558][559] [560]
A partir del año 2017 el Programa forma parte del Plan Nacional de Disminución del Embarazo no intencional en la Adolescencia, junto con los Ministerios de Salud y Desarrollo Social. En ese marco, se realizan capacitaciones en la temática específica a docentes de escuelas secundarias. Considerando los índices de embarazos en adolescentes entre los 15 y 19 años, teniendo como objetivo ampliar el radio de cobertura nacional para el 2019.[561]El programa de ESI permitió que ocho de cada 10 niños, niñas y adolescentes que sufrieron abusos sexuales pudieran denunciar su situación gracias al aprendizaje adquirido en las clases de educación sexual que se dictan en las escuelas[562] Asimismo hizo descender la tasa de fecundidad adolescente que era de 35,3 cada mil mujeres en 2011, la tasa bajó hasta 33,7 cada mil hasta el 2014 y a 29.7 por mil en 2015.[563] con un descenso del 43 por ciento en menores de 14 años.[564][565]
Sistema Universitario
El sistema universitario se expandió especialmente a partir de 2007, durante las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se crean 18 universidades nacionales, 8 de las cuales se asientan en el conurbano de Buenos Aires, 1 instituto universitario y 5 universidades provinciales.[545] Se autorizaron también 7 universidades y 2 institutos universitarios privados. Las nuevas universidades son la Universidad Aeroportuaria de Ezeiza,[566] la Universidad Nacional de Avellaneda,[567] la Universidad Nacional de José C. Paz[568] la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la Universidad Nacional de Moreno, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la Universidad Nacional de Villa Mercedes, la Universidad Nacional del Chaco Austral, la Universidad Nacional de Río Negro y la Universidad Nacional del Oeste.[569] La nuevas universidades públicas en el conurbano de Buenos Aires, junto a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora–que data de los años ’70– sumaron e 15 establecimientos que nuclean más de 170 mil alumnos, el 12% de la matrícula universitaria pública nacional.En un porcentaje elevado entre el 70 y el 95% según las instituciones estaba formada por estudiantes que constituyen la primera generación de universitarios de sus familias. El crecimiento de los aportes del Estado a la educación permitió aumentar las transferencias a las universidades nacionales, cuyo presupuesto pasó de $1.992 millones en 2003 a $13.258 millones en 2011.
El total de personas que asisten a universidades públicas creció un 39 por ciento entre 2008 y 2015. La matrícula tuvo un significativo aumento, que superó ampliamente el ritmo de crecimiento de la población argentina. Entre 2008 y 2015, la cantidad de estudiantes de bajos ingresos en el total de inscriptos al sistema universitario creció un 47 por ciento para el quintil 1 ( el 20% de la población más pobre) y un 95 por ciento para el quintil 2.[570] Según datos de 2013 y 2014 publicados en los informes del Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano - la proporción de alumnos universitarios cada 10 mil habitantes de la Argentina alcanzó en 2011 los 436 alumnos, proporción mayor a la de Brasil 380, Chile 361, Colombia 273 y México 285, la segunda mayor en Latinoamérica tras Cuba con 421 alumnos.
Reforma de la Ley de Educación Superior
En 2013 se aprueba en Diputados una modificatoria de la ley de educación superior.[571] Recién es tratada y aprobada en el Senado en 2015. Ese mismo año se promulga la legislación que lleva el nombre de ley de implementación efectiva de la responsabilidad del estado en el nivel de educación superior (ley 27204).[572] Esta ley modifica diversos artículos de la Ley de Educación Superior asegurando que:[571][573]
- El financiamiento de las universidades públicas debe provenir del estado nacional. Se prohíbe cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa directos o indirectos
- La educación superior es considerada un bien público y un derecho humano
- Se define al acceso a la educación universitaria como "libre e irrestricto", eliminando los exámenes de ingreso[574]
- Se prohíbe suscribir acuerdos o convenios que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten la mercantilización
Becas y programas
Se implementaron también becas para apoyar el desarrollo de carreras estratégicas para el país (ingeniería, ciencias básicas y naturales) y favorecer también a alumnos del sector no universitario. Según datos provistos por el Informe de Gestión 2015 de la Secretaría de Políticas Universitarias, en ese año se otorgaron 62.300 becas con una inversión total de 900 millones de pesos, frente a las 2.453 becas por un monto de algo más de 7 millones de pesos que se habían entregado en 1999/2002.[575]
Otra política implementada a partir de 2007 fue la del desarrollo de redes internacionales, a través del programa de promoción de la Universidad Argentina; otro programa destinado a fomentar la formación de posgrado en áreas prioritarias y al bienestar universitario; por otra parte existe un grupo de programas sostenidos desde 2008, uno de ellos orientado a la formación de técnicos informáticos, y otros tres a la promoción de la extensión universitaria, el voluntariado universitario y el desarrollo local. Luego, la autora identifica un conjunto de programas que se inician en el año 2009: el programa de fomento de movilidad en ciencias exactas y naturales, el de fortalecimiento de carreras de sociales y humanas, y un programa de apoyo al primer año de carreras con conocimientos de matemática.[576]
