Arancel ambiental
El arancel ambiental o arancel ecológico es un impuesto a las importaciones que han creado algunos países para proteger sus industrias con el argumento de compensar los costos de producción derivados de las normas establecidas para reducir la contaminación ambiental y cuidar el medio ambiente.[1][2][3] El arancel ha sido cuestionado como una forma encubierta de proteccionismo de los países desarrollados en perjuicio de los países en desarrollo.[4]
Comercio internacional y degradación ambiental
Desde el inicio del siglo xxi, algunos analistas han sostenido que el aumento del comercio internacional causado por la globalización iniciada en la década de 1990, también ha causado un aumento considerable de la contaminación ambiental.[5] En sentido contrario, otros analistas han argumentado que a medida que los ciudadanos se vuelvan más ricos también exigirán ambientes más limpios. Un documento del Banco Mundial de 1999 afirma que:
Dado que un comercio más libre aumenta los ingresos, contribuye directamente a aumentar los niveles de contaminación a través del efecto escala. Sin embargo, induce los efectos de composición (y) técnica del aumento de los ingresos, los cuales tienden a reducir los niveles de contaminación.
Uno de los principales problemas que se plantean al discutir la imposición de aranceles ambientales es que llevaría reduciría el comercio internacional y afectaría en mayor medida a los países en vías de desarrollo, obrando como una medida proteccionista en beneficio de los países más ricos. Sus críticos sostienen que los aranceles podrían incluso no estar dirigidos a la fuente real de contaminación. Argumentan que la contaminación no es solo el resultado de bienes importados, sino que una gran parte de la contaminación sufrida ocurre dentro de las fronteras de un país, por lo que el arancel simplemente dañaría el comercio internacional sin realmente abordar la causa raíz de manera efectiva.
Los defensores de la implementación de tarifas ambientales sostienen que si se implementa correctamente, la tarifa podría servir como intervención estatal para promover el comportamiento estratégico de las naciones y empresas con menos regulaciones ambientales, para que sancionen mayores regulaciones y establezcan métodos productivos que reduzcan la contaminación.[8]
Antecedentes
Proyecto de Estados Unidos
Pese a que Estados Unidos ha tenido tradicionalmente una postura reticente a adoptar medidas tendientes a reducir la contaminación ambiental, ese país fue el primero en presentar un proyecto de ley para imponer un arancel ambiental contra las empresas que reduzcan sus costos instalando sus plantas en países con regulaciones manos cuidadosas del ambiente. La norma propuesta fue denominada «Ley internacional de disuasión de la contaminación» y se presentó en el Senado en 1991.[9]
Una de las principales características del proyecto fue la propuesta de crear un índice internacional de contaminación, que incorporado en la Sección 5:[10]
La Sección 8002 de la Ley de Eliminación de Desechos Sólidos (42 U.S.C.6982) se modifica agregando las siguientes nuevas subsecciones al final de la misma: `(t) El Administrador preparará, dentro de los ciento veinte días de la promulgación de esta sección y anualmente a partir de entonces, un índice de control de la contaminación para cada uno de los cincuenta países principales identificados por la Oficina de Comercio e Inversiones del Departamento de Comercio con base en el valor de exportaciones a los Estados Unidos a partir del cumplimiento de las normas de control de contaminación de ese país en las áreas de aire, agua, desechos peligrosos y desechos sólidos en comparación con los Estados Unidos. El propósito de este índice es medir el nivel de cumplimiento dentro de cada país con estándares comparables o superiores a los de Estados Unidos. El Administrador analizará, en particular, el nivel de tecnología empleada y los costos reales incurridos para el control de la contaminación en los principales sectores de exportación de cada país al formular el índice.
Declaración Ministerial de Doha
En 2001, Doha, Catar, se llevaron a cabo negociaciones para mejorar las cuestiones relacionadas con el trabajo relativas a la aplicación de los acuerdos actuales. Esta fue una conferencia obligatoria denominada Cuarta Conferencia Ministerial. Uno de los temas discutidos se refería a los problemas de las barreras comerciales sobre bienes y servicios ambientales. El resultado fue que los ministros acordaron una reducción o eliminación completa de las barreras arancelarias y no arancelarias a los bienes y servicios ambientales, como los convertidores catalíticos y los filtros de aire, por nombrar algunos.
