Instituto Libertad y Democracia
El Instituto Libertad y Democracia (ILD) es un grupo de expertos con sede en Lima dedicado a la promoción de los derechos de propiedad en los países en desarrollo. Fue establecido en 1979 por el economista peruano Hernando de Soto Polar. El ILD trabaja con los países en desarrollo para implementar reformas en los derechos de propiedad y de negocios que proporcionan las herramientas e instituciones legales necesarias para que los ciudadanos participen en la economía formal. [1] [2]
| Instituto Libertad y Democracia | ||
|---|---|---|
| Acrónimo | ILD | |
| Tipo | Think tank | |
| Forma legal | En actividad | |
| Objetivos | Derechos de propiedad en el tercer mundo | |
| Fundación | 1979 | |
| Fundador | Hernando de Soto Polar | |
| Área de operación | Perú | |
| Sitio web | https://www.ild.org.pe/ | |
Actividades en Perú
Establecimiento
La iniciativa de ILD comenzó en 1979 cuando De Soto dirigía un grupo de pequeñas empresas mineras peruanas con sede en Lima y creía que estaba gastando gran parte de su tiempo lidiando con la burocracia y superando las barreras reglamentarias. Encontró que este era un problema a nivel nacional, como resultado de una regulación gubernamental excesiva. Esto significaba que la mayor parte de la economía peruana era informal.[3] La investigación del ILD recibió mucha publicidad y el presidente Fernando Belaúnde Terry contactó con De Soto, quien le pidió un plan para reformar la legislación del poder ejecutivo. Sin embargo, el proyecto fue abandonado debido a la presión del gabinete de Belaúnde.
ILD ha trabajado directamente en más de 25 países de mercados emergentes y ha sido consultado por 35 jefes de estado, liderando una amplia gama de proyectos de alto impacto como la gestión de formalización de propiedades en Perú, implementando la titulación de tierras en El Salvador y ayudando a racionalizar los marcos legales que rigen los derechos de propiedad y comerciales en Tanzania y Egipto. [4]
El "Otro Sendero"
Cuando Sendero Luminoso comenzó a ganar poder durante la década de 1980, el ILD comenzó una campaña para crear conciencia sobre "el sector informal". En 1986, de Soto publicó su primer libro, El otro sendero, en el que pedía reformas legales.
En 1984, el ILD buscó establecer un ombudsman en Perú para representar los intereses públicos. En julio de 1984 y diciembre de 1985, el ILD firmó dos acuerdos con la Oficina del Procurador General para diseñar los mecanismos legales para la primera "Oficina del Defensor del Pueblo" de Perú. En febrero de 1986, el ILD lanzó el proyecto del ombudsman: un equipo especial del instituto estableció varias oficinas en Lima para recibir y procesar las quejas. Durante el primer mes, se recibieron más de 153 reclamaciones que representaban a 300.000 personas, ya fuera en persona o por correo. Más de la mitad de las quejas fueron sobre las dificultades para obtener acceso legal a la vivienda. [5]
Los investigadores del ILD llegaron a la conclusión de que los procedimientos gubernamentales existentes para asignar tierras no cultivadas implicaban 207 pasos burocráticos que podrían tardar más de tres años en completarse, y que obtener un título de propiedad legal podría llevar hasta 20 años. La ILD redactó ocho propuestas para la reforma. [6]
Campaña a favor de los derechos de propiedad
Hacia 1987, la investigación del ILD había determinado que el valor de los activos inmobiliarios que no estaban debidamente titulados o que no podían aprovecharse para generar capital se aproximaba a los 70 mil millones de dólares. Estas casas "extralegales" no podrían utilizarse en el mercado legal para obtener crédito o generar plusvalía. Por lo tanto, para sus dueños, esta enorme inversión era "capital muerto".
El ILD redactó la "Ley de Registro de la Propiedad", presentándola al parlamento peruano en 1988. Simultáneamente, el ILD estaba llevando a cabo una campaña nacional para crear conciencia pública sobre el problema y las ventajas de integrar una cantidad tan enorme de propiedad extralegal en el sistema legal, que alcanzó su objetivo cuando los encuestadores peruanos confirmaron que entre el 80 y el 90 por ciento de la población apoyaba "formalización" de los activos inmobiliarios de los pobres.
El parlamento peruano promulgó por unanimidad el proyecto de ley del ILD (Ley del Registro Predial) en noviembre de 1988. Para asegurarse de que los bienes extralegales se titularan y registraran, el ILD ayudó a crear una nueva organización, el Registro Predial, y luego procedió a administrarla en nombre del Gobierno desde 1990 hasta 1996.