Se lanzó el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROG.R.ES.AR) el 22 de enero de 2014[577] La iniciativa genera oportunidades de inclusión social y laboral para jóvenes que deseen iniciar o finalizar sus estudios, continuar una educación superior y/o realizar experiencias de formación y capacitación laboral.[578] A noviembre estaban inscriptos 550.000 jóvenes.[579]En marzo de 2015, se amplió la cantidad de jóvenes cubiertos por el programa a 1.280.000.[580] Destinado a jóvenes de 18 a 24 años que no tienen trabajo, trabajan informalmente o perciben un salario menor del mínimo vital y móvil y cuyo grupo familiar se encuentre en iguales condiciones. A noviembre del 2014, PROGRESAR contaba con más de 550 000 jóvenes que cobran la prestación y 1 284 809 inscriptos.[581] En marzo de 2015, se anunció la ampliación de la cantidad de jóvenes cubiertos por el programa a 1 280 000.[582]
Se creó el Programa de Voluntariado Universitario, que antes del año 2010 había financiado más de 2.000 proyectos, con el fin de integrar el conocimiento teórico y práctico aprendido en los claustros de la Universidad Pública con las problemáticas más urgentes del país.[583]
En julio de 2013 se entregaron 264 becas del programa Bec.Ar, que tiene por objetivo especializar a profesionales argentinos en Universidades del exterior en áreas como biotecnología, nanotecnología y TICs, entre otras. El programa tiene una duración inicial de cuatro años y planea especializar a mil profesionales de áreas denominadas «estratégicas» para el desarrollo del país.[584][585]
Programa de becas Thomas Bridges
Obras de infraestructura
Además de aumento de los recursos destinados a otras universidades, como la Universidad de La Matanza, cuyo presupuesto creció un 820 %.[588] Este aumento se vio reflejado en la formación de nuevos institutos de investigación.
El 18 de febrero de 2011, el arquitecto uruguayo Rafael Viñoly y Sebastián Ceria, CEO de una compañía de software de Nueva York y egresado de la UBA, se reunieron con la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner para presentar la propuesta de construcción de un anexo para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales llamado"Cero más infinito" en un predio de 17.200 metros cuadrados de la sede universitaria más grande de la ciudad.[589]A comienzos de 2013, la UBA y el CONICET empezaron la construcción del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA), una ampliación sobre el primer piso del pabellón del INGEIS.[590] Además se construyó un el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires con planta baja y seis pisos, incluyendo un salón de usos múltiples en el primer nivel, que suman 8.200 m² de superficie cubierta.[591]En 2015 comenzó construcción del nuevo edificio para la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA destinado a concentrar los institutos de Investigación de la mencionada casa de estudios, dado que algunos de ellos están ubicados en diferentes sedes de la facultad. Las actividades académicas de investigación, postgrado, extensión y transferencia de la Facultad requieren de espacios más flexibles y con acceso a dispositivos tecnológicos acordes. El edificio cuenta con dos subsuelos, nueve pisos y un superficie total de 6.250 m².[592]
Paralelamente la Universidad Nacional de La Plata vivió un período de crecimiento, mejoras y avances en materia edilicia. Un Plan de Obras realizado en etapas que encaró la remodelación de varias de las facultades existentes, la construcción de nuevos pabellones, ampliaciones y edificios a estrenar. Entre estas obras, se destacaron la construcción del Departamento de Agrimensura de la Facultad de Ingeniería (inaugurado en 2011);[593] la Facultad de Psicología (inaugurada en 2012);[594] la Facultad de Informática (inaugurada en 2007 y ampliada en 2012);[595] la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (inaugurada en 2008 y ampliada en 2012);[596] el Bachillerato de la Facultad de Bellas Artes (inaugurada en 2013);[597] la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (inaugurada en 2014);[598] y el nuevo Planetario de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas (inaugurado en 2013).[599]
En abril de 2013, además, comenzó a funcionar el Tren Universitario, una línea de transporte con tres vagones desarrollada especialmente para comunicar la Estación de trenes de La Plata de la Línea General Roca con el Campus Universitario.[600] En la Universidad Nacional de General San Martín se construyeron el Laboratorio de Bioseguridad (de 500 metros cuadrados, inaugurado en 2008) y el Instituto de Ingeniería Ambiental (con 3700 metros cuadrados, terminado en 2012), el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIB-INTECH), con 4000 metros cuadrados e inaugurado en 2011.[601] En 2015 junto con el gobernador Sergio Urribarri inauguró el nuevo edificio de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos de más de 3.000 metros cuadrados y capacidad para más de 2.100 estudiantes.[602][603] y el edificio de la sede de la Universidad Tecnológica Nacional en Río Gallegos.[604] la inauguración de la sede Piñeyro de la Universidad Nacional de Avellaneda en marzo de 2013, el nuevo edificio en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) de tres mil metros cuadrados cubiertos.[605]En Tandil se construyó la residencia universitaria de la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires (Unicen) donde realizan sus estudios de grado y posgrado alrededor de 10.000 estudiantes los que constituyen el 60% de alumnos de esta universidad.