Unión Europea
En marzo de 2020 se presentó en la Unión Europea un proyecto impulsado por Úrsula von del Leyen, para establecer un arancel ambiental denominado Impuesto al Carbono en Frontera, donde propone fijar una tasa al dióxido de carbono (CO2) para importar bienes intensivos desde fuera de la Unión Europea.[2]
Problemas de implementación y resistencias
El arancel ambiental ha sido cuestionado como una forma encubierta de proteccionismo de los países desarrollados en perjuicio de los países en desarrollo.[4][11] El «proteccionismo verde» es el uso de métodos destinados a abordar objetivos ambientales legítimos con el objetivo final de protección.
Los impuestos ambientales tienden hacer que las empresas trasladen su producción a los países desarrollados, donde se aplican normas ambientales más estrictas. Los aranceles ambientales no se implementaron en el pasado, en parte, porque no fueron sancionados por regímenes comerciales multilaterales como la Organización Mundial del Comercio y dentro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), hecho que generó críticas considerables y llamados a reforma.[1]
Además, el GATT aprueba el uso de aranceles como intervenciones de mercado, siempre que las intervenciones no discriminen productos, tanto extranjeros como nacionales. Se presentó un caso en disputa relacionado con esta política ante el GATT/OMC, que involucraba a los Estados Unidos y Canadá sobre las regulaciones ambientales canadienses sobre envases de bebidas.
Véase también
Referencias
- ↑ Kraus, C. (2000). Import Tariffs as Environmental Policy Instruments. Economy & Environment (en inglés). Springer Netherlands. ISBN 978-0-7923-6318-7. Consultado el 25 de abril de 2021.
- ↑ Paneque, Eduardo (6 de marzo de 2020). «La UE inicia la tramitación del arancel ambiental para 'proteger la industria'». El Comercio. España.
- «Arancel ambiental». Alambres y Refuerzos DAC. 20 de agosto de 2019.
- ↑ Lottici, María Victoria; Galperín, Carlos; Hoppstoc, Julia (febrero 2013). «El 'proteccionismo comercial verde': un análisis de tres nuevas cuestiones que afectan a los países en desarrollo». Revista Argentina de Economía Internacional (1).
- Horvath, John (4 de septiembre de 2000). «Salami Tactics». Telepolis.
- Fredriksson, Per; World Bank (1999). Trade, Global Policy, and the Environment.. World Bank. p. 56. ISBN 978-0-8213-4458-3. OCLC 44954773. Consultado el 25 de abril de 2021.
- Dean, Judith M.; Lovely, Mary E. (12 de marzo de 2008). Trade Growth, Production Fragmentation, and China's Environment (en inglés) (w13860). National Bureau of Economic Research. pp. 3, 5. Consultado el 25 de abril de 2021.
- Xing, Yuqing (2006). «Strategic Environmental Policy and Environmental Tariffs». Journal of Economic Integration 21 (4): 861-880. doi:10.11130/jei.2006.21.4.861.
- International Trade and Climate Change: Economic, Legal, and Institutional Perspectives. World Bank Publications. 2007. p. 36. ISBN 978-0-8213-7225-8.
- «S 984 IS: International Pollution Deterrence Act of 1991 (Introduced in Senate)] U.S. Congress». 25 de abril de 1991.
- Leonard, Jeffrey H. (1988). Pollution and the Struggle for the World Product: Multinational Corporations, Environment, and International Comparative Advantage. Cambridge University Press. p. 69. ISBN 9780521340427.
Bibliografía
- Lottici, María Victoria; Galperín, Carlos; Hoppstoc, Julia (febrero 2013). «El 'proteccionismo comercial verde': un análisis de tres nuevas cuestiones que afectan a los países en desarrollo». Revista Argentina de Economía Internacional (1).