En 1995, el Banco Mundial y el presidente Alberto Fujimori solicitaron un nuevo proyecto al ILD para ampliar la formalización. El ILD elaboró un borrador que se convirtió en el Decreto Ley N.º 803 en marzo de 1996, creando la Comisión para la Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), así como los programas de puesta en marcha y la estrategia para esa organización. Una vez que se promulgó la ley, el gobierno asumió el control directo del programa de formalización de la propiedad y contrató al personal de ILD existente y anterior para administrarlo.
Reformas administrativas
El ILD creó un proyecto de ley y una estrategia administrativa para simplificar los procedimientos burocráticos y facilitar la reforma institucional. Esta propuesta se basó en audiencias públicas y debates en todo el país, con especialistas legales y congresistas. En junio de 1989, el borrador del ILD fue aprobado por unanimidad en el Congreso por todos los partidos políticos y, sin modificaciones importantes, se convirtió en la Ley N.º 25035 para la simplificación administrativa. El concepto de la nueva ley se basaba en cuatro pilares: 1) la sustitución de la mayoría de los requisitos ex ante que crean cuellos de botella legales con controles ex post; 2) mantener los costos de operar legalmente por debajo de los de operar ilegalmente; 3) descentralizar el procedimiento de toma de decisiones; 4) promover la participación del usuario para controlar la aplicación de todas las decisiones.
Poco después de la promulgación de la ley, el presidente Alan García pidió al ILD que gestionara la implementación del proceso de simplificación. El ILD firmó un acuerdo con el Gobierno en julio de 1989. El ILD procedió a diseñar un mecanismo único llamado "El Tribunal de Simplificación Administrativa" para reunir y evaluar las propuestas de desregulación de los ciudadanos y para verificar cómo varias burocracias respondían a los dictados de la ley. Para facilitar la participación del público, se colocaron cajas amarillas en la sede de ILD, en varias oficinas gubernamentales, así como en todos los puntos de venta de radio, televisión y periódicos para que las personas puedan depositar sus quejas de la forma más conveniente posible. Las quejas fueron tratadas en un tribunal televisado públicamente administrado por el ILD y presidido por el Presidente de la República cada dos sábados por la mañana.
El Registro Unificado de Negocios
Durante su campaña para la presidencia en 1990, Fujimori utilizó la investigación de ILD para señalar el problema importante de los obstáculos que las pequeñas empresas enfrentaban en Perú. En septiembre de 1990, un mes después de la toma de posesión de Fujimori, el ILD presentó al nuevo presidente un proyecto de ley destinado a reducir radicalmente el tiempo requerido para obtener una licencia para operar una empresa legalmente. En septiembre de 1990, el presidente promulgó el Decreto Supremo N.º 118-90-PCM que establece el Registro Unificado de Negocios.
Sistema legal
En febrero de 1992, el ILD propuso al público y al gobierno peruano un borrador de una nueva ley que permitiría a todas las partes en conflicto la opción de un procedimiento de arbitraje que resolvería sus problemas de una manera rápida, económica, justa y predecible. Si bien no se aceptó el borrador de ILD, sus disposiciones se incluyeron en la Ley de Arbitraje General N.º 25935 en diciembre del mismo año. Además, la agencia a cargo de formalizar la propiedad, COFOPRI, que fue creada en 1996, adoptó las reglas para resolver las disputas de propiedad y fronteras informales de la propuesta de ILD y las incorporó a las regulaciones de COFOPRI.
El ILD propuso al presidente Fujimori un plan para el perdón de los presos no juzgados. El Decreto Supremo 017-90-JUS aprobó este indulto en septiembre de 1990. Un total de 4.000 presos, el 30% de los presos tras las rejas sin juicio, fueron liberados. Sin embargo, el perdón no se aplicó a delitos como el narcotráfico, el terrorismo, el abuso sexual de menores o el homicidio. El Código de Procedimiento Penal incorporó los principios fundamentales de la propuesta del ILD. Actualmente, hay un Comité Civil especial que evalúa la población carcelaria, basándose en los precedentes establecidos por el ILD, y recomienda al presidente la liberación de presos injustamente encarcelados o no juzgados.
Referencias
- . Archivado desde el original el 5 de septiembre de 2015. Consultado el 8 de julio de 2019.
- http://www.eldis.org/go/home&id=4401&type=Organisation#.Vdt_ZyTReXo
- «Our Origins». Institute for Liberty and Democracy. Consultado el 20 de julio de 2015.
- . Archivado desde el original el 5 de septiembre de 2015. Consultado el 8 de julio de 2019.
- . Archivado desde el original el 6 de septiembre de 2009. Consultado el 8 de julio de 2019.
- http://www.ild.org.pe/publications/books/the-other-path
Enlaces externos
- Sitio web oficial