Política sanitaria
Durante sus gobiernos se implementaron el Plan Nacer (que luego fue ampliado por el Programa Sumar), el Salud Materno Infantil, el Programa Remediar y el Programa Nacional de Salud Sexual. Se promulgaron leyes para controlar el consumo de tabaco y de sal de mesa.
Entre 2010 y 2013 se crearon Unidades de Pronta Atención lanzandolas primero en la provincia de Buenos Aires donde se concentra el 40 por ciento de la población. Los primeros centros en inaugurarse fueron en Lomas de Zamora, Avellaneda, Lanús, La Matanza, Almirante Brown, Los Hornos y Lezama— que funcionan como una guardia hospitalaria de alta complejidad ubicada más cerca de la gente.[606] También en lo que respecta a infraestructura sanitaria se construyó e inauguró el Hospital Materno-Infantil «Dr. Alberto Balestrini» de Ciudad Evita, partido de La Matanza.
El 4 de mayo de 2011 el Congreso sanciona la Ley 26 682 de Regulación de la Medicina Prepaga que estableció que la obligación de que las empresas de medicina prepaga cubran los planes de cobertura médico-asistencial del Programa Médico Obligatorio (PMO) y el sistema con prestaciones básicas para personas con discapacidad, también incrementó los derechos de los usuarios al establecer que los usuarios de prepagas pueden rescindir en cualquier momento el contrato celebrado, sin limitación y sin penalidad alguna de parte de la empresa, también establecía que a los mayores de 65 años con al menos diez años de antigüedad en la cobertura no se les puede aumentar la cuota.[607]
En 2014 se creó la Red Federal Pública de Alta Complejidad, integrada por 17 hospitales que cumplen los estándares de calidad, coordinada por un Centro Nacional, y con un enfoque regional. Más de 3.500 niños y niñas operados de cardiopatías congénitas desde 2010. Reducción de la lista de espera en un 80% con respecto a la existente en 2003, fue el primer programa de América Latina en contar con evaluaciones externas y rigurosas de su impacto.[608]A partir del 4 de diciembre de 2014, Argentina, se convirtió en el primer país de América en prohibir la producción y venta de grasas trans en todo su territorio, sumándose a Suiza y Dinamarca.[609]
Desde la Sedronar desarrolló un programa para la prevención del consumo de drogas en ciudades de la Costa Atlántica y partidos de fútbol argentino.[610] Al mismo tiempo se han encarado convenios con diferentes ONG especializadas en el tema, como con la organización Madres en Lucha, para el reacondicionamiento y equipamiento de Centro Preventivo Local de las Adicciones (CePLA) en el Barrio Mitre.[611] En 2014 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner comenzó a implementar como parte del plan de lucha contra las drogas los Centros de Prevención de creación Toxicomanías en 150 localidades, con un presupuesto de 1.279 millones de pesos, con una inversión de 714 millones de pesos para la instalación de 60 casas educativas y otros 1279 millones para 150 centros preventivos.[612]
Maternidad y niñez
Se impulsó la Ley 26.862 de Reproducción Médicamente Asistida también conocida como ‘Ley Nacional de Fertilización Asistida’, promulgada el 25 de junio de 2013 mediante la cual se permiten y regulan las más variadas posibilidades de fecundación e implantación, y se habilita sin mayores recaudos la criopreservación del material genético y de embriones. Por esta ley las instituciones de salud deben incorporar como prestaciones obligatorias y brindar a sus afiliados o beneficiarios, la cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje, el diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo y los procedimientos y las técnicas que la Organización Mundial de la Salud define como de reproducción médicamente asistida.[613] Tal cobertura será brindada también para aquellas personas que aun no queriendo llevar adelante la inmediata consecución de un embarazo, por problemas de salud o por tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas, puedan ver comprometidas su capacidad de procrear en el futuro. La normativa dispone además, la incorporación en el Programa Médico Obligatorio (PMO), de estos procedimientos, así como los de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo, con los criterios y modalidades de cobertura que establezca la autoridad de aplicación.
Se amplió la ley de Pesquisa Neonatal agregando la fibrosis quística, la galactocemia, la hiperplasia suprarrenal congénita, la deficiencia de biotinidasa, la retinopatía del prematuro, el mal de Chagas y la sífilis.[614]
Argentina logró disminuir la mortalidad materno infantil del 4,4 por mil al 3,2 por mil, y la tasa de mortalidad infantil del 16,5 por mil a 10,8 por mil, gracias a planes de salud gratuitos para mujeres y niños. En tanto, la mortalidad materno infantil disminuyó del 4,4 por mil al 3,2 por mil. Para 2015 La tasa de mortalidad infantil descendió a un dígito en 2015 por primera vez en 25 años, al ubicarse en 9,7.[615] Gran parte del mérito de esta mejora en los indicadores estuvo dado por la creación del Plan Nacer en 2004, que luego fue extendido y rebautizado como Programa Sumar en 2012.
En el año 2010 se incorporó el financiamiento para la atención integral de las cardiopatías congénitas en niños, que constituyen la principal causa de mortalidad infantil difícilmente reducible, para todos los niños y niñas del país sin obra social. Desde su puesta en marcha s3.500 niños y niñas operados de cardiopatías congénitas, logrando una reducción de la lista de espera en un 80% con respecto a la existente en 2003.
Programa SUMAR
En 2007 se extendió el Plan Nacer, que había comenzado en las nueve provincias del nordeste y noroeste argentinos, al resto del país. Entre los años 2005 y 2010, la mortalidad infantil se redujo un 17 % en todo el país y un 24 % en las provincias del norte. La brecha entre la mortalidad infantil del norte y la nacional se redujo a la mitad, un 48 % en el período 2005-2010. Un número de 4,7 millones de embarazadas y niños/as recibieron cobertura del Plan Nacer. En ese periodo el plan sumo más de 37 millones de prestaciones , médicas de prevención, cuidado y promoción de la salud brindadas a la población materno-infantil, unos 7000 establecimientos públicos fueron beneficiados con capacitaciones, medicamentos y mejoras en la infraestructura. Fue el primer programa de América Latina en contar con evaluaciones externas y rigurosas de su impacto.[616]
En 2010 se agregaron a la cobertura gratuita tres anomalías congénitas (labio leporino, piebot y displasia de cadera) en niños y niñas hasta los 6 años.[617]
En 2012 comenzó el Programa Sumar, la ampliación del programa materno infantil Plan Nacer, con el objetivo de profundizar el descenso de la tasa de mortalidad materno infantil, disminuir las muertes por cáncer de cuello de útero y de mama, brindando a partir de allí cobertura de salud a más de 9.5 millones de personas, incluyendo a 1.8 millones de niños y niñas de 0 a 5 años; 3.9 millones de adolescentes; 230 mil embarazadas y 3.8 millones de mujeres de 20 a 64 años que no tienen otra cobertura sanitaria que la que ofrece el sistema público de salud.
El Programa Sumar establece la atención al recién nacido, el examen para detectar hipoacusia, controles clínicos del bebé, aplicación de las vacunas del calendario oficial, controles odontológicos y oftalmológicos, consultas pediátricas, atención de enfermedades respiratorias, diarreicas y nutricionales, prestaciones de alta complejidad (cirugías y tratamientos de cardiopatías congénitas, cuidados intensivos para recién nacidos e internaciones por neumonía), e información para los padres sobre lactancia materna, pautas de alimentación, crianza y desarrollo infantil, entre otros. En cuanto a las embarazadas, la cobertura del Sumar incluyó la prueba de embarazo y posteriores controles, el análisis de sangre y orina, ecografías, vacunación, control de salud bucal y arreglo de caries, atención con médicos especialistas y prestaciones de alta complejidad para embarazos de alto riesgo, parto atendido por especialistas en hospital, atención al recién nacido y acceso a la información sobre los cuidados durante el embarazo y postparto.
Entre 2012 y 2015 se produjo la inclusión de hombres adultos de entre 20 y 64 años en el Programa Sumar, ampliación que abarcó a más de cuatro millones de varones de todo el país que no tienen cobertura social. El plan de servicios de salud incluyó seis líneas de cuidado –control periódico de salud; detección de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles (hipertensión, diabetes, cardiovasculares y renal); detección de riesgo y diagnóstico de cáncer colorrectal; salud mental; apoyo y seguimiento en casos de alcoholismo y consumo de sustancias, y promoción de hábitos saludables, salud sexual y reproductiva, y prevención de lesiones externas, además de acceso a cerca de 50 nuevas prestaciones de salud, además de incluir la vacuna contra la difteria y el tétanos; la vacuna contra la hepatitis B; la doble / triple viral que inmuniza contra el sarampión y la rubéola; además de la vacuna antigripal y contra el neumococo.[618]Vacunación
Donación de órganos
Por medio del Decreto 421/2013 del 19 de abril de 2013 se promulgó la Ley N.º 26.845, de Promoción para la Toma de Conciencia Sobre la Relevancia Social de la Donación de Órganos, que tenía por objeto promover en todos los niveles y modalidades del sistema educativo propuestas y acciones para la toma de conciencia sobre la relevancia social de la donación de órganos y tejidos para trasplante, con carácter voluntario, altruista, desinteresado y solidario.[619]La política de donación de órganos y trasplante fue una continuación de la de su predecesor; en ocho años Argentina experimentó un crecimiento notable y sostenido en la generación de donantes y el trasplante de órganos, producto de la implementación de innovadoras políticas públicas de procuración. En ocho años de gestión del ciclo inaugurado por Néstor Kirchner y continuado por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la tasa de donantes por millón de habitantes se duplicó, lo que implicó que el último año se registrara una tasa de trasplantes del 32.2 por millón de habitantes a 2010, siendo segundo país en Latinoamérica en cantidad de trasplantes.[620] Para 2013 Argentina se encontraba a la vanguardia en Latinoamérica en donación de órganos.[621] Posteriormente en 2016 la tasa de donantes de órganos por millón de habitantes disminuyó en 2016 hasta su nivel más bajo en una última década.[622]
Ley de salud mental
La Ley 26.657, conocida como Ley de salud mental, es una legislación argentina que asegura el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental.[623] Fue sancionada el 25 de noviembre de 2010 y promulgada el 2 de diciembre de 2010. El eje de la ley es que las personas con padecimiento mental deben ser tratadas en hospitales comunes y que las internaciones deben ser breves y notificadas al juez.[624]
Fue impulsada por el Ministerio de Salud, el Inadi, la Secretaría de Derechos Humanos y la Defensoría General de la Nación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es considerado por el CELS un avance clave para el reconocimiento de las personas con padecimiento mental como sujetas de derecho y para la sustitución del manicomio por tratamientos dignos.[625]Ley de obesidad
En 2008 se impulsó y aprobó la conocida «Ley de Obesidad» que estableció la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la obesidad, la bulimia y la anorexia serán cubiertos por los planes médicos de obras sociales y firmas de medicina prepagas.[626] uno de los puntos más importantes que establece es que la obesidad es una enfermedad y un problema de salud pública, sujeta a políticas de gobierno. De este modo, libera a la persona obesa de ser culpable de estar enferma. La ley implica que los tratamientos para bajar de peso están incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO) lo cual significa que el sistema de salud pública, las obras sociales, las mutuales y las empresas de medicina prepaga, tienen que hacerse cargo de los mismos. Esto incluye las alternativas quirúrgicas como la «manga gástrica», el baipás y la banda gástrica ajustable.
Ley antitabaco
La Ley N.º 26.687, más conocida como Ley Nacional Antitabaco, es una legislación argentina "regulación de la publicidad, producción y consumo de los productos elaborados con tabaco". Fue sancionada el 1 de junio de 2011 y promulgada el 13 de junio de 2011.
Los puntos principales de la ley son la obligación de que en los atados aparezcan advertencias sobre el riesgo de fumar[627] y la prohibición de fumar en lugares cerrados.[628] La aplicación de la ley aumentó el precio de los cigarrillos en el país y logró un descenso en la cantidad de fumadores entre 2005 y 2013.[629]Ley de consumo máximo de sodio
La Ley de consumo de sodio, o Ley 26.905, es una legislación argentina sobre los valores máximos permitidos de sodio en alimentos. Fue sancionada el 13 de noviembre de 2013 y promulgada el 6 de diciembre de 2013.
Tiene como principal objetivo promover la reducción del consumo de sodio en la población y la promoción de hábitos saludables. Argentina se convirtió en uno de los primeros países de la región en regular el contenido de sodio en los alimentos procesados.[630] El país era uno de los países con mayor consumo de sal a nivel mundial, con valores diarios que duplicaban las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.[631]Enfermedades tropicales
En agosto de ese año se implementó el Plan Nacional de Prevención y Control del Dengue y la Fiebre Amarilla, a través del cual se capitalizaron las experiencias y saberes de distintos actores del orden gubernamental nacional y provincial, además de las sociedades científicas, universidades y organizaciones sociales. Así se logró que no hubiera víctimas fatales y se registrara poco más de un millar de enfermos, un 96 % menos que en 2009.[632]
Se puso en marcha en 2014 el Instituto de Medicina Tropical que funcionará en la zona de la Triple Frontera, en la ciudad misionera de Puerto Iguazú, y que servirá para el control y prevención de enfermedades que se desarrollan en climas cálidos tales como Chagas, Leishmaniasis, Paludismo y Dengue.[633] En 2013 reglamentó la Ley nacional de Salud Mental que garantiza los derechos de las personas usuarias de servicios mentales y establece la responsabilidad estatal de propiciar tratamientos comunitarios, y el cierre de manicomios públicos y privados para el año 2020, de acuerdo a lo acordado por distintos países, entre ellos Argentina, en lo que se conoce como Consenso de Panamá.[634]En 2015 se llevò a cabo la incorporación de tres nuevas vacunas al calendario nacional: un contra el rotavirus, una contra la varicela y la última contra el meningococo. Se aplicarán a 1,5 millón de niños hasta 2 años de edad.
Plan de Medicina Nuclear
A fines de 2014, el Gobierno Kirchner lanzó el Plan Nacional de Medicina Nuclear-Nucleovida, que preveía invertir 4300 millones de pesos para centros de diagnóstico por imágenes y tratamiento de enfermedades como el cáncer, con el objetivo de «ampliar en un 40 % el equipamiento en medicina nuclear para cubrir las necesidades de la población y garantizar el acceso equitativo a esta tecnología en todo el país». El plan incluyó la construcción de Centros de Medicina Nuclear y Radioterapia, con el aporte de la empresa estatal INVAP y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en distintas provincias. El de La Pampa incluye un sector dedicado a la producción de radioisótopos y radiofármacos fue construido con una inversión por más de 400 millones de pesos, en el Centro de Medicina Nuclear de Formosa se invirtieron 528 millones de pesos, el de Santiago del Estero se invirtieron más de 300 millones de pesos en 2015 y, finalmente, el Centro de Medicina Nuclear de Río Gallegos con una inversión de 328 millones en su construcción y equipamiento.[635]
Política de derechos humanos
La política de derechos humanos de la oresidencia de Cristina Fernández de Kirchner tuvo como ejes el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar (1976-1983) y la sanción de leyes que protegen a las mujeres y las diversidades sexuales. En ese sentido se destacan la sanción de las leyes de matrimonio igualitario en 2011 y de identidad de género en 2012.La política de derechos humanos de la oresidencia de Cristina Fernández de Kirchner tuvo como ejes el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar (1976-1983) y la sanción de leyes que protegen a las mujeres y las diversidades sexuales. En ese sentido se destacan la sanción de las leyes de matrimonio igualitario en 2011 y de identidad de género en 2012.
El informe anual de Human Rights Watch correspondiente a 2015 sintetizó la situación de los derechos humanos en Argentina del siguiente modo:
La situación de los derechos humanos en Argentina sigue siendo mixta. Si bien numerosas libertades fundamentales están protegidas, subsisten problemas, como amenazas a la libertad de expresión, ausencia de legislación exhaustiva sobre libertad de información, abusos policiales, deficientes condiciones carcelarias, obstáculos para acceder a productos y servicios de salud reproductiva, y la falta de protección de derechos indígenas. Argentina continúa logrando avances significativos en materia de derechos de personas LGBT y en el juzgamiento de abusos cometidos durante el "terrorismo de estado" (1976-1983), si bien hubo demoras en algunos de los procesos.Human Rights Watch, 2016[636]
Durante su primera presidencia el INADI abrió delegaciones propias en 21 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como parte de un plan de federalización, que incluyó convenios con más de 200 municipios de todo el país.[637][638] y en la Ciudad de Buenos Aires el aumento fue del 14,8 % al 72,9 % (fuente: Analogías, diciembre de 2006 y CEOP, abril de 2009).
En 2014 se aprobó la Ley de Muerte digna que establecía que el paciente en estado vegetativo tiene el derecho de aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos, dando su consentimiento informado, es decir, la declaración de su voluntad -o, en todo caso, por medio de sus representantes legales-, emitida luego de recibir toda la información necesaria sobre su situación. El texto también deja en claro que, en estos casos, el médico no tendrá responsabilidad civil, penal ni administrativa alguna.[639]
En 2014 se aprobó la Ley de Muerte digna que establecía que el paciente en estado vegetativo tiene el derecho de aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos, dando su consentimiento informado, es decir, la declaración de su voluntad -o, en todo caso, por medio de sus representantes legales-, emitida luego de recibir toda la información necesaria sobre su situación. El texto también deja en claro que, en estos casos, el médico no tendrá responsabilidad civil, penal ni administrativa alguna.[639]
Juzgamiento del terrorismo de estado
La política de derechos humanos Cristina Fernández contó con un abierto apoyo de varias organizaciones de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo, e inversamente ha sido objeto de fuertes críticas por parte de las asociaciones que defienden el accionar de las fuerzas armadas durante la dictadura. El 1 de marzo de 2008, al inaugurar formalmente el período de sesiones del Congreso, Fernández cuestionó la lentitud del avance de los juicios por crímenes de lesa humanidad:
Ya pasó la hora del Poder Ejecutivo y la hora del Poder Legislativo. Es la hora de la Justicia y se viene demorando desde hace demasiado tiempo.[640]
Durante su primer mandato se produjo la creación del Archivo Nacional de la Memoria; la creación del Espacio para la Memoria y para la promoción y defensa de los Derechos Humanos, en el predio de la ex ESMA; la creación del Centro Cultural Haroldo Conti;la señalización de alrededor de 500 centros clandestinos de detención, la actualización del Informe Nunca Más, la creación de 20 unidades de investigación sobre secuelas del terrorismo Estado; la extensión de las políticas reparatorias para las personas que sufrieron de manera directa violaciones a los Derechos Humanos, la desclasificación de distintos archivos de la última dictadura militar; la creación del Centro de Asistencia Integral a las víctimas del Terrorismo de Estado, la Ley N.º 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; la creación del Registro Nacional de Personas Menores Extraviadas; el impulso del Plan Nacional de Derechos Humanos y del Plan Nacional contra la Discriminación y la tipificación de la trata de personas como delito federal.[641]
La referencia de la presidenta Fernández a la demora de la Justicia para resolver las causas por delitos contra la humanidad, estaba relacionada con la crítica a la Cámara de Casación Penal realizada por el entonces presidente Kirchner, el 26 de marzo de 2007, por la gran demora en resolver los recursos que presentaban sistemáticamente los represores acusados, causando la parálisis de casi todas las causas.[642][643]
El 17 y 18 de diciembre de 2008, la Sala II de la Cámara de Casación Penal, integrada por W. Gustavo Mitchell, Guillermo J. Yacobucci y Luis M. García, por dos votos contra uno (Mitchell), ordenó la liberación de 21 represores acusados de delitos de lesa humanidad en la megacausa ESMA, entre ellos Alfredo Astiz, condenado a prisión perpetua en Francia, argumentando que se había excedido el plazo legal máximo de prisión preventiva autorizado por la ley.[644] La decisión fue severamente cuestionada por Cristina Fernández el mismo día que se dieron a conocer los fallos, en un acto realizado precisamente en la ESMA, transformada en centro para la memoria:
Es un día de vergüenza para los argentinos, para la humanidad y también para nuestro Poder Judicial... Confío en que la Justicia argentina coloque a nuestro país en el lugar de donde nunca debería haber salido... Si piensan que pueden amedrentarme porque soy una mujer, que lo olviden: nunca lo van a lograr.[645]
El fallo también fue criticado por dirigentes políticos de diversas tendencias y activistas de derechos humanos. Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, sostuvo que el fallo era «una cachetada, una vergüenza».[646] Por su parte, la diputada Victoria Donda, nacida y despojada de su identidad en la ESMA, acusó al tribunal: «No me sorprende, porque es precisamente esta Cámara de Casación Penal la que tiene una estrategia de beneficiar a los genocidas».[646] Ragmar Hagelin, padre de la adolescente Dagmar Hagelin desaparecida en la ESMA, definió el fallo como «un sacrilegio», «una cachetada en cada mejilla del pueblo argentino» y sostuvo que «es una vergüenza nacional que haya jueces que a esta altura de los hechos tomen una decisión semejante».[647]
Ante el fallo, el Poder Ejecutivo Nacional ordenó presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, suspendiendo así la liberación de los represores y solicitar en el Consejo de la Magistratura el juicio político contra los dos jueces (Yacobucci y García) que votaron a favor en la decisión.[648]
Mediante una acordada, la Corte Suprema reclamó a los juzgados de todo el país la agilización de los juicios por violaciones a los derechos humanos acontecidas durante la última dictadura militar.[649] La Corte también creó en esa ocasión una unidad de superintendencia con facultades especiales para monitorear causas pendientes, pedir información a los jueces sobre avances y demoras en los procesos y establecer medidas que eviten demoras.[650] En la misma ocasión invitó a los demás poderes públicos, el Ejecutivo y el Legislativo, así como al Ministerio Público Fiscal, a que aceleren las causas.[649]
En 2009, el Poder Judicial anunció el envío a juicio oral de varias causas de crímenes de lesa humanidad. Entre ellas se fijó fecha para el 10 de octubre, en el Tribunal Oral Federal N.º 5, para dos de los diez tramos de la megacausa ESMA, correspondientes a la desaparición de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon y del periodista Rodolfo Walsh, donde serán enjuiciados Astiz, Acosta, Rolón, Pernías, entre otros represores.[651]Como parte de estas políticas 106 lugares que habían sido centros clandestinos de detención fueron señalizados por el estado y convertidos en espacios para la memoria.[652]
Los diferentes juicios, que se llevan a cabo desde el año 2007, se realizaron a través de todo el país. Las causas más conocidas son: el Caso Simón, Batallón 601, Von Wernich, Etchecolatz, Centro clandestino ESMA, Primer Cuerpo, Plan Cóndor, Masacre de Margarita Belén, Masacre de Trelew, Tercer Cuerpo y Barreto, Gonçalves y D’Amico (desprendimiento de la causa Riveros). También fueron señalalizados 106 lugares que habían sido centros clandestinos de detención y convertidos en espacios para la memoria.[653]En diciembre de 2008 se sancionó la ley 26.475, que dispuso la extinción de los beneficios especiales de quienes usurparon cargos en organismos centralizados y descentralizados de la administración pública nacional entre el golpe de Estado de marzo de 1976 y el final de la dictadura. La norma abarcaba desde expresidentes de facto, pasando por ministros, hasta secretarios y subsecretarios. Al año siguiente, la circular 17/09 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) estableció un mecanismo para materializar las bajas. Dicha ley fue criticada por políticos.[654][655][656]
En 2009, se firmó una resolución en la que se prohíbe terminantemente rendir distinciones durante su funeral a represores fallecidos involucrados en delitos de lesa humanidad.[657]
En 2013, el Senado convirtió por unanimidad en ley un proyecto del Poder Ejecutivo que incluye el reconocimiento y resarcimiento a las víctimas de los atentados y bombardeos ocurridos del 16 de junio al 16 de septiembre de 1955, conocido como bombardeo de la Plaza de Mayo. La medida también reconoce a los militares que sufrieron represalias o fueron dados de baja por no sumarse al bombardeo durante la dictadura autodenominada Revolución Libertadora.[658] Las víctimas sobrevivientes han recibido homenajes del Archivo Nacional de la Memoria.[659]
En 2013 se aprobó la creación del Banco de datos genéticos, impulsada por las Abuelas de Plaza de Mayo garantizó la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad cuya ejecución se haya iniciado en el ámbito del Estado nacional hasta el 10 de diciembre de 1983.[660]
En 2015 promulgó una ley de indemnización para los sobrevivientes y familiares de víctimas del atentado a la AMIA. La norma fue publicada en el Boletín Oficial y fue promulgada por el Decreto 838/2015.[661]pocas semanas antes del fin de su segunda gestión promulga la Ley patrocinio jurídico gratuito a víctimas de la violencia de género, creando el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género, brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral en todo el territorio nacional a personas víctimas de violencia de género. Todo ello enmarcado en la Ley 27.210, presentada por el diputado Juan Manuel Abal Medina.[662]
Protección de la diversidad sexual
Desde 2009, la Ley 26 529 sobre "Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud" en su artículo 2, reconoce el derecho a ser asistido por los profesionales de la salud, sin menoscabo y distinción alguna basada en la orientación sexual.[663] Ese mismo año se eliminó del Código de Justicia Militar (artículo 765), el delito de homosexualidad previsto para militares, que se castigaba con degradación y una pena de prisión de seis meses a seis años.[664][665][666]
El 13 de agosto de 2010, la Cámara de Diputados aprobó la enmienda a la ley contra la discriminación que prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, pero no fue votado por el Senado.[667]En esos años, ha habido un esfuerzo en animar a los turistas LGBT para visitar Buenos Aires, sumado al auge que ha experimentado esta modalidad turística .[668] Según un estudio hecho por el Pew Reserch Center, Argentina es el país que más acepta la homosexualidad en América Latina.[669]El 13 de agosto de 2010, la Cámara de Diputados aprobó la enmienda a la ley contra la discriminación que prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género.[670][671]
Mediante el dictamen 1.181/11, se instruyó a las fuerzas policiales y de seguridad federales a respetar la identidad de género, tanto de los agentes de los distintos organismos como de los detenidos y de cualquier ciudadano que realice un trámite en sus dependencias, brindando un trato acorde a la identidad auto percibida a las personas que así lo pidan. Las nuevas normas posibilitaron también la aceptación de oficiales travestis, transexuales y transgénero en las fuerzas de seguridad en las cuales estaban vedados.[672][673][674]
En 2011 se modificó la legislación sobre matrimonio civil permitiendo que personas del mismo sexo puedan casarse y adoptar. En dicho año Argentina se convirtió en el segundo país de América en tener este derecho y el décimo en el mundo. Hacia 2015 el número de matrimonios se había elevado a más de 10 000 parejas.[675] Se incluyeron a las mujeres solteras y familias homoparentales en la Ley de Reproducción Médicamente Asistida promulgada en 2013, una demanda impulsada por la FALGBT.[676] Se sanciona la Ley N.º 26 061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Un año después se modificó el Código Penal añadiendo la pena de prisión perpetua a delitos de odio motivados por la orientación sexual y la identidad de género o su expresión.[677] Se aprobó el Régimen de igualación de oportunidades laborales para personas trans. Estableciendo la creación de un cupo mínimo prioritario en la planta de la administración pública nacional, para personas trans que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo.
En 2012 Cristina Fernández fue premiada en Suecia por su contribución a los derechos y a la igualdad de personas homosexuales por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e intersex (Ilga) entregándole la distinción en Estocolmo.[678]
En 2012 el Congreso aprobó la ley de Identidad de Género por la cual el Estado reconoce el derecho a elegir la propia identidad siendo esta una «vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo». Entre otras cosas esta ley permite que la persona pueda solicitar un nuevo documento de identidad rectificado, siendo el mismo oponible a terceros desde su emisión.[679] Permite que las personas trans (travestis, transexuales y transgéneros) sean inscriptas en sus documentos personales con el nombre y el sexo de elección, además ordena que todos los tratamientos médicos de adecuación a la expresión de género sean incluidos en el Programa Médico Obligatorio, lo que garantiza una cobertura de las prácticas en todo el sistema de salud, tanto público como privado.[680] Es la única ley de identidad de género del mundo que, conforme las tendencias en la materia, no patologiza la condición trans. La norma señala que el solicitante deberá ser mayor de 18 años, y que los trámites de actualización de sus documentos serán gratuitos y sin necesidad de intervención judicial. Asimismo, los hospitales públicos y obras sociales deberán cubrir los tratamientos hormonales y las cirugías de reasignación genital sin tener que esperar años a que un juez lo autorice.